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Full text of "Los Hijos Del Estado 2da"

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Luis Eduardo Morás 

Los hijos del Estado 



LOS HIJOS DEL ESTADO 

FUNDACIÓN Y CRISIS DEL MODELO 
DE PROTECCIÓN-CONTROL 
DE MENORES EN URUGUAY 



LOS HIJOS DEL ESTADO 

FUNDACIÓN Y CRISIS DEL MODELO 
DE PROTECCIÓN-CONTROL 
DE MENORES EN URUGUAY 


LUIS EDUARDO MORÁS 


ISBN: 978-9974-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX 


© Luis Eduardo Morás 



SERPAJ 

Servicio Paz y Justicia 

Joaquín Requena 1642 
Tel. (+598) 2408 53 01 
serpajuy@serpaj.com.uy 
www.serpaj.com.uy 
Montevideo - Uruguay 
CP 11200 

Primera edición: diciembre de 1992 
Segunda edición: octubre de 2012 
Impreso en Uruguay 



A modo de introducción 


“Desnudos y solos llegamos al desierto. 
En su oscuro seno, no conocimos 
el rostro de nuestra madre; 
desde la prisión de su carne, vinimos a la prisión 
indecible e inexplicable de este mundo” 

Thomas Wolfe 


En primer lugar, queremos agradecer desde el Servicio Paz y Justicia 
(SERPAJ) la confianza y la amistad que el autor ha tenido nuevamente con la 
institución para volver a editar «Los hijos del Estado. Eundación y crisis del 
modelo de protección-control de menores en Uruguay». En segundo lugar, 
también queremos destacar y agradecer las dos colaboraciones recibidas para 
esta nueva edición. Una de ellas, del abogado Julio Cortés Morales, catedráti¬ 
co del Programa de Derecho de la Infancia de la Universidad de Chile, y la 
otra del Procurador Luis Pedernera, integrante del colectivo lELSUR y del 
secretariado ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño Uruguay. Estas 
dos contribuciones -a partir de la lectura crítica del libro de Morás- intentan 
reflexionar y arrojar nuevas miradas para desentrañar las nuevas/viejas polí¬ 
ticas que el Estado implementa para controlar/neutrabzar a los adolescentes 
que tienen conflicto con la ley penal. En este sentido, también es necesario 
remarcar que el autor del libro integró al cuerpo del mismo, un prólogo que 
actualiza y discute los nuevos escenarios que se están desarrollando y se van 
a desarrollar en relación a los nuevos dispositivos y mecanismos. 

Por último también queremos reconocer el esfuerzo de los que participa¬ 
ron tanto en la primera edición del libro (prologuistas), como en esta segunda 
edición. En este sentido, para esta edición debemos agradecer a Mariana 
Mosteiro y Ana Magdalena Aguerre (integrantes de Serpaj) por colaborar con 
la logística y comunicación, a Artigas Pessio que cedió los derechos de la foto 
de tapa y a Bruno Juanche que diseñó amablemente la tapa/contratapa. 

Otros hijos, el mismo Estado. 

En la actualidad se ha configurado un discurso dominante que construye 
al adolescente como el criminal objetivo. Cualquier conducta en espacios pú¬ 
blicos, educativos, recreativos, etc., se juzga y condena bajo esta lógica. En 
esta lectura fácil, rápida y consumista que se realiza del universo adolescen¬ 
te, aquellos que tienen conflictos con la ley penal, llevan la peor parte. Porque 
en gran medida, ya nacieron condenados desde el vientre de su madre. 


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Las discusiones que se desarrollan cotidianamente, y las soluciones pro¬ 
venientes del Estado y de la oposición, no son nuevas en el escenario público. 
Ya a lo largo del siglo XX se han registrado ciclos punitivos que desembocan en 
el endurecimiento de la violencia estatal (simbólica e instrumental) en contra 
de determinados grupos específicos. Este libro que hoy se reedita da cuenta 
de ello. 

Algo que sin duda ha cambiado desde la primera edición del libro, es la 
percepción y la respuesta (punitividad) que le otorgamos al delito. La continua 
demanda de eliminación del otro, por vías legales o ilegales, se ha establecido 
como idea recurrente en las conversaciones cotidianas. Hace cinco o diez años 
era impensado que se demandara tanta violencia en contra de aquellas personas 
que cometieran delitos; hoy parece casi natural escuchar el «consenso coerci¬ 
tivo» que existe para aplicar más dolor y ejercer más violencia sobre ellos. 

La idea de eliminar, corregir, castigar, encerrar, esconde un principio de 
mala infinitud, de totalidad Hegeliana. Algo similar ocurre con el consumo, 
puesto que el espíritu de éste, es que el individuo consuma la totalidad de las 
mercancías. Lo mismo ocurre con las repuestas punitivas al delito, buscan siem¬ 
pre la totalidad, en este caso la neutralización del otro. Por eso el discurso cri¬ 
minal siempre tiene de fondo el objetivo de ejercer más violencia, para alcan¬ 
zar la totalidad. 

La ideología punitiva en contra del otro/adolescente que subyace en el 
conjunto de la sociedad, se reproduce por los medios de comunicación, puesto 
que estos descontextualizan la información, aislando los hechos, dejando de 
lado el proceso que lleva a los adolescentes a tener conflictos con la ley penal. 
Esta sobreexposición en los medios de comunicación -que aumentó 
significativamente en los dos últimos años-, aparte de re-categorizar al adoles¬ 
cente, solo contribuye a solidificar una ideología unívoca, monolítica, que pa¬ 
rece se desprendiera de una ley divina, de un orden natural característico del 
Medioevo. Con esto los medios encuadran la «solución al problema» como la 
imposibilidad de escapar a la jaula de hierro, y por supuesto, remarcan las con¬ 
diciones naturales de algunas almas humanas que nacen con características 
adecuadas para adaptarse a los barrotes. 

Por último, se han puesto en marcha diversos mecanismos por parte del 
actual gobierno y de la oposición para desarrollar y aumentar los dispositivos 
de violencia estatal como única forma de controlar a los peligrosos que hoy 
amenazan la vida y el orden cotidiano. Con esto solamente contribuyen a refor¬ 
zar la ideología dominante. 

Estas políticas responden más a la demanda de la coyuntura que a verda¬ 
deras soluciones de fondo. Además de ir en contra de las convenciones y acuer¬ 
dos internacionales que el Uruguay refrendó, continúan limitándose a la res¬ 
puesta punitiva como única solución. Por eso si nos acercáramos a los hechos 
criminalizados y los tratáramos como problemas sociales, el abanico de res¬ 
puestas sería más amplio que el actual y el que se propone (Hulsman). 


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Ante estas políticas seguiremos insistiendo lo que la criminología crítica 
nos ha enseñado: son las leyes penales las que crean los delitos. No existen 
conductas humanas naturalmente delictivas o criminales. La caracterización 
de ciertas conductas como delito es sólo eso, una caracterización. A esto se le 
denomina “proceso de criminalización”, por medio de él, determinadas con¬ 
ductas son seleccionadas para ser punidas. Los mecanismos y dispositivos que 
se utilicen para la selección dependen del sistema político que se trate, y por lo 
tanto, refleja los intereses del grupo que ejerce el poder en la sociedad. El pro¬ 
ceso de selección atribuye y otorga determinado significado penal al hecho, y 
además decidirá qué hacer al respecto. A esto último se le llama selectividad 
penal. 

Las características de los adolescentes que pueblan el sistema carcelario 
juvenil, comprueban lo antedicho de forma contundente. Lamentablemente 
muchos de los actores políticos que aprueban la profundización de las políti¬ 
cas punitivas, en otrora estaban embanderados en el paradigma de la 
criminología crítica. Hoy sólo quedan restos de esos discursos que se disolvie¬ 
ron en el aire. 

La reedición de este texto, intenta contribuir a generar otra sensibilidad, 
que no sea la actual, la que es inmune ante el dolor de los demás, y menos en 
relación a niños, niñas y adolescentes. Desde el análisis académico, se propor¬ 
ciona insumos valiosos para pensar alternativas y deconstruir el discurso do¬ 
minante. El que se sostiene en una mentira universal dejando de lado las ver¬ 
dades plurales. 

La iniciativa de volver a editar este libro entonces, tiene como objetivo 
hacer visibles las verdades plurales; esas que muchas veces quedan 
invisibilizadas o simplemente demonizadas. 


Mauro Tomasini 

Integrante del Servicio Paz y Justicia 


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De la cuestión social a los nuevos códigos. 
Crónica de dos décadas de falacias y fracasos. 


Luis Eduardo Morás 


En ocasiones los aniversarios representan una oportunidad propicia para 
elaborar balances. A veinte años de la primera edición de un trabajo que pre¬ 
tendía dibujar una crónica de los avatares y desafíos de la infancia y adolescen¬ 
cia más vulnerable y estigmatizada por la sociedad, así como las consecuencias 
más perversas de un despliegue de dispositivos legales e institucionales que no 
resolvían los problemas y reproducían la exclusión, los desvelos se renuevan y 
las contradicciones se profundizan. Si bien la lectura del pasado resulta un re¬ 
curso bienvenido para ilustrar el presente, en este tema lo actual siempre pare¬ 
ce una caricatura de lo ya dicho e intentado y las novedades se transforman en 
una versión borrosa de las tramas ya tejidas que reeditan tragedias con previsi¬ 
bles resultados. 

El análisis de la evolución del tratamiento de los problemas asociados al 
campo de la infancia más vulnerable y los adolescentes en conflicto con la ley 
representa una de las más fieles expresiones para captar la dimensión de las 
transformaciones vigentes. En principio, puede dar cuenta del quiebre opera¬ 
do en algún momento de la historia reciente del mito de la sociedad 
hiperintegrada y amortiguadora. Metáforas que ilustraban no lo que efectiva¬ 
mente era la realidad, y menos aún en el campo de la infancia y adolescencia, 
sino lo que como sociedad nos representábamos en tanto proyecto posible y 
deseable. Alimentaba la existencia de relatos comprensivos y generosos ante 
las múltiples miserias que nos afectaban impulsando un horizonte de reformas 
que auguraran un mejor destino. Nada era como se decía, pero lo que se decía 
dejaba un margen de humana tolerancia para que la realidad se acercara al 
mito integrador y piadoso con la suerte de los más desgraciados. Las nuevas 
metáforas tendrán que incorporar en su formulación el déficit de miradas in¬ 
dulgentes sobre la siempre vigente “cuestión social” y la adopción del lenguaje 
de la severidad penal como respuesta inmediata a los conflictos sociales. 

Paradojalmente a esta ruptura de un imaginario integrador le sucede el 
esbozo de un “nuevo uruguayo” con inéditos rasgos. Trascendiendo la históri¬ 
ca medianía que nos caracterizaba, ahora parece ser posible elaborar una sub¬ 
jetividad que no considera vergonzante los símbolos del éxito individual y hace 
un elogio de las disposiciones consumistas integradas al mundo virtual y 
globalizado. Sin embargo, la gestación de este “nuevo” uruguayo, exhibe como 


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inquietante trasfondo una multiplicación de sus miedos, declara la inseguri¬ 
dad como principal preocupación y exige soluciones firmes para recuperar el 
“orden perdido”. Y culpa, principalmente, a los más jóvenes quienes menos 
oportunidades tienen de incorporarse a los beneficios prometidos por su pre¬ 
tendido desencanto, inutilidad o peligrosidad. 

Nos enfrentamos a un nuevo tiempo, donde se diluyen las antiguas metᬠ
foras y el espacio fáctico y simbólico disponible para los que no se integran al 
proyecto individualista, hedonista y consumidor, queda reducido a una reclu¬ 
sión que se anuncia prolongada y sin expectativas de retorno. Como un signo 
de la época, los sujetos amenazantes ya no poseen una ideología trascendente y 
su insidiosa amenaza a nuestro “estilo de vida” sólo puede ser definida por las 
espurias motivaciones que los animan y respondida con el unánime rechazo y 
la consecuente rigurosidad. 

Con la perspectiva de las dos décadas transcurridas, una actualización de 
la mirada podría constatar la vigencia de problemas ya enunciados, la contem¬ 
poránea reiteración de mecanismos y percepciones que operan desde hace dé¬ 
cadas, así como algunas transformaciones que comienzan a esbozarse. 

Posiblemente la más llamativa y hasta desconcertante proviene de la con¬ 
junción de un ciclo económico de crecimiento con una administración de gobier¬ 
no sensible a los históricos problemas de la infancia y adolescencia, pero que no 
ha logrado revertir sustantivamente el tradicional universo de problemas ni ela¬ 
borado un cambio de paradigma sólido y sustentadle para enfrentarlos. De allí 
que resulte posible anunciar como intento de interpretación que los actuales di¬ 
lemas del modelo de atención a los problemas de la infancia no son el producto 
exclusivo de una crisis financiera o ideológica. A diferencia del pasado, cuando la 
emergencia del problema del menor abandonado-delincuente se asociaba estre¬ 
chamente al paisaje de las crisis económicas y a la retracción de las protecciones 
del Estado de Bienestar; hoy los desafíos parecen transitar por un camino donde 
las explicaciones no pueden reducirse a limitaciones financieras o por 
cuestionamientos ideológicos al intervencionismo estatal. En efecto, el favorable 
ciclo económico, así como la expansión de las coberturas y programas sociales 
con el acceso al poder de una administración progresista, sugiere incorporar 
nuevas condicionantes para interpretar el actual estado de situación que marca 
la persistencia de importantes niveles de exclusión que afecta principalmente a 
los más jóvenes. En este sentido, la infancia y adolescencia en general, pero en 
particular aquel sector que se ubica en situación de mayor vulnerabilidad o en 
conflicto con las normas, constituye el campo privilegiado para observar la nue¬ 
va dimensión de las transformaciones en múltiples planos con el conjunto de 
problemas y desafios asociados. 

Los cambios civilizatorios de la época marcan la profundización de una 
pulsión individualizadora como rasgo que caracteriza las sociedades contem- 


9 


poráneas incorporando nuevas aristas en la construcción de la subjetividad. El 
impulso a escribir una “biografía propia” representa tanto un conjunto de nue¬ 
vas oportunidades y derechos como la fuente de profundas ansiedades que des¬ 
borda el sentido de las instituciones y reducen su impacto configurador de las 
personas. Al mismo tiempo la compulsión consumista se erige como la princi¬ 
pal fuente de inserción y elaboración de identidades, así como la vía que asegu¬ 
ra la reproducción de un modelo de desarrollo económico que amplifica las 
frustraciones, al estar basado en una dialéctica que pregona la universalización 
de expectativas exacerbadas de consumo al tiempo que debe segmentarlas res¬ 
tringiendo el acceso a los satisfactores. Una de las principales consecuencias 
de estas pulsiones individualistas y compulsiones consumistas es la amplifica¬ 
ción de las tensiones e incertidumbres al vivir en un mundo “sin límites” en la 
producción de subjetividad y consumo. Trayectorias vitales agobiadas en la 
procura de un bienestar basado en la posesión de bienes superfinos y necesa¬ 
riamente efímeros, que no son acogidas por un diseño de instituciones en de¬ 
clive y comunidades inexistentes. 

Estas angustias y malestares producidos por el generalizado derrumbe de 
las certezas se condensan como un problema de inseguridad ciudadana. Actua¬ 
da casi exclusivamente por sujetos sociales amenazantes, caracterizados por 
las múltiples imposibilidades en elaborar una biografía propia y de convertirse 
en consumidores, terminan siendo objetivadas como un auge de las violencias 
protagonizadas por adolescentes o una generalizada ausencia de valores entre 
los sectores sociales más desfavorecidos. 

La reclusión prolongada de los infractores o la internación compulsiva de 
aquellos sectores que ocupan espacios públicos y viven en los estrechos inters¬ 
ticios que la opulencia les brinda, enuncia al principal enemigo a enfrentar ofre¬ 
ciendo la solución evidente para contener los malestares. La creciente invoca¬ 
ción y amplitud de destinatarios para administrar internaciones compulsivas, 
se elabora como el tranquilizador antídoto para atender el “deseo de ley” y las 
invocaciones para recuperar un “principio de autoridad” que la sociedad de¬ 
manda. Una ansiosa expectativa, que se encuentra antes y en mayor medida 
debilitada por los procesos de individualización y la expansión de una 
“emocionalidad consumista”, que por la efectiva peligrosidad de los señalados 
culpables. 

En este plano y frente al tenor de los desafíos en la construcción de las 
subjetividades, el Estado encuentra múltiples obstáculos viendo limitada su 
capacidad de “aplacar la incertidumbre” y ubica como principal objeto de in¬ 
tervención a la “inseguridad”. Los antiguos problemas que afectaban a la in¬ 
fancia y adolescencia, como pobreza, mendicidad y abandono, son traducidos 
en épocas de bonanza como multiplicación de incivilidades y comportamien¬ 
tos enajenados que exigen una recuperación del orden perdido recurriendo a 
un más firme ejercicio de la autoridad. Este mecanismo de convertir las com¬ 


ió 


plejidades, tensiones y diversidad de conflictos existentes en la vida social en 
un restringido asunto de desadaptación social y criminalidad creciente que es 
particularmente actuada por adolescentes y jóvenes, es una reacción reiterada 
en la historia que hoy se agudiza por la dimensión de las contradicciones que 
alimentan el malestar. 

Condensación de problemas y responsabilización específlca son recursos 
a los cuales la sociedad uruguaya ya ha recurrido en otras épocas signadas por 
crisis más amplias en diversos planos, no reducibles a la eventual perversidad 
de los actos que cometen, ni la contemporánea precocidad adjudicada a los 
adolescentes pobres, ni por una supuesta incorregibibdad de sujetos que, en 
definitiva, transitan instituciones normales y de reforma que no logran cum¬ 
plir por inadecuación funcional y adulta responsabilidad ninguno de estos pro¬ 
pósitos. 

Un sintético análisis de los actuales discursos permite observar que algu¬ 
nos de los mecanismos presentes a lo largo de las décadas se reiteran y otros se 
agudizan. Como en el pasado los medios de comunicación juegan un rol tras¬ 
cendente en la construcción del problema de la inseguridad, pero más aún en el 
abanico de respuestas represivas que emergen como evidentes para la opinión 
pública. La multiplicación del poder de los medios y el relato de las cotidianas 
tragedias de las víctimas induce un fuerte sentimiento que se traslada a la ma¬ 
yoría de la población, que tiene la percepción de vivir o el presentimiento de 
estar por comenzar a vivir una pesadilla de final incierto. 

No todos los dolores ni todas las víctimas obtienen la misma repercusión 
mediática, elaborándose una victimización diferencial que tras una focabzación 
de padecimientos construye victimarios específicos y estimula la adopción de 
medidas urgentes. 

El debate sobre los mecanismos para abordar la problemática de la in¬ 
fancia y adolescencia, en particular la de aquella parte que se encuentra en 
conflicto con la ley, se autonomiza de los diagnósticos expertos que plantean 
las múltiples vulnerabilidades que enfrentan. La interpretación hegemónica 
erigida casi como pensamiento único, se sustenta en el divorcio del 
condicionamiento estructural para abordar el tema y pregona sin mayor fun¬ 
damento la elección racional de sujetos autónomos agobiados por un incon¬ 
trolable afán consumista y la pérdida de códigos en sus actividades delictivas. 

Asumida esta premisa sin mayor cuestionamiento, la lógica implacable de 
los medios de comunicación escribe una agenda comunicacional que ilustra 
esta realidad con generoso espacio para actos extraordinarios, que la agenda 
pública reconoce, ante la reiterada exposición, como cotidianos e inminentes. 
Las agendas comunicacionales y públicas se tornan motivo de atención inelu¬ 
dible para la elaboración de la agenda política, que reducida en su capacidad y 
voluntad de liderar la opinión ciudadana, opta por proponer lo que ya fue im¬ 
puesto con la lógica del sentido común: medidas más firmes para enfrentar un 


11 


problema que adquiere rasgos de insidiosa epidemia y que sólo puede ser en¬ 
frentado con el incremento de la legislación penal y el gradual deterioro de las 
garantías del estado de derecho. 

En definitiva, a pesar de la mejoría en los indicadores económicos y un 
régimen político que históricamente priorizó la situación de los más 
desfavorecidos, el clima social de la época no resulta amigable para concretar 
los derechos enunciados en la legislación; y una vez más la sociedad se sumer¬ 
ge en el debate por propuestas de reformas que marcan un claro retroceso en la 
situación de aquella parte de la infancia que “nació siendo menor”. 

En lo que sigue se ofrece una lectura más detallada de las continuidades y 
rupturas operadas en las últimas dos décadas. La síntesis elaborada, en buena 
medida recoge ideas que han sido publicadas en trabajos personales u obras 
compiladas por estimados colegas y académicos comprometidos con el tema, 
entre quienes se encuentran Rafael Bayce, Susana Mallo, Rafael Paternain, Luis 
Pedernera, Alvaro Rico, Rafael Sanseviero, Miguel Serna y Nilia Viscardi. 

El auge discursivo sobre el “pavoroso problema de los menores” 

Redactar una crónica sobre los adolescentes en conflicto con la ley susten¬ 
tada en las percepciones y discursos elaborados en el último siglo, hace inevita¬ 
ble la referencia a una situación de alarma pública como producto de la inaudi¬ 
ta gravedad de actos infraccionales que anuncian una creciente perversidad de 
los infractores. En otros términos, el análisis implica sumergirse, desde al me¬ 
nos 1910, en el “pavoroso problema de ardua solución” que se representaba 
“ante los ojos de la humanidad asombrada” debido al “creciente aumento de la 
criminalidad infantil”.^ Más de un siglo después, el presente nos muestra la 
continuidad de una construcción semántica que sólo puede nombrar a los ado¬ 
lescentes pobres desde la adjetivación exacerbada y la desmesura anecdótica 
de los actos de violencia que protagonizan. Mirado desde la perspectiva histó¬ 
rica, el actual estado de alarma pública contiene escasas novedades y adopta 
las características típicas reiteradas a lo largo del tiempo en un cíclico discurso 
donde las imágenes sociales y los términos del debate permanecen inmutables. 

Un aspecto central de los actuales discursos mediáticos es el retorno de 
una figura adolescente que como metáfora contemporánea del centauro resu¬ 
me en su trayectoria vital breves trazos de una condición humana opacada por 
la brutal irracionalidad de sus actos de violencia, capaces de generar conse¬ 
cuencias nefastas para el conjunto de la sociedad. Al igual que en el pasado los 
mensajes son elaborados desde una dimensión dantesca, apelando el discurso 


■ Tales eran las expresiones de Washington Beltrán. De acuerdo a estudios históricos realizados por Daniel 
Fessler, esa impresión se remonta a una etapa anterior y están presentes ya en los debates del último cuarto 
del siglo XIX. 


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a calificaciones exuberantes para graficar el daño provocado y que, en la mayo¬ 
ría de los casos, no se justifica con la realidad de lo que efectivamente sucede. 

Un sintético abordaje diacrónico de la realidad, tanto de la historia recien¬ 
te como de al menos un siglo atrás, admite la utilización de términos comunes 
para definir un contorno de problemas “pavorosos”. En el periodo post restau¬ 
ración democrática, se definía una situación que no podía ser relatada sin ape¬ 
lar a ideas como el “alarmante crecimiento”, “incontenible auge”, “violencia 
desenfrenada”, “epidemia”, etc. También a mediados de la década del cincuen¬ 
ta del pasado siglo y aún desde el año 1934, son posibles de ubicar las reitera¬ 
das expresiones grandilocuentes para acompañar una realidad infraccional que, 
de acuerdo a los datos empíricos disponibles, no experimentaba los descomu¬ 
nales cambios que los adjetivos parecían insinuar. Un acta de la Asamblea De¬ 
liberante que trataba la creación del Código del Niño en 1934, sostenía: “los 
problemas de la niñez desamparada y delincuente que constituyen por la des¬ 
preocupación legislativa un problema social, sencillamente pavoroso, debe ser 
abordado y resuelto en la mayor brevedad posible”. Los sobresaltos y espantos 
de un problema delineado con ribetes apocalípticos se remonta ya a la etapa 
fundacional de los reformadores, y si bien a la fecha existen quienes argumen¬ 
tan que algunos hechos dada su actual gravedad justifican la imponencia de los 
adjetivos utilizados; la pregunta que podemos formularnos es: ¿desde cuándo 
el problema adquiere esas dimensiones mitológicas que el discurso y las per¬ 
cepciones de los contemporáneos le adjudican a las infracciones juveniles? 

Un reciente editorial de prensa resulta ilustrativo a los efectos de una 
aproximación a la construcción del “pavoroso problema” y la solución que el 
mismo requiere. Dicho artículo señala bajo el título “Urge atacar el delito juve¬ 
nil” que: “Las acciones del gobierno para tratar de dar algo más de seguridad a 
la población caen hasta ahora en la omisión de medidas especificas para com¬ 
batir el aumento pavoroso de la delincuencia juvenil”.^^ En su desarrollo, el edi- 
torialista aporta cifras de los delitos que confirmarían que aquellos cometidos 
por menores crecieron, manejando la idea que es “un estado de cosas que esca¬ 
la día a día a niveles críticos”; que “la policía y los jueces tienen las manos ata¬ 
das por el Código vigente sobre la niñez y adolescencia”; el cual en su opinión 
resulta un “texto anacrónico”. 

De larga data resultan las críticas sobre la inadecuación de los textos lega¬ 
les sobre la infancia y adolescencia, que impiden actuar frente a un fenómeno 
de sorprendente gravedad; normas legales que según el editorialista “urge ac¬ 
tualizar para dar más eficacia a la acción policial y de la justicia” y que como 
corolario permitan “restituir a la población algo de la seguridad pública que 
caracterizaba en el pasado a nuestro país”. 

A pesar de la cíclica reiteración en la construcción de imágenes sociales 
sobre la creciente gravedad de los hechos delictivos protagonizados por meno- 


^ El Observador del 19 de octubre de 2010. 


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res, esta discursividad no encuentra un respaldo en las estadísticas disponibles 
ni en el análisis científico, y como es recurrente a lo largo de la historia da lugar 
a disputas interpretativas entre diversos actores sobre el efectivo volumen, el 
grado de violencia desarrollada y la supuesta precoz perversidad de los auto¬ 
res. En definitiva, la agenda del debate se ha caracterizado en determinadas 
coyunturas por la instalación de un auge discursivo sobre la indemostrable even¬ 
tualidad de un auge delictivo; basándose para ello en episodios puntuales como 
principal argumento de una validación que convierte un hecho extraordinario 
en evidencia cotidiana y normalidad estadísticamente relevante. 

Las disputas interpretativas sobre una realidad 
carente de diagnóstico 

A pesar de la elevada exposición mediática que en la actualidad adquiere 
el tema y los desvelos que promueve en la opinión pública, no existen datos 
válidos, confiables y sistemáticos para avalar el supuesto auge en las conductas 
delictivas de los adolescentes, ni es posible establecer un sólido perfil de sus 
infracciones más frecuentes, ni existen evaluaciones confiables sobre los nive¬ 
les de reincidencia en las instituciones de reforma y su resultado comparativo 
respecto a medidas alternativas a la privación de libertad; entre otros aspectos 
relevantes para planificar y evaluar las políticas públicas en esta materia. La 
principal fuente que en fecha reciente ha señalado el incremento de las con¬ 
ductas infractoras de los adolescentes, es la que aporta el Ministerio del Inte¬ 
rior basada en datos de intervenciones policiales. Las cifras provenientes del 
poder judicial, los análisis de expertos y de organismos internacionales, des¬ 
mienten sin embargo, esa afirmación ampliamente aceptada por la opinión 
pública y el sistema político. 

La premisa que la realidad ya está suficientemente diagnosticada y que 
las “urgencias” de la época demandan intervenciones inmediatas y de mayor 
rigurosidad no son originales, aunque adquieren un nuevo contorno. Esta 
configuración del tema no significa apenas una disputa interpretativa sobre 
datos y fuentes confiables, o una competencia entre conocimientos y actores, 
sino que supone una concepción sobre el fenómeno que posee connotaciones 
más amplias y agudas en la coyuntura actual. Los debates eluden el saber 
técnico y profesional de disciplinas del conocimiento que tradicionalmente 
fueron referentes y ocasional fuente de consulta para abordar el tema. Salvo 
excepciones, ha desaparecido del discurso público, del debate político y de 
los medios de comunicación el saber experto y especializado en una materia 
de elevada complejidad. Los elementos para la formulación de los diagnósti¬ 
cos que alimentan las demandas por medidas políticas, provienen básicamente 
de un intento de abordaje sociológico realizado por funcionarios policiales u 
operadores judiciales bajo la lógica del ámbito específico de su esfera de in¬ 
tervención, perspectiva que resulta sesgada además de plantear una visión 


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parcial desprovista de un enfoque comprensivo de las complejidades 
involucradas. 

La incompetente o deliberada confusión en el manejo de fuentes y datos en 
esta materia no resulta novedosa. Basta analizar la prensa de las últimas décadas 
para constatar las contradicciones, errores y manipulaciones que el manejo de 
las cifras admite según los diversos actores que son consultados. Señalemos ape¬ 
nas dos ejemplos que ilustran la inconclusa polémica que atraviesa la frustrante 
historia de determinar con precisión las características del fenómeno. Hacia el 
año 1990, un semanario informaba que “los magistrados judiciales divulgaron 
cifras sobre detenidos y procesados que contradicen datos atribuidos al Ministe¬ 
rio del Interior”^; dando cuenta así de la reiterada confusión existente entre per¬ 
sonas que son detenidas por la policía y aquellas que finalmente son procesadas 
por la justicia. Sin embargo, el problema de la discrepancia entre cifras basada 
en el trabajo policial y las que provee la administración de justicia no represen¬ 
tan un problema de la historia reciente si atendemos las declaraciones a la pren¬ 
sa del propio Jefe de Policía de Montevideo en 1955, quien intentaba esclarecer 
la ya mitológica confusión sobre las “fugas” de menores de los centros de reclu¬ 
sión. Dicho jerarca sostenía: “Las estadísticas policiales consignan números y no 
casos, por eso sus cifras son elevadas y un día también me produjeron inquietud, 
pero es preciso considerar que cada número no corresponde a una persona, sino 
que una persona da lugar a muchos números”.'* * 

En definitiva, la preocupación y relevancia que el tema posee en la agen¬ 
da pública, no parece impulsar el interés por establecer aspectos básicos 
como una metódica cuantificación de los infractores, ni elaborar perfiles y 
situaciones específicas de los mismos, ni exhibe entusiasmo por ponderar 
los instrumentos de intervención utilizados en los últimos años para trans¬ 
formar la realidad. En particular, los insistentes reclamos por medidas le¬ 
gales y administrativas de profundización de la vía punitiva como mecanis¬ 
mo para enfrentar el delito, no posee ninguna evidencia empírica consis¬ 
tente. Por el contrario, la azarosa travesía recorrida y el perverso resultado 
obtenido entre la población adulta desde comienzos de la década del noven¬ 
ta con la inflación penal y carcelaria® sugiere un rotundo fracaso, que no 
obstante su descrédito, reafirma un camino que se convierte en el espejo de 
las reformas que se proponen y aprueban entre adolescentes.'’ 


* Búsqueda del 5 de julio de 1990. 

* La Tribuna Popular del 14 de enero de 1955. 

^ Conviene recordar que las administraciones iniciadas en marzo de 1990, 1995 y 2000 se caracterizaron 
por el envío al parlamento de leyes de “urgente consideración” para enfrentar el estado de inseguridad; 
generando una cuadruplicación de las personas privadas de libertad sin reducir los índices delictivos. 
Entre las principales y recientes: mantenimiento de antecedentes de infractores, penalización del hurto en 
el grado de tentativa, establecimiento de penas mínimas de privación de libertad para delitos graves e 
intento de duplicar los máximos en las penas para determinados delitos. 


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De allí que pueda inferirse que la confusión reinante resulte en última ins¬ 
tancia un recurso funcional a un modelo de gestión de la violencia y seguridad. 
Bajo la premisa que los diagnósticos resultan un ejercicio superfluo ante la gra¬ 
vedad de la situación, se desacredita el saber técnico multidisciplinario y espe¬ 
cializado, imponiéndose con la fuerza de lo evidente una visión reduccionista 
del problema que facilita la adopción de un modelo que aloja toda la responsa¬ 
bilidad del malestar contemporáneo en los sectores juveniles más desfavorecidos 
y ambienta, como lógico corolario, administrar una mayor rigurosidad penal 
como la única medida disponible y eficiente para enfrentar el problema. 

La creciente influencia de los medios de comunicación 
en la construcción de las agendas 

La creciente y constante presencia de diversas expresiones de violencia y 
el abordaje del tema de la inseguridad en los medios de comunicación, tanto 
bajo la forma de noticias como de editoriales, reportajes, reclamos ciudadanos 
o precarias “investigaciones” periodísticas, ocupa un lugar central en el coti¬ 
diano de los uruguayos obteniendo los mayores niveles de audiencia. Los rela¬ 
tos de los habituales dramas combinando dosis variables de curiosa morbosi¬ 
dad con una estética televisiva que oscila entre la tragedia y el entretenimiento 
se multiplican alimentando los diálogos en los lugares de interacción cotidiana 
e invadiendo las relaciones sociales ante la inminencia de ser objeto de una 
violenta victimización. 

Si bien la crónica roja siempre ocupó un espacio relevante, en la actuali¬ 
dad el poder de influencia de los medios se acrecienta multiplicando su impac¬ 
to mediante las redes sociales y canales de comunicación alternativos. De allí 
que pueda afirmarse que la particular construcción de la agenda comunicacional 
incide fuertemente en los temas que definen el contorno de la opinión pública 
y marcan las prioridades de la agenda política. 

Entre los aspectos más destacadles puede señalarse el importante aumen¬ 
to de las coberturas que refieren a hechos policiales protagonizados por ado¬ 
lescentes, así como la parcialidad de esta construcción tanto en lo que refiere a 
los victimarios como respecto a la victimización diferencial que producen al 
representar determinadas manifestaciones de la violencia. Podría decirse que 
a la siempre vigente selectividad del sistema penal respecto a los victimarios, 
se suma una novedosa forma de selectividad comunicacional en la construc¬ 
ción de las víctimas. Construcción que estimula los peores sentimientos y refle¬ 
jos en una sociedad que demanda respuestas de los poderes públicos propor¬ 
cionales a la barbarie del acto que está observando.^ 


^ El ejemplo más notorio y relevante que convocó a la administración a buscar mecanisiuos para la regula¬ 
ción de contenidos en los medios de comunicación lo constituyó el asesinato grabado por una cámara de 
seguridad del trabajador de La Pasiva, que fuera exhibido en fomia reiterada durante varios días. Este 
episodio ambientó una movilización ciudadana cuya organización fue ampliamente difundida por los me¬ 


ló 



La sumatoria de eventos presentados superficial y fragmentariamente, al 
ser despojados de toda racionalidad de los protagonistas y carecer de un con¬ 
texto que permita explicarlos elabora una agenda comunicacional signada por 
el miedo ante la desmesura de la violencia de los actores, la imprevisibilidad de 
lo que puede ocurrir y la imposibilidad de elaborar defensas apropiadas. No 
debe extrañar entonces que en los últimos años las encuestas de opinión públi¬ 
ca, muestren el importante volumen de uruguayos que opinan que el delito 
crece y que la inseguridad se convierta en el principal problema del país. 

El incremento cuantitativo de las noticias de hechos violentos y el espacio 
destacado que ocupan es focalizado hacia la amenazante realidad de los sectores 
más vulnerables y en particular sobre los más jóvenes, delineando un enemigo 
interno que a diferencia del pasado reciente, no tiene ya más ideología que la 
procura predatoria y violenta de bienes materiales o el afán de exhibir con orgu¬ 
llo los símbolos de una barbarie que desafía los valores de la civilización. 

Esta construcción de los habituales victimarios mediante estereotipos ena¬ 
jenados cumple varias funciones: alertan la presencia de sujetos que suponen 
una extrema peligrosidad tomando hechos excepcionales para una reiterada 
exhibición que convierte lo inusitado en fatídica habitualidad; genera un con¬ 
senso en la opinión pública en torno a la gravedad que apenas la parte de los 
hechos delictivos que determinados actores protagonizan poseen; y finalmen¬ 
te, estimula como corolario lógico de los relatos la exigencia de medidas radi¬ 
cales ante lo que se anuncia como una inminente catástrofe social debido a la 
dimensión que adquiere la violencia desarrollada y la pérdida de autoridad que 
representan. 

La atribución de responsabilidades por las desgracias contemporáneas ha 
incluido en los últimos años no sólo a los infractores, sino que ha extendido la 
imputación al sector de jóvenes más vulnerables que las estadísticas registran 
dentro de la categoría “ni estudian ni trabajan”. Para una parte cada vez más 
importante de la prensa y la mayoría de la opinión pública, han mutado su 
condición de objetos de consideración para la formulación de políticas socia¬ 
les; transformándose en campo privilegiado para observar la desgracia 
civilizatoria que su condición representa y el cúmulo de amenazas que anun¬ 
cian hacia el futuro. 

En este sentido una página periodística publicada en 2011 titulada “Socie¬ 
dad en peligro”® puede considerarse un hito detallado y representativo del 
reduccionismo extremo presente en las páginas editoriales de la prensa con¬ 
temporánea, al enumerar los reflejos más frecuentes de los prejuicios sociales 
y la orientación de las habituales demandas por políticas de seguridad. Entre 


dios tradicionales y por redes sociales. Dicha manifestación expuso entre otras proclamas que “están pri¬ 
mero los derechos humanos de los trabajadores que los de delincuentes”. 

* El País del 21 de setiembre de 2011. 


17 



otros aspectos, es destacable la apelación al lenguaje bélico para referirse a la 
“masa de ignorantes que pueblan este mundo” donde “figuran en lugar desta¬ 
cado los miles de adolescentes que no estudian ni trabajan”, sucediéndose los 
términos “combate”, “guerra”, “batallas”. Para el editorialista, este conflicto 
representa la oposición entre dos mundos, una especie de versión autóctona 
del contemporáneo choque de civilizaciones o un retorno al antiguo dilema 
entre civilización y barbarie, en tanto afirma que: “Lo que por fuera parece un 
acto de barbarie inexplicable, es en verdad la guerra entre un sistema organiza¬ 
do en torno a la cultura y una embestida de los extraños por destrozar los sím¬ 
bolos de la estructura que no integran y cuya presencia física intentan borrar”. 
De allí que el desafío parezca adquirir hoy dimensiones épicas debido al “des¬ 
enfreno de los agresores y a la gráfica ascendente de sus operativos de terror” y 
a que “los extremos de conducta criminal y los episodios homicidas no son algo 
insólito sino cada día más habitual”. En el análisis realizado estos hechos de 
violencia no son ocasionales ni irrelevantes cuantitativamente: se reproducen 
a lo largo de su exposición menciones a la “legión de inservibles”, “bandas de 
iletrados” que además poseen “cierta capacidad planificadora para descargar 
una furia que va transformándose en algo sistémico”. 

Una vez construido un problema de espantosas dimensiones y delineado el 
enemigo a enfrentar, el editorial nos alerta que nadie puede permanecer ajeno al 
conflicto, procurando el consenso en torno al diagnóstico elaborado, en la medi¬ 
da que: “Sin quererlo, pero además sin llegar a descifrarlo, toda la ciudadanía 
está embarcada en ese conflicto”. Por último, como lógico corolario de lo expues¬ 
to, se interroga acerca de “si el ejercicio de la autoridad sucumbirá ante la ame¬ 
naza de esa resaca juvenil de número y bestialidad ascendentes” e invocando a 
los “aterrados docentes” y a una “ciudadanía tan asustada” culmina exigiendo 
una respuesta firme de la cual “depende el futuro de esta sociedad en peligro”. 

La construcción simbólica de una realidad que ve multiplicar las amena¬ 
zas difusas alimenta una extendida sospecha sobre los sujetos amenazantes, 
situación que en el pasado correspondía al niño abandonado-delincuente o a 
los perversos designios del atavismo del “muchachón”; hoy ve la multiplica¬ 
ción de los estigmas en el conjunto de jóvenes que no encuentran un espacio 
vital en el modelo de desarrollo. Los múltiples bloqueos del mercado de trabajo 
con el consecuente deterioro de la funcionalidad de la educación son 
reconvertidos en desidia personal y atribuidos a una responsabilidad indivi¬ 
dual que ambienta el estado predelincuencial de las incivilidades contemporᬠ
neas y presagio de una futura barbarie de descontrolada violencia delictiva. 

En definitiva, mediante la particular selección y construcción de la agenda 
informativa a la cual se suma una prédica editorial que advierte conmociones y 
exhorta soluciones; los medios cumplen un rol trascendente al focalizar temo¬ 
res específicos y amenazas difusas como objetos de discusión y movilización 
ciudadana, al tiempo que atribuyen la exclusiva responsabilidad del malestar a 
determinados sujetos y situaciones. 


i8 


La precoz responsabilización de los adolescentes pobres 

Desde larga data son registradles las denuncias y reproches sobre una pre¬ 
tendida “impunidad” en los actos transgresores de los adolescentes. El princi¬ 
pal argumento apuntaba, ya desde mediados del pasado siglo, al límite de res¬ 
ponsabilidad penal establecido por la legislación en los i8 años por su extrema 
benevolencia ante lo que surgía como indesmentible evidencia: la temprana 
maduración que el cambio de época alentaba en las personas. Cuando se trata 
de abordar la realidad de los adolescentes pobres, los argumentos sobre el ace¬ 
leramiento del tiempo histórico con una prematura comprensión de las com¬ 
plejidades de la vida adulta, alimentan la inmediata relación respecto a la noto¬ 
ria capacidad de discernimiento que poseen para evaluar las consecuencias de 
sus actos infraccionales. De allí que uno de los principales argumentos para la 
modificación de la edad de imputabilidad haya siempre situado como principal 
tópico la capacidad de discernimiento que se adquiere a partir a una edad más 
temprana que la establecida por la ley. Y como consecuente lógico la crítica 
vehemente sobre la permisividad de la legislación penal al no tratarlos con la 
rigurosidad que corresponde a individuos que, debido a las transformaciones 
sociales y culturales, adquieren antes las capacidades y responsabilidades que 
caracterizan la vida adulta. 

Esta polémica sobre la capacidad de discernimiento que poseen los prota¬ 
gonistas de actos delictivos tiene una larga trayectoria en el país, y estuvo pre¬ 
sente ya en 1933 durante los debates de la Comisión Redactora del Código del 
Niño, que razonaba sobre la existencia de “verdaderos delincuentes menores y 
no de menores delincuentes”. Pronunciarse sobre esta dicotomía, que no es un 
juego meramente semántico ni ha perdido su vigencia, es de suma trascenden¬ 
cia. A pesar de su remoto planteo mantiene una total validez ya que puede ser 
considerada la piedra angular para destacar los beneficios de dos soluciones 
antagónicas. Una enfatiza el mérito de la aplicación de medidas socioeducativas 
atendiendo el desarrollo biológico y circunstancias sociales del infractor. La 
otra representa una temprana renuncia al depositar en la estricta privación de 
libertad y la disciplina carcelaria todo el programa de intervención ante los 
“atavismos” que auguran un inevitable ingreso en el mundo delictivo. 

En otros términos, el dilema planteado resulta oportuno en las actuales 
circunstancias en tanto establece diferentes énfasis: privilegia la construcción 
de un delincuente consumado que todavía no desarrolló en plenitud toda su 
perversidad {delincuente menor), o bien destaca en primer término la caracte¬ 
rística etárea y esa condición amerita un tratamiento diferencial al adulto {me¬ 
nor delincuente). 

Una crónica de las falacias arguméntales de las infames batallas por 
responsabilizar prematuramente a adolescentes pobres que cometen infrac¬ 
ciones, contiene páginas memorables a lo largo de las últimas décadas. A partir 


19 


de ellas puede observarse al menos dos mecanismos que encierran una clara 
construcción de sujetos diferenciados: los sinuosos argumentos utilizados para 
defender la precoz perversidad que los cambios de la época pueden operar en¬ 
tre los más vulnerables; y la línea demarcatoria que separa a estos “menores” 
del resto de los adolescentes. 

Como ejemplo de esta singular caracterización de sujetos que transitan la 
misma etapa vital, pero representan esencias humanas diferentes, puede citar¬ 
se el editorial de La Tribuna Popular, del año 1955, que hace una definición de 
absoluta actualidad: “Porque cuando se habla de menores en el plano en que la 
realidad nos ha colocado, no se trata del niño ni del adolescente cuyas solas 
palabras representan la imagen de un ser delicado y precioso a quien la simple 
presencia del uniforme de los guardadores del orden puede producir un trau¬ 
ma en su conciencia, ni del desamparado, ni del disminuido mental o psíquico, 
se trata del muchachón desarrollado físicamente, de impulsos atávicos, volun¬ 
tarioso y terco, o de la mujerzuela sin ningún freno moral, con todos sus instin¬ 
tos desatados que proclaman su inimputabilidad como blasón y disfrutan en¬ 
tre sí el privilegio de ser los más audaces en el imperio del desvío y de la 
inconducta social”.^ 

Esta definición realizada a mediados del siglo pasado, permite ilustrar una 
categorización que a la fecha es habitualmente esgrimida en los medios de co¬ 
municación con iguales o similares términos. Por una parte se ubican los “ni¬ 
ños” y “adolescentes”; y en un lugar existencial y simbólico diferente se ubican 
los “menores” convertidos en fuente de inconmensurables riesgos y peligros 
para el conjunto de la sociedad. En este sentido, es pertinente alertar la 
profundización de una construcción discursiva que en la actualidad alimenta 
una agudización de la polarización existente entre sectores sociales integrados 
y excluidos, y que este antagonismo se torna más ostensible a nivel de los sec¬ 
tores jóvenes.“ 

De la “cuestión social” a la “cuestión criminal” 

En el campo de la infancia y adolescencia, durante todo el siglo XX los in¬ 
tentos de reformas institucionales y las modificaciones legales tuvieron un sus¬ 
tento en las elaboraciones del conocimiento científico disponible y los diagnósti¬ 
cos que técnicos especializados en la materia realizaban. Es así que siempre exis- 


^ La Tribuna Popular del 14 de enero de 1955. 

Varios ejemplos de titulares de prensa admiten esta lectura al reiterar mensajes como: “menor rapiña a 
dos adolescentes” o “adolescente atrapa al rapiñero”. La lectura del contenido de estas noticias nos infor¬ 
ma que todos los actores involucrados tienen la misma edad; sin embargo en tanto algunos son destacados 
como adolescentes (victimas), otros son construidos como menores (victimarios). Ante episodios de vio¬ 
lencia producidos en la puerta de centros educativos, se ha titulado: “la violencia en el liceo fue provocada 
por menores”. Conflicto donde presumiblemente los antagonistas tienen la misma edad, siendo la diferen¬ 
cia que unos están incluidos en el ámbito educativo y sufren la violencia, y otros actores fuera de ese 
espacio la provocan, y por lo tanto son identificados como menores. 


20 



tió un continuo problemático que adjudicaba el abandono a un estado potencial¬ 
mente transgresor que encuentra su mejor expresión en la construcción del me¬ 
nor abandonado-delincuente. Definición que con los sabidos errores, omisiones 
y abusos ambientaba las posteriores intervenciones tutelares y la dotaban de una 
legitimación para el despliegue de mecanismos institucionales de protección- 
control de una población pretendidamente en riesgo por las circunstancias am¬ 
bientales y familiares determinantes de sus conductas. 

La intervención de numerosos profesionales y técnicos procuraron ubicar 
las múltiples y en ocasiones pintorescas señales de los vicios colectivos que 
anunciaban una inminente caída en la degradación moral o violencia delictiva. 
Un paisaje que para los reformadores incluía múltiples condicionantes como 
ser la pobreza, abandono familiar, drogadicción y alcoholismo, promiscuidad, 
taras hereditarias, los malos ejemplos de modelos familiares desviados y el fra¬ 
caso educativo. 

Posiblemente la más inquietante de las novedosas teorías que acompañan 
las medidas actuales, proviene de una fundamentación que desmiente el 
condicionamiento estructural y que prácticamente renuncia a todo intento de 
explicación que no resida en la propia responsabilidad del infractor. La lógica 
predominante no ubica ahora como un dato relevante la situación de pobreza, 
ni el cúmulo de “vicios” que otrora sumían en la “oscuridad de la ignorancia y 
perversidad delictiva”, ni tampoco acude siquiera a los planteos eugenésicos 
más radicales de “taras hereditarias” para interpretar el problema. La mirada 
exclusiva que se impone para explicar el extenso “océano de infamia” contem¬ 
poráneo que representan las desviaciones adolescentes, se concentra en la peor 
de las motivaciones: descansa en la libre elección racional de sujetos dispues¬ 
tos a desencadenar las mayores violencias en procura de los fines más frívolos 
o necesidades más superfinas. 

La “cuestión social” de la época se reduce entonces a un problema de falta 
de límites individuales o la “crisis de valores” que aqueja a una parte de la so¬ 
ciedad, reparable por la vía de una reafirmación autoritaria de supuestos valo¬ 
res, antes compartidos y ahora perdidos. En tanto no se problematiza en su 
complejidad sociológica deja de ser “cuestión social” para transformarse en 
una “cuestión criminal”, que torna obsoletas herramientas de análisis clásicas 
de las ciencias sociales, reemplazadas por las categorías impuestas por analistas 
que abordan los problemas en clave de seguridad ciudadana. 

Mediante el análisis reduccionista de la “pérdida de valores” se desconoce 
que aún en un ciclo económico favorable, existe una importante dimensión de 
persistente pobreza que afecta privilegiadamente a niños y adolescentes; ni se 
atienden las dificultades de acceso a servicios públicos y la baja calidad de los 
disponibles, ni se refieren los obstáculos de ingreso a un mercado laboral que 
demanda calificaciones cada día más exigentes. La pretendida explicación con¬ 
temporánea de los problemas sociales apela a la indescifrable y repentina emer¬ 
gencia de una “marginalidad cultural”, que despoja de “códigos” a los adoles- 


21 


ceníes, los alimenta de excesivas violencias o los incita a no reconocer límites a 
sus urgencias hedonistas convirtiéndolos en “lumpenconsumidores”. 

Esta exclusiva responsabilización de los más vulnerables diluye una visión 
comprensiva que debería considerar el marco más amplio de una crisis que se 
manifiesta en diversos planos. Por ejemplo, desconoce que las normas e institu¬ 
ciones que moldearon una época se encuentran fuertemente cuestionadas por su 
inadecuación instrumental, pérdida de sentido y erosión de legitimidad, ante los 
nuevos arreglos familiares, la transformación en el mundo del trabajo y las múl¬ 
tiples y contradictorias demandas que se formulan al sistema educativo. 

Por otra parte, la elaboración de un nuevo imaginario sobre los sujetos 
peligrosos que son despojados de todo condicionamiento estructural y exclusi¬ 
vo producto de una decisión personal en procura de satisfacer deseos de con¬ 
sumo sin límites, imprime un cambio tanto en las ideas sobre la naturaleza de 
las infracciones como respecto al tipo de respuestas idóneas para enfrentarlo. 

En última instancia, estas transformaciones y su recepción por el sistema 
político, implica la construcción de una nueva agenda del control de la violen¬ 
cia y el delito que, al tiempo que privilegia nuevos énfasis y destaca nuevos 
protagonistas, estimula como la única respuesta culturalmente aceptable el ais¬ 
lamiento y reclusión de los sectores definidos como peligrosos. 

El dolor de las víctimas como impulsor de las políticas 

Desde siempre para la delimitación de los problemas vinculados a la vio¬ 
lencia y el delito, las víctimas reales o potenciales ocuparon un significativo 
espacio exigiendo respuestas preventivas o reparaciones efectivas. Sin embar¬ 
go, asistimos a una exacerbación del espacio social ocupado por las víctimas, 
quienes obtienen una especial consideración de los medios de comunicación 
con una extensión de su visibilidad pública y capacidad de movilización orga¬ 
nizada de sus sentimientos. 

En este sentido, la traumática exhibición cotidiana de las tragedias esti¬ 
mula hasta el paroxismo un circuito de miedos acotados a una figura delictiva 
determinada (delitos violentos contra la propiedad), estableciendo un perfil de 
delincuente específico que no posee límites en el ejercicio de la violencia para 
lograr sus objetivos (los “menores”). Es así que puede deducirse que no todas 
las víctimas y sus dramas son referidas con idéntico destaque en los espacios 
centrales de los noticieros y posterior análisis de las páginas editoriales. 

Las representaciones predominantes construyen una especie de 
victimización diferencial, en tanto refieren a un tipo de víctima que expresa 
una de las dimensiones posibles de la violencia (predominando los comercian¬ 
tes, obreros del transporte o particulares afectados por la rapiña como tipo 
delictivo); que opaca la relevancia de otras formas cuantitativamente más sig¬ 
nificativas, las cuales no obtienen en los mensajes mediáticos similar visibili- 


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dad ni promueven la exigencia de medidas preventivas urgentes con igual én¬ 
fasis (violencia contra la mujer y la infancia, accidentes de trabajo, siniestralidad 
del tránsito, etc.)- 

Este protagonismo central en las noticias del relato minucioso de los he¬ 
chos de violencia vividos, narrados en primera persona o por medio de un fa¬ 
miliar directo inmediatamente después de ocurridos, estimula una lógica in¬ 
dignación en la sociedad frente a la injusticia del acto exhibido, que se elabora 
como reflejo que contrasta con la desmesura y sinrazón del ofensor. Al enun¬ 
ciar con detalle los traumas y heridas provocados, emerge como evidente una 
violencia que se torna irracional, absurda e innecesaria, dejando poco margen 
para el análisis desde que impide visualizar complejidades, identificar causas, 
explicar los contextos, aportar posibles soluciones. A su vez, el énfasis dado a 
determinadas formas de delito mediante la caja de resonancias de los medios 
de comunicación produce una especial consideración pública hacia quienes son 
afectados, convocando a una creciente formación de grupos de interés (asocia¬ 
ciones de víctimas, comisiones vecinales, marchas convocados por redes socia¬ 
les) que unidos por un malestar común adquieren visibilidad pública y se con¬ 
vierten en grupos de presión. 

De allí que pueda afirmarse que el dolor de determinadas víctimas y el 
reconocimiento público que obtienen se convierte en un insumo relevante de 
la retórica política, que no puede desconocer ni desatender estos intereses. Al 
contextualizar una nueva problemática de rasgos inéditos se promueve un con¬ 
junto de consecuencias, entre las cuales se encuentra el impacto en el contorno 
de las sanciones penales que limitan las posibilidades de transformación de los 
infractores y la exigencia de medidas más duras que atiendan los sentimientos 
afectados. En otras palabras, debido a la respetabilidad social que ha adquirido 
esta sensibilidad la pena privativa de libertad adquiere una función redentora 
de los dolores colectivos; su administración deja de promocionar el mandato 
constitucional de la rehabilitación y la “mortificación” del recluso se erige como 
el correlato necesario para retribuir el dolor existente en las víctimas, sus fami¬ 
liares y la sociedad en general.” 

En la actual coyuntura, las sanciones penales deben supeditar todas sus 
expectativas a evitar las fugas y poseer condiciones de vida con una severidad 
que permitan recompensar en la situación y el cuerpo del condenado un daño 
proporcional al experimentado por las víctimas. A modo de ejemplo, puede 
señalarse que la flexibilización de la ejecución penal, las salidas transitorias y 
las medidas alternativas a la privación de libertad se perciben como un con¬ 
junto de favores inmerecidos que se hace a los delincuentes; siendo habitual 
el amplio destaque que los medios de comunicación realizan sobre los oca- 


" Vale recordar aquí el Artículo 26 de la Constitución de la República que señala: “En ningún caso se 
pemiitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persi¬ 
guiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. 


23 



sionales delitos cometidos por procesados mientras “gozaban” de tales “pri¬ 
vilegios”. 

De particular incidencia, en la medida que son visualizados como princi¬ 
pales protagonistas del caos, resulta esta configuración en el plano de la admi¬ 
nistración de justicia de adolescentes infractores. Se acrecientan las denuncias 
sobre la permisividad de la legislación, la benigna aplicación que realizan de 
los textos legales los jueces especializados y el deficitario funcionamiento de 
las instituciones de privación de libertad, “puertas giratorias” frecuentemente 
acusadas de facilitar, e incluso auspiciar las constantes fugas de sus internos. 

La agenda política y las soluciones punitivas 

Es una realidad que en las sociedades contemporáneas el relato de las tra¬ 
gedias cotidianas de las víctimas y la extensión de los miedos, se posicionan 
como uno de los principales nexos de los vínculos sociales y principal fuente de 
preocupación. También resultan notorias las dificultades del sistema político 
para lidiar con iniciativas que desatiendan los beneficios electorales que otorga 
la disposición a enfrentar en tono bélico las inusitadas amenazas que los me¬ 
dios inducen considerar y la opinión pública evalúa como imprescindible res¬ 
ponder. Valga como ejemplo reciente el anuncio de las catastróficas consecuen¬ 
cias que emanarían por la invasión de un crimen organizado con sus tentaculares 
conexiones en los barrios marginales; mafias internacionales que suponen la 
inconmensurable amenaza de una próxima favelización de la capital y 
feudalización del interior del país. Frente a esta situación, la adopción de refor¬ 
mas legales radicales que permitan prevenir las dramáticas consecuencias del 
anunciado cataclismo y la exigencia de una “justicia expresiva” para atender el 
dolor creciente de las víctimas de los delitos violentos contra la propiedad, re¬ 
sultan para la mayoría de la opinión pública una medida tan necesaria como 
inevitable. La obsesión por la recuperación del orden perdido evidenciado por 
las abrumadoras evidencias que múltiples actores se encargan de construir y 
reproducir a partir de indicios débiles y fragmentarios, impide considerar la 
inmensa y cruel evidencia existente sobre el persistente fracaso obtenido en las 
últimas dos décadas por las medidas de radicalización punitiva implementadas. 

La adopción de un discurso que asocia toda posibilidad de reducción en 
los niveles de violencia con el incremento de la ritualidad y gestualidad represi¬ 
va alimenta procesos sociales cargados de estigmatización y descompromiso 
con la suerte de los sectores más vulnerables, alojando sus expectativas en una 
masiva privación de libertad; que privilegia la neutralización y aislamiento sin 
priorizar los fines correccionales del pasado. 

Más allá de lo que podamos opinar los contemporáneos sobre los desvelos 
y asombros respecto a la dimensión que podía alcanzar la realidad delictiva de 
los adolescentes de hace más de un siglo y la apelación a la adjetivación y des¬ 
mesura en la elaboración de un discurso para referirse al tema, los términos del 


24 


debate admitían la existencia de un humanismo piadoso. Esta impronta consi¬ 
deraba que los centros de reclusión debían atender las características de los 
sujetos y cumplir una función de corrección del individuo infractor. 

Independientemente que las intenciones últimas de los reformadores de 
comienzos del siglo XX estuvieran alentadas antes por cálculos utilitaristas que 
por un sentido de justicia con los más vulnerables, así como la cruel intromi¬ 
sión en sus vidas con la inherente violación de garantías y derechos; la existen¬ 
cia de una ideología rehabilitadora alimentaba un discurso sobre el rol que de¬ 
bía cumplir la pena privativa de libertad. Esos discursos también adjudicaban 
un espacio relevante al saber técnico y especializado en la materia que se dota¬ 
ba de amplias facultades para incidir en el cuerpo y alma de los condenados. 

Ciertamente que los programas humanizadores en el plano de las realiza¬ 
ciones concretas siempre mantuvieron una enorme distancia con los ideales y 
principios que se fueron postulando. Como prueba de ello pueden citarse las 
innumerables denuncias que la historia de las instituciones de menores recoge 
y que un parlamentario sintetizaba hace décadas con la frase “los reformato¬ 
rios son deformatorios”. No obstante, en un espacio marginal del sistema ha¬ 
bía lugar para ocasionales y puntuales experiencias piloto, propuestas 
innovadoras que permitían una frágil viabilidad de enunciar un discurso 
humanizador que podía eventualmente impulsar una realidad diferente para 
las mismas. 

Lo más novedoso y preocupante de la época respecto a las orientaciones 
prácticas y sustentos teóricos de las políticas criminales y penitenciarias, es la 
ausencia de una legitimación positiva de sus resultados. En los hechos se deja 
de lado tanto los manuales de buenas intenciones de la filantropía ilustrada 
que pretendía rescatar de los vicios e ignorancia a los pobres, como también la 
perspectiva crítica de los expertos en la materia que alertan sobre las imprevi¬ 
sibles consecuencias del camino que se transita. 

Respecto al primer punto, es notoria la distancia que separa la actualidad 
con las intenciones y bosquejo de ideas que animaban a los reformadores. To¬ 
mando como ejemplo la “cuestión sociológica” que W. Beltrán enunciaba en 
1910; el “pavoroso problema” de hoy no ubica como él lo hiciera a los progra¬ 
mas de rehabilitación de avanzada existentes en el mundo. De allí que pueda 
decirse que la novedad contemporánea reside en la ausencia de un discurso 
que dibuje un futuro posible y les devuelva la condición humana a los infractores. 
Simbólicamente ubicados fuera de la sociedad y despojados de su característi¬ 
ca adolescente, su exclusión no sólo se profundiza, sino que además se preten¬ 
de prolongada. Sin espacio para siquiera el controvertido lenguaje resocializador 
ni proyectos e instituciones que previamente lograran su inclusión social, la 
criminalización se impone con la fuerza de lo evidente y el aislamiento por tiem¬ 
po prolongado se convierte en el único programa posible y deseable para gran 
parte de la opinión pública y el sistema político. 


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Las urgencias planteadas por el difuso y abarcativo discurso de la seguridad 
ciudadana, obstruye cualquier iniciativa educativa o laboral, así como la 
implementación de salidas transitorias y programas alternativos destinados a 
promover la inclusión social de quienes están privados de libertad, en tanto se 
perciben que pueden comprometer el objetivo prioritario de reducir la inseguri¬ 
dad. Como demostración de esta dinámica puede señalarse la desaparición táctica 
y la clausura del rol simbólico que tuvieran en un pasado reciente las experien¬ 
cias del Hogar “Las Brujas” para adolescentes y el Centro Nacional de Rehabili¬ 
tación (CNR) para adultos; “proyectos pilotos” para apenas un reducido frag¬ 
mento de la población reclusa que, no obstante podía alentar un utópico hori¬ 
zonte de transformaciones para el conjunto del sistema. 

En definitiva, el contexto actual no parece admitir un debate sobre los mo¬ 
delos reeducativos humanitarios e innovadores, y ya nadie parece pretender 
que las instituciones de reforma cumplan con su objetivo principal, que es re¬ 
formar. Bajo la premisa repetida una y otra vez por actores sociales y políticos 
acerca que “los diagnósticos ya están” y que “urge tomar medidas para enfren¬ 
tar la grave situación”, se evoluciona hacia un modelo donde lo importante es 
recluir y retener pero ya no reinsertar ni reformar. Probablemente éste resulta 
el principal cambio de orientación, si se quiere tan negativo a la luz del pasado 
como preocupante respecto al futuro. 

La síntesis final: el hito histórico 
de la haja en la edad de imputahilidad 

El reiterado conjunto de argumentos basados en la construcción de este¬ 
reotipos y falacias, ha adquirido una dimensión nunca antes obtenida auspi¬ 
ciando un hito histórico: plebiscitar una reforma constitucional. Finalmente la 
larga e insidiosa proliferación de mensajes alimentando los temores ciudada¬ 
nos ha logrado imponer al sentido común como principal fuente de inspiración 
para la interpretación de los problemas, así como despertado el sentido de res¬ 
ponsabilidad de algunos legisladores que ya “no pueden ser insensibles a las 
demandas sociales”. Ahora sí, la lejana idea acerca que los adolescentes con¬ 
temporáneos ingresan tempranamente al mundo adulto, ofrece un producto 
concreto y lo somete al veredicto popular con la peregrina promesa de conver¬ 
tirse en solución para todos los males que nos atormentan en el presente y 
aquellos que se anuncian en el horizonte. 

Nos encontramos ante la culminación de un largo camino que pretende 
consolidar una visión del mundo y cuya validación en las urnas probablemente 
represente la más extraordinaria involución, no sólo en el plano normativo, 
sino principalmente por la instalación de un imaginario colectivo y configura¬ 
ción ideológica acerca del origen de los problemas sociales y las respuestas ade- 


26 


cuadas para enfrentarlos. Bajo la promesa de recuperar el orden que caracteri¬ 
zaba un mítico pasado, hoy jaqueado por la espontánea emergencia de “nuevos 
códigos” actuados exclusivamente por adolescentes pobres; no sólo se cierne la 
amenaza de nuevas violencias y menores protecciones hacia los más 
desfavorecidos. También se validan ideas erróneas que propician respuestas 
equivocadas, alejando las soluciones más efectivas o que al menos cuentan con 
alguna evidencia empírica sobre sus beneficios. 

El principal recurso argumental del cual los intentos de bajar la edad de 
imputabilidad han abrevado durante décadas, refiere a los cambios sociales 
que han alentado una más rápida maduración de los adolescentes. Lamenta¬ 
blemente, no existen sondeos que conjuntamente con la medición de la insegu¬ 
ridad y atribución de responsabilidades -insumos de consulta obligada para 
los legisladores que promueven medidas al ritmo que demanda la opinión pú¬ 
blica- puedan indicarnos la proporción de padres y madres uruguayos que esti¬ 
men que su propio hijo de i6 años es ya una persona adulta. Y que como tal 
deba ser juzgado y castigado ante la eventual comisión de una infracción esti¬ 
pulada por el derecho penal de mayores y su rigurosidad. Es razonable la hipó¬ 
tesis que una importante proporción de los mismos, a la hora de juzgar un caso 
familiar concreto, encuentren múltiples atenuantes basados en la “inmadurez” 
del hijo propio. Posibilidad, que escandalosamente se retacea, cuando se trata 
de aquel sector de la infancia y adolescencia más marcado por las múltiples 
vulnerabilidades. 

De allí que pueda señalarse que el mensaje hegemónico en la materia, 
se nutre de una lectura éticamente reprochable de la realidad que requiere 
como condición de su enunciación y amplia adhesión, la elaboración de su- 


A modo de ejemplo, puede señalarse la literatura sobre la relación entre aborto y reducción del delito. De 
acuerdo a Steven D. Levitt existe “una fuerte evidencia que sugiere el importante rol que juega la legaliza¬ 
ción del aborto en la explicación de la baja de las tasas delictivas durante las últimas dos décadas. La teoría 
destacada descansa sobre dos premisas: 1) los hijos no deseados están en mayor riesgo de caer en la 
delincuencia, y 2) el aborto legalizado lleva a una reducción en la cantidad de embarazos no deseados”. 
Ver: Levitt: Entendiendo por qué se Redujo la Criminalidad en la Década de 1990: Cuatro Factores que lo 
Explican y Seis que No. Revista lus et Praxis Año 10, No 2, 2004. 

Véase a modo de ejemplo, el razonamiento realizado por Julia Pou en El País del 2 de octubre de 2012 
bajo el título “80 años después, adecuar la edad”: “Hace casi ochenta años, en el Código Penal, se estable¬ 
ció que el límite de la imputabilidad serian los dieciocho años. En 1934 seguramente este nivel etéreo era 
razonable, pero desde entonces (...) la sociedad se ha trasformado, las familias y las costumbres son 
diferentes. No se parecen en nada las relaciones de padres a hijos, las de los habitantes de un barrio o las de 
la propia sociedad en que vivimos. Negarlo es no ver la realidad, no comprender que el cambio acaecido en 
ese largo periodo nos ha cambiado a nosotros mismos. Por ello es que consideramos que el límite de la 
imputabilidad debe de regularse hacia abajo, fijándolo en dieciséis años”. Le asiste razón a la ex senadora 
respecto a que se han producido importantes transformaciones. No menos cierto es que la norma no tiene 
80 años yaque fue confirmada por el Código de laNiñezy Adolescencia en el año 2004 y que los mentados 
cambios no facilitaron las trayectorias de vida de los más jóvenes. Asimismo tendría más fundamento que 
se propusiera lo opuesto: elevar la edad de imputabilidad atenuando el nefasto impacto del temprano 
ingreso al mundo carcelario. Institución que -rotundamente- no ha tenido un cambio positivo ni logrado 
ninguno de sus objetivos en los últimos 80 años. 


27 



jetos sociales diferenciados (adolescentes y menores) que transitan la mis¬ 
ma etapa vital. 

En esta dirección, conviene recordar la existencia de una amplia evidencia 
sobre las transformaciones contemporáneas que suponen para los adolescen¬ 
tes un tránsito al mundo adulto más lento y dificultoso respecto al pasado. Las 
exigencias de conocimientos y la formación curricular requerida para su ingre¬ 
so al mercado de trabajo demandan un tiempo y esfuerzo mayor, así como tam¬ 
bién esboza como tendencia una inserción signada por la precariedad de em¬ 
pleos con menos estabilidad y coberturas sociales, limitando las posibilidades 
de trayectorias de vida independientes. Respecto al tema, lo que muestran los 
indicadores empíricos es lo contrario a lo que cree la mayoría de la sociedad: 
los adolescentes y jóvenes en general ven multiplicarse los desafíos para su 
ingreso al mundo adulto. Y la población de adolescentes provenientes de los 
sectores más vulnerables, suman a los obstáculos generales y comunes a la ju¬ 
ventud, las dificultades particulares de su origen y su inmunidad a los esfuer¬ 
zos de las políticas sociales, educativas y de empleo instrumentadas. 

Uno de los aspectos más controversiales de la propuesta de reforma cons¬ 
titucional quizás resida en esta contradicción, en una época que ve extenderse 
la moratoria juvenil se propone reducir la etapa adolescente. En otros térmi¬ 
nos, si convenimos que un ser humano es un niño hasta los doce años, 
penalizarlos como adultos a partir de los i6 años, sería concebir un estadio 
adolescente reducido a los tres años que separan los 13 de los 15 años. Del ab¬ 
surdo del aserto podrían dar cuenta no sólo disciplinas como la sociología y la 
psicología; sino que también podría obtenerse abundante evidencia desde la 
biología y medicina. Podría citarse -por ejemplo- los factores adicionales de 
riesgo que entraña el embarazo debido a las características de inmadurez orgᬠ
nica de las adolescentes; evidencia que la sociedad acepta y admite en tanto lo 
visualiza como un “problema” tanto en la esfera social como en el ámbito de la 

salud.^4 

Es posible que estas reflexiones no provoquen los desvelos ciudadanos en 
tanto la población objetivo se focaliza en los “nacidos para perder”. Otra postu¬ 
ra podrá germinar cuando la pretendida solución previsiblemente afecte a los 


■'* Dentro de la extensa literatura pueden referirse trabajos de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) que señalan entre los factores de riesgo reproductivo “que la madre tenga menos de 20 años” y que 
dicho embarazo adolescente “contribuye a mayores niveles de mortalidad y morbilidad materna ya que 
está asociado a posibilidades de complicaciones durante el embarazo y el parto”. Asimismo: “el riesgo de 
complicaciones obstétricas también es más alto en las adolescentes, entre quienes la probabilidad de morir 
durante el embarazo y el parto supera entre cinco y siete veces a la de las mujeres entre 20 y 24 años”. 
Disponible en: www.eclac.cl/mujer/noticias/noticias/O/33810/EmbarazoAdo lescenteIndicador.pdf 
En el plano local puede citarse el trabajo de Cristina Lammers, en el cual se observan indicadores tales 
como mortalidad perinatal, prematurez, bajo peso al nacer y pequeño para la edad gestacional. Las madres 
adolescentes tienen resultados perinatales menos favorables que las madres adultas. Disponible en: 
www.msp. gub .uy/imgnoticias/12128.pdfU 


28 



destinatarios no previstos ni deseados por la reforma constitucional. Cierta¬ 
mente, esa podrá ser una época para la cual resulte aplicable una adaptación de 
la ironía planteada por Bourdieu, en tanto se pide que abandonemos hoy dere¬ 
chos y garantías en nombre de una hipotética seguridad futura. Algo así como 
“usted me da su reloj que yo le digo la hora’’.^^ 

Como corolario final de la dinámica esbozada, puede destacarse que no 
estamos ante el mero trámite de un cambio en la legislación, sino frente a una 
profunda reforma en diversos planos del campo social, cultural e institucional. 
El plebiscito por la baja de la imputabilidad penal es un intento de fundar un 
nuevo orden, modificando la propia Constitución de la República. En ese sen¬ 
tido, es algo menos de lo que propone explícitamente como lema, en tanto no 
existe evidencia internacional alguna que dicho instrumento tenga efectos po¬ 
sitivos sobre los niveles de seguridad y permita hacer efectiva la idea de “vivir 
en paz”. A su vez, es bastante más por lo que no dice explícitamente: representa 
el intento de consolidar una organización social basada en el miedo, las renun¬ 
cias y el desencanto solidario; estimulando los peores sentimientos colectivos 
hacia los sectores más vulnerables. Alimenta una nueva configuración social 
que asume sin pudor ni alarma que, a los “nuevos uruguayos” nacidos bajo una 
época de inédito crecimiento económico “ya no los une el amor, sino el espan¬ 
to” (J.L.Borges) 


Ver: Bourdieu, Fierre: Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. 
Anagrama. Barcelona. 1999 


29 



Bibliografía de referencia 

Beltrán, Washington: Cuestiones sociológicas. Lucha contra la criminalidad infantil. 
Barreiro y Ramos. Montevideo. 1910. 

Fessler, Daniel: Menores eran los de antes. Centro de Investigación y Estudios Judicia¬ 
les (CIEJ). Montevideo. 2012. 

Fraiman, R.; Rossal, M.: De calles, trancas y botones. Ministerio del Interior. Montevi¬ 
deo. 2012. 

Garcia Méndez; Emilio: De las relaciones públicas al neomenorismo: 20 años de la Con¬ 
vención Internacional de los Derechos del Niño. Revista Espacio Abierto. No. 13. 
Montevideo. Noviembre 2010. 

Juanche, A.; Palummo, J. (comp.): Hacia una politica de Estado en privación de liber¬ 
tad. SERPAJ. Montevideo. 2012. 

Leopold, Sandra: Viejos enunciados y nuevas leyes. Discurso político-legislativo y re¬ 
presentaciones de infancia y adolescencia en el Uruguay actual. Revista Fronte¬ 
ras. Departamento Trabajo Social. Número Especial. 2011. 

Malet, Mariana: La adolescencia fragmentada, la violencia y su abordaje punitivo. De¬ 
recho y Actualidad. Facultad de Derecho. Montevideo. 2010. 

Mallo, S.; Viscardi, N.: Seguridad y Miedos. Qué ciudadanía para los jóvenes. Facultad 
de Ciencias Sociales-CSIC. Montevideo. 2010. 

Paternain, R; Sanseviero, R. (comp.): Violencia, inseguridad y miedos en Uruguay. ¿Qué 
tienen para decir las Ciencias Sociales? FESUR. Montevideo. 2008 

Paternain, R.; Rico, A. (coord.): Uruguay. Inseguridad, delito y Estado. Trilce. Montevi¬ 
deo. 2012. 

Pedernera, Luis: Las heridas de la infancia: pobreza, criminalización y paternalismo. 
Revista Pedagógica. Montevideo. No. 1. Julio 2011. 

Serna, Miguel (coord.): Pobreza y (des)igualdad en Uruguay: una relación en debate. 
CLACSO. Departamento de Sociología. Montevideo. 2010 

Trochu, C.; Pedernera, L.: Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto 
con la ley y privados de libertad. CIEJ-IELSUR-OMCT. Montevideo. 2012. 

Viñar, Marcelo: Mundos adolescentes y vértigo civilizatorio. Trilce. Montevideo.2009. 


30 


¿Los hijos de quién...? 


Luis Pedernera^ 


“Lo imperioso es crear una sociedad en la que 
la realidad de la diversidad humana, 
sea personal, orgánica o social, 
no esté sometida al poder de criminalizar” ^ 


El libro “Los hijos del Estado” cumple 20 años y si bien podemos decir que 
mucha agua ha pasado bajo el puente, el texto mirado en el devenir histórico 
paradójicamente mantiene aún pasajes que lo vuelven tristemente^ vigente. El 
valor de mirarlo desde esta perspectiva reside en que en este tiempo mucho ha 
ocurrido en el terreno de la infancia y adolescencia. 

Si bien el trabajo se publica en 1992 la abundante bibliografía y documen¬ 
tos a los que recurre, están centrados en la conformación del Estado uruguayo 
sobre inicios y mediados del pasado siglo y hoy es de esos textos que forma 
parte de los primeros estudios que empiezan a contraponer ideas, discursos y 
prácticas con -en ese momento reciente documento de derechos humanos- 
denominado Convención sobre los Derechos del Niño. 

Así el trabajo se inscribe en los primeros años de investigación 
criminológica y sociológica en el terreno de la infancia latinoamericana. Sólo 
destaco dos publicaciones fundamentales para los que pretendan introducirse 
con mayor profundidad en la temática y que fueron: “Infancia, adolescencia y 
control social en América Latina: Argentina, Colombia, Costa Rica, Uruguay, 
Venezuela: primer informe, San José de Costa Rica, 21 a 25 agosto de 1989” y 
“ Del Revés al Derecho: la condición jurídica de la infancia en América Latina: 
bases para una reforma legislativa”; ambos trabajos compilados por Emilio 
García Méndez y Elias Carranza. Allí se asientan las bases para el desarrollo 
posterior -tomando en cuenta disciplinas como la criminología, la sociología y 
la historia- de una genealogía de la infancia latinoamericana (utilizando el 
término tan caro a Michel Eoucault) de los mecanismos de control y 
disciplinamiento para esbozar una historia de la infancia de la región. 


' Integrante de lELSUR y secretario ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño Uruguay. 

^ Taylor,!.; Walton, P. y Young, J.: “La nueva criminologia. Contribución a una teoria social de la conducta 
desviada”. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1997. 

^ Aclaro que el “tristemente” no es en relación al trabajo, sino que viene al caso pues veinte años después, 
seguimos con algunos temas que se repiten recurrentemente y las recetas siguen siendo las mismas. 


31 



“Los hijos...” aparecía en un momento que llamábamos de parte aguas, de 
paradigmas que decíamos enfrentados (tutelar por un lado y protección inte¬ 
gral por el otro) y allí residía su mayor potencia, hacer visible a través del 
relevamiento legislativo y periodístico la construcción de imágenes de cierta 
infancia (la pobre, abandonada o delincuente) como peligrosa y los mecanis¬ 
mos de intervención para lograr una nación próspera. 

El trabajo ubica tres momentos históricos, el del surgimiento del Código del 
Niño en 1934, el de los años 50 y el de la apertura democrática. Con la probabili¬ 
dad de dejar por fuera algún nuevo período podríamos estar hablando de un 
cuarto momento y para mí éste sería el de “los derechos del niño”. Porque, como 
indicaba anteriormente, el trabajo llega hasta inicios de los 90 y ha quedado para 
trabajos posteriores revisitar todo el proceso de instalación de la Convención de 
los Derechos del Niño en los discursos y las instituciones. 

Con ánimo de provocar me detendré aquí un momento intentando pensar ese 
trayecto que inevitablemente el trabajo de Luis Eduardo no abarcó (por cuestiones 
temporales) buscando incorporar nuevos elementos para el análisis. 

En estos 20 años el país vivió el proceso de incorporación de la Conven¬ 
ción sobre los Derechos del Niño, esto trajo aparejado intensos y prolongados 
debates para la reforma legislativa buscando una ley que recogiera los estándares 
internacionales planteados en este tratado y concomitantemente las personas 
y las instituciones deberían repensar las formas de tratamiento de estos nue¬ 
vos sujetos sociales. 

La dispersión retórica de los derechos del niño 

En los años 90 y en lo que va de este siglo, asistimos a una profunda y 
profusa dispersión del discurso de los derechos del niño al punto que Mary 
Beloff ha indicado: “Un fantasma recorría América Latina (...): el fantasma de 
las reformas legales en materia de infancia. Las personas que trabajaban en la 
justicia especializada y en las otras organizaciones estatales de protección a 
menores en América latina a fines de la década del 80 y comienzos de la década 
del 90 (jueces, empleados, operadores, trabajadores sociales) estaban aterra¬ 
dos. ¿Qué se proponía detrás de este afán por ‘cambiar la ley'? ¿Qué estaba 
sucediendo que provocaba que la gente que durante décadas había trabajado 
con los niños se sintiera tan amenazada?”'^ 

Y viéndolo en perspectiva, me animo a afirmar que algo así ocurrió al pun¬ 
to que se terminó captando el discurso de los derechos humanos del niño y sólo 
eso. Pero veámoslo con ejemplos concretos. En Uruguay el Consejo del Niño 


Beloff, Mary: “Reforma legal y derechos económicos y sociales de los niños: las paradojas de la ciudada¬ 
nía”. Presentación en el IV Séminaire “Perspectives régionales: intégration économique et une protection 
sans discrimination des droits sociaux et économiques dans les Amériques”, organizado por el Centre d’ 
Etudes sur le Droit International et la Mondialisation, Montreal, Université de Quebec, 25 de noviembre 
de 2005. 


32 



mutó para convertirse a fines de los ochenta en Instituto Nacional del Menor 
(INAME) y en 2004 pasó a denominarse Instituto del Niño y el Adolescente del 
Uruguay (INAU). Fueron sólo cambios en la nomenclatura de esta institución, 
porque las funciones matrizadas en la etapa tutelar que dieron forma al Conse¬ 
jo del Niño siguen siendo el objeto privilegiado de atención de esta institución: 
los niños pobres, abandonados y delincuentes. 

Es interesante rastrear la discusión y posterior aprobación del Código en 
el año 2004 y veremos como durante todo el debate se habló de INAME e in¬ 
cluso en el texto se lo nombra así, para luego en el anteúltimo artículo (el 223) 
se disponga el cambio de denominación. Si el legislador estaba buscando un 
nuevo enfoque, un cambio en la política cercano a lo que requería el texto de la 
Convención los indicios indican todo lo contrario y subrayan la idea que Beloff 
desarrolla en su texto. 

En los 90 repetimos hasta el hartazgo que el concepto “menor” era un tér¬ 
mino acuñado por el enfoque tutelar, que estigmatizaba a una porción de la 
infancia describiéndola a partir de sus carencias. Pero al final tanta insistencia 
terminó operando en el terreno simbólico, ya los institutos no son de menores, 
son de niños y adolescentes para sonar de acuerdo a la corrección política -que 
es importante- pero su impacto en el terreno ha sido muy débil por no decir 
inexistente. Veámoslo con otro ejemplo aun más cercano, el Sistema de Infor¬ 
mación para la Infancia (SIPI) que en la administración pasada vivió un proce¬ 
so de reformulación. Producto de ello, se elaboró un nuevo formulario que se 
completa onbne al que se accede luego de participar de una capacitación en la 
que -entre otras cuestiones- se facilita una clave. Lo interesante son las parti¬ 
cularidades del formulario a llenar que abunda en indagar detalles de la vida de 
estos niños (pobres en su mayoría) y sus familias. 

Un verdadero streaptease de la pobreza deben vivir estos niños, que es per¬ 
mitido porque son los sectores mas vulnerables^ y sobre ellos los adultos y las 
instituciones nos permitimos ciertas licencias en “nombre de”. Lo mas escanda¬ 
loso es que, al iniciar el formulario la institución INAU se arroga el derecho a que 
una vez ingresado el dato, crear el sujeto de derecho!; pues así se indica en el 
proceso electrónico/administrativo: “creación del sujeto de derecho”. 

Los viejos/nuevos convidados y su recepción en el artículo 117 
del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Pero sigamos en esta especie de ejercicio flaneur^ del cuarto período o 
momento que estamos intentando descubrir y describir en este aniversario de 
“Los Hijos ...” y veremos que en el año 2004 el Código de la Niñez y la Adoles- 


^ Hagamos el ejercicio de pensar en la reacción producida en las clases medias y su escandalización frente 
a algunos de los ítems-preguntas, objeto del relevo en el último Censo General de población y vivienda. 
Aludo al téraiino acuñado por Walter Benjamín como espectador y que lo utilizó para sus observaciones 
urbanas. 


33 



cencía aprobado, no era el Código por el que habíamos luchado, aunque seten¬ 
ta años después del de 1934 igualmente significaba un avance. El nuevo texto 
legal mantiene incólume una forma de intervención típica del momento que 
llamamos tutelar y está presente en la descripción que hace el artículo 117 que 
se dedica a la “Protección de los derechos amenazados o vulnerados de los 
niños y adolescentes y situaciones especiales”. 

¿Cuál es esta intervención? Es la realizada cuando el principio de legalidad^ 
no se tiene en cuenta y aquí opera en tanto el “derecho amenazado o vulnerado” 
y la “vulneración y amenaza de derechos de terceros” son categorías que no tie¬ 
nen límites precisos y que terminan finalmente siendo llenadas por el operador 
de turno. La amenaza o vulneración forman parte de aquellas cuestionadas cate¬ 
gorías normativas de tipo abierto que permiten al operador la peor de las inter¬ 
venciones discrecionales sobre un sujeto. En el informe “Sistemas penales y de¬ 
rechos humanos en América Latina”^ se dice, refiriéndose al caso de la legisla¬ 
ción penal: “un tipo (penal) con limites difusos es una grieta en la seguridad de 
todos los derechos humanos y no sólo en la mera garantía de legalidad” y bien 
se puede trasladar el ejemplo en cuestión, en tanto hay una construcción puniti¬ 
va y siquiatrizadora del niño habilitada en los subsiguientes artículos del Código 
que habilitan por ejemplo internaciones compulsivas®. 

Y todo se realiza con conceptos más progresistas (si cabe tal afirmación) 
en tanto la vulnerabilidad era una categoría que interpelaba a la vieja conten¬ 
ción/ continentación. 

Nada más cierto que la afirmación que hace el historiador chileno Jorge 
Rojas que realizó un enorme trabajo de construcción y relato de la historia de 
la infancia chilena que comprende 200 años. En uno de su pasaje sintetiza lo 
que deja entrever su investigación histórica hoy e indica: “Desde la perspecti¬ 
va de las representaciones sociales de la infancia, todavía somos herederos 
de conceptos que han predominado en Occidente desde el siglo XVIII, como 


’’ Está previsto en nuestra Constitución en el articulo 10 y dice: ‘'Las\hcciones\privadas[ñe\Ias\personas 
queldeíñingún\Éiodo \dtacan Blídrden\público\Ai\perjudican 0 \ún Wrcero, \¿stánBxentas \de\lhldutoridad\de 
losIMagisirados. OfingúnIhabitantenieílalMepúblicaQeráUs>bligado[li[liacer\loUSfueSio[MandaUadey, Mi 
privado \2e\lo\4ue\¿lla [¡io\prohibe 

* Zaffaroni, Eugenio R. (coord.): “Sistemas penales y derechos humanos en America Latina. Informe 
final”. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Depalma, Buenos Aires, 1986. 

’ Es interesante conocer el centro de ingreso de INAU (ubicado en la calle Cerro largo y Fernández Crespo en 
Montevideo) para aquellas situaciones que no ameritan una intervención punitiva (alli llegan niños y niñas que 
pueden estar en calle o víctimas de maltrato entre otra diversidad de situaciones). Pero el viejo edificio de la 
Calle Fernández Crespo, así como la refomia arquitectónica realizada a la nueva sede se inscribe en una lógica 
custodial /represiva -con por ejemplo celdas de aislamiento- que en definitiva no hacen sino justificar la falta de 
capacidad e inventiva para desarrollar algo diferente que la reja, el encierro la contención física (sujeción del 
cuerpo). Particularmente en una visita que realizáramos cuando constmían la nueva sede del ahora DED, un 
obrero de la constmcción se nos acercó preocupado por unos vitreaux que adornaban las ventanas. En el breve 
diálogo nos pregunta “¿Uds. [fiueden\ñacer[dlgolfiaral4ueíMtiren3stostiiidrios\deláquí?\ForqueSn3ste[Iugar 
con \É>das \¿stas Sejas [áualquier [persona [& [bebela L& primero [pue íñgarra Son Bstos Sidrios pMáskiuando Wos 
que San 0 BstarUiquíSon Potijas. [Esto [áo IZb Pguanta [Éadie”. 


34 



son la inocencia, la integración regulada del niño a la sociedad por medio de 
la familia y la escuela, la ausencia de responsabilidades laborales o familia¬ 
res, y el predominio del juego y la fantasía. Frente a este modelo ideal, sigue 
sobreviviendo la imagen de una infancia amenazada, carente de estos rasgos, 
que debe ser protegida; para recuperar la felicidad que se espera de ella. Víc¬ 
tima de la pobreza, sigue siendo inocente del contexto que le ha tocado vivir y 
del cual debe ser alejada. Esta representación social de la infancia “en riesgo 
social” sigue estando en la base de las políticas de protección.“ 

¿Cómo protegemos a los niños? 

Quizás razón le asista a Beloff al indicar que en todos estos años no hemos 
sido capaces de interrogarnos qué significa “proteger a los niños”. Y cuando que¬ 
remos hacerlo, volvemos a desarrollarlas viejas estructuras sostenidas en la idea 
de patronato/reformatorio y por ende productoras de punición/aflicción. La par¬ 
quedad del Código en orden al papel del Estado para que la familia cumpla un rol 
fundamental en la sociedad y sea apoyada para que pueda hacerlo, nos presenta 
su contracara a través del citado artículo 117. 

Quizás sea allí donde tengamos que poner los acentos porque nadie duda 
que a los niños hay que protegerlos, la cuestión es: ¿cómo? ¿mediante cuáles 
mecanismos? 

Los derechos del niño hoy son un discurso mainstream, pero no producto 
de una crisis empírica que los haya deslegitimado -continua Beloff- ya que existió 
una fuerte crítica por fuera y vivimos hoy una suerte de “autismo autoinducido” 
en el que se reproducen prácticas y culturas institucionales, pero ahora en nom¬ 
bre de los derechos del niño. 

El libro “Los hijos del Estado” veinte años después, tiene el privilegio de 
ser un testigo silencioso de todo lo que nos queda por recorrer aún. Allí creo 
que reside su potencia, es un testimonio vigente de nuestras incapacidades para 
superar prácticas y consideraciones hacia las personas pobres que no alcanza¬ 
ron sus 18 años. 

Hay dos datos incontrastables de nuestra incapacidad, una parte impor¬ 
tante de los niños en el Uruguay de 2012 siguen siendo los más pobres y los 
más criminalizados (aún cuando el país vive una bonanza económica en que 
neoliberalismo y crisis parecen ser cosas del pasado). La pobreza no logra 
desprenderse de las cifras que la han colocado en términos de problema es¬ 
tructural por lo menos desde mediados de los 80 en niños menores de 5 años; 
y desde la apertura democrática a la fecha, la policía sigue deteniendo una me¬ 
dia de 20 mil niños sólo por su aspecto. La pobreza y la criminalización dicen 


Rojas Flores, Jorge: “Historia de la infancia en el chile republicano (1810-2010)”. Junta Nacional de 
Jardines Infantiles (JUNJI). Marzo de 2010. 


35 



más de las instituciones, sus funciones y operatorias que de los niños, las niñas 
y los adolescentes; son la evidencia notoria -mal que nos pese- de que no son 
un peligro, sino que están en peligro! 

Pero y coincidencias del tiempo como en 1910 -tal como nos lo recuerda 
Luis Eduardo en las páginas de este libro- cuando al influjo de escritos de Was¬ 
hington Beltrán se pretendía sembrar el pánico a una criminalidad infantil que 
se advertía cada vez más joven y violenta, hoy revivimos ese debate cíclico, 
pero ahora con una propuesta concreta de constitucionalizar la baja de la edad 
de imputabilidad penal. 

Para no concentrarnos exclusivamente en el INAU, veamos el comporta¬ 
miento de otras instituciones en la misma línea de razonamiento. La educación 
es un campo propicio para pensar estos temas y propongo dos ejemplos. El 
cambio en la reglamentación que regía la disciplina en los centros de enseñan¬ 
za secundaria que se realizó durante el año 2005, es una reforma en términos 
retóricos importante: se incorpora el lenguaje de los derechos y modifica la 
constitución del viejo órgano de disciplina previsto en el acta 14 (Consejo de 
Orientación Educativa, COE). Sin embargo, dicho documento es producto de 
la acción y el pensamiento de adultos, donde los estudiantes han sido los gran¬ 
des ausentes (no hay siquiera un punto o coma que les pertenezca). De la mis¬ 
ma forma el nuevo órgano CAP (Consejo Asesor Pedagógico) pasa a ser un ór¬ 
gano elegible (el COE era designado por la dirección entre docentes con mejor 
puntaje), pero los adolescentes no pueden auto-representarse, ya que deben 
votar a un docente! 

Finalmente esta interesante herramienta termina abordando las situacio¬ 
nes eventuales que puedan ocurrir en el centro de estudios, desde una perspec¬ 
tiva punitiva (como ejemplo de esta lógica léase el procedimiento disciplinario 
previsto en el artículo 23 y ss.). Es decir, la potencialidad que tiene el centro de 
estudios para el desarrollo de nuevas posibilidades en relación a los sujetos en 
el presente, se diluye cuando todo se pasa por el tamiz punitivo. 

Pensemos cuando en este tiempo la prensa nos ha conmovido y bombar¬ 
deado con imágenes de lugares de estudio desbordados por una supuesta “ola 
de violencia”. Más allá de que estas situaciones debemos colocarlas en sus jus¬ 
tos términos", ¿cuál ha sido el reclamo adulto? Rejas, uniformes, policía, por¬ 
teros y no existe ningún atisbo de reconocer y asumir que estamos frente a 
conflictos que requieren algo más que el simple reclamo represivo. Hay mucho 
escrito sobre la escuela hoy, que la indican como una institución desfondada^"^. 


" En Uruguay no existe ni siquiera una aproximación medianamente seria al tema de la violencia en los 
centros de estudios. Nos movemos y repetimos imágenes amplificadas por los medios de comunicación. 
Pero, si vamos a casos de paises vecinos que han medido esta problemática, Argentina sin ir más lejos, nos 
asombramos cuando descubrimos que hoy no hay más violencia que la que hubo en 1930. Sin pretensión 
de ahondar recomiendo al lector el trabajo “Violencias^\donflictos \án \lhs\éscuelas’\ compilado por Daniel 
Míguez y publicado por Paidós. 

" Ver trabajos de Cristina Corea; Ignacio Lewkowicz y Silvia Duschatzky; entre otros. 


36 



Precisamente al enfocar desde una visión causal explicativa y simplista este 
tipo de problemáticas, me recuerda mucho el ejemplo del filósofo Slavoj Zizek 
que en un texto en que aborda la violencia plantea con humor: “Hay una vieja 
historia acerca de un trabajador sospechado de robar en el trabajo: cada tarde, 
cuando abandona la fábrica, los vigilantes inspeccionan cuidadosamente la ca¬ 
rretilla que empuja, pero nunca encuentran nada. Finalmente, se descubre el 
pastel: ¡lo que el trabajador está robando son las carretillas gg decir 
visualizamos la violencia que se percibe a través de la agresión interpersonal, 
pero no somos capaces en nuestro análisis y reacciones de percibir la violencia 
de tipo estructural y simbólica (lenguaje) que excede a los sujetos y como es 
impersonal no es objeto de intervención y reclamo (por ejemplo condiciones 
materiales de los centros en que se estudia o se está detenido, mecanismos de 
ejercicio del poder verticalizante y disciplinante de los docentes y funcionarios, 
entre otros). 

El neo tutelarismo punitivo que nunca se fue 

Este panorama se vuelve particularmente preocupante en este último tiem¬ 
po, donde la insistencia de un discurso que utiliza la imagen de una sociedad 
dejada a la suerte de delitos provocados por niños cada vez más pequeños y 
violentos, parece que ha encontrado por fin recepción tanto en filas guberna¬ 
mentales como opositoras. Mientras en épocas pasadas la baja de la edad de 
imputabilidad penal -rediviva cíclicamente - no lograba avanzar a nivel parla¬ 
mentario, actualmente y de la mano de una campaña para reformar la Consti¬ 
tución, así como de un discurso policíaco desacreditador, lanzado desde el Mi¬ 
nisterio del Interior y operadores del sistema de justicia que a los cuatro vien¬ 
tos han tildado a la legislación de romántica y propia de realidades europeas, 
parece haber encontrado eco. 

Así lo demuestran los cambios operados en el terreno legislativo y que están 
deshilachando el Código de la Niñez y la Adolescencia. Primero fue la ley de pro¬ 
cedimientos policiales (No. 18.315 del año 2008) y luego han venido los embates 
que crearon nuevos delitos (penalización de la tentativa de hurto y la complici¬ 
dad) aumentaron los plazos de detención cautelar (pasando en algunos delitos 
de 60 a 90 días) y la mantención de los antecedentes de los adolescentes luego de 
cumplida la mayoría de edad (leyes 18.777 y 18.778 respectivamente). 

Si en el año 2004 frente a las deficiencias del Código de la Niñez y la Ado¬ 
lescencia nos plantábamos para hacer la mejor de las lecturas posibles en clave 
de garantías fundamentales y albergábamos la esperanza de avanzar en mejo¬ 
rar aquellos aspectos deficitarios^'^, hoy la realidad nos está demostrando que si 


Zizek, Slavoj: “Seis reflexiones marginales sobre la violencia”. Paidós, Buenos Aires, 2009. 

Pedernera, L.; Palummo, J.; Silva Balerío, D.; Uriarte, C.; Salsamendi, J.: “Aproximación crítica al 
Código de la Niñez y la Adolescencia de la República Oriental del Uruguay”. Fundación de Cultura Uni¬ 
versitaria, UNESCO, 2004. 


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algo está cambiando, ello no está siendo para bien, sino todo lo contrario a lo 
que se esperaba. 

¿Hijos de quién? 

Finalmente vuelvo al inicio para referirme al título que elegí para estas 
líneas, allí me interrogo ¿los hijos de quién? Porque cuando se publicó este 
libro habían paternidades que signaban la vida de los sujetos del que nos habla 
el texto. En cambio hoy, así como se niega la existencia de ideas y acciones de 
izquierdas y derechas, de la mano de este razonamiento también nadie se hace 
cargo de las trayectorias de vida de los “gurises” que generaron(an) las decisio¬ 
nes políticas de unos pocos. Por lo tanto si no son hijos de nadie, son parias o 
en terminología de Giorgio Agamben^s son existencia “nuda vida”, es decir 
sacrificables que no despiertan en nosotros ninguna empatia y no truncan nin¬ 
gún proyecto social, pues están por fuera de toda consideración. 

Quizás nos movíamos según esa imagen romántica del cuento del escritor 
Eduardo Galeano^'^ que al describir la utopía indicaba que era aquel lugar en el 
horizonte que se aleja cada vez que camino/avanzo tratando de alcanzarlo. 

No será el momento -sin intentar desterrar la idea anterior- que nos corra¬ 
mos hacia la noción de utopía en el sentido negativo que preocupó al pensador 
Walter Benjamín. Para él la utopía consistía en iluminar aquellas parcelas de 
realidad que merecían ser destruidas. 

Ojalá que la relectura del trabajo “Los hijos del Estado”, veinte años des¬ 
pués, tome rumbo en ese sentido: destruir aquellas formas de trato a la infan¬ 
cia que continúan cosificándola, etiquetándola, anulándola. 


Agamben, Giorgio: “Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida”. Pre-textos, España, 2003. 
Galeano, Eduardo: “Las palabras andantes”. Ediciones del chanchito, Montevideo, 1993. 


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La adolescencia como enfermedad y el joven 
infractor como fetiche. Imágenes de una sociedad 
obsesionada con el control. 

Julio Cortés Morales^ 


“Pienso una vez más que los jóvenes nos marcan el camino para 
modificar nuestros procesos mentales. Debemos ubicar el futuro 
-como si fuera el niño nonato encerrado en el vientre de la madre- 
dentro de una comunidad de hombres, mujeres y niños, entre nosotros, 
como algo que ya está aqui, que ya está listo para que lo alimentemos 
y lo ayudemos y lo protejamos, antes de que nazca, porque de lo contrario 
será demasiado tarde. De modo que, como dicen los jóvenes: 

El Futuro Es Ahora” (Margaret Mead). 


1. Tanto la infancia como la adolescencia son categorías sociales perma¬ 
nentes en la estructura de nuestras sociedades. En ambos casos ocurre que 
sobre ciertos elementos o datos naturales (el nacimiento y la dependencia es¬ 
tricta de los infantes más pequeños en relación a los adultos en un caso, y la 
pubertad en el otro) se construye un complejo entramado de percepciones y 
representaciones sociales que pertenecen al ámbito de la cultura, y que en tan¬ 
to construcciones sociales variables en el tiempo y el espacio conforman una 
especie de “segunda naturaleza”. 

En la medida en que cada comunidad o sociedad humana adscribe a una 
determinada cosmovisión que incluye entre otras cosas la posición y función 
que en ella tienen niños/as y jóvenes, podemos decir que dicha visión de mun¬ 
do incluye ideologías de infancia y de adolescencia: se trata de lo que en térmi¬ 
nos althusserianos sería una “ideología en general”, a diferencia de las “ideolo¬ 
gías particulares” (que siempre encubren intereses de clase)^. 

Estas visiones de mundo o ideologías generales se naturalizan al punto 
que ciertas características o atributos meramente contingentes pasan a ser 
percibidas y vividas como esenciales (por ejemplo, el estatuto de dependen¬ 
cia y “minoridad” otorgado en nuestras sociedades a los niños y niñas hasta 
mucho después de la fase de dependencia estricta de los adultos, o el carác¬ 
ter patológico o de crisis atribuido en la modernidad a la adolescencia)^. 


' Docente e Investigador del Programa de Derecho de la Infancia. Universidad Central de Chile. 

^ ALTHUSSER, Louis. “Ideología y aparatos ideológicos de Estado”, en: ZIZEK, Slavoj (compilador). 
Ideología, un mapa de la cuestión, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, pág. 136 y ss. 

^ Sobre lo primero, podemos ver que incluso en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, de 
1959, en un fragmento citado en el Preámbulo de la Convención de 1989, se define a la infancia de manera 


39 



2. Todo esto debe ser considerado a la hora de analizar la relación entre la 
infancia y la adolescencia con el Derecho de una sociedad. El Derecho, no es 
sólo un “reflejo” de las condiciones propias de determinada estructura social, 
sino que a la vez prefigura y configura gran parte del funcionamiento de la 
misma (por ejemplo, en la modernidad burguesa, mediante la “ideología del 
derecho igual”). Por eso, si en un sentido el Derecho tan sólo recoge las princi¬ 
pales representaciones socialmente vigentes en relación a la concepción de la 
infancia y la adolescencia, en otro funciona como un vehículo de transforma¬ 
ción directa o indirecta de la posición real de los niños y niñas en la sociedad, 
individual y colectivamente considerados^. 

El problema es que la ideología jurídica generalmente está anclada en una 
visión tanto de la infancia como del propio fenómeno jurídico que no sólo no se 
concibe de acuerdo a sus particulares determinaciones históricas, sino que pre¬ 
tende hacer pasar dicha perspectiva como “natural”. Así es posible entender a 
Qvortrup cuando plantea que la dependencia legalmente estipulada en rela¬ 
ción a niños/as y adolescentes ha repercutido en la invisibilidad característica 
de estos colectivos dentro de la vida de nuestras sociedades, dependencia e 
invisibilidad que tan sólo un esfuerzo teórico consciente, como el que ha carac¬ 
terizado a la nueva sociología de la infancia en las últimas décadas, han posibi¬ 
litado empezar a superar. 

3. Si fuera por establecer tres grandes modelos de relación entre el de¬ 
recho y la infancia/adolescencia en la historia, podríamos decir que el más 
tradicional es el que considera que los niños y niñas están subsumidos en la 
estructura familiar, perteneciendo por ende al ámbito de lo privado, donde 
están sometidos a los poderes del padre de familia (a quien le deben respeto 
y obediencia). Este modelo es el propio del Derecho privado romano, donde 
el pater familias ejerce distintos poderes sobre los alieni inris que tiene 
bajo su dependencia estricta, y por extraño que parezca, tras siglos de des¬ 
uso fue resucitado a fines de la Edad media en cuerpos como las Siete Parti¬ 
das de Alfonso El Sabio, para terminar siendo el modelo adoptado en los 
procesos de codificación del siglo XIX, mezclado con algo de Derecho canó¬ 
nico. De ahí que el grueso de las instituciones y características propias del 
Derecho de familia decimonónico obedezca a esa inspiración, por ejemplo a 
través de la influencia de la Partida Cuarta, que es la que consagra entre 
otras cosas distintas categorías de filiación, las edades de la vida, y la patria 
potestad. 


adultocéntrica, enfatizando aquello de lo que esa fase vital carece, en oposición a la adultez: “el niño, por 
su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protec¬ 
ción legal, tanto antes como después del nacimiento” (El destacado es mío). 

'' Tal como señala Lukács analizando la legalidad, “la ideología no es solamente un efecto de la organiza¬ 
ción económica de la sociedad; es también la condición de su funcionamiento pacífico” (LUKÁCS, Gyórgy. 
“Legalidad e ilegalidad”, en: Historia y conciencia de clase, Santiago, Quimantú, 2008, pág. 310). 


40 



En este esquema histórico el segundo gran modelo surge cuando la cre¬ 
ciente preocupación pública por los niños, que comienza a ser notoria a fines 
del siglo XIX e inicios del siglo XX -lo que para la tesis dominante en la 
historiografía constituye un síntoma de la hegemonía de la ideología o “senti¬ 
miento” moderno de la infancia-, llega a plasmarse en la generación de leyes e 
instituciones creadas para enfrentar el aspecto infanto-adolescente de la “cues¬ 
tión social”. Estamos aquí en los orígenes del llamado “sistema tutelar de me¬ 
nores”, que si bien es correcto caracterizar desde una mirada criminológica 
como una forma de extensión (y desformalización) de los mecanismos de con¬ 
trol socio-penal aplicables a un sector de la población, se enmarca también en 
un proceso de transformaciones profundas del tipo de Estado, desde uno más 
clásicamente liberal a un Estado social propio de la época de consagración de la 
segunda generación de derechos fundamentales. De ahí la ambivalencia carac¬ 
terística entre una intencionalidad discursivamente protectora, y una materia¬ 
lidad esencialmente controladora y punitiva. 

Mientras el espíritu propio del primer modelo consistía en entregar el cui¬ 
dado y discipbnamiento de los hijos a sus padres, dentro de una esfera de auto¬ 
nomía del pater familias que el Estado debía respetar y promover, las legisla¬ 
ciones “tutelares” compensan dicha tendencia saltando hacia el extremo con¬ 
trario: el Estado debe intervenir autoritariamente en relación a niños/as que 
no son adecuadamente socializados en sus familias o contextos de origen. El 
fundamento de esta intervención y las maneras en que efectivamente se con¬ 
cretan han sido objeto de una amplia cantidad de literatura dedicada a la críti¬ 
ca del llamado “enfoque tutelar”, desde el conocido análisis desmitificador de 
Anthonny Platt en “Los salvadores del niño”, a la abundante literatura de pro¬ 
moción de la Convención sobre los Derechos del Niño en el continente basada 
en la confrontación de modelos (“situación irregular” versus “protección inte¬ 
gral”). Lo interesante es destacar que ideológicamente este modelo se apoya en 
una mezcla de filantropía religiosa con positivismo criminológico, y que en sus 
inicios resulta explícita la alusión a la idea de que el Estado debe asumir la 
tutela de este sector de la infancia/adolescencia, los “menores”, como si él fue¬ 
ra un sustituto del padre. 

La consagración explícita de un conjunto de derechos en relación al niño/ 
a concebido como un sujeto es propia de lo que podemos entender como el 
tercer modelo, expresado principalmente en la Convención de Derechos del 
Niño de 1989, que en cierta forma puede ser considerada una síntesis creativa 
y superadora de los dos momentos o modelos previos, en la medida que conci¬ 
be al niño/a en contacto como un sujeto de derechos en cada uno de los ámbi¬ 
tos en que se despliega su existencia (familia, barrio, escuela...), y que en rela¬ 
ción a esos derechos existen deberes correlativos de la familia, la sociedad y el 
Estado (que es lo que expresamente consagra el artículo 19 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos). 


41 


4 . El texto de Luis Eduardo Morás, publicado originalmente a inicios de la 
última década del siglo XX, es una radiografía del “segundo modelo” tal como 
fuera diseñado, instalado y aplicado en Uruguay. Su título, “Los hijos del Esta¬ 
do”, refleja exactamente cuál es la concepción de fondo para los creadores del 
“modelo de protección-control de menores”: ante la inexistencia o inadecua¬ 
ción de sus propios padres, es el Estado quien directamente asume la tutela de 
estos niños y niñas. Por eso en el contexto anglosajón se usó la expresión en 
latín parens patriae para referirse a este tipo de poder/intervención del Esta¬ 
do sobre la infancia. A estas alturas resulta bastante claro lo engañoso de dicha 
pretensión: en aras de una intervención “tutelar”, lo que en realidad ocurría 
era una forma de criminalización disfrazada y reforzada. La constatación de 
este fraude ocurrió en el propio contexto norteamericano durante los años 6o, 
partiendo con la sentencia de la Corte Suprema en el famoso caso In re Gault. 

Morás traza la trayectoria de los inicios de la exportación de dicho modelo 
a Uruguay, hasta su crisis que resulta correlativa a la del Estado de Bienestar y 
la entrada en escena de los discursos de tolerancia cero y campañas de ley y 
orden, distinguiendo tres grandes momentos dentro del siglo XX (los años 30, 
los años 50, y los 80). La crisis del modelo coincide con la llamada “post-res- 
tauración de la democracia” (concepto que en Chile, por su diversa historia 
político-institucional, no ha tenido aplicación, y en su lugar se ha hablado más 
bien de una larguísima “transición a la democracia” que según algunos ya ter¬ 
minó -aunque se discrepa acerca del momento en que se habría verifícado di¬ 
cho final-, y que según otros no terminará mientras no se apruebe otra Consti¬ 
tución que entre otras cosas ponga fin al modelo económico e institucional ge¬ 
nerado en dictadura y modificado en democracia pero sin afectar nunca su esen¬ 
cia). En este período de crisis, Morás hace notar que la tradicional dupla “pro¬ 
tección-control” tiende a abandonar el primer término en favor de una hege¬ 
monía casi total del segundo, todo ello en el contexto de un desfase entre la 
democracia política (formal) y la democracia social (material), y un incremen¬ 
to de lo que el autor llama la “defensa autoritaria de la sociedad”. 

El abordaje de Morás es sociológico, lo cual marca una importante diferen¬ 
cia entre su análisis y el tipo de producto “jurídico” que más abundó en los años 
posteriores a la ratifícación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 
nuestros países. Por eso, más que en la legalidad formal y sus discursos 
justifícadores, el énfasis en este trabajo está puesto en el nivel de la ideología y las 
representaciones sociales de la infancia, sobre todo en el discurso público aso¬ 
ciado a problemas relacionados con categorías de irregularidad, desviación y cri¬ 
minalidad. En su análisis se accede a estos discursos y representaciones median¬ 
te el estudio de información de prensa en cada uno de los períodos señalados. 

Si hasta hace poco tiempo la confluencia entre Derecho y Sociología se 
mostró particularmente fructífera en el ámbito del estudio de la cuestión cri- 


42 


minal y del control social, hoy en día resulta además muy necesario avanzar en 
la construcción de una perspectiva interdisciplinaria no sólo con el objeto de 
comprender mejor las cuestiones “criminológicas”, sino que la propia consti¬ 
tución histórica de la infancia y la adolescencia como categorías que, por sobre 
un dato natural o biológico, ponen en juego una serie de elementos socio-cul¬ 
turales. En ese esfuerzo, el trabajo de Morás puede ser visto como un hito que 
invita a seguir desarrollando y ampliando la mirada. 

5. Hace unas pocas décadas los autores italianos Trisciuzzi y Cambi seña¬ 
laban que por sobre una “infancia biológica”, constante en todos los grupos 
humanos de la historia, eran la institución familiar y el lenguaje los agentes de 
socialización encargados de convertirla en una infancia histórica, “socialmente 
definida y culturalmente organizada”®. 

En el caso de la adolescencia, la evidencia historiográfica y etnográfica ha 
puesto también de relieve que a nivel de “primera naturaleza” el único dato 
permanente consiste en que hacia el final de la infancia, cuando las personas 
tienen algo más que diez años de vida, se produce el fenómeno de la pubertad. 
Por sobre ese dato básico, la manera en que cada comunidad humana o estruc¬ 
tura societal construye una “segunda naturaleza” socio-cultural no puede ser 
sometida a generalizaciones ni simplificaciones, sino que debe ser estudiada 
en su complejidad, dinamismo y profunda diversidad®. 

Un abordaje de este tipo nos permite deconstruir la ya larga y ampliamen¬ 
te naturalizada idea de la “adolescencia” entendida como crisis bio-psico-so- 
cial sobre la cual se aplican diversos dispositivos de control, contención y nor¬ 
malización, que en rigor es una idea que surge en la sociedad moderna, y que 
como es habitual en el plano de las ideologías generales, pretende ser eterna y 
regir como válida para todo tiempo y lugar. Nuestra sospecha es que es preci¬ 
samente en base a una concepción tal de la “adolescencia” que se apoya gran 
parte del discurso y prácticas punitivas que hacen de la figura del adolescente 
problemático su fetiche favorito, en base al cual se justifican todas las campa¬ 
ñas neo-represivas a través de las cuales se pretende resolver una serie de an¬ 
gustias y fobias generadas por las condiciones actuales del mundo en que vivi¬ 
mos, responsabilizando precisamente a quienes no tienen en ello ninguna res¬ 
ponsabilidad. 

A estas alturas, el conocimiento aportado por la antropología nos enseña 
que en las sociedades tradicionales lo que entre nosotros llamamos “adoles¬ 
cencia” no necesariamente se vive como una crisis, y que en la medida en que a 


^ TRISCIUZZI Leonardo y Franco CAMBI, La infancia en la sociedad moderna. Del descubrimiento a la 
desaparición. Disponible en: http://www.inau.gub.uy/biblioteca/Trisciuzzi.pdf 
Clastres ha destacado que, a diferencia de lo que se creia hasta hace poco, las “sociedades arcaicas” 
difieren profundamente entre si, que “ninguna se asemeja de hecho a las otras y lejos estamos de la gris 
repetición que uniforaiaria a todos los salvajes” (CLASTRES, Fierre. La sociedad contra el estado, Bue¬ 
nos Aires, Caronte, 2009, pág. 9). 


43 



los púberes se les integra socialmente en actividades percibidas por todos los 
miembros de la comunidad como útiles para la misma, y se les permite gozar 
de una cierta libertad sexual, los jóvenes “viven este período sin sobresaltos ni 
estrés particular” (esto es lo que afirma Michel Fize citando los trabajos de 
Margaret Mead sobre la adolescencia en Samoa^, y lo que resulta también ob¬ 
servable en la no tan voluminosa literatura existente sobre los rituales de ini¬ 
ciación que se aplicaban en nuestras tierras antes de que los llamados “pueblos 
indígenas” fueran exterminados®). 

La adolescencia como problema surge en el siglo XIX, cuando “médicos, 
juristas y magistrados convierten a la pubertad en una verdadera patología”'^. 
Se trata en ese entonces de la edad de oro del control disciplinario, cuando la 
clase dominante debe gobernar por sobre las tendencias al placer imponiendo 
el “principio de realidad” propio del trabajo asalariado y la idea de civilización 
que de su imposición emana. La biopolítica allí surgida incluiría una “política 
de juventud” por la cual la burguesía trataría de “asegurar el poder por medio 
de la escolarización, y al mismo tiempo de proteger a los jóvenes burgueses de 
las tentaciones que emergen con la pubertad”^. 

La importancia de una mirada amplia y desideologizada radica en que nos 
permite recordar que, a pesar de dos siglos de naturalización de esta imagen 
moderna y problemática, “la adolescencia sólo genera situaciones conflictivas 
en condiciones sociales específicas”. En términos generales, cuando “se opera 
un desfase excesivo entre su potencial y sus posibilidades de realización en la 
sociedad”". Precisamente eso es lo que ocurre en la sociedad moderna, y sigue 
ocurriendo de manera más dramática e intensificada en la llamada 
posmodernidad. Lourdes Gaitán lo ha expresado muy bien cuando dice que “la 
sociedad adulta siente que pierde el control sobre unos individuos cuyos valo¬ 
res no llega a comprender y que, sin embargo, son tan producto de las condi¬ 
ciones sociales, económicas, culturales o políticas del momento, como los su¬ 
yos propios”^^. 


’ FIZE, Michel. ¿Adolescencia en crisis? Por el derecho al reconocimiento social, Buenos Aires, Siglo 
XXI, página 134. 

* En el caso de Tierra del Fuego, llama la atención la belleza del ritual de iniciación conocido como 
“chiajóus ”, una verdadera fiesta en la cual los adultos integraban a los jóvenes de su comunidad mediante 
una serie de juegos en que se imitaba a los pájaros y otros animales de ese entorno natural: “Cada juego 
tiene su melodia propia.. .acompañado por el canto, se imita maravillosamente bien su vida, su comporta¬ 
miento, su voz, su comer, sucortejar amoroso. ..no falta nada para lograr su perfección artística” (Koppers, 
citado por STAMBUK, Patricia. El zarpe final. Memorias de los últimos yaganes, Santiago, LOM, 2007, 
pág. 47). 

FIZE, op.cit., pág. 16. 

Ibid. 

" Ibid., pág. 135. 

" GAITÁN, Lourdes. La nueva sociología de la infancia. Aportaciones de una mirada distinta, en Política y 
Sociedad, Vol. 43 N°l,2006, pág. 3. Disponibleen:http://dialnet.unirioja.es/servleLarticulo?codigo=2021198 


44 



6 . Se ha dicho que una sociedad no es lo que se dice que es, sino que preci¬ 
samente aquello que ella misma no puede permitir que se diga. En el caso de 
nuestras sociedades, modeladas de acuerdo a la razón instrumental propia del 
capitalismo occidental ya globalizado a todos los rincones del planeta, lo que la 
crítica social más tradicional y/o en boga suele destacar es su carácter desigual 
e injusto. Pero no se señala con la misma centralidad e insistencia que estas 
sociedades son además profundamente absurdas: Adorno, siguiendo en esto 
no sólo a Marx sino que a Weber, decía que eran racionales en sus medios, pero 
no así en sus fines. Esto lo explica muy bien Karl Lówith cuando dice que para 
Weber la “verdadera irracionalidad” es la que se da al invertirse la relación 
entre medios y fin: “A través de aquello que originariamente sólo era un mero 
medio -en relación con un fin pleno de valor- se vuelve un fin mismo o un fin 
en sí, se autonomiza lo mediado hacia lo propio del fin y pierde, con ello, su 
‘sentido’ o fin originario, esto es, su racionalidad con arreglo a fines, orientada 
en el inicio al hombre y sus necesidades. Esa inversión caracteriza a la comple¬ 
ta cultura moderna, cuyas administraciones, instituciones y fábricas están tan 
‘racionalizadas’ que son las que involucran y determinan al hombre, que se ha 
adaptado a ellas como una ‘carcasa inflexible’”"^. 

En efecto, una sociedad que hace suya la finalidad de acumular eterna¬ 
mente valores de cambio con total independencia de si sirven o no para satisfa¬ 
cer necesidades humanas, y que incluso puede destinar gran parte de sus ener¬ 
gías a fines abiertamente destructivos, es una sociedad donde los seres huma¬ 
nos experimentan una pérdida de sentido que se vive de manera particular¬ 
mente intensa y dramática cuando ya no se es infante pero todavía no se ha 
pasado a ser un miembro “adulto” y de pleno derecho de la misma. 

De ahí que los adolescentes en general suelan quedar en posición de pagar 
los platos rotos, por ser los exponentes más visibles de una serie de contradic¬ 
ciones sociales de las que derechamente no son ellos los responsables, pero que 
los dejan en situación privilegiada para ser usados como chivos expiatorios en 
los que se reducen y expresan concentradamente todos los sinsentidos y exce¬ 
sos propios de la sociedad moderna/posmoderna. 

Mientras los niños niñas más pequeños, los que los romanos llamaban 
“infantes” (porque no habían aprendido a hablar, o porque aún “no se daban 
cuenta de lo que hacen”), están siendo “socializados” y de acuerdo a la visión 
tradicional adultocéntrica en sus infinitas variantes, no han sido aún incorpo¬ 
rados a la sociedad, y mientras la mayoría de los adultos (etimológicamente, el 
adultus es quien “ha dejado de crecer”), con errores más o errores menos, es¬ 
tán ya plenamente incorporados a ella, son los adolescentes (según la raíz lati¬ 
na, adulescens es quien está creciendo) quienes por definición presentan los 
mayores problemas al estar condenados casi por su naturaleza a cometer com¬ 
portamientos que la sociedad define como “antisociales”. 


LÓWITH, Karl. Max Weber y Karl Marx, Barcelona, Gedisa, 2007, pág. 62. 


45 



Por eso es que desde hace mucho tiempo todos los dispositivos posibles 
del control social están obsesionados con los adolescentes, y de ahí que es posi¬ 
ble afirmar que en cierto modo la sociedad proyecta en ellos una serie de culpas 
que no van a asumir los adultos y que sería demasiado feo y chocante para la 
imagen moderna de la infancia descargar en los niños y niñas más pequeños. 
Eso explica en gran medida por qué el sujeto/objeto favorito de las distintas 
oleadas de criminalización de nuestro tiempo es siempre juvenil (además de 
pobre). 

7. Cada texto debe ser leído y comprendido en su contexto. El contexto 
original de recepción de la obra de Morás tiene similitudes y diferencias con el 
actual. Entremedio, han transcurrido dos décadas en que desde el mundo jurí¬ 
dico y político se había definido la difusión y efectivización de la Convención 
sobre los Derechos del Niño como la gran tarea de la época. Aunque la evalua¬ 
ción de dicho proceso y sus resultados parciales hasta hoy excede con creces el 
objetivo de este prólogo, vale decir que la tarea se reveló como muchísimo más 
compleja y ambivalente que en los diseños iniciales. Alguna vez se ha señalado 
que la Convención sobre los Derechos del Niño ha producido efectos, pero que 
estos han sido “efectos desconcertantes”. 

En el plano jurídico, una de las evaluaciones más problemáticas es la de 
los distintos efectos de los sistemas de responsabilidad penal adolescente. Lo 
que en el diseño original del proceso de reformas legislativas debiera haber 
sido uno de los planos (la regulación de las consecuencias jurídico penales 
del importante nivel de autonomía reconocido a las personas en esta fase de 
desarrollo), ha pasado a ser casi el único reconocimiento formal detallado de 
esta nueva condición jurídica de los adolescentes, dejando en desmedro to¬ 
dos los otros ámbitos de su vida social y reduciendo todo un amplio progra¬ 
ma de reformas a la consagración en definitiva del derecho de los adolescen¬ 
tes a ser criminalizados, pero con respeto a las garantías propias del derecho 
penal moderno. 

Considerada en sí misma, y en comparación a la falta total de garantías 
sustantivas y procesales que caracterizaba a los modelos de las leyes tutelares 
de menores, esta transformación debería en principio verse como positiva, aun¬ 
que parcial. Pero este Derecho penal al que han llegado los adolescentes no es 
en ningún caso el “buen y viejo derecho penal liberal”, que según algunos en 
realidad nunca existió, sino que es el derecho penal máximo y explícitamente 
“expresivo” de una época en que todos los vínculos sociales se debilitan y las 
distintas formas de control se ponen al servicio de calmar la angustia prote¬ 
giendo una “sensación de seguridad”. Como ya hemos dicho, en este proceso el 
principal chivo expiatorio son los adolescentes. 

Por otra parte, resulta bastante dudoso que estos nuevos sistemas de res¬ 
ponsabilidad penal de adolescentes se ajusten efectivamente a los estándares 


46 


señalados sobre todo en el artículo 40 de la Convención y en instrumentos más 
recientes como la Observación General N° 10 del Comité de Derechos del Niño. 
En concreto, más que sistemas genuinamente especializados y basados en cri¬ 
terios y objetivos distintos a los de la justicia penal de adultos, pareciera que lo 
que se ha consagrado y aplicado son nuevas formas de “derecho penal de adul¬ 
tos atenuado”, entendiendo así al adolescente como un adulto en miniatura 
más que como un sujeto especial. 

8 . En el nivel discursivo más general, si en los 90 se había definido al 
nuevo modelo, el “enfoque de derechos”, en oposición a la deslegitimada “doc¬ 
trina de la situación irregular”, hoy pareciera que las mayores amenazas contra 
el bienestar de la infancia y la adolescencia provienen de una mezcla de discur¬ 
sos y enfoques tutelares/represivos, donde incluso es posible apreciar el aban¬ 
dono de toda retórica protectora/rehabilitadora y el surgimiento de lecturas 
autoritarias y represivas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todo 
ese complejo entramado resulta mucho más difícil de desactivar que la ideolo¬ 
gía propia de las viejas “leyes de menores”. 

Esto no significa que haya que relativizar o disfrazar los peores defectos 
del “modelo tutelar”, o que la tarea actual sea generar síntesis híbridas como 
la defendida por el juez Sergio García Ramírez en el famoso voto concurrente 
de la Opinión Consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Huma¬ 
nos, sino que debemos comprender que la labor de protección efectiva de los 
derechos individuales y colectivos de la infancia y adolescencia implica hoy 
en día un esfuerzo integral, sostenido y consciente de nadar a contracorriente 
de una verdadera contrarreforma que ha sido impuesta en la agenda política 
de las sociedades de control y que acude a una mezcla de ideologías tutelares, 
represivas e incluso a un cierto “derecho-humanismo ingenuo” con tal de jus¬ 
tificarse. 

En este esfuerzo, nos asiste la convicción de que el objetivo de los dere¬ 
chos fundamentales no consiste solamente en poner límites a las mayores arbi¬ 
trariedades y efectos perversos del sistema social, sino que en construir socie¬ 
dades que se basen precisamente en la necesidad de hacer efectivos los dere¬ 
chos de todas las personas. 

En los mismos términos usados por el artículo 28 de la Declaración Uni¬ 
versal de Derechos Humanos, en definitiva tenemos derecho “a que se esta¬ 
blezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades pro¬ 
clamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos”. El conseguirlo 
es tarea de todos nosotros como miembros de la comunidad humana. 


47 



LOS HIJOS DEL ESTADO 


FUNDACIÓN Y CRISIS DEL MODELO 
DE PROTECCIÓN-CONTROL 
DE MENORES EN URUGUAY 



PRESENTACIÓN A LA PRIMERA EDICIÓN 


El Profesor Luis Eduardo Morás es Licenciado en Sociología, egresado del 
Departamento de Sociología de la Eacultad de Ciencias Sociales (ex Instituto 
de Ciencias Sociales) y docente de la carrera de Sociología en Metodología de la 
Investigación Social. 

Durante el primer semestre de 1992 se le pidió que dictase un Seminario 
sobre “Teorías de la Desviación y del Control Social”. Junto con el estudio reali¬ 
zado para el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), dieron la posibilidad de conden¬ 
sar un conjunto de ideas e informaciones en una investigación muy rigurosa. 

Más allá del evidente interés, tanto informativo como analítico que pre¬ 
senta este libro, que seguramente será referencia obligada de futuros estudios 
sobre el tema, tiene también un importante interés metodológico: supera la 
utilización de referencias bibliográficas a título ilustrativo para realizar trata¬ 
miento de contenido de texto. 

Esta técnica no es demasiado utilizada por la sociología uruguaya y por 
ello este libro despierta un interés particular. 


Prof. Marcos Supervielle 

Director del Departamento de Sociología 
de la Facultad de Ciencias Sociales 


51 



PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN 


I 

Esta obra del Prof. Luis Eduardo Morás que, merced a la inesperada gen¬ 
tileza del autor, tengo el agrado de poder presentar, se me ocurre una “rara 
avis” dentro de la literatura sociológica nacional; desde que aborda -con evi¬ 
dente rigor científico- un panorama ajustado del control social de la minoridad 
en el Uruguay, a lo largo del siglo XX. 

En efecto la problemática del control penal -en este caso, sobre menores 
abandonados e infractores- no ha sido lo suficientemente transitada aún por 
nuestros sociólogos. A decir verdad todavía constituye un tema inexplorado, 
un capítulo rezagado en la agenda de investigación académica. 

De ahí la importancia de estudios como el realizado por Morás y todos 
cuantos pueden venir de su género, en el futuro próximo. Por fortuna, los 
cientistas sociales van invadiendo, paulatinamente, un perímetro -me tienta 
decir un coto feudal- monopolizado hasta poco tiempo atrás por los juristas. 

Con su enfoque ampliado, abren nuevos flancos, ponen al descubierto el 
carácter encubridor del discurso jurídico y, en lo primordial, desestabilizan la 
interpretación positivista de las prácticas legislativas. 

Tanto la Sociología como la Criminología han aportado un correctivo teó¬ 
rico, expandiendo los horizontes del saber penal, pues -en última instancia- se 
trata de insertar adecuadamente la respuesta punitiva del Estado, en el marco 
más general de la teoría del control social. Y por esa fecunda vía de análisis, 
desentrañar las claves ideológicas de la legislación que, particularmente en 
materia de menores, oscila en forma pendular e intermitente, entre un para¬ 
digma de fachada “tutelar” o -en el otro polo del arco- un modelo 
desembozadamente represivo. 

En resumen: la reflexión sociológica, el nuevo enfoque interdisciplinario 
que suscita la cuestión criminal, aunque en nuestro país haya arribado con sig¬ 
nificativo retraso, permite formular un diagnóstico de mayor exactitud con¬ 
ceptual. 

Sin duda alguna, nos suministra una lectura más apropiada del problema, 
una visión menos inocente del poder penal, plasmado en su auténtica dimen¬ 
sión social. 


II 

La tesis central del autor, internándose por el desarrollo evolutivo del con¬ 
trol de la minoridad en la época contemporánea, propone que la fundación del 


53 


modelo de “protección-control” se estructura en torno a tres momentos bien 
definidos, diáfanamente recortables en el contexto de la sociedad uruguaya. 

Así, sufre un primer empuje a comienzos de los años treinta, donde -no 
por casualidad-asistimos a la sustitución del Código Penal, la promulgación 
del Código del Niño, y, complementariamente, la organización apresurada del 
Consejo del Niño, como imprescindible aparato institucional. Son años de for¬ 
ja, de alumbramiento enérgico. 

A mediados de la década del cincuenta irrumpe, en forma no menos drás¬ 
tica, un segundo momento en el enfoque de la minoridad, un verdadero pico de 
alarma. 

La entonces llamada “delincuencia infanto-juvenil” vista con el lente de 
aumento de una sociedad que ha iniciado el proceso de deterioro, instalará una 
honda discusión colectiva. En cierta medida, un debate inconcluso, cuyas ré- 
moras aún perduran con inusual vitalidad. 

Los “salvadores del niño”- se desplazan a un segundo plano. La apuesta de 
la hora se vincula a severizar el modelo de intervención penal contra los meno¬ 
res infractores, anclándose en la rebaja del tope etario de la imputabilidad cri¬ 
minal. Una aspiración trasnochada, pero rediviva. 

Por último, la “tercera ola” se verifica en el Uruguay de la restauración de¬ 
mocrática, -Morás la detecta en su fase más álgida, a partir de 1988-, que verá 
reproducirse el discurso sagrado de la criminalización y escuchará un reclamo 
social extendido, en pos de la implementación de castigos ejemplarizantes. 

En el fondo, el común denominador que explica el diseño de este modelo 
político-criminal es la crisis del Estado de Bienestar; su impotencia para dar so¬ 
lución a las crecientes demandas populares. Un fenómeno que ambienta el clima 
de la inseguridad colectiva, arteramente desviado -con la “infaltable complicidad 
de los “mass-media”- hacia el terreno esotérico de la violencia criminal. 

En rigor, la reacción conservadora no se hace esperar. Campea el tempo¬ 
ral y, anegando la costa con la resaca de la peligrosidad social, ejecuta una inexo¬ 
rable maniobra distractiva. Marginados, menores, delincuentes; todos en gro¬ 
sera simbiosis, sirven de fungible chivo expiatorio. 


III 

Me interesa detenerme, tan luego un instante, en la tercera época de ges¬ 
tación del modelo de control que, por curiosa paradoja, vendría a coincidir con 
el período de recuperación democrática, con la fase de pretendida reactivación 
del Estado de Derecho. Es la que más me preocupa. Traduce una realidad que 
nos golpea a plenitud, con ritmo cotidiano, en la cual -quiéraselo o no- estamos 
irremisiblemente sumergidos. 

Los “hijos de la calle” -dice el autor- ya no pueden ser los “hijos del Esta¬ 
do”. Al Leviatán post-moderno le preocupa la rentabilidad. El aparato público 


54 


se afana por alcanzar el patrón de eficacia. La modernización y privatización de 
funciones estatales no son meras peripecias administrativas. 

Según lo predicen, vendrían a esbozar un país de nuevo rostro. De tal suerte, 
el control penal se adueña del escenario. En tomo a la criminalidad -una cons¬ 
trucción social despiadada- no se busca otra salida, como no sea la asunción 
del confortable rol del Estado-gendarme. Para ello, naturalmente, se dispone 
de una vasta red institucional. El verbo es de “lucha”, como cuadra a toda cru¬ 
zada de moralidad. 

Parafraseando a ese gran periodista que es Ernesto González Bermejo, po¬ 
dríamos afirmar que, definitivamente, hay jóvenes excedentarios, “nacidos para 
perder”. 

A mi modo de ver, en este período se desarrolla con inaudita intensi¬ 
dad el discurso perverso, un proceso de franca expansión del mensaje re¬ 
presivo, lubricado por una nueva lógica: la construcción meticulosa de un 
paradigma que encuadra la contestación juvenil, en el esquema torvo del 
“enemigo social”. 

El menor infractor reflejará un ejemplo virtual de juventud descontrolada, 
de disidencia irracional, quemada por la droga y el vacío biográfico. La única 
terapia admisible pasa por el “tratamiento” penal, por la vieja moneda de la 
lección punitiva. Insensiblemente, la comunidad se resuelve a creer en el dog¬ 
ma de los “irrecuperables” como un encendido auto de fe, mientras se amasa el 
consenso social sobre la intolerable lenidad del castigo. 

La seguridad ciudadana, como sentimiento lábil que es, vulnerada en sus 
fueros de intimidad, apela al control duro de contención; se lo exige al sistema 
político, vivenciándolo como una inobjetable opción “democrática”. 

En suma, la legitimación de la práctica penal vuelve a disfrutar de impeca¬ 
ble salud. 


IV 

Uno de los peores pecados del prologuista, un riesgo recurrente que ace¬ 
cha su brevísima tarea, consiste en usurpar posiciones. Sin invitación previa, 
ponerse a dialogar fraternalmente con el autor, volviéndole la espalda a la com¬ 
prensible impaciencia de los lectores que, legítimamente, se exasperan ante la 
inoportuna presencia de un convidado de piedra. 

Quiero esforzarme en evitarlo. Por consiguiente, refiero apenas que el li¬ 
bro de Morás me ha sugerido pistas, me ha planteado líneas de análisis inad¬ 
vertidas. Es un trabajo valioso, que incita al intercambio de opiniones, que de¬ 
muestra la eficacia insustituible de la reflexión multidisciplinaria, para desen¬ 
mascarar la versión unilateral del discurso jurídico y enfrentar la trama urti¬ 
cante del control de la minoridad, indefectiblemente hermanado a un modelo 
global de Política Criminal. 


55 


Quizás una de sus mayores virtudes sea la de cumplir una función de bisa¬ 
gra. Efectivamente, la obra permite abrir puertas, comunicar diversas parcelas 
compartimentadas del saber y, en lo que más importa, motiva a reabrir el de¬ 
bate. Que es lo único que cuenta. 

Hace poco tiempo, alguien bien alejado de la vida académica me sugería 
que lo trascendente siempre es discutir, no para tener razón, sino - simplemen¬ 
te- por el efecto saludable de la propia discusión. 

Intuyo que los lectores coincidirán conmigo. En la investigación de Morás, 
detrás del estigmatizado “menor”, van a ver al niño solitario, aporreado, que 
nutre las canteras inagotables de la población penal. 

Y van a encontrar el combustible que les determine -a ellos, a nosotros 
todos- seguir discutiendo. Porque es la única forma honrada de aprender y, a la 
vez, de conjugar el alicaído alfabeto de la democracia verdadera. 

Dr. Gonzalo D. Fernández 


56 


1. INTRODUCCIÓN 


Si bien es posible afirmar la permanencia de los problemas referidos a la 
Minoridad en nuestro país en el siglo XX, en este trabajo fundamentaremos la 
hipótesis central que es en tres períodos históricos particulares que se estruc¬ 
tura un modelo de atención a los problemas derivados de la protección-control 
de niños y adolescentes en dificultad social y/o en situación de conflicto con las 
normas vigentes. 

Este modelo que tiene particulares características es profundamente deli¬ 
neado por el contexto social, económico, cultural y político, que le imprimirá 
un sello específico a los intentos de solución manejados. 

Desde comienzos de siglo se articula un discurso referido a la violación de 
normas por parte de jóvenes y aun niños que mantiene su vigencia en los Me¬ 
dios de Comunicación y en la imagen del tema manejado públicamente por 
actores sociales y políticos. 

En los años 1906 (Irureta Goyena; “Los menores ante la ley penal”) y en 
1910 (Washington Beltrán: “Cuestiones Sociológicas. Lucha contra la crimina¬ 
lidad infantil”) es posible encontrar referencias sobre las dimensiones que co¬ 
mienza a adquirir el tema. 

Esta situación inicial de alarma pública, ante lo que comienza a percibirse 
como un problema “grave y alarmante” se consolida en la década del 30 y 
ambienta la adopción de medidas que permite afirmar la consolidación de un 
modelo cristalizado en una serie de reformas concretas. 

Este modelo, en ocasiones considerado de avanzada en América Latina, y 
tomando orientaciones que comenzaban a ser hegemónicas en EEUU y Euro¬ 
pa, empieza a ser cuestionado a mediados de la década del 50, donde surgen 
los primeros intentos de reformular un modelo de asistencia y tratamiento que 
empieza a dar síntomas de agotamiento. 

La segunda “crisis”, sobreviene en el período post-restauración democrᬠ
tica, con líneas coincidentes al debate anterior y su definitiva resolución aún es 
objeto de discusión. 

La impotencia del Estado en resolver las crisis socioeconómicas recurren¬ 
tes a lo largo de este siglo, permite articular dos lógicas que se retroalimentan. 

En primer lugar, una aparición pública de “auges delictivos” con especial 
énfasis en las conductas transgresoras de jóvenes tienen la particularidad de 
coincidir con crisis estructurales del Estado y su creciente incapacidad de sa¬ 
tisfacer demandas. 


57 


Es posible en este sentido ubicar tres grandes momentos: un primer “auge” 
se consolida con particular fuerza a comienzos de la década del 30 y ambienta 
profundas transformaciones que se traducen en modificaciones al Código Pe¬ 
nal, la creación del Código del Niño y el Consejo del Niño en el año 1934, entre 
otras medidas tendientes a dar una respuesta a la problemática de la Minori¬ 
dad. Pero también es un tiempo de dificultades sociales y políticas, es el marco 
histórico de un proceso que culmina con el Golpe de Estado y la instauración 
de la dictadura terrista. 

Un segundo momento, de llamativas coincidencias con la realidad ac¬ 
tual, se origina a mediados de la década del 50. En este período histórico se 
empieza a dar una discusión en la sociedad uruguaya que aparece como un 
debate inconcluso. Surgen las grandes líneas arguméntales aún vigentes, y 
hasta se articula un discurso respecto a la rebaja en la edad de imputabilidad 
penal, con similares características a la que se discute cuatro décadas des¬ 
pués. Es un claro ciclo de “auge delictivo”, pero también resulta obvio el ago¬ 
tamiento de un modelo de desarrollo social que comienza a mostrar signos de 
su incapacidad en dar respuestas concretas a las demandas generadas en la 
sociedad. Un indicador del cambio, será el triunfo en las elecciones de 1958 
del Partido Nacional, un intento de encontrar soluciones a una época que se 
percibe como de grave crisis social. 

Las condiciones de surgimiento de una “tercera ola delictiva” pueden si¬ 
tuarse en los años inmediatos siguientes al período de restauración democráti¬ 
ca, y se instaura como una presencia constante y con inusitada fuerza a partir 
del año 1988. Se repetirán en esta etapa, líneas de discusión ya tradicionales en 
la búsqueda de soluciones al problema, donde es posible encontrar esquemas 
conceptuales casi idénticos a las argumentaciones ya intentadas desde comien¬ 
zos de siglo, pero con especial similitud a los debates del “segundo momento” 
(década del 50). Se reproducen las líneas de pensamiento y el protagonismo de 
actores situados en similares posiciones, en un clima social que tiene como 
marco la presencia de la crisis socioeconómica. 

En qué medida, en noviembre de 1989, se reflejó un nuevo cambio en las 
orientaciones de gobierno coincidentes con el intentado en 1958, puede ser 
una medida adicional que refuerce un intento de interpretación que enfatiza el 
símil del clima social que contextualiza las condiciones de aparición y consoli¬ 
dación de un “auge discursivo” sobre un posible, pero no comprobado aumen¬ 
to de la violencia juvenil. 

Esta impotencia del Estado en su capacidad de resolver situaciones 
percibidas por la sociedad como de grave crisis, genera una lógica que 
ambientará la vinculación entre, un estado de inseguridad en cuanto a las posi¬ 
bilidades del disfrute de bienes y servicios, con un clima de inseguridad gene¬ 
ralizada del ciudadano. 

La hipótesis central remite a una discusión acerca de un modelo de aten¬ 
ción referido a los problemas de jóvenes en situación de conflicto con las nor- 


58 


mas legales, delineado en circunstancias sociopolíticas marcadas por la crisis 
del Estado de Bienestar en nuestro país. 

En términos generales se sostiene que, cuando la crisis comienza a adqui¬ 
rir mayores dimensiones, se operan cambios en la concepción global de las 
prioridades del Estado que trasmuta su condición de “welfare” en “warfare”. 

Surge entonces con fuerza una lógica que tiene la necesidad de encontrar 
grupos, segmentos de la sociedad, en los cuales realizar administraciones tera¬ 
péuticas y preventivas de una mayor rigurosidad, como requisito indispensable 
para ejercer la facultad tutelar de un poder que debe reafirmar su autoridad. 

En este sentido, la etapa “fundacional” (década del 30) y en los dos ciclos 
posteriores de cuestionamiento del modelo (segunda mitad de los ‘50 y de los 
‘80) son notorias las dificultades del Estado para el cumplimiento de funciones 
de protección social. La adopción de este modelo de análisis implica asumir 
algunas derivaciones del planteo inicial: 

a. Un modelo planteado y replanteado en períodos de crisis social, impli¬ 
ca una fuerte presencia de los propios problemas de la sociedad y el estado de 
inseguridad general (no sólo los aspectos vinculados al delito) encuentra en la 
transgresión de normas formas específicas de manifestación pública, ante las 
cuales el Estado se debe pronunciar. La protección a la minoridad estará pro¬ 
fundamente ligada a un necesario control social que adquiere características 
“ejemplarizantes” para el conjunto de la sociedad. 

b. La violación de normas por parte de jóvenes es vista, por algunos secto¬ 
res, como una manifestación que alcanza otros niveles de importancia, al vin¬ 
culársela con crisis de valores en toda la sociedad y representar una forma de 
subversión con alcances políticos. El transgresor individual de normas es un 
dato que permite afirmar la existencia de un profundo “desorden” social, a la 
vez que señala la existencia de niveles de conspiración más amplia contra la 
autoridad del Estado. 

c. De las dos primeras hipótesis es posible desarrollar el postulado acerca 
de que los protagonistas principales en los intentos de reforma al sistema de 
control de menores serán los sectores conservadores, quienes encuentran dos 
fuentes que legitiman y alimentan su prédica: el tratamiento que hacen del tema 
los medios de comunicación y el aparente fracaso de las instancias de 
reeducación. Los otros sectores de la sociedad actuarán por oposición y reflejo 
ante un discurso que frente a la opinión pública aparece como mejor funda¬ 
mentado y con soluciones más confiables para la seguridad. 

Paradojalmente serán los sectores que denomino “conservadores” quie¬ 
nes se constituyan en el motor de las reformas a la legislación vigente en los 
distintos períodos históricos analizados. En determinadas coyunturas, pautadas 
por un hecho trágico, apoyados por una prensa que transmite visiones parcia- 


59 


les de la realidad y magnifica los hechos, serán intérpretes del sentir 
conmocionado de la opinión pública. El contenido de estas reformas significa¬ 
rá un retroceso en el espíritu del Código del Niño, y en las posibilidades de 
reinserción social de jóvenes transgresores. Completa la paradoja, que la opo¬ 
sición de los sectores “progresistas” a estas reformas se sustente en lo que sig¬ 
nifican “tradiciones” del país en la materia. 

d. En concordancia con una fuerte característica de la sociedad uruguaya, 
que otorga importante preeminencia a la sociedad política sobre la sociedad 
civil un problema que requiere diagnósticos técnicos que permitan la adopción 
de medidas racionales, es asumido por la sociedad política, relegando el rol de 
técnicos y profesionales a una mera función asesora sin real incidencia en la 
toma de decisiones. 

e. La reacción social frente a hechos concretos de transgresión de normas 
no trasciende los niveles de la crónica periodística, que insistentemente refiere 
a una imagen de escándalo, generando un temor social no fundamentado en 
datos empíricos, magnificando los hechos a través de la apelación a “auges y 
olas delictivas”. La realidad “real” no permite afirmar el tan mentado creci¬ 
miento, ni definir las características cualitativas del supuesto aumento de vio¬ 
lencia en las acciones desarrolladas por los menores, debido a la notoria ausen¬ 
cia de estudios en la materia. Este punto reafirma los postulados señalados 
anteriormente en c. y d., alimentando la predica del sector conservador y de¬ 
mostrando que los diagnósticos técnicos, objetivos y confiables, son de muy 
relativa importancia en el tratamiento habitual que se hace del tema. 

f. Las circunstancias socioculturales y el marco político que cruzan los 
tres períodos señalados, ambientan una definición de los temas vinculados a 
la minoridad ampliando la situación de “peligrosidad” a otros comportamien¬ 
tos irregulares. Se desarrolla una lógica que relaciona los problemas sociales 
del momento histórico (inmigrantes, alcoholismo, sífilis, droga. Sida, etc.) 
con los específicos de estos niños y jóvenes, marginabzando y estigmatizan¬ 
do la imagen de estos y condicionando severamente la posibilidad real de 
inserción social. 

g. La reeducación y el tratamiento admiten, aun sin existir evaluaciones 
técnicas responsables, dos posturas contradictorias. 

En un sentido son percibidas como ineficaces y una pérdida de recursos 
ante “menores incorregibles”. En la postura opuesta se asumen las carencias 
presupuéstales de recursos como el principal factor de fracaso. 

h. Los medios de comunicación y la sociedad son, en ciertas circunstan¬ 
cias y por razones opuestas, vistos como responsables del problema. Los me- 


6o 


dios de comunicación pueden ser culpables por acción: mostrando imágenes 
inductoras a la infracción de normas y convirtiendo en héroes a personajes de 
características negativas, o bien se le reprocha su omisión: no “enseñar” lo que 
es recomendable, transmitiendo valores morales supuestamente tradicionales 
de nuestra sociedad. 

A nivel de la sociedad global su eventual responsabilidad marca posi¬ 
ciones antagónicas en el debate, surgiendo por omisión: falta de sensibili¬ 
dad y atención para los problemas del menor, o bien por cuestionar un sis¬ 
tema de control más severo, limitando la adopción de medias represivas 
radicales. 

i. El desarrollo de una lógica que señala la especificidad del tratamiento 
de los problemas referidos a la minoridad, genera prácticas jurídico-legales que 
plantean como características centrales la necesidad de creación de tribunales 
especiales para menores que permitan su adecuada protección y control. En 
este sentido se admiten las ideas de: falta de garantías del debido proceso, la 
importancia del fin (reeducación) sobre los medios y la aplicación de “penas 
indeterminadas”, medidas que generarán debates sobre el correcto funciona¬ 
miento y una eventual “crisis” permanente del sistema. 

j. En los medios de comunicación y en el debate de problemas referidos a 
la minoridad, es posible ubicar una “apropiación” del escenario público por 
parte de actores sociales y políticos, que utilizan el tema como emergente para 
transmitir un mensaje a través de los medios de comunicación que refleja inte¬ 
reses sectoriales o corporativos, no necesariamente vinculados a la resolución 
de la problemática de la minoridad. 

k. En el discurso conservador, se pone énfasis en una “falta de autoridad 
del Estado”, como causa principal del “crecimiento” del problema. Otros secto¬ 
res señalarán, desde una óptica opuesta, que el aumento de la represión hacia 
menores transgresores no es sino la señal de la “impotencia del Estado” de 
encontrar soluciones a un tema más complejo que la concreta violación de nor¬ 
mas legales. 

l . Vinculado al anterior postulado, en sus principales actores se encuentra 
un tema cíclicamente recurrente: la cuestión del discernimiento. Desde la for¬ 
mulación realizada en el Código del Niño (año 1934), acerca de poner énfasis 
en el “delincuente” y no en el “delito”, hasta la actualidad y transcurridas las 
discusiones en la década del 50, acerca de si se trata de “menores delincuentes” 
o “delincuentes menores”, no es posible encontrar un consenso sobre una defi¬ 
nición del problema que resuelva definitiva y objetivamente las características 
diferenciales de la transgresión de normas por parte de jóvenes menores de 
edad. 


61 


m. Es posible señalar un particular manejo de términos asociando la si¬ 
tuación de “menores abandonados - menores delincuentes”. Del tratamiento 
histórico efectuado por los medios de comunicación, los actores sociales y po¬ 
líticos, aun de las propias instituciones creadas y del propio texto del Código 
del Niño, se desprende una visión del fenómeno que propende al intercambio 
de términos o habilita posibles confusiones. 

En definitiva, el resultado de esta lógica, permite afirmar que contribuye a 
calificar como peligrosa o en estado predelincuencial una clase social: la que 
abandona sus hijos. 


62 


2. LOS PERÍODOS ESTUDIADOS 


Definir la racionalidad de la construcción histórica del sujeto “delincuente 
juvenil”, es una tarea tan compleja como reveladora. 

Las sociedades crean normas, y con ellas los propios sujetos que al violar¬ 
las se constituyen en un factor de escándalo y desorden, imponiendo la inme¬ 
diata sanción de sus conductas desviadas, para salvar el cuerpo social del “caos” 
que sobrevendría de extenderse el ejemplo. 

A partir de la marginal trasgresión normativa comienza a moverse un 
complejo aparato jurídico, legal, policial, socio-político, diversas formas de 
saber y los medios de comunicación de la información. Estas violaciones ex¬ 
tra cotidianas al orden normal y normativo, permiten descubrir, y con algo 
más de claridad si se producen en épocas de crisis, los temores propios de las 
sociedades que las viven. Se ponen en marcha mecanismos que explícitamen¬ 
te y en otros casos sutilmente intentan responder al desafío representado por 
el rechazo a las normas y valores predominantes. Los principales agentes que 
nos permiten tomar contacto con la visión que el colectivo social adopta fren¬ 
te al problema serán en primer lugar los medios de comunicación. Estos da¬ 
rán cuenta de los hechos concretos desnudando fríamente (aunque también 
sólo parcialmente) la realidad. Pero los medios de comunicación no son 
asépticos y toman partido. La propia construcción del mensaje transmitido 
permite descubrir, enfatizar, recrear el clima y los detalles desde una posi¬ 
ción que deja ver algunas facetas y omite otras. Además, desde editoriales, 
colaboraciones espontáneas de técnicos y sectores y entrevistando autorida¬ 
des, construyen opinión. En este sentido, los medios de comunicación serán 
importantes formadores de opinión, y aun en algunos casos extreman su po¬ 
sición, asumiendo la “responsabilidad” que corresponde y exigirán medidas 
de reformas concretas. 

En otro plano, considero interesante revelar el contenido del debate polí¬ 
tico, generado a partir del estado de la opinión pública. Estos debates permiti¬ 
rán describir el clima emocional, las medidas de reforma y los intentos frustra¬ 
dos de repensarla realidad jurídica con sus respectivas fundamentaciones, ex¬ 
posiciones de motivos y contenidos ideológicos subyacentes. Estos serán los 
dos ejes principales seleccionados para definir la cosmovisión predominante 
de la sociedad uruguaya respecto al objeto de discusión y debate constituido 
por la emergencia constante de los problemas derivados, y en otros casos 


63 


falazmente adjudicados, a la transgresión de normas sociales por individuos 
menores de edad. 

Los momentos históricos elegidos son de indudable crisis social. 

Diversas formas y niveles de intensidad de “desorden” moral, administra¬ 
tivo, financiero y socio-político cruzan los tres períodos que constituyen el cor- 
pus de mensajes seleccionados en esta investigación. 

El principal objetivo será definir la anatomía y la posible racionalidad de 
los discursos elaborados sobre la transgresión individual de normas en perío¬ 
dos signados por la extensión de la inseguridad en todos los planos de la vida 
del país. Delinear una anatomía que permita describir los principales compo¬ 
nentes explícitos del “texto” transmitido y una posible interpretación de los 
contenidos subyacentes dentro del marco de una lógica macrosocial que no 
puede obviar el contexto global del texto específico finalmente elaborado. 

Esta investigación tiene características exploratorias, no pretende agotar 
todas las posibles derivaciones interpretativas, ni tampoco profundiza todas 
las fuentes de información disponibles. Significa, sin embargo, una considera¬ 
ble orientación, releva en forma sistemática una importante cantidad de infor¬ 
mación y sugiere basada en su análisis una serie de hipótesis, cuya discusión 
permitirá contar con un mayor y mejor conocimiento sobre el tema. 

Es una característica obstinada de la sociedad uruguaya la elaboración de 
un discurso sobre una realidad desconocida y en algunos casos mal conocida, 
aspecto aún más negativo, obstáculo permanente para lograr avances y que en 
definitiva legitiman una construcción discursiva “circular”: las afirmaciones se 
apoyan en la cita de axiomas sin ningún referente empírico, y estos mensajes 
son retomados para la elaboración de un discurso sin grandes cambios a través 
de décadas, encontrando su validación en lo que se dice sobre la realidad, pres¬ 
cindiendo del análisis técnico sobre la realidad misma. Es en este sentido que 
considero revelador, definir el contenido de prensa y de los debates parlamen¬ 
tarios, enfatizando tres hitos particulares a lo largo de siete décadas. 

Las fuentes de información son para cada período las que se señalan: 

a) Década del ‘30: Etapa fundacional del Modelo de Protección a la In¬ 
fancia. 

Periódicos: El Día, El Plata y La Mañana (Setiembre/Octubre/Noviembre 
de 1933. (Total: 57 artículos) 

Actas de la Asamblea deliberante correspondiente al año 1934. 

b) Década del ’so: Crisis e intentos de restauración del Modelo: 

Periódicos: La Tribuna Popular (Enero/Eebrero de 1955 y Octubre de 

1956); El Plata (Octubre de 1955); El País (Setiembre de 1954). (Total 77 artí¬ 
culos) 

Actas Cámara de Representantes correspondiente a los años 1956 a 1958. 


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c) Década del ’8o: Profundización de la crisis del Modelo. 

Periódicos: El País, La Mañana, La República, El Día (Julio/Agosto/Se¬ 
tiembre de 1989. (Total 44 artículos) En forma no sistemática se relevaron un 
total de 52 artículos correspondientes a los años 1987 a 1990. 

Los principales hallazgos se presentan individualmente, por período his¬ 
tórico, señalando las principales coincidencias en varios planteos de cada épo¬ 
ca, y la evolución general de los cambios operados entre períodos enfatizando 
el surgimiento de nuevos tópicos. 


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3. ETAPA FUNDACIONAL 
DEL MODELO 


En el año 1934 se cristalizan una serie de medidas administrativas, reor¬ 
ganización de servicios y creación de órganos especializados que fundan un 
modelo de atención a la infancia en situación de dificultad social que, con leves 
modificaciones, aún se encuentra vigente en nuestro país. 

Este modelo incorpora las tendencias predominantes en EE.UU. y Euro¬ 
pa, que comienzan a adoptarse en América Latina a partir de la década del’20. 

Sus principales características señalan la importante influencia de ideas 
que comienzan a ser predominantes y configuran el paradigma protección-con¬ 
trol social. Un cambio fundamental será el nuevo rol asignado a un Estado que 
pasa a ocupar el lugar de la Iglesia y del asistencialismo voluntarista, intentan¬ 
do racionalizar servicios, pero también apuntando a lograr mayor control de 
los posibles sectores “en riesgo”. La época señala un contexto signado por con¬ 
flictos sociales derivados de una profunda crisis del sistema capitalista, que 
hace sentir sus efectos en América Latina en la década del treinta 

En esta coyuntura, la protección a la infancia adquiere también una faceta 
de control que intentará impedir la extensión del malestar social y apuntará a 
reprimir los “desórdenes morales” fuente de males mayores fuertemente de¬ 
nunciados por los medios de comunicación de la época. Los grandes temas del 
nuevo tiempo, las llamadas “lacras de la modernidad”, serán fundamentalmente 
la prostitución, la sífilis, el alcoholismo, los inmigrantes “indeseables”, los hi¬ 
jos ilegítimos y su incidencia en la mortalidad infantil, el “auge” en las conduc¬ 
tas delictivas, la mendicidad y el trabajo infantil en la calle, considerado como 
una “escuela de vicio”. 

Todos estos factores serán indicados como elementos negativos para un 
desarrollo pleno de las potencialidades de un “país joven”, aunque no puede 
descuidarse que muchas de las medidas concretas tienen un efecto panóptico 
sobre una clase social. Como señala A. Platt (1), la peligrosidad de los obreros, 
comienza a ser un tema preocupante, haciéndose necesaria la adopción de for¬ 
mas nuevas e indirectas de control social a manera de “medida práctica de de¬ 
fensa contra la revolución social, así como contra los actos individuales”. En 
definitiva todos los problemas anteriormente enunciados, son casi exclusiva¬ 
mente los dramas de un sector social específico. 

En el intento hegemonizador del Estado, limitando el rol del voluntariado 
y la Iglesia, debe tenerse en cuenta este factor de control social descuidado por 


66 


la organización anterior de servicios y por otra parte patrimonio preponderan¬ 
te de las facultades estatales. 

En este período no sólo se intentará centralizar, sino además tecnificar. 

Al importante rol médico ya legitimado, que cruza una visión organicista- 
positiva de la sociedad como cuerpo proclive a la dinámica salud —enferme¬ 
dad, se agrega la necesidad de racionalizar las prestaciones de las “damas so¬ 
ciales”, en su anterior rol de ayuda social y también recompensa “social”. Las 
influencias voluntaristas tienen un importante papel en los servicios que se 
prestan y también en la página social de los diarios donde se reflejan sus obras, 
destacando los aportes del patriciado criollo. 

Si bien las donaciones de “benefactores” serán esenciales para un Estado 
afectado por la crisis económica y bajo un gobierno que tiene como meta el 
ajuste presupuestal de las finanzas públicas, este exigirá la orientación racional 
de esos aportes individuales. 

Se realizarán los primeros intentos, en este período, en suplantar por téc¬ 
nicas idóneamente preparadas en cursos universitarios a las anteriores volun¬ 
tarias. La influencia del paradigma positivista, le impondrá al sistema un ca¬ 
rácter “medicinal”, que asimila los infractores de conducta a “enfermos”, que 
requieren una intervención en su carácter patológico. Ante esta nueva reali¬ 
dad, el aporte de ayuda - recompensa social de las “damas de caridad”, empieza 
a perder protagonismo. Surgen reclamos orientados a contar con “visitadoras” 
capacitadas, como auxiliares imprescindibles del médico. 

En general se puede afirmar que los esfuerzos del Estado en este contexto 
serán: solucionar los problemas sociales más graves de una clase social en “ries¬ 
go”, al tiempo que se ejerce un efectivo control sobre sus actividades, garantizar 
la reproducción biológica-social, pero también realizar un ahorro financiero. 

Contrariamente a lo que suponían los opositores a la aprobación del Códi¬ 
go del Niño de la época, esta obra de ingeniería social era una inversión renta¬ 
ble en varios sentidos. En primer lugar, aunque tuviera un costo alto, significa¬ 
ba igualmente un ahorro. 

En efecto, resulta mucho más rentable “prevenir” que curar los vicios so¬ 
ciales cuando ya es un hecho consumado. 

“El cumplimiento por el Estado de sus deberes de patronato, suele ser 
además de una obra noble y generosa, una excelente operación financiera: 
bien vale la pena tener algunos Reformatorios más a cambio de algunas cár¬ 
celes menos.” (2) 

En segundo lugar, este costo no representa un generoso y desinteresado 
traspaso de recursos a los sectores pobres de la sociedad. Es una inversión que 
se transforma en capital al garantizar una grave preocupación de la época: la 
reproducción social de la población. Como señala la Comisión Redactora del 
Código del Niño: 


67 


Conservando la vida de estos niños resolveriamos la crisis de población 
que sufre nuestra República y que alcanza el irrisorio promedio de 9 habitan¬ 
tes por Km^. (3) 

La creación de una jurisdicción especial para Menores, es un emergente 
que impone varias reflexiones, podría afirmarse que aún inconclusas, sobre 
algunos ejes temáticos: el discernimiento en los actos protagonizados por me¬ 
nores, la indeterminación de las penas, la eventual incorregibilidad por taras 
hereditarias, la asimilación de la situación de abandonado - delincuente, la 
separación en los lugares de reclusión de menores y adultos y la ausencia de 
garantías en el proceso para los menores. En referencia a este último punto, se 
argumenta insistentemente que importa para el caso de menores analizar al 
“delincuente” y no al “delito”: “...la ciencia moderna acentúa continuamente la 
tendencia a conceder mayor importancia al delincuente que al delito”, advierte 
el Código del Niño. 

Con esta orientación predominante, se pondrá énfasis en los aspectos 
reeducativos por encima de los estrictamente jurídicos legales, descuidando 
las garantías que brinda el debido proceso en el caso de adultos. 

El papel que juega una sentencia despojada de las consideraciones retri¬ 
butivas, que rigen la teoría penal, se considera fundamental para el éxito en la 
reforma de menores. Esta idea ya es un reclamo importante desde comienzos 
de siglo. W. Beltrán afirma en 1910: 

“Como complemento imprescindible a la acción de los reformatorios de 
que hablaremos en el capitulo siguiente, se impone que a nuestra legislación 
se incorpore la sentencia indeterminada, única capaz de permitir una acción 
fecunda sobre los niños cuyas conciencias tienen profundos sedimentos cri¬ 
minales”. (4) 

Uno de los principios fundamentales del modelo, será la separación me¬ 
nor-adulto en los centros de reclusión. Con la sanción de 1934, de las refor¬ 
mas, se esperaba dar solución a la aberración diagnosticada por la Comi¬ 
sión Redactora respecto a la labor del anterior Patronato de Delincuentes y 
Menores: 

“No se aplica, pues, penalidad alguna a los menores delincuentes, pero se 
mantiene para ellos la jurisdicción y el procedimiento de los adultos, lo que 
hace ilusorio el tratamiento educativo impuesto por la ley en el papel; no hay 
niños condenados, pero hay niños procesados, siendo de advertir que, por 
una aberración de nuestras instituciones penales, los condenados se encuen¬ 
tran dentro de las cárceles en mejores condiciones que los procesados” (5) 

Los reformadores harán un intento por corregir las deficiencias de ese 
Consejo de Patronato de Delincuentes y Menores, que asimila esos “dos térmi- 


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nos irreconciliables”. Es de destacar que en el texto de las argumentaciones de 
la citada Comisión Redactora, la supuesta aclaración sigue creando confusión, 
al tiempo que en la realidad concreta, al suponer una inmediata asimilación 
entre un niño abandonado con un estado predelincuencial que hay que preve¬ 
nir, poco mejora la situación social de éstos: 

Pero esta situación, no sólo lesiona intereses privados sino que repercute 
profundamente en el orden público, el abandono de la niñez trae como corola¬ 
rio indispensable, la vagancia, el alcoholismo, la criminalidad, la relajación 
de las costumbres, miserias que gravitan sobre las instituciones de previsión 
social. (6) 

Las ventajas que las reformas suponen para la situación de abandono pue¬ 
den no ser tales. Más que una serie de medidas de “protección”, se constituyen 
en un “privilegio negativo”, que impondrán una imagen de “peligrosidad so¬ 
cial” a los niños abandonados - delincuentes. 


3.1 Gravedad de las infracciones y reacción social. 

En este período histórico aparecen algunas informaciones de prensa, artí¬ 
culos científicos y discursos que permiten señalar la preocupación ante la “pre¬ 
cocidad” de los autores de hechos delictivos. Este planteo registra una situa¬ 
ción que para la época resulta alarmante, si bien relativamente novedosa. En 
efecto, si tenemos en cuenta las afirmaciones de Irureta Goyena, al menos tres 
décadas antes ya era una realidad el aumento en su número y el cambio de 
“mentalidad” de los niños y su eventual proclividad en cometer infracciones de 
extrema gravedad. Irureta Goyena en el año 1906 afirma: 

“La estadística a la vez que revela el aumento progresivo de los delitos, 
señala también un descenso concomitante en la edad de los delincuentes. Sube 
la cifra de los crímenes y baja la de los años; por todas partes el fenómeno es 
el mismo”. (7) 

El apelar a algunos hitos trágicos aislados y descontextualizados, presen¬ 
tados como normales y constituyendo una cotidianeidad alarmante, es una cons¬ 
tante histórica, no descubierta contemporáneamente por los medios, si tene¬ 
mos en cuenta el factible uso actual de la anterior afirmación en cualquier artí¬ 
culo periodístico, y aún en alguna elaboración técnica, a pesar del tiempo trans¬ 
currido y a pesar también de la inexistencia de estadísticas efectivamente 
confiables, tanto ayer como hoy. 

En el período relevado se encuentran referencias en los medios de comu¬ 
nicación que señalan una considerable precocidad en niños autores de hechos 
delictivos de considerable gravedad. 


69 


UN CRIMINAL PRECOZ. EN SALTO, UN CHICO DE 12 AÑOS HIRIÓ DE 

UNA PUÑALADA A OTRO DE LA MISMA EDAD 

OTRO CHICO QUE PROMETE 

“Al día siguiente de producido el hecho que queda relatado, se registró en 
la misma ciudad, aunque no de la misma gravedad. 

En este nuevo suceso, fueron también actores dos niños de iiaños”. (8) 

En “El Plata” del día 23/9/33 se da cuenta de una noticia policial. 

“Fue aprehendido un terceto de amigos de lo ajeno. Sus integrantes -en¬ 
tre los que figura un menor- se confesaron autores de numerosos robos” 

Tampoco es posible afirmar que sea un fenómeno exclusivamente monte¬ 
videano, o una rareza las inconductas de niños y adolescentes del interior del 
país. En Salto, además de la anterior noticia sobre la agresión, el día 14/10/33, 
y bajo el título “Los niños Precoces”, El Plata da cuenta de otros sucesos prota¬ 
gonizados por menores. Este estado de situación genera una reacción social, 
hoy a nuestros sentidos desmesurada, pero en su contexto histórico, absoluta¬ 
mente admisible. 

LOS RATEROS DE PAYSANDU 

“Los amigos de lo ajeno están devastando la ciudad de Paysandú. 

Los vecinos se sienten justamente alarmados, sobre todo aquellos que se 
dedican a la cria de gallinas, según lo dice un diario sanducero en términos 
realmente impresionantes. Para que se tenga clara idea de como andan las 
cosas por allá, léase lo que dice el colega. Recibimos quejas sobre los frecuen¬ 
tes robos de gallinas que se consuman al norte de la ciudad y dentro de sus 
propios limites. Debiera el Ingeniero Mendivil ahora que se aproxima la esta¬ 
ción de la fruta, disponer que todo ladrón o muchacho que trepe las paredes a 
robar, o destruya la misma con hondas, sea pasado sin mirarle el rostro a las 
seccionales. Muy agradecido le estarla el vecindario de adoptar esa salvadora 
conducta. Hay que concluir a tiros con los rateros”. (9) 

Se puede afirmar que en la década del ‘30, diferentes actores sociales y 
políticos, perciben claramente estar frente a un problema real: la ejecución de 
conductas transgresoras (en algunos casos graves) por parte de menores de 18 
años. Se hace referencia insistente en los medios de comunicación a una tem¬ 
prana madurez de los niños, debido al cambio de mentalidad que los nuevos 
tiempos imponen. Comienza en este período a crearse una conciencia pública 
de “alarma social”, frente a una serie de transgresiones normativas por parte 
de menores. La idea de niños-adolescentes en situación de “peligrosidad”, bien 


70 


puede sostenerse como resultado de un proceso de crisis socioeconómica y 
provisoria declinación del Estado de Bienestar, y no de una repentina madurez 
anticipada de los menores. Este dato resulta aún más interesante, si se toma 
una perspectiva histórica y se tiene en cuenta a la hora de evaluar argumenta¬ 
ciones similares en las décadas del '50 y los ’8o. En estos períodos se retoma 
nuevamente el debate acerca de la presunta “precocidad” de los niños, apare¬ 
ciendo afirmaciones similares en la lógica del discurso social elaborado, con el 
reclamo de medidas adecuadas a la “nueva realidad” de niños y adolescentes 
que maduran antes. 

Resulta sugestivo que esta argumentada “precocidad”, es un elemento pre¬ 
sente a la hora de eventuales modificaciones al Código Penal, pero ausente en 
las enmiendas que se arbitran en el Derecho Civil. Perdura históricamente una 
suerte de doble evaluación del desarrollo de los menores. 

Tempranamente penalizados si son transgresores. Tardíamente integra¬ 
dos a una plenitud jurídica en su normalidad. 


3.2 La lucha contra la mendicidad infantil 

La mendicidad infantil planteará en esta época una serie de preocupacio¬ 
nes a todo nivel, técnicos, legisladores, autoridades de gobierno, y medios de 
comunicación se hacen eco de un problema asumido como de extrema grave¬ 
dad. Los distintos enfoques enfatizarán la búsqueda de diversas soluciones téc- 
nico-administrativas-pobciales que impidan ese “espectáculo profundamente 
doloroso y perturbador”. 

“La policía de la capital ha iniciado una campaña tendiente a reprimir 
en lo posible el espectáculo profundamente doloroso y perturbador, en el or¬ 
den moral y social, de la mendicidad infantil que ha adquirido proporciones 
realmente alarmantes”. (10) 

Se afirma también que la mendicidad infantil genera males mayores a la 
sociedad, son el estadio previo, la antesala urbana que dibuja un mapa de 
pobreza y marginalidad con consecuencias morales que afectan al conjunto 
de la sociedad. La insistente apelación a la imagen de la tuberculosis como 
“flagelo físico” y la prostitución y delincuencia como “flagelos morales”, con¬ 
forman un continuo que se derivan en sucesión lógica de la situación de calle 
de la infancia. 

“La mendicidad y la vagancia infantiles son el umbral de la tuberculosis, 
de la prostitución y de la delincuencia. Los grandes flagelos sociales en el or¬ 
den físico y en el orden moral, encuentran su origen en esta situación anóma¬ 
la de los pequeños o de los adolescentes”. (11) 


71 


El Diario “El Día”, también apoya la percepción sobre la gravedad de la 
situación, aunque realiza una contextualización del fenómeno, no tan notoria 
en otros medios de prensa. 

La fuerte confrontación política de este momento histórico introduce, a 
través de la prensa opositora, elementos que permiten visualizar como una hi¬ 
pótesis viable la importancia que ya comienza a adquirir en este periodo la 
mendicidad infantil como estrategia de sobrevivencia de núcleos familiares fuer¬ 
temente afectados por la crisis. 

Mendicidad infantil 

“Los dos diarios riveristas han dedicado diferentes comentarios a la men¬ 
dicidad infantil, que parece haber adoptado un carácter extraordinario. 

Se trata de una de las plagas más dolorosas que puedan afectar la orga¬ 
nización social, a la vez que es una expresión elocuente de la injusta desigual¬ 
dad humana. Es, por otra parte, derivado de la desocupación obrera, pues los 
hogares abatidos por la miseria confian a ese último recurso la provisión del 
pan.” (12) 

Los componentes ideológicos subyacentes en los distintos actores sociales y 
políticos serán de suma trascendencia para comprender la racionalidad de las 
medidas concretas posteriormente instrumentadas. El problema social que re¬ 
presentan los niños mendigando o vagando por la ciudad, en forma unánime 
considerado de gravedad por gobierno y oposición, puede admitirse como emer¬ 
gente de un flagelo social (desocupación y miseria), o bien ser la causa inmediata 
del desorden moral que afecta a la sociedad uruguaya en la década del '30. 

La opinión generalizada y no discutida sobre las dimensiones alarmantes 
que adquiere este drama que afecta a números hogares, ambienta una contro¬ 
versia que pone énfasis en distintos aspectos para legitimar su discurso. Del 
análisis de ambas posturas se puede destacar un abordaje despojado del con¬ 
texto socio-económico que señala el abandono como factor predictor de “flagelos 
sociales” como prostitución y delincuencia, o bien destacarla racionalidad eco¬ 
nómica que representa en la estrategia de sobrevivencia familiar el aporte de la 
mendicidad infantil. 

El asumir una u otra postura tendrá consecuencias inmediatas en la adop¬ 
ción de factibles respuestas. 

El destacar o ignorar la lógica económica que expulsa a los niños de un nor¬ 
mal desarrollo en el ámbito familiar y escolar, es un factor a tener en cuenta para 
realizar una correcta interpretación de las medidas efectivamente instrumentadas 
en este período. Las grandes corrientes del pensamiento social aun admitiendo 
los riesgos de toda simplificación y sin obviar la evolución histórica posterior, 
parten de este principio básico fundamental, presente implícitamente en este 
momento y del cual se deriva la lógica del posterior tratamiento. 


72 


Es posible afirmar que la corriente hegemónica en este período adoptará 
como modelo la protección autoritaria, enfatizando el rol de los recursos orien¬ 
tados a un mejor control y represión del fenómeno. 

Las eventuales soluciones pasarán por tres ejes principales: la faz policial, 
la legislativa y un apoyo técnico-administrativo que para la época comienza a 
ser un insistente reclamo. 

En el artículo “la Campaña de la contra la mendicidad infantil” se infor¬ 
ma sobre varias detenciones de menores y mayores acompañados por menores 
que ejercían la mendicidad. 

En otro artículo, se enumeran las medidas a adoptar, para enfrentar el 
problema, trascendiendo los “buenos propósitos” y planteando la situación en 
términos de “lucha”. (“La lucha contra la mendicidad infantil”). 

La campaña de la contra la mendicidad 

“La seccional remite a las siguientes personas por implorar la caridad 
pública: Adán Prieto, polaco, casado, de 37 años de edad, domiciliado en la 
calle Rio Janeiro iV° 33, quien se hacia acompañar por dos menores, hijas 
suyas de 3y 6 años, con el fin de conmover al público; a Lucrecio González, 
uruguayo, soltero, de 32 años de edad, a quien acompañaban dos menores; a 
Elvira Rodriguez de Picaño, y a Maria Angélica y Francisco Rodríguez. 

También fueron detenidos dos menores de 8 y 13 años de edad, que se 
hallaban requeridos por fuga del hogar. Además fue también detenido un 
menor de 7 años de edad, el cual interrogado manifestó que su madre Lorenza 
Blanco, lo obligaba a implorar la caridad. Todos los menores fueron interna¬ 
dos en laA.U.P.1.” (13) 

“Contra la mendicidad infantil la policía por si sola no puede nada; las 
instituciones privadas de protección social tampoco. Unidas ambas en su es¬ 
fuerzo común los resultados serán más efectivos. Pero para que estos alcancen 
el limite que es dable exigir a tan empeñoso trabajo, será también necesario que 
el legislador y el pueblo todo, cooperen en la campaña iniciada (...) No basta sin 
embargo con los buenos propósitos. Es necesario articular esfuerzos y modifi¬ 
car la legislación en forma tal, que la represión sea realmente eficaz, y para ello 
junto a la labor desinteresada de las visitadoras y de los funcionarios sociales 
que cooperan en la obra, poniendo al servicio de la misma la fe que se deriva de 
una convicción profunda y de un firme propósito de triunfar, hay que agregar 
la acción constante de lapolicia y la colaboración de la justicia y del legislador 
para que lleguen a ser realidad tales propósitos”. (14) 

De la lectura del artículo anterior se desprende que la “lucha” comprende 
a distintos agentes, la policía, la justicia y al legislador, planteando un énfasis 
en lo normativo-represivo que suma la “labor desinteresada” de funcionarios 


73 


que posean la necesaria “fe” para triunfar. Es interesante destacar la importan¬ 
cia otorgada al instrumento represivo que es presentado como el elemento cen¬ 
tral. Varias veces mencionada, la labor de la policía debe ser “constante”, mien¬ 
tras que la justicia y el legislador deben “colaborar”. 

Es posible admitir que el artículo contenga elementos ilustrativos sobre el 
contexto de la mencionada “lucha” en este período. Una labor policial que no 
logra los resultados deseados, eliminar la “visibilidad” del problema; una au¬ 
sencia de actores públicos de protección social, si tenemos en cuenta que se 
menciona sólo las instituciones privadas; un voluntarismo que exige cambios 
no bastando sólo los “buenos propósitos” y el reclamo de leyes y jueces que 
posibiliten que la represión sea “realmente eficaz”. 

Esta “legislación protectora” del niño en situación de mendicidad, no pierde 
de vista el presupuesto carcelario y de Salud Pública, que resultarán mucho 
mas onerosos en los efectos económicos y los impactos sociales con un “lastre 
perturbador”, que se traducen en una decadencia racial. 

“Las taras a veces indelebles exigen enormes esfuerzos para ser modifi¬ 
cadas y el Estado y la sociedad se ven obligados a cargar con un lastre per¬ 
turbador que se traduce por el desmejoramiento de la raza o por las exigen¬ 
cias económicas más considerables. El presupuesto de Salud Pública y el pre¬ 
supuesto carcelario están en concordancia directa con el indice de mendici¬ 
dad infantil de un pueblo. Ante esta relación de causa a efecto y ante la mag¬ 
nitud de la realidad actual, cabe esperar que la campaña iniciada no sea, una 
expresión esporádica sino una permanente afirmación del propósito enun¬ 
ciado de desterrar de raiz la mendicidad y la vagancia. Hacer, en una pala¬ 
bra, que la legislación protectora de la infancia que se proyecta, no sea letra 
fria, escrita en un Código o en una reglamentación sino realidad indiscutida 
al encauzar los esfuerzos más diversos al estricto cuidado de la raza futura y 
al noble deseo deponer término a un estado de cosas que está reñido con nues¬ 
tros efectivos adelantos y con la idiosincrasia de un pueblo nuevo que tiene fe 
profunda en sus destinos.” (15) 


3.3 Reproducción social y paternidad responsable 

La prensa se hace eco de dos importantes cuestiones sociales en un perío¬ 
do signado por los problemas demográficos de un país despoblado, con necesi¬ 
dad de contar con recursos humanos para el desarrollo de la producción. En 
este sentido. “La Mañana” del 23/10/33 muestra una estadística que comprue¬ 
ba el descenso constante de la natalidad en los últimos cincuenta años y realiza 
un comentario sobre la gravedad de la situación. 


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Descenso de la natalidad en la República 
Su comprobación - Años 1881 - 1930 

“No debía mirarse con indiferencia elfenómeno observado, todo lo contra¬ 
rio, países como el nuestro necesitarían dedicar preferente atención a todo cuan¬ 
to pudiera contribuir al aumento y vigor de la población, de modo especial el 
crecimiento de las cifras de su natalidad, en condiciones deseables”. (16) 

El problema demográfico de la baja natalidad se acentúa al ser altas las 
tasas de mortalidad infantil como también demuestran las estadísticas. 

“En el análisis de las estadísticas nos encontramos con que la mortalidad 
infantil ocupa el primer rango en las gráficas con un 22.73% dentro de la 
mortalidad general, por arriba de la tuberculosis”. (17) 

Los factores que conspiran para una reducción de la mortalidad infantil, 
son de “orden social” y se promueven soluciones en esa dirección, teniendo 
como referente principal al médico con la asistencia técnica de “visitadoras”, al 
cual se debe agregar una racionalización de la colaboración privada. 

“Pero por muy nobles que sean estos esfuerzos conviene desde ya señalar 
que la labor de los médicos se verá perturbada, si los factores sociales a que 
hacemos anteriormente referencia no son resueltos en su integridad. Crear 
un Servicio de Visitadoras, las cuales por medio de una labor constante y per¬ 
suasiva enseñen a las madres a corregir las condiciones económicos-sociales 
que tienden a producir las causas médicas, mejorar los procedimientos de 
expendio de la leche en el interior; combatir el analfabetismo de manera im¬ 
placable; llevar los beneficios del Centro Ambulante de Higiene Infantil a toda 
la República, y estimular y racionalizar la colaboración privada con un fin 
eminentemente social, son en nuestro concepto las normas que deberán se¬ 
guirse en lo futuro a este respecto... 

Con la fuerza de la ley en la mano, consagrados los derechos del niño, los 
principios de la eugenia y de la paternidad responsable, y formada la menta¬ 
lidad, los índices estadísticos mejorarán de sorprendente manera; y no es utó¬ 
pico pensar que en pocos años de racionalización y de propaganda, se llegue 
a conseguir el fin buscado al descender la mortalidad infantil en un 40 o 50% 
sobre las cifras del presente. El aporte técnico tendrá una vez más su razón de 
ser; a través de una legislación inteligentemente concebida”. (18) 

Del análisis de artículos de prensa y del discurso de legisladores surge la 
imagen de un momento histórico signado por una profunda crisis moral en los 
valores tradicionales de la familia. Este deterioro promueve la preocupación 
por la difusión de valores morales. Una familia bien constituida será garantía 


75 


de buena salud moral y física. “En las cunas está el porvenir de la Patria”, se 
afirma en el debate parlamentario sobre el tema (19) Una familia mal consti¬ 
tuida, no asegura ese porvenir, y dentro de una concepción medicalizada de la 
sociedad representará enfermedades onerosas de curar. 

La mortalidad infantil se explicará por una paternidad irresponsable, ante 
la cual el Estado debe reaccionar para proteger al niño, pero también para ga¬ 
rantizar una racional y efectiva reproducción social adecuada a las necesidades 
crecientes de brazos para el trabajo. 

Si bien se reconoce la influencia que puede tener la crisis económica en el 
buen orden social, es notoria la preocupación ante la realidad que las dos terce¬ 
ras partes de los niños nacidos, lo hacen en circunstancias “irregulares”. 

“No es un problema nuevo el que tratará este comentario, pero es un pro¬ 
blema afligente en presencia de las comprobaciones que ofrecen los hechos 
relacionados con la natalidad en muchas zonas del pais”. 

“O lo que es lo mismo el 66.66 por ciento de los nacimientos registrados 
procedia de hijos nacidos fuera de las formas regulares que permiten la sub¬ 
sistencia sólida del núcleo social”. 

“Algo influye la crisis en ese aumento de las cifras adversas al buen or¬ 
den social; pero no hay que dejarse llevar excesivamente por ese género de 
consideraciones”. 

“La verdad es que se muestran relajados los principios éticos que presiden 
la constitución de las familias con modalidades más definidas que en épocas 
precedentes. Las ventajas que se habian alcanzado en el pais en el sentido de 
que poseyera una célulafamiliar mejor organizada, resultan perdidas”. (20) 

Una adecuada síntesis de la visión del problema, incluso con algunas pro¬ 
puestas concretas de solución, analizando legislaciones de otros países la ofre¬ 
ce “La Mañana” del 23/10/33 (“Paternidad Responsable”). Las referencias a 
las legislaciones italiana y alemana son, sin duda, significativas atendiendo el 
momento histórico internacional y por tratarse de la influyente opinión de un 
diario oficialista. 

“Señalábamos en reciente comentario la importancia social que tiene para 
nuestro pais la existencia de un número muy considerable de hijos ilegitimos, 
que constituyen una causa poderosa de disgregación, no sólo en el aspecto 
moral, sino en la responsabilidad del Estado frente de las obligaciones que se 
derivan de la aplicación de una serie de leyes, que dan al hijo ilegitimo dere¬ 
chos determinados en lo que respecta a ventajas sucesorias, pero que no obli- 


76 


gan al padre a proteger al niño que imprudentemente concibiera, causando a 
la sociedad, por tal causa, trastornos enormes. La contextura física y moral 
de un pueblo está en relación directa de la pujanza de sus hijos. El niño que es 
el germen de la raza futura debe ser cuidado con suma atención. Y de ahi que 
se tienda a evitar la ilegitimidad, que es causa efectiva de mortalidad infantil, 
que es causa primordial del abandono del niño, y que es la fuerza negativa 
que conspira contra las realizaciones de futuro inspiradas en el sentido que 
más concuerda con las exigencias de la hora. En Italia y en Alemania, en cu¬ 
yas legislaciones está consagrado el principio de paternidad responsable, se 
establecen impuestos a la soltería después de determinada edad. En Suiza los 
salarios se mueven en función del número de hijos legitimos. En esas y en 
otras naciones se ha estatuido el ‘bien de la familia’ y se tiene en cuenta las 
obligaciones del padre, al fijarse los salarios y al determinarse las promocio¬ 
nes. En nuestro pais, donde el problema de la ilegitimidad alcanza a limites 
tan considerables, habría que aplicar la mayoría de esas disposiciones legis¬ 
lativas”. (21) 


3.4 Niños abandonados - delincuentes 

Como señala P. Aries (22) en el desarrollo de la sociedad industrial es po¬ 
sible encontrarla génesis del concepto de infancia. El niño adquiere a partir del 
siglo XVII una importancia antes ausente. Esta centralidad adquirida tendrá 
un alto costo. La preocupación por su normal desarrollo lo sumirá en una par¬ 
ticular sumisión, apareciendo la necesidad de un largo adiestramiento para el 
ingreso al mundo adulto. Para el desarrollo de las destrezas requeridas será 
fundamental la escuela, ambientando la idea de un periodo de «incapacidad» 
prolongado donde se pone especial cuidado en la protección del menor. Desti¬ 
nada a atender las situaciones familiares y sociales pautadas por un descuido 
de las imprescindibles funciones tutelares, se instituye lo que E. García Méndez 
denomina “doctrina de la situación irregular”, piedra angular del sistema de 
protección-control, instaurado en la década del '30 en América Latina. 

Las referencias al abandono y una sutil o inmediata referencia a la situa¬ 
ción de delincuencia, es un aspecto insistentemente manejado por distintos 
actores de la época. Del análisis de medios de comunicación, actores sociales y 
políticos, y aún instituciones de gobierno y decretos es posible encontrar una 
asimilación de ambos conceptos. 

En el ano 1933 se disuelve por decreto el “Consejo del Patronato de Meno¬ 
res y Delincuentes”, órgano destinado a proteger la infancia en forma conjunta 
con la administración de las cárceles donde era alojada la misma infancia que 
cometía delitos. 

En el decreto que designa para cumplir funciones a tres Ministros sin car¬ 
tera se señala: 


77 


“...losproblemas de la niñez desamparada y delincuente, que constituyen 
por la despreocupación legislativa, un problema social sencillamente pavo¬ 
roso, que debe ser abordado y resuelto a la mayor brevedad posible”. (23) 

Del propio texto de la Comisión Redactora del Código del Niño se pueden 
extraer varias referencias, que en algunos pasajes intenta discriminar los tér¬ 
minos, pero en otros ambienta su posible asimilación. 

“Considerando que a ese fin es conveniente que el Ministerio sea asesora¬ 
do por una Comisión de personas especializadas o técnicas, lo que facilitaría 
el conocimiento de cada uno de los problemas relacionados con la infancia 
abandonada o delincuente, y su más adecuada situación”. (24) 

“La causa del niño en nuestro pais caia bajo la jurisdicción de varios Mi¬ 
nisterios. El de Instrucción Pública atendia no sólo lo que se refiere a la educa¬ 
ción y enseñanza, sino que tenia también bajo su égida el llamado Consejo de 
Patronato de Delincuentes y Menores, que no sólo confundía estos dos térmi¬ 
nos tan irreconciliables para el pensamiento y el sentir moderno, sino que 
actuaba sin funciones ni limites definidos”. (25) 

Si tenemos en cuenta la anterior mención al importante número de niños 
que nacen en situación de irregularidad, y la obvia circunscripción del fenóme¬ 
no en forma mayoritaria, a una clase social que no asimila normas de “buen 
orden social”, las nuevas competencias asignadas a Jueces de Menores y la con¬ 
fusión de términos abandonados - delincuentes resultan significativas. 

“Se confiere al Juez Letrado de Menores competencia privativa en todos 
los asuntos relativos a menores que requieran la intervención del Estado, sin 
distinguir entre abandonados y delincuentes, y se le arma de los recursos ne¬ 
cesarios para proceder con rapidez y con acierto”. (26) 

Los cambios instrumentados con la fundación de este modelo en Uruguay 
consolidan una doble función de la acción estatal: “protectora de la niñez y 
preventiva de la criminalidad infantil”. El abandono material o moral será un 
problema grave por varias razones: plantea un daño en el cuerpo físico del niño, 
pero significa también un daño al cuerpo social. La visión positivista y 
organicista, así como la importante “medicalización” de los problemas sociales 
pondrá especial cuidado en la preservación de la salud orgánica y social, a tra¬ 
vés de la adopción de estrictos preceptos en varios planos de la vida cotidiana. 
La idea que un niño abandonado es un cuerpo no sujeto a determinados con¬ 
troles y probable portador de enfermedades altamente contagiosas, permite 
suponer que su “salvación”, más que un acto de compasión es una necesidad. 
En un contexto demográfico donde se denuncia la falta de población y de bra- 


78 


zos de trabajo, al tiempo que se difunde en la sociedad una imagen de pánico 
ante el avance de mortales “pestes”, la protección del niño, además de una obra 
de filantropía, constituye un requisito indispensable para la propia sobrevivencia 
individual y social. 

“Tuberculosis y sífilis, además, mostraban otra cara peligrosa del pue¬ 
blo: sus contagios, pues estas enfermedades siempre venían de los sectores 
pobres de la sociedad -o al menos así se demostraba- como la amenaza de la 
revolución social tan presente en la época”. (27) 

Un niño abandonado es un potencial mendigo, su destino manifiesto será 
la situación de calle y como señalábamos en el capítulo anterior, ésta es vista 
como una “escuela del vicio”. Con la pérdida de una racional administración 
del control sobre ellos, al fugar del sistema escolar, y alimentados por el vicio 
de la calle, se configura una situación predelincuencial que provoca preocupa¬ 
ción. En este sentido, también es necesario “salvar” al niño, aunque por razo¬ 
nes de cálculo racional y no por motivos sentimentales. 

La lógica que alimenta los cambios del modelo 1934 (costosos y realizados 
en un período de crisis fiscal) es insistentemente argumentada en términos de 
una inversión financiera. En primer lugar, significan la preservación de un bien 
escaso: el capital humano que dispone el país. En segundo lugar, esta inversión 
supone en realidad, un ahorro considerable de recursos en “hospitales, mani¬ 
comios y cárceles”. 

Como señala A. Platt (28), a pesar de las buenas intenciones del movi¬ 
miento de “reformadores”, los efectos no queridos de los cambios 
instrumentados, plantearán una ampliación del control social ejercido sobre 
los menores, al definirse su universo de problemas como producto de un esta¬ 
do predelincuencial. 

“El Estado tiene que intervenir y ejercer tutela sobre un niño hallado en 
condiciones adversas, sociales o individuales, que lo conducirían a la delincuen¬ 
cia. Para ello no debe esperar, como hasta ahora, a tratarlo en cárceles, calabo¬ 
zos o reformatorios, después de haberse él convertido en delincuente por sus 
hábitos y gustos, sino que debe obrar a las primeras indicaciones de la propen¬ 
sión que pueda advertir en sus condiciones en abandono o delincuencia”. 

En definitiva es posible afirmar que el potencial peligro que en diferentes 
planos significan “las clases degeneradas”, impondrán un sistema de protec¬ 
ción que confundirá, en muchas ocasiones el cuidado por el bienestar del niño 
con el mero encierro disciplinario. 


79 


3.5 La seguridad en tiempos de inseguridad 

La faz “social” de las “nuevas políticas” del Estado no excluye el 
redimensionamiento de los organismos de seguridad. Al contrario, en este pe¬ 
ríodo se realizan reformas policiales y carcelarias, además de dictarse leyes con¬ 
tra una migración “indeseable”, que responden a reclamos largamente requeri¬ 
dos por sectores conservadores. Merece un análisis adicional algunos puntos 
interesantes del debate que tiene lugar en ese momento. 

Del análisis de la prensa surge como problema acuciante la escasez de re¬ 
cursos de la policía, aspecto que cíclicamente aparece en la escena política del 
país. En este sentido los escasos recursos materiales y las bajas remuneracio¬ 
nes se transforman en un tema fuertemente politizado acerca de qué sector 
político promovió antes y mejor una mayor dotación de recursos para la poli¬ 
cía. (Se debe tener en cuenta que la discusión es fomentada por un asalto que 
tiene varias víctimas policiales) 

El debate genera una aproximación a la lenidad de la justicia, otro tema 
también cíclicamente recurrente cada vez que ocurre un hecho delictivo grave. 

Por otra parte la reorganización carcelaria, urgentemente requerida, per¬ 
mite suponer un incorrecto funcionamiento de otra “escuela del vicio”: la cár¬ 
cel. Allí se aprende o perfecciona lo que aún no se conoció en la calle. 

Un indicador del clima que contextualiza el período, lo constituye el deba¬ 
te periodístico entre la prensa opositora y oficialista: 

Dice ¡aprensa opositora: “Nuestro Partido, durante la vigencia de la Cons- 
titueión demoerátiea arrasada el 31 de marzo, bregó tesoneramente por que 
se mejorara el estipendio de los guardia eiviles y demás empleados subalter¬ 
nos de la institueiónpolicial.” (29) 

“Durante las presideneias batllistas, los sueldos polieiales fueron 
mejorados eonsiderablemente más de una vez.” (30) 

A su vez, responde la prensa oficialista: 

La reorganización policial 

“No les gusta a los eorifeos del régimen eaido que se haya reforzado el 
personal y se halla mejorado la efieieneia funeional de los servieios polieiales. 
Toman eomo pretexto, que los gastos originados por esa ineludible reorgani- 
zaeión y refuerzo de lapolieia, se hayan dispuesto por deereto”. 

“Era imposible en efeeto, que la eiudad siguiese viviendo en el desamparo 
polieial en que estaba. Se habla duplieado su población, se habría triplicado 


80 


su desplazamiento, y por ‘falta de recursos’,el viejo régimen no habia podido 
colocar a la policía en condiciones de ser una garantía relativamente eficaz, 
de la seguridad del vecindario y del orden de la ciudad”. (31) 

“La deficiencia de los servicios policiales, debida en buena parte a la es¬ 
casez, del personal que los ejerce, fue problema planteado en elpais, y espe¬ 
cialmente en la ciudad de Montevideo, desde hace largos años”. (32) 

En el siguiente artículo se evidencian dos urgencias para una correcta ad¬ 
ministración de la seguridad pública: deficiencias en los medios de previsión 
(léase como insuficiencias en el presupuesto y organización de los órganos de 
control) y la eventual benevolencia de las penas y del rigor en su aplicación. 

Es interesante la referencia a infiltración de criminales, problema sugeri¬ 
do a partir de una fuerte inmigración que en ciertas circunstancias resultará 
indeseable. 

“...debemos decir que las manifestaciones del Jefe de Policio ratifican los 
hechos que encontramos anormales, como ser la fácil infiltración en elpais de 
criminales, ya puestos en evidencia por delitos anteriores, como también son 
de comprobada frecuencia y notorios los relacionados con criminales conoci¬ 
dos y temibles oriundos de nuestro medio y que han ido a la cárcel para salir 
de ella apoco andar. ¿Defectos en los elementos de previsión con que se cuen¬ 
ta, deficiencias de las leyes?” (33) 

Una incipiente forma de privatización de la seguridad pública aparece en 
los fundamentos del proyecto del Cnel. Baldomir para reorganizar la Policía de 
Montevideo. De su lectura, puede anidar la duda si se trata de una precoz y 
visionaria inserción comercial de servicios de vigilancia privada, o la irracional 
respuesta a un clima de pánico colectivo ante la difusión de la idea de un des¬ 
mesurado crecimiento de la delincuencia alentado por el relato sensacionalista 
de los medios de comunicación. 

La reorganización policial de Montevideo 
Se aprueba el proyecto del coronel Baldomir 

"... la reconocida deficiencia de los servicios de vigilancia ha obligado a 
una gran parte de la población asi como al comercio y Bancos, a sostener por 
suscripción mensual, policías privadas, lo cual demuestra la palpable defi¬ 
ciencia de los elementos con que el Gobierno cuenta para la defensa de la se¬ 
guridad pública.” (34) 


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3.6 Reformas al Código Penal: exigencias de un mayor rigor 

La violación de normas parece no encontrar una respuesta firme por parte 
de una justicia que aparece permanentemente cuestionada en los tres períodos 
relevados. Se le recrimina la lentitud de los procesos que impiden ver a la po¬ 
blación un funcionamiento eficiente del valor ejemplarizante de la represión 
punitiva. Esta situación promoverá permanentes reclamos de legislar con ma¬ 
yor severidad, ante leyes que parecen favorecer al delincuente, quebrantando 
la autoridad del Estado y la disciplina social. 

Un aspecto a destacar es, la inmediata referencia, en esta época, a una 
criminalidad “importada” al influjo de políticas migratorias poco estrictas. 

Posiblemente la interpretación de este aspecto deba tener en cuenta el im¬ 
portante flujo migratorio bajo los gobiernos batllistas, admitiendo incluso mi¬ 
litantes anarquistas que se constituyen para el nuevo régimen, permanente fuen¬ 
te de sospechas. Algún hecho policial le confirmará sus prejuicios frente a los 
extranjeros, pero también es cierto que se habían revertido las favorables con¬ 
diciones económicas anteriores del país como bien señala “La Mañana”: 

“Hay desde luego una cuestión previa, de orden transitorio: en la actual 
situación económica anormal, en el pais hay exceso de brazos, lo que se tra¬ 
duce por el fenómeno de la desocupación. 

En consecuencia, es dentro de fronteras que deben adoptarse las medi¬ 
das adecuadas para evitar el exceso de inmigración con carácter temporario 
mientras dure la actual anormalidad económica”. (35) 

Respecto a la lenidad de la justicia y la necesidad de legislar, el siguiente 
artículo permite acercarse al sentimiento de la época. 

La justicia y los asaltos. Mensaje a la Alta Corte 

“Era lo que correspondía y el mensaje dará al público la exacta sensa¬ 
ción del interés con que los poderes del Estado deben seguir en estos mo¬ 
mentos el desarrollo de las medidas de represión de los delitos que lo han 
alarmado y conmovido, por el sacrificio cruento de vidas de representantes 
de la autoridad que originó la saña de los bandidos (...jorganizar un severo 
sistema de medidas preventivas y represivas enderezadas a atacar en sus 
orígenes este flagelo social -rogar a la Excelentísima Corte su vigilancia di¬ 
recta de todos los procesos de la naturaleza aludida, en ejercicio de su 
superintendencia general, procurando que las tramitaciones se desarrollen 
con carácter de urgencia, cumpliendo los señores Jueces y Eiscales sus co¬ 
metidos en los términos estrictamente fijados por la ley procesal, con el ob¬ 
jeto de que las sentencias sean dictadas cuando aun persista en la sociedad 
ultrajada el recuerdo del delito, y en vista de que no se malogre la influencia 


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ejemplarizadora que constituye una de las finalidades más nobles de la re¬ 
presión punitiva.” (36) 

Un detalle hace más interesante este “mensaje” del Poder Ejecutivo a la 
Alta Corte de Justicia: la eventual presión ejercida por un poder del Estado 
sobre otro, en un momento particularmente sensible de la opinión pública por 
la consumación de un suceso delictivo que conmociona al país. 

La contracara del mayor rigor penal exigido para adultos, la constituye la 
falta de garantías que los menores pasan a sufrir a partir de la aprobación de un 
marco normativo supuestamente privilegiado. A propósito del movimiento 
mundial en procura de la creación de Tribunales Tutelares de Menores Gaetano 
De Leo afirma: 

“Puesto que el menor era un ‘enfermo’y se le tenia ‘que curar’mediante la 
reeducación, no era necesario un proceso en regla ni tan siquiera los requisi¬ 
tos legales mínimos. Si de lo que se trataba pues, era de ‘curar’ todo estaba 
permitido y no habla ninguna necesidad de respetar las garantías juridicas, 
consideradas como superfinas, puesto que no se trataba de actuar 
represivamente.” (37) 


3.7 El mal funcionamiento de las instituciones correccionales de 
menores 

La problemática del tratamiento de menores es un tema que promueve la 
preocupación a diferentes niveles. Resulta interesante la filosofía que animaba 
a los reformadores de comienzos de siglo, respecto al modelo disciplinario que 
se debía aplicar a menores. Uno de los pilares de los cambios, lo constituye la 
“sentencia indeterminada”, tal como se la aplicaba en el Reformatorio norte¬ 
americano de Elmira. Irureta Goyena en 1906 señala: 

“La reclusión debe, pues, ser duradera. En el Reformatorio de Elmira el 
mejor sin duda, de los establecimientos de ese género, no sólo es duradera, 
sino que es indeterminada. El sujeto sale más tarde o más temprano, según 
los progresos que ha logrado hacer en moral, constatados por una minuciosa 
observación de su conducta verificada diapor dia, desde su ingreso en el Re¬ 
formatorio hasta su liberación. En cuanto a los recalcitrantes, una vez, averi¬ 
guada su incorregibilidad, son enviados a una prisión común.” 

La Comisión Redactora del Código del Niño, presta especial atención a 
otro principio básico del modelo de tratamiento para menores: separación de 
los adultos en los centros de reclusión: 


83 


“...el procesado, -que muy a menudo es una criatura- permanece en la 
Cárcel Preventiva y Correccional sometido a un régimen de promiscuidad y 
de holganza; aprende minuciosamente el mecanismo del establecimiento; tra¬ 
ba las relaciones más peligrosas; adquiere vicios que no conoció en la calle; se 
entera de la táctica y de la habilidad de los distintos defensores y termina por 
convencerse de que la cárcel no es el fantasma que habia forjado su imagina¬ 
ción infantil, sino un alojamiento como cualquier otro, donde se come y se 
duerme regularmente. No se necesita más para convertir a un niño travieso o 
mal educado en un delincuente empedernido, inaccesible a toda sugestión ge¬ 
nerosa y educadora.” 

Si bien en la ideología básica, los reformatorios se debían diferenciar de la 
cárcel tradicional (en lo que tiene que ver con la existencia de sentencias inde¬ 
terminadas y un sistema de “calificaciones” que permita obtener ventajas ante 
la evolución en el comportamiento) la realidad señalaba un régimen de encie¬ 
rro particularmente duro. A. Platt afirma: 

“Aunque el plan de reformatorios estaba ‘corrompido’, en la práctica por el 
hacinamiento, la mala gestión, la ‘mordida’, los insuficientes recursos económi¬ 
cos y los problemas para encontrar personal técnico, conviene entender que su 
ideologia básica era dura e intransigente. La represión y la disciplina eran par¬ 
tes integrantes del programa de ‘tratamiento’ y no meramente expedientes 
aproximativos. Los ejercicios militares, el ‘adiestramiento de la voluntad’y las 
largas horas de trabajo tedioso eran la esencia del plan de reformatorios.” (38) 

En el caso de Uruguay, en el año 1933 se disuelve el Patronato de Delin¬ 
cuentes y Menores ante su mal funcionamiento. Este es un primer dato que 
apoyaría una afirmación en el sentido de la mala administración y una inco¬ 
rrecta atención de menores alojados en establecimientos de seguridad, si bien 
separados de la “influencia nefasta de los delincuentes consumados”, no por 
ello en condiciones que permitan un tratamiento educativo adecuado. 

El 8 de febrero de 1934, un mensaje del Ministerio de Protección a la In¬ 
fancia, señalaba la confusión de términos irreconciliables, y una actuación sin 
funciones ni límites definidos de la citada institución. 

La disolución del Patronato: 

“...el Consejo del P. deD. yM. no ha sido apto para dar a las prisiones la 
organización que exige la evolución de la ciencia penal contemporánea ha 
hecho posible un estado de cosas del cual se puede decir, no sin razón, que 
parece más bien destinado a corromper que a regenerar”. (39) 

A pesar del corto período relevado, fue posible encontrar una denuncia 
del mal tratamiento recibido por menores en otra institución de corrección. 


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llegándose a denunciar la existencia de castigos físicos en la Colonia Suárez, en 
el año 1933. 

Denuncia contra la Colonia Educacional de Suárez 

“El señor Buranelli dijo que las cosas en la Colonia Educacional de Suárez 
marchan muy mal. A los menores alli asilados, se les alimenta muy 
ineficientemente, tanto que se les mantiene a boniatos en pésimas condiciones 
de conservación. Las papas y las verduras que se cosechan en el estableci¬ 
miento, se venden. Ello no obstante, en el rubro de alimentación se opera un 
déficit de 6.000.00. El agua es mala; y se lleva de un manantial en un carril 
arrastrado por una muía. En ese mismo manantial se ahogó un animal sin 
que su cuerpo fuera extraido. Se refirió también a los castigos corporales que 
sufren los menores, a la falta de asistencia médica en casos de urgencia pues 
no se cuenta con un simple botiquín. Terminó expresando que dicha Colonia 
en vez de ser un centro educacional es un antro de corrupción y pidió que sus 
palabras pasen al ministro de Protección a la Infancia a fin de que tome con 
urgencia las medidas del caso.” (40) 

Una «plancha» del soldado desconocido 

“Hace algún tiempo, el señor Buranelli, que se proclamó a si mismo el 
soldado desconocido de esta emergencia hizo algunas denuncias contra la Co¬ 
lonia Educacional de Varones de Suárez. Para responder a ellas, compareció 
ayer el ministro sin cartera, doctor Berro, quien refiriéndose a las manifesta¬ 
ciones de su correligionario dijo que sólo por mala información pudo hacerse 
eco de semejantes cosas. Según el ministro sin cartera, la situación de los 
reclusos de la mencionada Colonia es poco menos que paradisiaca. Hasta el 
agua, dijo, que alli se bebe es buena (...) Reconoció, es verdad, que esa agua se 
lleva en un carrito tirado por un caballo; pero agregó, se hace asi, porque en 
el lugar no hay automóvil”. (41) 


3.8 El nuevo rol centralizador del Estado 

El momento histórico señala un cambio radical de las funciones del Esta¬ 
do, como agente centralizador y racionalizador de todas las políticas sociales, 
de acuerdo a principios que comenzaban a ser hegemónicos en el mundo. In¬ 
sistentemente los medios de comunicación, señalarán el camino de las refor¬ 
mas en esta nueva concepción del Estado. Los diversos problemas sociales an¬ 
teriormente planteados, implicarán una toma de posición por parte del Esta¬ 
do, asumiendo responsabilidades que ya no pueden quedar en las “buenas in¬ 
tenciones”, el “noble espíritu” de agentes privados y el voluntarismo de perfil 


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social de las damas de caridad. El Estado debe ser el orientador de toda inicia¬ 
tiva destinada a dar respuesta a fenómenos que requieren niveles mayores de 
conocimiento técnico. Esta afirmación no implica que el Estado desconozca la 
importancia del agente privado, máxime si tenemos en cuenta que la época era 
de crisis económica y una de las principales metas del período autoritario terrista 
es, justamente reducir el gasto público y lograr una racionalización adminis¬ 
trativa. El Estado no rechaza el aporte privado, le intentará dar nuevas orienta¬ 
ciones. La obra benefactora de la alta burguesía nacional, junto con el apoyo de 
los médicos y el voluntarismo de las “damas sociales” se inscribirán a partir de 
ese momento dentro de un movimiento modernizante que pueda dar respues¬ 
tas “científicas” a los impulsos desperdigados y voluntaristas de los agentes 
privados. 

En la propia elaboración del Código del Niño surgen cuestionamientos 
acerca de los costos operativos del nuevo sistema. Sus autores defienden la 
nueva estructura propuesta, argumentando que simplemente se redistribuirán 
recursos ya existentes. 

La anterior “indiferencia” del Estado frente a los problemas de la niñez y 
adolescencia debe ser desterrada, señalan los medios de comunicación y los 
legisladores. Pero el Estado no puede ser prescindente tampoco en otras cues¬ 
tiones no íntimamente emparentadas ni asimilables, pero sí en su conjunto la 
base del edificio para alcanzar el “orden social”, de un período signado por el 
agravamiento de la situación económica del país. 

Los textos seleccionados a continuación permiten entrever la lógica de los 
cambios que comienzan a desarrollarse en diferentes temas: reproducción so¬ 
cial, creación de organismos especializados, aplicación de principios científi¬ 
cos y rol de benefactores. 

Natalidad ilegítima: índice de retroceso social 

“No puede admitirse que una República que se envanece de haber alcan¬ 
zado progresos visibles en muchas aspectos de la vida colectiva, ofrezca tan 
lamentable espectáculo en uno de ellas que es esencial para el sólido desenvol¬ 
vimiento de la nacionalidad (...)Hay que buscar otra cosa y desde luego aban¬ 
donar ciertos conceptos que en determinados momentos corrieron riesgos de 
predominar en ciertos planos gubernamentales, según los cuales era indife¬ 
rente al interés social la constitución regular o la irregular de los hogares (...) 
Por lo pronto, los signos demográficos acusan un estado de disolución que 
debe provocar la lucha inmediata a fin de combatirlo y vencerlo. 

La gestión gubernativa no puede mostrarse indiferente. A ella le corres¬ 
ponde operar sin demoras, por sus órganos adecuados para impedir que la 
carcoma de una natalidad ilegitima predominante socave las bases éticas de 
nuestra sociedad”. (42) 


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Protección a la madre y el niño: Paternidad responsable 

“Como lo decía en reciente artículo, el ‘Médico de la Cuna’, estudiando el 
complejo problema, frente a la experiencia que se deriva del contacto de la 
realidad a través del cumplimiento de sus funciones técnicas, es absolutamente 
imprescindible buscar nuevos medios de protección a la madre y al niño, que 
escapan a la posibilidad económica del Estado, pero que deben quedar, eso sí, 
bajo su completo contralor”. (43) 

Mortalidad Infantil: El problema de la mortalidad infantil 

no es menos exacto que la mortalidad no decrece en general debido a 
factores de orden social, que es necesario encarar con decisión para que el 
enorme esfuerzo realizado sea fecundo. En última instancia las directrices 
filosóficas que dan al concepto del Estado un nuevo contenido de doctrina 
indicarán los procedimientos a seguirse”. (44) 

La cuestión demográfica: Hacia una política demográfica nacional 

“El Estado debe tener una política nacional demográfica. Es este un terre¬ 
no que ha sido en general abandonado por nuestros gobernantes y que tiene sin 
embargo una capital importancia para la vida económica y social del país y 
para el futuro de la nacionalidad. Esta acción del Estado tiene tres aspectos: el 
crecimiento vegetativo, que encierra todas las cuestiones de natalidad y mor¬ 
talidad; la distribución de la población en el territorio y la migración”. (45) 

La creación de órganos especializados: 

De acuerdo con las declaraciones del Poder Ejecutivo, la razón fundamen¬ 
tal que ha motivado la creación de los nuevos ministerios, es la necesidad de 
poner en manos técnicas la resolución de estos problemas por estar autoriza¬ 
dos a tomar parte en los debates parlamentarios, puedan imprimir una acción 
más eficaz a sus respectivos departamentos. Por una parte la innovación tien¬ 
de a establecer una mayor centralización y una más definida vinculación polí¬ 
tica a problemas cuya solución será tanto más equitativa y acertada cuanto 
más desvinculada de intereses particulares se encuentre y dando mayor auto¬ 
nomía a los institutos a cuya cabeza se pondrá un ministro convirtiéndolo en 
algo así como una sección o departamento de un ministerio”. (46) 

Los problemas sociales y una buena política. 

“A través de toda esta organización, debe reinar un espíritu social que la 
penetre y se agregue a los progresos de la clínica. Así se aúnan los resultados 


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de nuestra ciencia y sus nuevas aspiraciones, para realizar una medicina so¬ 
cial fecunda, destinada a proseguir la prevención de la enfermedad, la cura¬ 
ción de los enfermos, la protección de los hogares y de las colectividades, en 
nombre de una buena politica económica y humana, que debe ser preocupa¬ 
ción constante del pueblo y del gobierno, en un apoyo decidido y franco hacia 
el organismo ejecutor”. (47) 

El rol de benefactores y la iniciativa privada: 

“La creación del nuevo Ministerio de Protección al niño inicia una nue¬ 
va era social en nuestro pais. Los problemas de la infancia serán resueltos 
más eficazmente, puesto que la iniciativa privada, múltiple y de acción dis¬ 
persa, será sabiamente unificada y enfocada dentro de un plan inteligente¬ 
mente concebido. El ha sido confiado a hombres de experiencia en los pro¬ 
blemas que atañen a la infancia y su aplicación está en manos de uno de 
esos hombres de experiencia, de saber y de corazón, que en su vida de médi¬ 
co y de sociólogo, ha servido siempre a la causa del niño.Sin un servicio 
social bien constituido no habrá nunca obra ajustada de protección a la in¬ 
fancia” ha dicho el doctor Berro. Esa obra no puede ser absolutamente pri¬ 
vada ni absolutamente del Estado. La acción etática debe ser en general, 
orientadora y de sostén: la acción privada ha de ser de iniciativa y de reali¬ 
zación. Por eso el Estado necesita de los hombres de acción y de los capita¬ 
listas para la ejecución de las obras de previsión social (...) Don Erancisco 
A. Maciel creando nuestro primer hospital en cuyas clinicas se formó la fa¬ 
lange de nuestros grandes médicos.Don Dámaso A. Larrañaga, fundando 
el Asilo de Expósitos, en la casa de la Caridad; Rossell y Rius, donando el 
Hospital de Niños; Saint Boix, dejando un legado para Colonia de Convale¬ 
cientes: Muso donando sus cuantiosos bienes a beneficio de la Asistencia 
Pública; Eelipe Sanguinetti, ofreciendo una suma considerable para cons¬ 
trucción de escuelas; y por último, Don Alejandro Beisso, con sus múltiples 
donaciones para el Hospital de Minas, para extender el Rosell y Rius, para 
el Sanatorio de Obreras y Empleadas y recientemente construyendo este lo¬ 
cal para asiento de un Asilo Maternal, son ejemplos de alto valor de filan¬ 
tropía, que fundada en el sentimiento más noble de solidaridad, coopera a 
la obra social en forma eficiente”. (48) 

Las citas anteriores corresponden a la prensa de 1933, y señalan las carac¬ 
terísticas del universo de problemas que debe enfrentar la sociedad uruguaya, 
ante la dificultad social de importantes sectores de la población. 

Un análisis del contenido de las fundamentaciones de la Comisión Redac- 
tora del Código del Niño, permite apreciar la visión técnica sobre algunos as¬ 
pectos relevantes de esa problemática. Es posible encontrar ideas sobre la etio¬ 
logía del delito juvenil, la importante misión que le corresponde desarrollar a 


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los médicos, y el necesario apoyo de auxiliares debidamente capacitados para 
enfrentar una “patología social”, dentro de una visión organicista de la socie¬ 
dad, así como la voluntad de racionalizar la tarea con el aporte de un positivis¬ 
mo científico, que permite ser optimistas en cuanto a mejorar la calidad de la 
intervención. 

Los factores causales del delito juvenil serán señalados como de orden am¬ 
biental o debido a taras hereditarias. Resulta interesante la primera 
categorización causal: “libertad, vagancia o abandono”, por su ambigüedad, si 
tenemos en cuenta que están discriminadas de las posibles carencias en el ho¬ 
gar y que se señalan en segundo lugar. 

De su análisis, se puede admitir como en estado de “peligrosidad” o 
predelincuencial a los hijos de hogares bien constituidos, que no asumen el 
destino manifiesto de convertirse en fuerza de trabajo. 

“El delito cometido por un niño o por un adolescente es muy a menudo un 
episodio, un simple accidente de su vida de libertad, de vagancia o de abando¬ 
no; otras veces es el fruto inevitable del ambiente que se respira en un hogar 
vicioso o desorganizado; otras es la consecuencia de estigmas congénitos o 
adquiridos...” (49) 

Un aspecto a destacar es el importante rol desarrollado por los médicos en 
esta época, ante la extensión del fenómeno y la necesidad de respuestas cientí¬ 
ficas al problema. Resulta interesante la relación entre un saber médico que 
trasciende lo estrictamente corporal, al velar por la salud del cuerpo social. Un 
dato significativo es la importante presencia de médicos en la redacción del 
Código del Niño, que es la expresión política de poder de un saber altamente 
legitimado en la sociedad uruguaya. Como señala J. P. Barrán, un Estado ra¬ 
cional necesitará y apoyará incondicionalmente este saber positivista como una 
herramienta de poder: 

“El Estado apoyó permanentemente y en casi todas sus pretensiones a la 
‘clase médica’porque su saber representaba a la cultura científica ante la ‘ig¬ 
norancia’popular, porque su poder era a menudo un agente eficaz del gobier¬ 
no central en el interior, y porque ambos, saber y poder, tenian una función 
disciplinante clave en la construcción del hombre que el orden establecido re¬ 
quería”. (50) 

El desarrollo de un conocimiento científico de lo social, impone la necesi¬ 
dad de ejecutores eficientes de estas políticas. Ala figura central del médico, se 
agregará como colaborador en un rol subordinado, las “visitadoras”. 

Las buenas intenciones de benefactores y damas sociales, deben quedar 
en manos de un cuerpo profesional capacitado idóneamente. 


89 


“Decimos Visitadoras preparadas, pensando que deben hacer su curso 
completo teórico y práctico, que en algunos paises dura de dos a cuatro años, 
sin contar con alguna especialidad. Dadas las condiciones en que habrá que 
organizar la Escuela y la urgencia en tener Visitadoras competentes, quizá 
sea lo más apropiado la formación de Visitadoras polivalentes, que las pone 
en condiciones de tratar con acierto variados aspectos de las cuestiones so¬ 
ciales.” (51) 

Dos citas reafirman la idea de alcanzar mayores niveles de eficiencia a tra¬ 
vés de planes “científicamente concebidos”. De su lectura surge que lo realiza¬ 
do hasta el momento es poco y además está mal hecho. En la segunda cita, se 
pone énfasis nuevamente, no sólo en los aspectos beneficiosos de las reformas 
para una mejor respuesta al tema, sino en la rentabilidad económica que arro¬ 
jarían las mismas. La confesión de una intervención “a veces en forma definiti¬ 
va” del Ministerio del Interior a través de Fiscalías y Policía, en la orientación 
del menor abandonado o contraventor resulta por demás significativa. 

“Teóricamente se habia mucho de los problemas del niño pero en la prác¬ 
tica se realiza poco. Y lo que se ejecuta es en forma inconexa cuando no con¬ 
tradictoria. Por falta de un plan científicamente concebido, y por estar la rea¬ 
lización de la obra no sistematizada a cargo de autoridades distintas y con 
funciones completas de orden completamente diverso” (52) 

“El Ministerio del Interior por las Eiscalias y la policía, intervenía tam¬ 
bién y a veces en forma definitiva en la orientación del menor abandonado o 
contraventor. Es evidente que mucho se ganaría en eficacia y hasta en econo¬ 
mía poniendo toda la infancia bajo el contralor y la acción de una sola mano 
o corporación única.” (53) 


90 


4. CRISIS E INTENTO DE 
RESTAURACION DEL MODELO 


A mediados de la década del '50 es notoriamente ostensible el desgaste del 
modelo batllista de Estado providente y conciliador. Múltiples referencias en 
los medios de comunicación muestran la ola de conflictos obreros, los diferen¬ 
tes reclamos de distintos sectores sociales y la imposibilidad de responder a 
todas las demandas en virtud de los recortes presupuéstales que surgen ante la 
realidad de la escasez de recursos. Este contexto histórico señala la primera 
gran crisis del modelo de protección-control a la infancia vigente. Se operan 
algunos cambios en la visión del fenómeno, fruto del funcionamiento durante 
dos décadas del modelo creado en 1934. Cambian también algunas de las ca¬ 
racterísticas de los grupos en “riesgo”, pero no se trasciende la lógica general 
en la construcción discursiva y operativa sobre el objeto “menor abandonado - 
delincuente”. 

Surgirán dos posturas ideológicas claramente definidas y con vigencia ac¬ 
tual. La perspectiva que denomino “conservadora” o represiva, y otra “progre¬ 
sista” o reintegradora. 

Los sectores “conservadores” se caracterizarán por sustentar una lógica 
autoritaria, basada en la baja tolerancia social a la violación del marco norma¬ 
tivo, en períodos de crisis. Serán proclives a la rebaja en la edad de 
inimputabilidad penal, proclaman defender los intereses de una sociedad agre¬ 
dida y ven un síntoma de falta de autoridad del estado no reprimir más severa¬ 
mente los desbordes. Señalan la impotencia de los mecanismos estatales desti¬ 
nados al tratamiento de los infractores y en consecuencia el malgasto de recur¬ 
sos que la existencia de estos significa. Varios representantes de esta corriente 
de pensamiento fundamentarán la “incorregibilidad” de los menores en facto¬ 
res biológicos y hereditarios. 

Enfrentados a estos principios, los sectores “progresistas”, argumentarán 
en favor de una visión más comprensiva del fenómeno, señalando la situación 
de abandono y los múltiples rechazos a que son sometidos los menores 
transgresores de normas sociales, como factores determinantes para el com¬ 
portamiento adoptado por éstos. Defenderán los principios básicos que ani¬ 
maron a los benefactores que idearon el modelo 1934, y descartarán como so¬ 
lución al problema la rebaja en la edad de imputabilidad penal. 

Poseen una visión humanista que los llevará en varias ocasiones a denun¬ 
ciar como un factor del fracaso en el tratamiento resocializador, las malas con- 


91 


(liciones locativas y carencias de todo tipo en las instituciones debido a la falta 
de recursos destinados al área. 

En términos generales es posible afirmar que, los sectores “progresistas” 
demandarán un aumento de los recursos destinados al Consejo del Niño y para 
las políticas de prevención, argumentando que la adopción de meras medidas 
represivas es una señal de la renuncia e impotencia del Estado en buscar verda¬ 
deras soluciones al problema. Por el contrario, los sectores “conservadores” 
demandarán mayores recursos para aumentar y mejorar la gestión policial, y 
verán una señal de impotencia del Estado, la renuncia a reprimir severamente 
a los menores infractores. 

Es conveniente destacar que el tema de la minoridad en general y el delito 
en particular, no admitió (ni admite actualmente) claras definiciones a nivel 
político. La definición conservador-progresista, solo en líneas generales coin¬ 
cidirá con un corte político-partidario, que sí permite agrupar esas visiones de 
la sociedad en otras áreas. 

Un esquema simplificador que intentara discriminar el eje derecha - iz¬ 
quierda en política y trasladarlo a las discusiones en esta área se encontraría 
con varias sorpresas. Debo señalar también que, tanto progresistas como con¬ 
servadores mantienen un importante componente “tradicionalista”, en la me¬ 
dida que ambas posturas reproducen un discurso histórico “circular”. 

La apelación a discursos anteriormente enunciados para legitimar el pre¬ 
sente, el desconocimiento de la realidad “real” y la confusa manipulación de 
estadísticas y diagnósticos poco confiables, junto con el escaso soporte en los 
técnicos y profesionales del área, serán patrimonio común de ambas visiones. 
Esto resulta verdad en la década del 50, y a pesar de aislados intentos se man¬ 
tendrá vigente en el período post restauración democrática. 

A mediados de la década del cincuenta, una serie de hechos trágicos, pro¬ 
tagonizados por un menor de características singulares, conmueve a la opinión 
pública y promueve un debate a todos los niveles. Como en otras realidades, la 
violencia desarrollada por este menor, significará un emergente para cuestio¬ 
nar todo el modelo vigente de protección - control de menores. 

La descripción detallada de sus acciones, la especulación sobre los facto¬ 
res causales que determinan su comportamiento desviado, y las medidas con¬ 
cretas a disponer para su mejor encierro - tratamiento, darán lugar a un inten¬ 
so debate público. Opinión pública, actores sociales relevantes, autoridades, 
intereses corporativos agremiados, asociaciones de profesionales y la propia 
discusión parlamentaria que tiene lugar en ese momento, encuentran en la fi¬ 
gura peculiar de “El Cacho” al “chivo expiatorio”, de un modelo que daba claras 
señales de incapacidad en ofrecer respuesta a la complejidad creciente de la 
situación de la infancia y adolescencia en dificultad social. 

En este periodo se discuten todos los principios básicos que sustentaron 
el modelo originado en 1934: imputabilidad para los menores de 18 años, me¬ 
canismos de rehabilitación, la supuesta “incorregibilidad”, separación de me- 


92 


ñores y adultos en los centros de reclusión, la ineficiencia supuesta de la justi¬ 
cia, la posible benevolencia en las penas, las carencias del Consejo del Niño 
para un correcto tratamiento y evitar las fugas de los menores peligrosos. 

También es posible observar el protagonismo de actores sociales absoluta¬ 
mente ajenos a la problemática hacer referencias al tema, visiones que emergen 
a partir de una particular lectura que se hace de la transgresión de normas. Un 
claro ejemplo lo constituye la Federación de Turismo, que exige medidas de re¬ 
forma a la Justicia. Cabe recordar que el turismo era una nueva industria para el 
país en ese momento y plantea su desarrollo, una serie de inconvenientes estruc¬ 
turales para poder ser explotado en toda su potencialidad. 

Aparentemente pronunciarse sobre un fenómeno que concita el interés 
popular, posibilita tener imagen pública, apareciendo en los medios con afir¬ 
maciones y posturas que el ciudadano espera oír. Algunas instituciones priva¬ 
das oficiarán como “instigadoras de la Moral pública”. 

LA FEDERACION URUGUAYA DE TURISMO SE ADHIERE 
A LA REVISION DE CARACTER PENAL: 

“La Federación Uruguaya de Turismo envió una nota al Arq. Rodolfo 
Viogorux, en su carácter de Presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, 
haciéndole conocer la aprobación unánime en su Directorio en favor de la 
campaña iniciada por dicha entidad para que mediante una más severa apli¬ 
cación de las disposiciones legales de carácter penal se haga efectiva con ma¬ 
yor eficacia la defensa de la sociedad. 

La FUT no entra en la ocasión al análisis en el terreno técnico-juridico de la 
lenidad o no de las disposiciones aludidas, pero encarando la circunstancia con el 
criterio empirico que corresponde aplicar, no puede menos de sentirse alarmada 
enpresencia de laposibilidad evidente abonada por las lamentables experiencias 
de que la delincuencia prolifera y efectúa los más irreparables y sublevantes des¬ 
manes, al amparo de una impunidad virtual que debe ser extirpada. 

En ese concepto, particularmente, es que la Federación Uruguaya de Tu¬ 
rismo considera que la iniciativa de la Asociación Cristiana en cuanto a susci¬ 
tar la ventilación pública del grave problema y al provocar su planteamiento 
ante los órganos capacitados para resolverlo, contribuirá a ser posible que se 
adopten medidas encaminadas a que el interés público y la seguridad indivi¬ 
dual sean tuteladas y garantidas, excluyendo la posibilidad de que la repre¬ 
sión de la delincuencia se vea en los hechos falsamente frustrada.” (54) 

En esta dirección son interesantes las reflexiones que realiza un Diputado 
respecto a una empresa nacional: 

“Quiero señalar, además, señor Presidente, cómo también esta emoción 
legitima y espontánea del pueblo, explicable por razones sicológicas profun- 


93 


das, suele dar lugar a actividades de pescadores de rio revuelto. Una empre¬ 
sa, la empresa FUNSA, conocida por ser un baluarte reaccionario y 
semifeudal...” (Apoyados). 

“...explotadorapermanente desús obreros y que está actualmente en con¬ 
flicto con su personal por una arbitrariedad incalificable, justamente aprove¬ 
chando de esa conmoción emotiva y pasional que agita a lapoblación de Mon¬ 
tevideo por los sucesos conocidos, ha hecho una espectacular donación pre¬ 
tendiendo distraer la atención pública del conflicto por ella planteado en for¬ 
ma arbitraria a sus trabajadores”. (55) 

Conviene recordar, según se afirma insistentemente en los medios, que la 
época es de “desorden social y moral”, de deterioro de valores fundamentales 
de nuestra nacionalidad. Fuertemente correlacionada con la emergencia de “au¬ 
ges delictivos” en nuestra sociedad, se planteará una decadencia de valores y 
normas de convivencia social en todos los planos de la vida del país. Parece 
razonable la hipótesis que la raíz más profunda del fenómeno responde a com¬ 
plejas relaciones entre los valores sociales y una notoria decadencia económica 
y la falta de respuestas del sistema político para salir de la crisis. 

Las respuestas que se articulan frente a la violación de normas, serán un 
mecanismo eficiente de denuncia del deterioro en las relaciones sociales y 
señalan la inmediata necesidad de recurrir a instrumentos disciplinarios más 
ajustados que prevengan los posibles desbordes en un período de intensos 
conflictos. 

Los principales protagonistas de las reformas que se intenten serán los 
sectores conservadores, frente al cual se levanta un discurso que opera por opo¬ 
sición y basado en lo que significan “tradiciones” arraigadas de la legislación y 
la ejecución de políticas al sector, pero tan desprovisto de argumentos técnicos 
y de conocimiento sobre las reales dimensiones y características del problema 
como el primero. 

Los sectores conservadores o la visión “represiva” del problema, se legiti¬ 
ma a través de lo que parecen imponer los “reclamos populares”, en cuanto a 
reformas que brinden mayores niveles de seguridad ciudadana, frente al su¬ 
puesto (aunque indemostrado) “auge delictivo”, y se apoya en un manejo emo¬ 
cional de situaciones dramáticas relatadas detalladamente (y probablemente 
magnificadas) por los medios de comunicación que generan un clima de alar¬ 
ma pública. 

La respuesta “integradora” se apoyará en la “tradición humanitaria” del 
país en la materia y en el rescate de los aspectos positivos de legislación e insti¬ 
tuciones de atención al menor. 

Los siguientes artículos de prensa aportan una idea acerca del particular 
clima social que contextualiza las posturas respecto a las soluciones a los pro¬ 
blemas de los menores. 


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«Nuestros problemas soeiales y eeonómieos” 

“Pero también en Montevideo, aparecen idénticas casos de injusticias so¬ 
ciales y económicas y existen asimismo cantidad de problemas delicadísimos, 
que si se dan en el interior, en la capital adquieren una trascendencia mayor, 
emanada de su presencia en escalas superiores. Aqui, dicen esa “presente”, 
desocupación, delincuencia juvenil, analfabetismo, problemas carcelarios, 
miseria, alcoholismo y frente a ellos, resulta sublevante constatar la más étni¬ 
ca despreocupación del gobierno, que va carcomiendo paulatinamente el an¬ 
damiaje de nuestra democracia, que va creando un descreimiento riesgosísimo 
y lo que es más peligroso, va gestando un estado de incipiente rebelión. Hay 
que exigir que el Estado sea, en aras de un interés supremo, quien ejerza la 
función constitucional de promover por todos los medios, el bienestar gene¬ 
ral, y exigirle asimismo que barra con los obstáculos económicos y los vicios 
sociales que separan a los hombres en facciones irreconciliables y que degra¬ 
dan al individuo de su condición humana para sumirlo en el mundo desgra¬ 
ciado de la delincuencia, del vicio y de la depravación.” (56) 

Agitación y Malestar 

“No es menester que nos esmeremos en describir el grado de agitación 
que impera en todos los ámbitos sociales, el malestar reinante, el descontento 
que parece aprisionar a todos como reacción impulsada por la critica situa¬ 
ción que venimos padeciendo (...jVivimos una hora de crisis y las circunstan¬ 
cias que la definen, los hechos que la dilatan, ahondan y diversifican, cuya 
resonancia actual puede que sea menor, mucho menor, que la de sus futuras 
consecuencias, tienden a interrumpir el diálogo democrático...” (57) 

Mientras los Conflictos se Agudizan 

“Junto a los serios problemas de orden económico y financiero, estos pro¬ 
blemas, derivados de un estado grave de indisciplina social y de falta de res¬ 
peto por la ley, crean una situación que, cada vez más, comprometerá el por¬ 
venir del Pais.” (58) 

Agitación Social 

“No podemos decir, precisamente, que el año 1955 comienza bajo aus¬ 
picios favorables. Ya no se trata de los problemas de economía general plan¬ 
teados a la producción y el comercio. Ni de las graves molestias que la po¬ 
blación debe experimentar en razón de notorias deficiencias en servicios 
públicos básicos, muchos de los estrechamente relacionados con la higiene y 
la salud. 


95 


Se trata de algo más grave, porque afecta las raíces mismas de la paz 
social. 

Desde antes de comenzar este nuevo año ya se insinuó un estado de des¬ 
contento y expectativa de anhelos insatisfechos que estaban como aguardan¬ 
do la ocasión propicia para manifestarse plenamente. 

Este es el momento en que la situación ha hecho crisis, en una eclosión 
alarmante, que llama a la realidad a quienes creían estar en el mejor de los 
mundos.” (59) 

La Desaprensión de los Gobernantes, a la Vista 

“Dolorosos comprobaciones ponen de manifiesto la desaprensiva actua¬ 
ción de los gobernantes que en estos últimos años ha debido soportar el país 
para su desgracia. Es un mal gobernante aquel que dilapida el patrimonio del 
Estado, el que usufructúa en su beneficio los privilegios que su cargo le pro¬ 
porciona como el que deja que prosperen propósitos censurables, el que per¬ 
manece indiferente ante la inmoralidad funcional, el desorden administrati¬ 
vo, el latrocinio y la ausencia de ética absoluta. Se ha producido últimamente 
una serie de hechos que habla muy poco en favor de los hombres del Estado y 
que presentan a nuestro país como un exponente de desbordes y de excesos, 
que nada tienen que ver con la democracia de que alardeamos.” (60) 

“Gobernar no es Estar en el Gobierno” 

“El país atraviesa un período critico de inquietudes y vicisitudes. 

El industrial, el comerciante, el empleado, el obrero -las clases producto¬ 
ras y las proletarias- son víctimas de la inseguridad (...) La inseguridad - 
síntoma inequívoco de inflacionismo es la secuela de gastos públicos 
desproporcionados con la renta nacional, de una moneda oscilante, de una 
expansión industrial desordenada, de una producción onerosa y de unas fi¬ 
nanzas débiles, de un pasivo nacional en ascenso vertiginoso, de una econo¬ 
mía enferma. El descontento colectivo es el desasosiego del paciente que se 
revuelve en el lecho sin encontrar descanso”. (61) 

En líneas generales esta situación de crisis permeará el debate promoviendo 
cuestionamientos profundos acerca del rol del Estado frente a la real posibili¬ 
dad de ejercer tutela a los menores desamparados y en falta social. 

Por otra parte generará la aparición de prácticas panópticas de vigilancia 
permanente sobre los grupos de riesgo para ejercer un mayor control sobre las 
eventuales y concretas transgresiones al orden social. 

Sobre el primer aspecto es interesante la opinión del diario “El Plata”: 


96 


EL PROBLEMA DE LOS MENORES 


“Lo fundamental es que se halla enjuego, sin duda el fracaso, en medi¬ 
da considerable, del propio sistema de tutela estatal sobre la niñez y la ju¬ 
ventud desválidas o en falta social, que contiene, en si mismo, el germen 
capaz de generalizar dicho fracaso con graves consecuencias para el futuro 
de quienes, a la desgracia que los coloca en la dependencia del Estado, se 
agregue la suprema de asimilar en sus dependencias condiciones que los 
vuelvan definitivamente perdidos para ellas y para el medio en que actua¬ 
rán.” (62) 

Sobre la extensión del control social en todos los ámbitos, corolario del 
clima de “inseguridad” existente, real o simbólicamente en el imaginario de los 
uruguayos, se ofrecen tres ejemplos. La utilización de vecinos dispuestos a co¬ 
laborar con la policía, ante la insuficiencia de ella y su “impotencia” para cum¬ 
plir efectivamente su función (aspecto ya ampliamente señalado en los artícu¬ 
los periodísticos y discursos parlamentarios en 1933, y como veremos luego 
retomado en 1989). En segundo lugar fundar una “escuela permanente”, que 
no cierre sus puertas ni siquiera los domingos, como forma de prevenir el “vi¬ 
cio” en los niños; y por último, la vigilancia constante de los sospechosos, obli¬ 
gados a presentarse periódicamente en las comisarías por “averiguación”. 

Importancia de Nuestra Policía 

“Nos encontramos ante una lamentable realidad, a la que todos quie¬ 
ren poner remedio sin encontrarlo, y es la evidente impotencia de nuestra 
policia. No será con ocasionales contribuciones materiales de la población - 
muy ponderables por cierto- que ha de lograrse la efectividad de un servicio 
de tal importancia que constituye o debiera constituir la tranquilidad de la 
población. 

Otras son sin duda las medidas a estudiarse, no estando ajenas a ellas 
una mayor retribución a los funcionarios policiales, para poder exigirles tam¬ 
bién un mayor rendimiento. Pero entre tanto, sugerimos al señor jefe de Poli¬ 
cia la utilización de los servicios de vecinos respetables y de responsabilidad 
que estarían dispuestos a colaborar con el Instituto, siempre que se les otor¬ 
garan algunas atribuciones, porque sin ellas, su gestión resultaria desairada 
e inútil. 

Esa colaboración vecinal se utiliza -según hemos leido- en Italia, y no 
recurrir a ella en nuestro medio, donde la población se encuentra desampa¬ 
rada, y a merced de la delincuencia supondria revelar una vanidad funcional 
que entre nosotros no tiene fundamento.” (63) 


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¿Por qué los niños en edad eseolar no eoneurren a la Eseuela? 

“Mientras tanto, quedan en pie, interfiriendo en nuestra democraeia, el 
problema de la falta de locales escolares y el desajuste provocado por el in¬ 
cumplimiento de la disposición que declara obligatoria la enseñanza prima¬ 
ria. Lo importante es resolver estas anormalidades, para que cada niño pue¬ 
da ocupar las horas alejándose del vicio del delito y de todos los extravíos que 
perturban el feliz desenvolvimiento de la vida social. Con dedicación -intere¬ 
sada o no- las instituciones de carácter privado, religiosas, culturales, depor¬ 
tivas, sociales, comerciales, crean pistas y campos de deportes, salas de es¬ 
pectáculos, bibliotecas, certámenes, etc., verdaderos centros de atracción, de 
chicos y grandes, donde se aúnan esfuerzos y ambiciones por la grandeza de 
la comunidad que las agrupa y que se proyecta beneficiosamente sobre la 
sociedad.dPor qué el Gobierno, en las instituciones pertinentes, no hace lo 
mismo, creando plazas de deportes, bibliotecas, salas de teatro infantil, de 
proyección de luminosas, documentales, etc.? ¿Ypor qué la Escuela Pública 
cierra sus puertas los dias viernes y las abre el lunes? Si la Iglesia, por ejem¬ 
plo, abre sus puertas para recibir al solo efecto de dar bien, la escuela templo 
sagrado del deber y de la Patria, debe tener sus puertas abiertas para dar lo 
que de ella sólo esperan los hombres que nacieron bajo el libre pabellón que 
ondea en el mástil de su entrada.” (64) 

Contra los Delincuentes: Las facultades policiales 

“Se afirma que la Policía nada puede hacer contra los delincuentes, de 
esos que abundan en las asaltos y robos hasta en los cementerios, porque la 
legislación vigente no autoriza a determinadas actuaciones. Si es verdad que 
la legislación debiera ser más precisa en algunos de sus capítulos, no dándole 
facultades muy extraordinarias a la Policía ésta por las costumbres y sus prác¬ 
ticas no violatorias de ninguna ley, puede citar ‘por averiguación' ‘demorán¬ 
dolos', en sus detenciones, a criminales conocidos, a sospechosos, a ladrones, 
y a delincuentes reincidentes por más de diez veces, con largos prontuarios en 
sus mismas dependencias, como lo hace frecuentemente y lo ha hecho en todo 
tiempo. No estaría de más, y mientras no vengan las leyes que se creen nece¬ 
sarias par a proceder mejor, en favor de la tranquilidad pública que mensual¬ 
mente se llamara a las comisarias a esta clase de delincuentes ‘empederni¬ 
dos', para conocer sus andanzas, y sus medios de vida, desde que los más de 
ellos, siguen viviendo ‘sin ocupación ni domicilio'. 

Cada comisaria debe conocer a los delincuentes de su sección, mantener 
con ellos, por lo menos, un contacto mensual, siempre ‘por averiguación', lo 
que dará la pauta a las pesquisas inteligentes, aspirantes a merecidos ascen¬ 
sos en sus carreras. Y que las esperadas leyes de severa represión educativa o 
penal, se pongan en vigencia a la mayor brevedad.” (65) 


98 


4.1 La cuestión del discernimiento: La dicotomía menores 
delincuentes - delincuentes menores 

El problema del “discernimiento” de los menores ocupará un lugar central 
en los intensos debates que se desarrollan en este período, respecto a una even¬ 
tual modificación del Articulo 34 del Código del Niño, que fijó la edad de 
inimputabilidad penal en los 18 años. 

Dos posturas confrontan opiniones sobre el tema. Un sector afirma estar 
en presencia de verdaderos delincuentes (menores) y el otro, en defensa de la 
vigencia del espíritu del Código del Niño, adhiere al mantenimiento de los 18 
años como límite y los define como menores (delincuentes). 

En estas concepciones antagónicas de concebir el problema, cuya diferen¬ 
cia es aparentemente intrascendente, se establece un eje que tiene como aris¬ 
tas polares, la condición definitoria de la etapa cronológica que vive el sujeto, o 
bien el énfasis será puesto en la característica o volumen de perjuicio que se 
causa al cuerpo social. Para el posterior marco de intervención que la sociedad 
determine, es esencial dilucidar si el infractor es un sujeto con características 
diferenciales acentuadas, en definitiva un “menor delincuente” y por lo tanto 
pasible de ser sometido a tratamientos rehabilitatorios que admiten alguna 
esperanza en su recuperación, o simplemente es un “delincuente menor” que 
todavía no alcanzó la plenitud de desarrollo de su potencial delictivo. En este 
último caso se sostiene que su perversidad, en muchas situaciones argumenta¬ 
das como innata e incorregible, no alcanzó su mejor expresión aún. También 
en este sentido la dimensión cronológica es importante pero, con un contenido 
sustancialmente diferente a la postura inicialmente referida. 

“Bien puede suceder y sucedió en los últimos años, que menores de 18 
años actúen con un discernimiento y una madurez tales que seria un evidente 
error y una omisión en la defensa social no considerarlos como verdaderos 
delincuentes.” (66) 

“La Comisión empieza por reconocer la existencia de menores verdade¬ 
ros criminales ‘instintivos, incorregibles’, que requieren un tratamiento peni¬ 
tenciario y no tutelar, o sea que se hallan dentro del derecho penal común y 
sin embargo con absoluto olvido de las necesidades de la defensa social y do¬ 
minada por la idea fija de los 18 años, mantiene para ellos el tratamiento 
tutelar”. (67) 

“La premisa de que los menores de 18 años, deben ser apartados de toda 
pena, es susceptible de observaciones y, en ciertos casos, peligrosa para la 
seguridad social. No se trata de cuestionar la relativa autonomia del derecho 
de los menores, ni la legitimidad de un sistema de principios y normas espe¬ 
ciales aplicables a estos, sino de aclarar quienes son menores y quienes no lo 


99 


son, excluido el punto de vista cronológico que se expresa con una simple cifra 
sin ningún sentido. Si se agrega a esta notoria madurez del carácter, la gra¬ 
vedad y cantidad de los delitos, la vida anterior y ambiente moral inferior en 
que viven algunos de ellos, no quedarán dudas de la presencia de verdaderas 
delincuentes menores y no de menores delincuentes.” (68) 

Los responsables de dar respuesta al problema no han logrado resolver en 
cuatro décadas el problema del “discernimiento” en cuanto a la infracción de 
normas legales. Si bien no podemos pretender resolver el asunto en este traba¬ 
jo, parece conveniente señalar la persistencia de un desdoblamiento de las pos¬ 
turas que hacen referencia al joven como sujeto de derecho. Una especie de 
“doble moral” que penaliza tempranamente al trasgresor a los i8 años y exige 
rebajar a i6 esa edad por una supuesta real madurez, y un ingreso tardío a la 
edad adulta con plenitud de derechos recién a los 21 años. 

Gran parte de los protagonistas en los recientes debates en tomo a la edad 
de imputabilidad penal que exigían su rebaja a 16 años mantenían expresa¬ 
mente el límite de los 18 años para otros derechos elementales, como ser ad¬ 
quirir y conducir un vehículo o ejercer el derecho de voto. 

En muchas ocasiones se afirmará la utilización de la condición de 
inimputables ya sea por el propio menor o por adultos, para cometer delitos 
amparados en esa cualidad. Esto hace aún más grave la percepción que algu¬ 
nos actores tienen acerca del menor, además de delincuente, su transgresión es 
artera, se escuda en su condición de inimputable. 

En un artículo del año 1955 es posible apreciar una denuncia sobre la su¬ 
puesta perversidad de la situación: considerar no imputables penalmente a quie¬ 
nes solo responden a impulsos atávicos plenamente desarrollados, no conteni¬ 
dos por freno moral o uniforme policial alguno, que además hacen ostentación 
de su condición de inimputable para consumar delitos. 

“Porque cuando se habla de menores en el plano en que la realidad nos 
ha colocado, no se trata del niño ni del adolescente cuyas solas palabras re¬ 
presentan la imagen de un ser delicado y precioso a quien la simple presencia 
del uniforme de las guardadores del orden puede producir un trauma en su 
conciencia, ni del desamparado, ni del disminuido mental o psiquico; se trata 
del muchachón desarrollado físicamente, de impulsos atávicos, voluntarioso 
y terco, o de la mujerzuela sin ningún freno moral, con todos sus instintos 
desatados que proclaman su inimputabilidad como blasón y disfrutan entre 
si el privilegio de ser los más audaces en el imperio del desvio y de la inconducta 
social. Es para esas realidades que están alli, que la justicia de menores, el 
Consejo del Niño y la Policía conocen, para las que la sociedad tiene el deber 
de resolver su problema particular sin eufemismos y sin pérdidas de tiempo, 
porque dentro de seis meses cumplirán inexorablemente sus 18 años y entra- 


100 


rán de pleno al delito calificado y se constituirán en pobladores permanentes 
de nuestras cárceles; si es que todavia viven. Lo más grave consiste en que 
detrás de cada menor que delinque están los delincuentes mayores de edad 
que actúan como reducidores o proxenetas, explotando, precisamente, la 
inimputabilidad de ese menor.” (69) 


4.2 Teoría conspirativa del delito juvenil 

Existen definiciones amplísimas de la delincuencia juvenil. La ejecución 
aislada de conductas penalizadas por la legislación vigente, ambienta en deter¬ 
minados períodos históricos, la emergencia de un discurso con contenidos po¬ 
líticos que ubican al menor infractor dentro de un contexto más amplío y enfo¬ 
can el problema con una particular visión. Existió y perdura, la idea que una, o 
una serie de infracciones juveniles, son manifestaciones conscientes o incons¬ 
cientes destinadas a subvertir el orden social y atacar las bases del Estado. Se 
podrían definir estas ideas, sin duda equivocadas y fruto de desconocer la di¬ 
námica que realmente anima al infractor, como intentos por construir una “teo¬ 
ría conspirativa del delito juvenil”. El poder “explicativo” que poseen es suma¬ 
mente dudoso, pero igualmente pueden cumplir una función social definida. 
En la década del cincuenta a propósito de la influencia del medio social se ha¬ 
cían afirmaciones que contextualizaban la infracción juvenil en una: “...crisis 
de la autoridad que se revela, al par, en la vida hogareña y en el antagonismo 
popular contra el Estado, tal vez por reacción originada en la preponderante 
ingerencia de éste en todas las formas de actividad humana. El predominio 
de lo sindical sobre lo político- institucional se hace más evidente cada dia. 
Las normas ceden a las manifestaciones imperativas de las colectividades que 
parcializan la comunidad.” (70) 

La crisis socioeconómica que contextualiza la época es el marco fértil que 
abona un sentimiento de crisis de los valores morales. Asimismo los fenóme¬ 
nos que comienzan a delinear una sociedad urbanizada, con importantes con¬ 
tingentes de inmigrantes desplazados del medio rural y atraídos por las posibi¬ 
lidades de movilidad social en la capital, generan fuertes tensiones sociales. El 
desarrollo acelerado de los medios de comunicación difundirán entre la pobla¬ 
ción nuevos modelos de comportamiento y pautas de consumo. 

En definitiva, una sociedad con todavía importantes componentes de tradi¬ 
cionalismo en usos y costumbres, se empieza a modernizar aceleradamente, crean¬ 
do fuertes resistencias en los sectores conservadores que adjudicarán a las “la¬ 
cras de la modernidad”, la responsabilidad en la consumación de hechos delictivos. 

“...esa banda de menores delincuentes no es, en mi concepto, sino un ma¬ 
tiz, una expresión de un inmenso problema social que hay que abordar; es un 


101 


problema al que debemos enfrentar sin desconocerlo. Puede que en su intensi¬ 
dad y en su gravedad sea un hecho nuevo; puede ser que estemos pagando 
nuestra mayoría ciudadana; puede ser que el crecimiento demográfico, la 
evolución capitalina, el desarrollo industrial, todos esos elementos que se co¬ 
locan en la raíz del problema, estén en este momento jugando en tal forma 
que nos presenten una realidad que es nueva y ala que debemos enfrentar. 
Eso es lo que no podemos desconocer.” (71) 

Es frente a un marco de “materialismo y moralidad decadente”, que la ve¬ 
locidad de los tiempos modernos imponen, que los mecanismos de control so¬ 
cial deben reaccionar para poner freno a la situación y dar tranquilidad a una 
opinión pública que vive los acelerados cambios con evidente temor. 

“No queremos insistir con más discursos ni con más planteamientos. 

Creemos que debe irse lisa y llanamente a la consideración de este asunto 
y, si fuera posible, a la votación inmediata, que es lo que reclama la opinión 
pública y el clima de moralidad decadente de materialismo, de falta de respe¬ 
to a la ley que estamos viviendo.”(¡Muy bien!) (72) 

En ocasión de un crimen, que por sus características conmoviera fuerte¬ 
mente a la opinión pública (asesinato de Gustavo Volpe), se suceden una serie 
de planteos que ponen en el centro de la discusión, el correcto funcionamiento 
de las propias instituciones de gobierno. El insuceso concreto, adquiere una 
relevancia que parece poner en serio riesgo conceptos como el de Democracia y 
Libertad. Tres artículos del mes de febrero de 1955 son ilustrativos del tema: 

“No esperemos a la reforma de Códigos, ni a las correcciones de procede¬ 
res para el bandidaje que se abrepaso siempre en base a su incurable audacia. 

Y la población lo que quiere es que nuestra Libertad y nuestra Democra¬ 
cia, sean debidamente respetadas: y quien falte a sus principios que no me¬ 
rezcan contemplaciones.” (73) 

“...la gravedad de la hora impone un urgente y rápido estudio y ejecu¬ 
ción. La cultura nacional y nuestros progresos sociales no pueden soportar 
por más tiempo, la afrenta tremenda del malevaje constituido en acción re¬ 
gular y permanente. Complementados los esfuerzos, el Presente y el Porvenir, 
aspiran a consolidar situaciones de paz y de trabajo, tal como corresponde a 
un pais que se enorgullece de haber creado y sostenido una Democracia y 
Libertad dentro de las cuales no tienen cabida los malhechores” (74) 

“...Un pais que proporciona gratuitamente todos los medios de correcta 
formación del Hombre, no puede admitir que el delito organizado y con ar¬ 
mas, no sea totalmente eliminado del ambiente con la energía reclamada por 
la misma defensa de nuestra ejemplar Democracia y Libertad.” (75) 


102 


El Estado conciliador de las décadas anteriores, que fundó un Uruguay 
con elevados niveles de preocupación por la concertación de los problemas so¬ 
ciales, comienza a mostrar signos de agotamiento frente a esta nueva realidad. 
Surgirá en este período una importante corriente de opinión que denuncie el 
“abandono de funciones” y la “falta de autoridad del Estado”, como severas 
carencias para el necesario disciplinamiento de las relaciones sociales. Un titu¬ 
lar del 20 de enero de 1955 de un periódico señala: 

“RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. SERIO ABANDONO DE EUN- 
CIONES”. En su interior se denuncia la complacencia de los Poderes Públicos 
frente a la situación de abandono de “deberes indisculpables de mantenimiento 
del orden social”, terminando con la sugestiva pregunta: ¿Se espera a que el pue¬ 
blo sustituya a los Poderes encargados, con la ley de la defensa propia? 

El “auge delictivo” es acompañado por un “auge de los conflictos sindica¬ 
les”. Es interesante destacar una coincidencia en la estructura del discurso para 
ambos problemas. La denunciada complacencia lindante con la complicidad 
i“Ya se habla de demoras cómplices”) lleva a que los conflictos sindicales se 
encuentren “librados a su propia suerte”. 

“La huelga general de los bancarios de los institutos oficiales, iniciada 
ayer con éxito sugestivo, y la que se anuncia de los bancos privados como acto 
de solidaridad, agudiza el problema de los conflictos sociales, que parecen 
estar en un nuevo auge (...) Parece mentira que las autoridades tampoco ha¬ 
yan podido intervenir con eficacia. El conflicto -grave, desde luego- se deja 
librado a su propia suerte.” (76) 

La renuncia a la intervención estatal en la esfera de los conflictos gremia¬ 
les, tiene un claro paralelismo con una renuncia a la intervención en el área de 
la minoridad. Insistentemente se anuncia que los menores (en interesante sí¬ 
mil con los conflictos sindicales) están “abandonados a si mismos”, “abando¬ 
nados a su propia suerte”. 

“...como medida de indudable valor, ya que evitaría en un crecido porcen¬ 
taje, la vagancia, mendicidad y delincuencia infantil, asi como el analfabetis¬ 
mo. Esos niños que hasta la edad de 6 años reciben auxilio social desde los jar¬ 
dines de infantes del Consejo del Niño, son abandonados a su suerte”. (77) 

Esta “impotencia del Estado” en varios planos es la antesala de graves con¬ 
flictos sindicales posteriores, y también una señal de la crisis del modelo de 
protección-control de menores fundado en 1934. En este sentido, un intere¬ 
sante informe de la Comisión de Letrados designada por el Poder Ejecutivo (2/ 
5/1955) señala las “fallas en el régimen asistencial que presta el Estado”, al 
tiempo que describe una postura opuesta a las visiones que delimitan las solu¬ 
ciones a los problemas de la época, al simple expediente del aumento en la 
represión. 


103 


“Podrían las leyes severas segregarías de la sociedad antes de que sur¬ 
giera la eficacia física de su peligrosidad y entonces la sociedad no sufriría 
quebrantos en el régimen pacifico de convivencia, pero en esas circunstancias 
el Estado se habría despojado de una preocupación principalísima, como es 
la de redimir a quienes por una u otra causa traducen antisocialidad.” (78) 

Acertadamente la Comisión de Letrados, define en sus justos términos la 
situación. La verdadera “impotencia” del Estado no es la carencia en la sanción 
de medidas represivas más severas, sino la renuncia a pensar y administrar 
eficientemente un verdadero régimen asistencial e integrador de niños, ado¬ 
lescentes y jóvenes que en cifras importantes empiezan a vivir en situación de 
alto riesgo social. 


4.3 La perversidad de los medios de comunicación 

El nefasto protagonismo que a mediados de la década del '50 ya se adjudi¬ 
caba a los medios de comunicación, encuentra eco en el ámbito parlamentario. 
Varios legisladores propugnarán la adopción de medidas legislativas para evi¬ 
tar el daño de la “salud moral” de los jóvenes. La radio, el cine y la “literatura 
licenciosa”, estarán en el banco de los acusados, frente a un tribunal que tiene 
graves cargos contra ellas: “desprestigio del orden social”, “crimen moral”, “in¬ 
filtración”, y la formación de “perfectos delincuentes”. Un discurso parlamen¬ 
tario del 15 de octubre de 1956 es ilustrativo al respecto y resume los cargos 
contra los medios de comunicación de la época. 

“No pasa día sin que tengamos que apagar la radio en nuestras casas 
porque una estación da paso a la guaranguería y al desprestigio del orden 
social en que vivimos; no pasa día sin que observemos que se está proyectan¬ 
do una película nociva para la salud moral de nuestros niños. (Apoyados). 

-Entonces, ¿cómo podemos pretender que nuestros niños, que nuestros 
muchachos, nutridos en ese clima de corrupción y deformación mental, pue¬ 
dan salir a hacer otra cosa que lo que aprenden a través de las audiciones de 
la radio y de las películas inconvenientes? No es que yo sea un santulón; todo 
lo contrario: todos saben que no me guía en esto ninguna posición de orden 
doctrinario ni religioso. Pero estimo que es hora de que tomemos medidas 
ante la situación que vive nuestro pueblo por la infiltración de revistas incon¬ 
venientes-verdadero crimen moral a que se somete a nuestros jóvenes, ado¬ 
lescentes y niños, y aun a nuestros mayores- para cortar de cuajo el mal. El 
mal no está en hacer un discurso sobre los hechos sucedidos en la mañana de 
hoy; el mal está en haber tolerado la guaranguería y la infiltración, por inte¬ 
reses comerciales, de elementos que contribuyen a perturbar la vida de nues¬ 
tros niños y también de nuestros adultos. (¡Muy bien!) 


104 


-Tenemos que ir a la solución del problema de fondo, que no consiste en 
hacer un discurso frente a las “heroicidades” del ‘Cacho’; tenemos que evitar 
que haga carne en la vida de nuestra juventud todo ese material espurio que 
anda por ahi, y que contribuye a producir mentalidades deformadas como 
las que dan motivo a la realización de esta sesión extraordinaria que se pro¬ 
pone, destinada a considerar este problema. (¡Muy bien!) 

-Las autoridades correspondientes tienen ¡apalabra, señor Presidente, y el 
Parlamento también; porque tenemos que abreviar los términos si no queremos 
ver en nuestros jóvenes y en nuestros niños verdaderos profesionales del delito, 
que será lo que nosotros habremos permitido a través de nuestra complacencia 
para con la literatura licenciosa, perniciosa y criminal y las películas que contri¬ 
buyen a hacer de nuestras niños, perfectos delincuentes.” (Apoyados). (79) 

Si bien es cierto que en la década del '30 ya aparecían referencias a la in¬ 
fluencia de los medios de comunicación en la ejecución de delitos, será en los 
’50 que se comience a debatir fuertemente, dando origen a una discusión ex¬ 
tensa, multidisciplinaría y aún inacabada: ¿cuánto incide en las conductas des¬ 
viadas de los jóvenes las imágenes que transmiten los medios de comunica¬ 
ción? Si estableciéramos alguna manera de medir los argumentos a favor y en 
contra del impacto que ejercen la emisión de violencia por los medios, podría¬ 
mos afirmar que la balanza se inclinaría hacia quienes sostienen que la visión 
de violencia genera o estimula la realización de acciones violentas concretas. 
Argumento muy discutible como lo demuestran las investigaciones realizadas 
(80). Igualmente destaquemos dos “inductores” aparentemente fuertes para 
los jóvenes con deseos en “entrar en acción”. La televisión y el video son insis¬ 
tentemente señalados como factores contemporáneos que inciden en la ejecu¬ 
ción de conductas delictivas, ya sea con su ejemplo negativo o por la omisión 
de reforzadores positivos. 

Realmente parece razonable que una permanente exhibición de violencia 
pueda tener algún tipo de incidencia. Lo que resulta sorprendente es que el 
pasado “pre-masacre video-teve” de la década del ‘50, también tuvo sus fantas¬ 
mas; y perturbadores de un “armonioso desarrollo de la conciencia de los jóve¬ 
nes”. En ese momento se afirmaba que éstos, no eran del todo maduros aún 
para comprender la realidad, sin la ayuda de benévolos censores que impidie¬ 
ran la exposición de imágenes de violencia. 

Estas imágenes eran transmitidas por, y aquí la sorpresa: “el cinemató¬ 
grafo y las revistas policiales y de espionaje”. 

“A estos factores, que podríamos llamar de orden general, se suman otros 
accesorios, que favorecen esas expansiones de los instintos antisociales (...) el 
cine y algún género de publicaciones, por asombrosa paradoja dedicadas a 
los niños, se especializan en mostrar las hazañas del hampa, las tiroteos pre¬ 
téritos del lejano oeste y las maniobras del espionaje internacional”. (81) 


105 


En muchos casos se agrega un efecto negativo adicional a las lecturas 
“desaconsejables”. Es el tiempo que le quitan a una literatura de la cual está 
“evidentemente necesitada esa masa juvenil” para auspiciar una reacción re¬ 
publicana. 

“(—) estamos consintiendo que se propague un sentimiento admirativo 
de nefastas ulterioridades, entre niños y jóvenes, a través de la pantalla, de 
las historietas y de una literatura pseudo-policial, que desplaza el interés por 
otras lecturas de las cuales está evidentemente necesitada esa masa juvenil 
que no se cultiva en forma que auspicie la reacción que la República necesita 
para desenvolver todas sus posibilidades y superar esta enojosa interferencia 
que le plantea el auge de los crímenes, atentados y ataques a la propiedad que 
ejecutan menores mas o menos desamparados.” (82) 

El tema es aún más antiguo. Nos podemos remontar a la década del trein¬ 
ta y vemos que en el año 1938 se realiza el «Primer Congreso Latinoamericano 
de Criminología» que establece entre sus principales recomendaciones: 

“Ampliación de la censura cinematográfica en orden a depurar la panta¬ 
lla de la poderosa sugestión de las escenas que en cualquier forma pueden 
incitar a la violencia al desprecio de la ley o de la autoridad y a la justicia por 
acto propio”. (83) 

Nos quedan varias preguntas sin contestar respecto al tema. En principio 
las consecuencias sociales no buscadas que pueden alcanzar estas afirmacio¬ 
nes no demostradas empíricamente. La inseguridad transmitida diariamente 
por los medios, en parte real pero siempre magnificada superlativamente, ali¬ 
menta una lógica individualista frente al modelo solidario, hace que el indivi¬ 
duo se recluya en su casa, se convierta en un celoso celador de su familia y su 
propiedad, a la vez que fetichiza la televisión como centro de las relaciones 
familiares. 

Este medio cierra un círculo perverso al retroabmentar la inseguridad trans¬ 
mitiendo un mensaje con constantes apelaciones sobre el contenido trágico de 
las violaciones normativas cotidianas. Por otra parte si se considera que es per¬ 
judicial la televisión porque muestra violencia, se obvia el argumento que pue¬ 
de llegar a ser un catalizador que tranquilice y descargue, y no un emergente. 
En definitiva un mecanismo de escape a la agresión efectiva, tal como parece 
confirmarlo estudios realizados en otras realidades. 

Por otra parte por lo general el producto ofrecido da por triunfador a los 
valores positivos, la justicia, en definitiva al “bien” sobre el “mal”. Si hay un 
final ejemplarizante, ¿por qué no pensar que en realidad desestimula la ejecu¬ 
ción de actos violentos? El final trágico del transgresor sería garantía de ella. 


106 


Además, ¿cómo explicar la violencia que ya era insostenible, según lo señalan 
reiteradamente distintos medios de prensa, en el año 1954, cuando aún no existía 
la televisión en Uruguay? 

En muchos casos los actores sociales y políticos preocupados por el tema 
oficiarán como “cruzados morales” intentando definir cuáles son los conteni¬ 
dos deseables para trasmitir a los jóvenes, alimentando la reproducción y con¬ 
sumo de los valores de la cultura adulta dominante, a la vez que enfatiza la 
condición de “incapacidad” del joven. 

Dos mecanismos hacen efectiva esta lógica, en primer lugar decidiendo 
por él, qué es lo bueno y lo prohibido para su mejor conformación psicosocial, 
pero además impidiéndole la consolidación de prácticas innovadoras y valores 
alternativos a través de la censura de los canales formales e informales de co¬ 
municación juvenil. 


4.4 Infracción de normas y lacras sociales 

El delito juvenil es inmediatamente asociado en el imaginario colectivo, a 
otras lacras sociales que contribuyen a dibujar un cuadro que, operando por 
asociaciones, marginaliza y estigmatiza definitivamente la figura desviada del 
joven infractor. A continuación presentamos algunas pautas del mensaje social 
que una aproximación primaria nos permitió detectar. Este análisis deja cons¬ 
tancia de la existencia histórica y vigencia actual de ciertos insumos en la cons¬ 
trucción social de la figura de los jóvenes infractores de normas legales. 

Es frecuente ubicar en los medios de comunicación contemporánea la afir¬ 
mación de un continuo que vincula las imágenes de: delincuente- drogadicto, y 
ahora como corolario, el ser sospechoso portador de SIDA. 

Estas “enfermedades modernas” contribuyen a estereotipar, y por lo tanto 
dificultar la reinserción social del joven. Pero fundamentalmente, y eso es lo 
que intentamos destacar en este análisis, es que siendo “enfermedades moder¬ 
nas”, no son totalmente nuevas. Cambian las formas, como cambian los hábi¬ 
tos de consumo de estimulantes y la sexualidad. Hoy las perversiones existen y 
tienen el nombre de droga y SIDA, antes también y los “flagelos” se llamaban: 
alcohol y sífilis. 

“En el ejemplo práctico de los motivos de nuestra institución debo decir 
que el alcoholismo causa en nuestra juventud muchos más daños que los que 
podemos imaginarnos. Naturalmente si a esos antecedentes individuales, aca¬ 
so de origen hereditario con la gravitación dolorosa del alcohol y la sífilis, se 
incorpora el juego de otros factores externos, que estimulan los impulsos de 
una peligrosidad latente, en vez de corregirlos en cuanto sea posible, no es 
extraño que la personalidad delictiva se consolide”. (84) 


107 


La práctica inexistencia, o la parcialidad de los escasos trabajos intenta¬ 
dos no ha sido (y no es) un obstáculo para realizar afirmaciones que sostienen 
una inmediata relación causal entre pautas de consumo desviadas (sexuales, 
estimulantes, etc.) y la efectiva ejecución de acciones violentas por parte de los 
jóvenes. 

El objeto de estudio y control específico es el menor - joven delincuente. 

Sin embargo, al extender las condiciones que presuponen un potencial 
“estado de peligrosidad”, el grupo de riesgo se convierte en un conjunto suma¬ 
mente amplio, difuso y que admite como corolario lógico la administración de 
medidas preventivas. Siguiendo a M. Foucault podemos afirmar que la difu¬ 
sión y legitimación de esta concepción ambienta una necesidad social de esta¬ 
blecer en forma constante mecanismos que permitan diagnosticar, “examinar”, 
no sólo el daño efectivamente causado sino el que potencialmente pueda llegar 
a realizar un sujeto que reúne determinadas características. 


4.5 Cambios cuantitativos, cualitativos, ¿o ambas cosas? 

Las referencias históricas al “auge delictivo” nos señalan las dificultades, 
aún hoy presentes, para llegar a definir si lo preocupante es la extensión del 
fenómeno, o por el contrario su intensidad. O ambas cosas a la vez. Las polémi¬ 
cas se suceden entre quienes sostienen que el volumen de jóvenes que cometen 
delitos aumenta incesantemente y aquellos que afirman que, por el contrario, 
su número permanece estable, centrándose el verdadero problema en el au¬ 
mento de la violencia empleada y sin precedentes en la historia del país. En 
definitiva, las posturas que durante décadas vienen afirmando la vigencia de 
un auge delictivo fluctúan entre sostener que a) cada vez, son más los infractores, 
b) que en realidad son pocos pero muy violentos, siendo por ahora escasas las 
sugerencias de caos generalizado y pérdida del control que supondría sostener 
ambas cosas; c) cada vez mayor número de infractores, así como notable au¬ 
mento en la cuota de violencia desarrollada en sus acciones. 

Como representativos de las posturas contradictorias sostenidas durante 
las últimas décadas en este debate, citemos el resultado de un trabajo realizado 
por el Instituto de Criminología (1956) en un momento donde se sostenía la 
presencia de un avance muy importante en las conductas infractoras, como lo 
argumenta J. Mazileff en la Revista de Criminología del mismo año: 

“La agravación sin precedentes de la delincuencia infanta-juvenil ofrece 
las características de un problema médico-social grave y profundo, que de¬ 
manda una orientación y medidas urgentes en vista a una solución adecuada 
para la defensa de nuestra sociedad.” (85) 


108 


La conclusión del estudio referido señala entre otros puntos que: 

“No se trataría pues, de una cuestión de cantidad. La Estadística Crimi¬ 
nal y Administrativa ya citada habla, incluso, de una ‘disminución'en las cur¬ 
vas de la delincuencia infanto-juvenil.” (86) 

Resulta realmente sorprendente y desconcertante, para quien desee reali¬ 
zar un análisis histórico relativamente confiable, la lectura de estas afirmacio¬ 
nes, ya que ambas conclusiones son extraídas de la misma publicación y se 
incluyen separadamente en el mismo número. Tras la lectura nos quedamos 
con fuertes dudas acerca del dimensionamiento del problema que se debate 
entra una “agravación sin precedentes” y una “disminución en las curvas de la 
delincuencia infanto-juvenil”, sin poder emitir un juicio ante estas posturas 
“polares”. 

O se equivocan todos los que sostienen la presencia de un “auge delictivo”, 
o está mal efectuado el estudio del Instituto de Criminología. 

Como detalle adicional señalemos que el marco que ambientaba estas pos¬ 
turas era de un fuerte debate acerca del tema rebaja de imputabibdad penal, 
tema cíclicamente recurrente en la sociedad uruguaya. 

En los siguientes artículos puede percibirse la distancia notoria existente 
entre las dos posturas radicales, quienes señalan un impresionante incremen¬ 
to y quienes lo niegan, pasando por un incorrecto manejo de las cifras maneja¬ 
das y una adecuada critica a las mismas. 

“Habíamos analizado los delitos cometidos por menores contra las per¬ 
sonas. Su aumento en los últimos cinco años quedó plenamente demostrado. 
Nos interesa en este artículo, señalar algunos índices de los Delitos contra la 
Propiedad. Los años 1932 y 1933, se nos presentan en una proporción de sig¬ 
nificativa importancia, puesto que el País vive un clima de incertidumbre re¬ 
flejado en todos los órdenes. En estos dos años, delinquen, en el aspecto referi¬ 
do, 1.000 menores. Estas cifras sólo serán superadas en los años 1952 y 1953, 
como el lector podrá apreciar más adelante.1952 marca una alarma social, 
que se repite en 1953. Nos hallamos frente a estos índices: Hurto: 356; Hurto 
calificado: 205; Rapiña: 1; Estafa: 11; Apropiación indebida: 47y Daño: 36. 
¡Quiere decir, que casi 1.000 menores, en un año, atentaron contra la propie¬ 
dad!!!! 

Estas cifras, como en el caso de los delitos contra las personas, confir¬ 
man el aumento progresivo de la delincuencia infanto-juvenil.” (87) 

La incorrecta manipulación de los datos es señalada, remarcando lo injus¬ 
tificado que resulta la difusión de un estado de “alarma social”. 


109 


“NO HAY INCREMENTO EN LOS ULTIMOS ANOS” 


“En cuanto a la última parte de su pregunta, ni la estadística nacional ni 
mi experiencia personal me permitirían afirmar que la delincuencia juvenil 
se ha incrementado. Es más, puedo asegurarle que los técnicos latinoameri¬ 
canos de las Naciones Unidas que nos reunimos en abril de 1953 llegamos a la 
conclusión de que no se notaba un aumento de criminalidad de los menores 
inimputables... Voy a insistir nuevamente en mi precisión inicial: menores 
delincuentes y delincuentes menores. De los primeros no tenemos estadísti¬ 
cas, pues no se registran como tales delincuentes en el Instituto Técnico 
Forense, ni ingresan a las cárceles donde los alcanzarla la estadística de Ins¬ 
titutos Penales. Pero creo que los datos que aportó la Dra. Adela Reta a la 
reciente Mesa Redonda realizada en la Facultad de Derecho, son suficiente 
indice del error que padecen quienes con sincera alarma señalan el aumento 
inquietante de la delincuencia infanto-juvenil. Atribuyo, por mi parte, esa 
impresión, a dos o tres hechos muy graves de las que fueron autores mucha¬ 
chos que no teman 18 años; la gravedad de la falta se hacia más llamativa 
aún por la corta edad del autor, pero como fenómeno de intensa frecuencia 
social no justifica la alarma.” (88) 

El Cnel. Lerma (jefe de Policía) realiza en el transcurso del año 1955 
esclarecedoras declaraciones en un periódico: 

LA ESTADISTICA POLICIAL 

“Las estadísticas policiales consignan números y no casos, por eso sus 
cifras son elevadas y un dia también me produjeron inquietud. Pero es preci¬ 
so considerar que cada número no corresponde a una persona, sino que una 
persona da lugar a muchos números, tantos como fugas o requerimientos, 
por ejemplo. 

Durante mi actuación como Director de la División Adolescencia y más 
tarde, como miembro del Consejo del Niño, obtuve algunas referencias numé¬ 
ricas que, con aquellas salvedades, comentaré brevemente, como lo hice en mi 
trabajo para el Seminario de Rio. En los años 1948 y 1949 fue preciso requerir 
la búsqueda policial de 720 menores de 18 años: 314 mujeres y 406 varones; 
de las primeras sólo 9 eran autores materiales de sustracciones que el trámite 
califica impropiamiento de hurtos, y 100 se reintegraban por fuga; de los va¬ 
rones. 30 por delito y 233 por fuga.” 

“Todo se reducirá -manifiesta- a tomar las medidas que auspicio, con 70 
u 80 mayores de 16 años, que acusan un grado de peligrosidad conocido y que 
sólo con medidas de seguridad, trabajo remunerado y un ‘tratamiento’ enér¬ 
gico se podrian recuperar. Admito que sean células enfermas de la sociedad, 
pero el diagnóstico aconseja que el médico dé paso al cirujano.” (89) 


lio 


Para otros sectores el problema se centra en la fuga de los establecimientos: 

“En la Facultad de Derecho se dijo que no hay ningún incremento de de¬ 
lincuencia juvenil. Lo que hay es un grave problema de reincidencia, por juga 
de los establecimientos, de los menores sometidos a tratamiento. Las estadis- 
ticas de la Policía, con centenares de entradas en la cárcel, se contradicen 
abiertamente con las de los Juzgados de Menores, con pocas docenas de fallos 
al año. El problema tiene, además, muy diferente etiología y requiere una 
distinta consideración en Montevideo y en el interior del pais. No creo que 
corresponda pues, hacer interpretación de las posibles causas, si no estamos 
aún de acuerdo en cuanto a las consecuencias. El pais debe ser seriamente 
informado, mediante estadísticas oficiales indiscutidas, sobre este problema. 
Sólo después se podrán interpretar las causas.” (90) 

Una posible interpretación acerca de la ausencia de un dato estadístico 
válido y confiable, es la eventual poca trascendencia que el mismo, si existiese, 
tendría. Como lo confiesa un diputado, la tendencia a aceptar como real una 
“percepción sobre la realidad”, es una fuerte tentación. 

Además, es posible hipotetizar un eventual buen rendimiento electoral el 
saber captar el «clima que trasciende del diario vivir», más que el frío dato de 
las estadísticas. Aunque ese «clima» sea una sensación térmica que poca rela¬ 
ción tenga con la temperatura real. 

“Recientemente se ha dicho en editoriales, en notas, que la delincuencia 
juvenil habla disminuido en nuestro medio. Nosotros, que nos movemos más 
con el clima que trasciende del diario vivir que con la ondulación de las gráfi¬ 
cas, dijimos en Cámara en esa oportunidad que el problema de la delincuen¬ 
cia juvenil podría aparecer más o menos disminuido pero que estaba latente, 
y vivo en todos los lados.” (91) 

4.6 Los Reformatorios son “Deformatorios” 

La crisis del modelo afectará fuertemente una de las bases que sustentan 
la lógica de protección-control del mismo. El encierro disciplinario se constitu¬ 
ye en un protagonista importante en los debates que se suceden, siendo un 
tema que condensa algunas de las preocupaciones y contradicciones básicas. 
Emergen a partir de su inoperancia, tanto en su rol de protección de los meno¬ 
res, como en su rol de proteger a la sociedad de los menores, un universo de 
problemas: la facilidad para fugarse de ellos, las arbitrariedades que se suce¬ 
den en su interior, el mito de la “rehabilitación” y la falacia del principio que 
supone una necesaria separación en los centros de reclusión menor-adulto, el 
“efecto perverso” y estigma posterior que impone el pasaje por un albergue del 


111 


Consejo del Niño, la falta de recursos para un efectivo funcionamiento, la es¬ 
candalosa mezcla de problemáticas, la increíble paradoja de poner como cus¬ 
todios de los menores a supuestos educadores con antecedentes penales. 

A continuación se ofrecen algunas citas que dibujan el mapa de problemas 
de la asistencia al menor en la década del ‘50. 

Falta de recursos I 

“Ya en aquellos tiempos, y ante la seria amenaza de un mal de fácil desa¬ 
rrollo, por múltiples circunstancias, Gómez Folie inició la construcción de la 
Colonia Educativa de Trabajo, que por falta de recursos para habilitarla, está 
destinada al derrumbe; lo mismo que la Escuela Correctiva de Inadaptados 
que languidece, por falta de los correspondientes complementarios.” (92) 

Falta de recursos II 

“Atacada de esa forma una de las zonas del mal, la otra necesidad más 
inmediata es la del tratamiento de readaptación de los menores. Es éste un 
problema de medios materiales. Si no hay buenos establecimientos no hay 
readaptación. Sólo redime el trabajo, el amor, el tratamiento familiar, la edu¬ 
cación adecuada. Esto no se puede hacer sin buenos establecimientos.” fQs) 

Falta de recursos III 

“Los edificios son malos: casas viejas, casonas semi destartaladas, con 
moblaje minimo, precario, endeble, con camas despintadas y ropas desprolijas. 
Claro está que los contrastes existen y que también hemos visto aseo y proliji¬ 
dad, pero lo dominante es limitación y pobreza. Y bien: no pueden ser estos 
centros en estas condiciones, los más adecuados para retener y tratar de re¬ 
formar a los menores en falta” (94) 

Falta de recursos IV 

“(...) hay que decir que aqui, donde se destinan cuantiosas cantidades 
para embajadas, que recorren muchas veces sin necesidad casi todas lospai- 
ses del mundo, no hay nunca recursos para poder garantizar la seguridad de 
nuestra sociedad frente a estos menores delincuentes.” (95) 

Asilos y albergues son prisiones I 

“Pese a ello, en el interior, varios centenares de rancherios nos están acu¬ 
sando y en Montevideo los menores delincuentes y los desamparados, no tie- 


112 


nen la protección que corresponde. Asilos y albergues no sirven sino como 
prisiones.” (96) 

Asilos y albergues son prisiones II 

“Entonces se dijo -y se hizo cargo por ello- que en Suárez habla un pabe¬ 
llón -el Ascencio- lleno de rejas donde se aplicaba un sistema penitenciario 
filadelfiano con correcciones deAuburn”. (97) 

Casa de corrección que pierden... 

“Si se hiciera una estadística de los menores que delinquen, encontrare¬ 
mos que de 100 hay un mínimo porcentaje de niños educados en colegios reli¬ 
giosos bajo sanas orientaciones. Las casas de corrección, no son a veces, sino 
ejemplos de perdición.” (98) 

Los delincuentes se forman en albergues oficiales 

“Son masas significativas de jóvenes entregados a la protección del Esta¬ 
do, que se forman en escuela que las conduce al vicio o la delincuencia. Pero 
los datos estadísticos arrojan una comprobación más desalentadora. Los pre¬ 
coces delincuentes, en gran porcentaje, son menores que se han formado en 
los albergues oficiales. En los Juzgados de Instrucción el hecho es comproba¬ 
ble, en casi todas las causas en la que aparecen comprometidos menores, és¬ 
tos declaran que estuvieron en aquellos organismos.’Xgg) 

Depósitos de jóvenes 

“Si tuviéramos que definir ese albergue, diriamos que es un depósito de 
jóvenes.” iioo) 

Mezcla de problemáticas 

“Los anormales con los normales, los psicópatas con los impulsivos se 
mezclan en esos albergues. Los albergues en su mayoría, funcionan en locales 
malos; en algunos de ellos encontramos ropas desprolijas y poco abrigo para 
los asilados. Carecen de cuarto de baño y los jóvenes no tienen dónde bañar¬ 
se; no tienen campos de deportes ni gimnasios. Actualmente son un poco cár¬ 
cel, un poco asilo y un poco escuela. En todos estos albergues, los jóvenes vi¬ 
ven la mayor parte de su tiempo, ociosos.” (101) 


113 


Vigilantes con antecedentes penales 

“Hay que decir y recordar aquí, que el Partido de gobierno ha puesto a 
menores bajo la vigilancia de sujetos con antecedentes policiales.” (102) 

Las fugas I 

“Es inadmisible lo que ha pasado con estos menores. Lógicamente tiene 
que haber alguna responsabilidad del Consejo del Niño o de la judicatura de 
menores, que sabiendo la peligrosidad de estos elementos, no tomaron las 
medidas necesarias para tenerlos a buen resguardo.” (103) 

Las fugas II 

“Para ello creo que es fundamental que esté presente también el señor 
Presidente del Consejo del Niño, porque seria sumamente interesante que acla¬ 
rara algunas cosas relativas a estos hechos; por ejemplo, me resulta imposi¬ 
ble admitir cómo estos menores, a pesar de los delitos, y de los crímenes que 
cometían en forma reiterada y permanente, se encontraban tranquilamente 
en la calle...(Apoyados)... cómo es posible que estos menores fueran detenidos 
un día y al otro podían estar nuevamente en la calle.” (104) 

Las fugas III 

“El hecho de que los delincuentes jóvenes se escapen un día tras otro se 
debe a que en este país gobierna un partido que no sabe tomar las medidas 
administrativas para contenerlos, y esto hay que decirlo.” (105) 

Los reincidentes a la Isla de Flores 

“Hace muchos años, la Tribuna Popular aplaudía una iniciativa parla¬ 
mentaria en el sentido de realizar la reeducación de menores delincuentes 
reincidentes, en la Isla de Plores, y mientras no se construyeran los edificios 
adecuados dentro de la capital, o en cualquier departamento del interior (...) 
Como se ve, el problema continúa siendo hoy de mayor gravedad, porque el 
delito en esta clase de menores va en aumento, y desde entonces a la fecha, 
nada se ha hecho, por lo que la opinión general del país viene clamando con 
sobrantes fundamentos de una realización urgente. Ahora es el Dr. Alambarri, 
ilustrado Director del Consejo del Niño, quien propone albergar a estos me¬ 
nores delincuentes incorregibles en la Isla de Plores, tal como se proponía en 
los años que mencionamos.” (106) 


114 


5. LA CRISIS DEFINITIVA DEL MODELO 


En el período post-restauración democrática la situación de la atención a 
los problemas de niños y adolescentes en dificultad social, permite afirmar la 
definitiva crisis del modelo. 

En esta dirección cobra sentido la hipótesis acerca que los “hijos de la ca¬ 
lle” ya no pueden ser los “hijos del Estado”. En el período fundacional del mo¬ 
delo, la preocupación por convertir los hijos de nadie en los hijos de todos, a 
través de las prestaciones sociales de un Estado paternal-autoritario pierden 
sentido. La dinámica del proceso histórico lleva a que los anteriores niños aban¬ 
donados, pasaban a ser niños protegidos-vigilados, pero hoy permite aseverar 
el énfasis exclusivo en la vigilancia, represión, marginalidad y persecución con 
la ausencia de propuestas eficientes de protección. 

En este sentido ya no aparecen públicamente algunas medidas como la 
que exigía que el i% de las vacantes en los puestos del Estado fueran adjudica¬ 
das a los “hijos” del Consejo del Niño. El Estado delega funciones, se “moderni¬ 
za”, achica su presupuesto y aumenta su capacidad de mejor utilización de los 
recursos. 

Por otra parte se amplía en forma constante la población en situación de 
riesgo social. Este marco situacional impondrá como solución lógica apostar al 
mejoramiento de la eficiencia de los mecanismos de control social que reafir¬ 
men su exclusiva condición de gendarme, por encima de funciones tradiciona¬ 
les de protección social hacia los sectores en dificultad. 

El espíritu de la época señala la conveniencia de asumir como modelo la 
eficiencia. El Estado uruguayo actual, luego de montar durante décadas un apa¬ 
rato de escaso impacto en las políticas sociales desarrolladas hacia la población 
en “riesgo”, intenta redefinir su rol. El debate acerca de las funciones que le 
competen al Estado a lo largo de las últimas décadas, si bien mantiene algunas 
de sus premisas fundamentales, ha ido perdiendo algunas aristas que apunta¬ 
ban a la “protección”, enfatizando aspectos que privilegian la faceta que asegu¬ 
ra su propia sobrevivencia: el control social. 

Desde los intentos de rebaja en la edad de imputabilidad penal de la déca¬ 
da del ’50, hasta recientes proyectos parlamentarios, vemos que entre otras 
ideas se pierden algunas medidas destinadas a mejorar y/o atenuar las condi¬ 
ciones socio-legales de niños y adolescentes en situación de conflicto con las 
normas y la sociedad, acentuando los efectos intimidatorios puros de la pena y 
obviando el contexto social del transgresor. 


115 


Entre las pérdidas más notorias, se puede señalar la ausencia de las “comi¬ 
siones asesoras” que determinen el “discernimiento”. La rebaja en la edad de 
imputabilidad penal propuesta, en diversos proyectos de la década del '50 no 
era absoluta. Las reformas planteadas en el año 1955, con las bien fundadas 
críticas que se pueden realizar a una comisión “psicológica y psiquiátrica” para 
el asesoramiento técnico de los jueces, cuando los propios autores del proyecto 
y del posterior debate parlamentario se desprende que el problema es “social”, 
no obstante esta limitación importante, significaba un intento de atenuar los 
alcances del Código Penal y de otorgar un espacio de legitimación a los técnicos 
sobre el tema. La filosofía contenida en estos intentos de reforma se pierde en 
el proyecto planteado en el año 1986, donde la rebaja en la edad de inmutabilidad 
penal es absoluta. (107) 

En los proyectos contemporáneos y en el debate público tampoco se hace 
referencia a principios consagrados en el texto del Código del Niño, como ser el ya 
citado porcentaje de egresados del Consejo del Niño para llenar vacantes en cargos 
públicos, además de las notorias dificultades existentes para concretar una ense¬ 
ñanza escolar obligatoria para todos los niños. El problema de la “fuga” y las altas 
tasas de repetición para los sectores en dificultad social, es una situación más que 
coyuntural, estructural de un sistema de enseñanza que no tiene capacidad en aten¬ 
der diferencialmente y compensar las desventajas sociales iniciales. 

Un aspecto a destacar, por su importante incidencia en los niveles de 
marginación que rodean a los “hijos del Estado” actuales, es la conformación 
del etiquetamiento de “delincuente” a niños que no han cometido una trans¬ 
gresión de normas penales. En efecto, se presume “delincuente”, 
imponiéndosele “medidas de seguridad” al menor que estando en situación de 
abandono material o moral, comete el “delito” de fugarse del sistema “tutelar” 
del Estado. Se debe señalar que la tutela del Estado ofrecida a menores aban¬ 
donados no difiere sustancialmente del trato ofrecido a los efectivamente 
transgresores de normas, sumado al hecho de las críticas a las instituciones 
encargadas de atender al menor, por su mal funcionamiento, parece excesivo 
el rigor de la justicia frente al deseo de “fugar” del sistema por parte del menor. 


5.1 El “auge delictivo”: normalización de lo extraordinario 

Un componente esencial del discurso histórico sobre el delito juvenil es la 
apelación cíclicamente recurrente al surgimiento de un “auge delictivo”, como 
fuera señalado en los capítulos anteriores. 

La difusión constante de mensajes que invocan un permanente incremen¬ 
to de las conductas desviadas juveniles, constituye en determinadas circuns¬ 
tancias, una contribución a elaborar una visión que termina por admitir una 
normalización de lo extraordinario. Las referencias que se hacen al tema en los 
medios de comunicación, escasamente señalan un abordaje del tema violencia, 
transgresión de normas, infracción de conductas, etc. Estos temas, aunque se 


116 


intente un análisis serio, son “reforzados” por la apelación a un “auge delictivo”, 
“ola de violencia” y construcciones discursivas similares, que adquieren un tono 
simbólicamente trágico a difundirse al colectivo social. 

En el transcurso de una semana, un análisis no exhaustivo permitió en¬ 
contrar estos titulares de editoriales de la prensa diaria montevideana; (sema¬ 
na del 24 al 29 de marzo de 1990): 

“Organizar el combate a la delincuencia” (El Día, 27-3-90) 

“La impunidad con que actúa la delincuencia” (Últimas Noticias 24-3-90) 

“La lucha contra la delincuencia” (La Mañana. 27-3-90). 

“La lucha contra el delito” (El País. 29-3-90). 

“Menores infractores: El dilema entre la libertad y la seguridad” (Últimas 
Noticias. 28-3-90). 

“Las acciones de los inimputables” (La Mañana, 28-3-90). 

“Un mal que nos acosa. Pistolerismo despiadado”. (La Mañana, 24-3-90). 

Este último artículo citado es paradigmático de la adjetivación exacerbada. 

A propósito de los “inimputables” se señalan las características del fenó¬ 
meno: “Mal vivientes jóvenes”, “tropelías de bandas de forajidos”, “precoz ma¬ 
leante”, “sed de violencia”, “pistolerismo juvenil”, “barbarie de los 
inimputables», etc. 

En definitiva esta construcción discursiva termina por convertir en “nor¬ 
mal” algo que se destaca justamente por ser un hiato, una interrupción de la 
lógica social, una aceleración del pulso de una sociedad acostumbrada a vivir a 
ritmos que descarta en su cotidianeidad los “auges” y las “olas”. 

Sin embargo, pese a su aparente “actualidad”, esta particular forma de 
encarar el tema no es novedosa. La irrupción y extensión de conductas desvia¬ 
das y su correspondiente manifestación de rechazo social no están exentas de 
concepciones ideológicas históricamente trasmitidas. 

La supuesta extensión de las formas delictivas no es en absoluto patrimo¬ 
nio de una región particular o fruto reciente de un proceso determinado. 

Basta señalar la importancia dada al tema por los autores clásicos del pen¬ 
samiento social, o citar a M. Eoucault quien recupera este texto del año 1768. 

“La mayoría de los observadores sostienen que la delincuencia aumenta; 
lo afirman, naturalmente, aquellos que son partidarios de un rigor mayor, lo 
afirman también quienes piensan que una justicia más mesurada en sus vio¬ 
lencias seria más eficaz, menos dispuesta a retroceder ante sus propias con¬ 
secuencias; lo afirman los magistrados, que se dicen desbordadas por el nú¬ 
mero de procesos...” (108) 

En Uruguay, las tradicionales afirmaciones acerca del desmesurado volu¬ 
men de faltas protagonizadas por menores, la “gravedad” del problema y el 
constante aumento de ellas, data al menos, desde los trabajos ya citados de W. 
Beltrán e Irureta Goyena, y ya cuentan casi con nueve décadas. 


117 


5.2 Análisis de prensa: la dudosa construcción del “auge”. 

Un análisis exhaustivo de los contenidos de la prensa escrita, significaría 
un aporte revelador sobre las características peculiares que al tema le impri¬ 
men los medios. A partir de la lectura de artículos aparecidos en los periódicos 
de la capital, entre los años 1988 y 1990, recogidos en forma no sistemática, 
surgen algunos indicadores de, la confusión de términos, las contradicciones 
en los mensajes, la eventual utilización con fines político- partidario de la in¬ 
formación, la construcción de una imagen que refuerza el pánico social sobre el 
tema, y fundamentalmente la notoria ausencia de base empírica confiable para 
sustentar realmente las afirmaciones realizadas. 

Un observador que hiciera el intento de agrupar las posturas reveladas, ve¬ 
ría la posibilidad de sustentar cualquier hipótesis, apoyándose en las afirmacio¬ 
nes de relevantes figuras políticas y de técnicos en la materia. En efecto, con una 
cuidadosa selección de artículos, y la obvia omisión de otros, es posible afirmar, 
que el delito en términos generales y la transgresión de normas por parte de 
menores en particular, han sufrido un incremento desmesurado en los últimos 
años; o bien que no se ha producido ningún aumento en el volumen de delitos. 
También es posible argumentar en el sentido que se ha verificado un profundo 
cambio cualitativo en las acciones desarrolladas, o sea mayores niveles de vio¬ 
lencia, aunque sigue constante su volumen con respecto a años anteriores. Algu¬ 
nos técnicos sin embargo, opinan que no se disponen de estadísticas confiables 
que puedan sustentar ninguna de las afirmaciones que se realizan. 

Si optáramos por una aproximación cuantitativa para evaluar el conteni¬ 
do de los artículos, apreciaríamos que el número de argumentaciones que par¬ 
ten del supuesto de la existencia de un “auge delictivo” son abrumadoramente 
mayoritarias. A modo de ejemplo, en algunos medios se señala: 

“La sociedad montevideana enfrenta desde hace años un recrudecimien¬ 
to de la criminalidad que se expresa tanto en términos cuantitativos por más 
que las estadísticas oficiales no registran el fenómeno en la misma medida 
que lo percibe la ciudadanía- como cualitativos. Más delitos contra las perso¬ 
nas y contra sus bienes y mayor peligrosidad en el comportamiento criminal 
en buena medida por la creciente participación de menores cuyas acciones se 
caracterizan por la inconciencia y agresividad”. (109) 

“El jefe de Policía, Leonel Luna Méndez, disiente con los otros dos consul¬ 
tados y afirma que la delincuencia en Montevideo aumentó en los últimos 
años.» (lio) 

“A esta altura de los acontecimientos, insistir con el estado de virtual in¬ 
defensión en que se encuentra la población ante la acción desatada por la 
delincuencia parecería llover sobre mojado. Sin embargo, creemos que puede 
representar un aporte llamar la atención respecto a algunas facetas de este 
auge de hurtos, rapiñas, violencia desenfrenada que a todos nos llega de una 
forma u otra.” (111) 


118 


“En largos últimos años de la seguridad de las personas y de sus bienes, 
de la tranquilidad del hogar, del derecho a la actividad y el trabajo, se han 
visto duramente cuestionados, por el embate creciente de una ola delictiva, 
que además de su frecuencia y de su dimensión, se caracterizaba, por un bro¬ 
te de violencia, pronta a estallar ante el menor tropiezo.” (112) 

Es posible incluso, apreciar afirmaciones que apuntan a una visión del 
problema, que ya adquiere dimensiones de “epidemia”. 

“A lo largo de las últimas semanas hubo un notorio incremento de la au¬ 
dacia de la delincuencia. La cota de este fenómeno - desdichadamente alta en 
estos años- se elevó considerablemente con una sucesión de hechos que dieron 
cuenta del grave estado de inseguridad que padece la población y que testi¬ 
moniaron, por si no alcanzaran elementos anteriores, la necesidad de encau¬ 
zar acciones tendientes a contener dicha epidemia”. (113) 

“No se puede atribuir el crecimiento de la delincuencia a una sola causa; 
en eso estamos de acuerdo con el ministro. La epidemia delictiva que nos asuela 
responde seguramente a una compleja mezcla de elementos de tipo cultural, 
sociológico, jurídico y obviamente, también, operativo.” (114) 

En otros casos, el énfasis de entrevistados y articulistas, estará puesto en 
el evidente cambio en las modalidades operativas. Esto significa que se supone 
la existencia de mayor violencia y el surgimiento de nuevas formas de consu¬ 
mar delitos en este período. 

“Lo que preocupa son los cambios registrados en la clase de los ilicitos. 
La cantidad es, más o menos, la misma, pero el estilo es otro. La gente tiene 
razón cuando se asusta: hay más rapiñas, más tiroteos, más secuestros, más 
copamientos”. (115) 

"La violencia es más aguda” 

“Aunque no se dispone en el Juzgado de Menores de estadísticas que per¬ 
mitan establecer un porcentaje sin margen de error, de la actividad cotidiana 
del Juzgado surge un aumento de la delincuencia juvenil y, muy especialmen¬ 
te, hechos de naturaleza más grave que los que ocurrían con anterioridad. Es 
palpable’, dijeron Tosí y Vázquez, que aunque no exista un incremento grande 
de hechos (no se pueden calificar de delitos porque de acuerdo al Código los 
menores no delinquen), son de carácter más sangriento”. (116) 

“El psiquiatra expresó que habría que preguntarse si en realidad han 
aumentado las delitos. Lo que sí se sabe que ha cambiado es la calidad de esos 
delitos”. (117) 

Sin embargo, no todos los medios recogen imágenes apocalípticas de sus 
entrevistados sobre la situación. En varios casos, técnicos reconocidos, seña- 


119 


lan que la mentada ola delictiva y violencia desenfrenada surgida recientemen¬ 
te, no se compadece con una realidad estadística, que parece indicar un nivel 
estable en el número de delitos e infracciones registrados a los últimos años. 

"Las cifras desmienten que haya un aumento de la delincuencia” 

“El sociólogo Rafael Bayce destacó que las cifras oficiales - proporciona¬ 
das por la policía- desmienten la existencia de una ola de delincuencia. Al con¬ 
trario, se produjo una disminución cuantitativa a partir de 1981, pese al au¬ 
mento comprobado en 1982 y 1983. Hoy existe un 91% de los delitos produci¬ 
dos en 1981, señaló y destacó que los delitos sexuales están hoy en un 96% de 
los producidos en 1981 y los homicidios prácticamente en la misma cifra que 
entonces. Entre 1985 y 1986 se produjo un notable aumento de las rapiñas, 
pero luego también bajaron a sus niveles históricos”. (118) 

No faltan tampoco, algunas discrepancias gruesas en la manipulación de 
las cifras, por parte de organismos técnicos distintos. 

“Policios y magistrados discrepan en cifras de detenidos 
y procesados” 

“Los magistrados judiciales divulgaron cifras sobre detenidos y proeesados 
que contradicen datos atribuidos al Ministerio del Interior en los que se señaló 
que solo el 11% de casi 8 mil detenidos en el trimestre marzo-mayo en Montevideo 
fueron procesados. La Asociación de magistrados situó las detenciones en 1.772 
en ese periodo, y en más del 40% el promedio de proeesamientos”. (119) 

También es posible apreciar dos opiniones radicalmente opuestas sobre el 
mismo fenómeno, expresadas por la misma persona, en diferentes medios de 
prensa, separadas ambas por un breve lapso. El 20 de abril de 1990, el Dr. 
Milton Cairoli hace declaraciones a la prensa y maneja cifras de la Suprema 
Corte de Justicia. Conclusión: creció la delincuencia y además lo han hecho las 
modalidades más violentas. 

“En los últimos años se ha hablado mucho de la delincuencia en nuestro 
pais y, en general, se ha afirmado que ella no ha aumentado. Los datos ofieia- 
les demuestran lo contrario, no sólo ha crecido la delincuencia, sino que ade¬ 
más con ella lo han heeho las modalidades más violentas. Estadistieas que 
maneja la Suprema Corte de Justicia, indican que en 1987, el total de deteni¬ 
dos en el pais, fue de 5.700 aproximadamente, en 1988 esa eifra subió a 7.000 
y en 1989 se situó cerea de los 8.000". (120) 

Tres meses después, en un programa televisivo realiza afirmaciones que 
son recogidas por un medio de prensa escrito. En La República del día 30 de 
julio de 1990, manejando estadísticas del Instituto Técnico Forense, demues¬ 
tra la inexistencia del aumento de la delincuencia. 


120 


“El doctor Milton Cairoli coincidió con las conclusiones de Bayce, mane¬ 
jando cifras de otras fuentes (el Instituto Técnico Forense) que demuestran la 
inexistencia del aumento de la delincuencia”. (121) 


5.3 El discurso social y la opinión pública: algunas contradicciones 

La permanente apelación a un supuesto aumento constante en las con¬ 
ductas delictivas de los jóvenes ha estimulado la emergencia de una ideología 
con algunas características particulares. En primer término, debemos conside¬ 
rar la peculiar construcción de un discurso sobre el “auge delictivo”. En segun¬ 
do lugar, cómo opera en el colectivo social esa permanente referencia, y cuál es 
la reacción frente a esa percepción generalizada. 

Es indudable que el tipo de tratamiento que los medios de comunicación 
dan al tema tiene gran trascendencia para la construcción de las imágenes so¬ 
ciales sobre el fenómeno. La apelación a un presunto auge delictivo estimula la 
emergencia de un imaginario colectivo formalizado en una figura estigmatiza¬ 
da: la del menor - delincuente - infanto - juvenil. Las propias palabras ocultan 
la visión que los sectores sociales dominantes -con capacidad de definir el campo 
de lo desviado- tienen para el tratamiento del tema. 

Las dos formas más comunes de interpelar al menor son cuestionables. 

La expresión “delincuente” -por más que se lo adjetive con “juvenil”- no 
parece ser la más apropiada para calificar al infractor de la normatividad vi¬ 
gente, desde que el propio texto legal reconoce un tratamiento diferencial para 
los menores. Pero aun más significativo es el inefable término de “infanto-ju- 
venil”. La fuerte carga simbólica de esta expresión no encuentra su correlato en 
la etimología de las dos palabras que la componen, a no ser que se considere en 
si misma a la juventud como un peligro potencial. Se asimila un joven que se 
encuentra en esa edad difusa que se ubica entre el pasaje de la infancia a la 
adolescencia -en definitiva, el único significado literal de “infanto-juvenil”- con 
un sujeto al que conviene aislar del cuerpo social por el mayor tiempo posible. 

A este hecho debemos agregar el desinterés por una recuperación de la 
historia vital del infractor, que sólo es reconocido en una marginabdad econó¬ 
mica, social y cultural por la ausencia total de su vida y características particu¬ 
lares en el interior del texto socialmente elaborado. 

Dentro del relato no es posible encontrar las circunstancias que pueden 
rodear al joven (aspectos sociales, familiares, psicológicos, etcétera). Es una 
figura despojada de toda condición humana, totalmente vaciada de contenido, 
sin una racionalidad comprensible, que pone en peligro a toda la sociedad. Es¬ 
tas circunstancias -a las que se debe agregar la indudable gravedad de algunos 
hechos protagonizados por menores- permiten postular con alto grado de con¬ 
senso social las soluciones más radicales. 

Los insumos principales en la construcción del discurso sobre la desvia¬ 
ción social son las referencias al aumento, así como la mayor peligrosidad en 


121 


los hechos protagonizados por menores. Ambos puntos son -sin embargo- muy 
discutibles. 

El primero, por la ausencia de un estudio estadístico serio y confiable que 
permita afirmar, a partir de una serie, que existe un aumento en el número de 
infractores y que, además, ese aumento es significativo y sostenido en el tiem¬ 
po. Las cifras que se aportan son parciales y refieren a un corto período pero, 
fundamentalmente, no son confiables. 

En el año 1989 se manejaron algunas cifras para confirmarla existencia de 
un “auge delictivo”, que si bien correspondían en forma genérica a delitos de¬ 
nunciados, es igualmente ilustrativa sobre la lógica general que ambienta una 
misma confusión, se trate de adultos o menores. Las cifras presentadas corres¬ 
ponden a una serie corta, años 1984 a 1988, y si quitamos un año a esa misma 
serie, podemos afirmar tres cosas absolutamente opuestas entre si: 

Cuadro 1: “La delincuencia no ha aumentado” 

1986: 20.798 
1987: 20.884 
1988: 20.245 

Se puede sostener que la delincuencia se mantiene estabilizada aproxima¬ 
damente en los mismos niveles, existiendo un control total sobre la situación. 

Cuadro 2: “Se ha producido una notoria haja” 

1985: 23.038 
1986: 20.798 
1987: 20.884 
1988: 20.245 

Si agregamos otro año a la misma serie (1985), podemos concluir que ha 
existido una notoria disminución entre los años 1985-87, que aún confirma su 
tendencia a descender en el año 1988. 

Cuadro 3: “Alarmante incremento de la delincuencia” 

1984: 13-875 
1985: 23.038 
1986: 20.798 
1987: 20.884 
1988: 20.245 

Si tomamos como punto de partida el año 1984 podemos afirmar que en el 
período el fenómeno delictivo ha tenido un alarmante incremento. 


122 


Este último cuadro, fue el difundido por los medios de comunicación en 
oportunidad de la interpelación al Ministro del Interior de la época, y del mis¬ 
mo se desprendía la “evidente” presencia del mentado aumento en las conduc¬ 
tas delictivas. ¿Cuál es la realidad? Las cifras son las mismas y, sin faltar a la 
verdad, tampoco son totalmente ciertas. 

Otro ejemplo del manejo parcial -y por lo tanto deformado- de la informa¬ 
ción lo podemos encontrar en la prensa de enero de ese mismo año. 

Una encuesta de opinión pública señalaba que la percepción sobre la evo¬ 
lución de la delincuencia para los montevideanos se repartía en forma pareja. 
Para el 47 por ciento había aumentado, para el 41 por ciento seguía igual, un 6 
por ciento consideraba que había disminuido y el resto no contestaba. Los titu¬ 
lares de la prensa destacaron con grandes espacios el primer dato, (para el 47% 
de los montevideanos la delincuencia ha aumentado), obviando que en la mis¬ 
ma proporción había quienes opinaban que la delincuencia se mantenía en el 
mismo nivel. 

Percepción sobre evolución de la delincuencia 

En los últimos tiempos en su barrio, la delincuencia: 


Ha aumentado 
Sigue igual 
Ha disminuido 
No sabe, no contesta 
Total 


47 % 

41% 

6 % 

6 % 


100% (122) 


Es preciso señalar que el marco socio-político de ese momento, señalaba 
una elevada preocupación por la inseguridad ciudadana y un debate legislativo 
sobre medidas tendientes a dar respuestas a una alarmante “ola delictiva”. En 
efecto, algunos meses después, el semanario «Búsqueda» recoge estas afirma¬ 
ciones efectuadas por un senador: 

“Citando diversas declaraciones de voceros colorados que se alarmaban 
por el aumento de la criminalidad, Zumarán recordó que el propio Poder Eje¬ 
cutivo aludió a la ‘alarmante ola’ delictiva en un proyecto de ley recientemen¬ 
te enviado al Parlamento.” (123) 

Un mes después de estas afirmaciones, el 10 de agosto de 1989, Búsqueda 
titula: “Anunció el nuevo Ministro del Interior medidas policiales para enfren¬ 
tar el auge delictivo”, y recoge declaraciones del importante funcionario: 

“A dos semanas de haber asumido funciones, el Ministro del Interior, Fran¬ 
cisco Forteza, reiteró el empeño del gobierno en revertir el “cierto estado de 


123 


intranquilidad” existente en la poblaeión montevideana por la ola delictiva 
mediante una ‘mayor presencia policial en las calles”’. 

Sin embargo, esta composición de situación de dramáticos perfiles, puede 
ser fuertemente cuestionada si leemos una noticia aparecida, apenas un mes 
antes de las anteriores declaraciones y que provienen de una fuente, además de 
insospechable, subordinada del propio ministerio que promueve medidas para 
enfrentar el “auge delictivo”. 

En el mismo semanario Búsqueda, del 15 de junio de 1989, se informa que: 

Cortes energéticos no han provocado aumento de delitos 

“La oscuridad que desde la semana pasada invadió, por zonas, Montevi¬ 
deo, al ponerse en marcha el plan de ahorro compulsivo de electricidad, no 
trajo aparejado hasta el momento un aumento de la delictividad en los ba¬ 
rrios en que hubo apagones. La mayoría de las seccionales policiales asenta¬ 
das en las zonas de los cortes señalaron a Búsqueda que no hablan sido de¬ 
nunciados hurtos o rapiñas.” 

Nuevamente nos formulamos algunas preguntas: ¿Cuál es la realidad real? 
¿Es posible afirmar en junio de 1989 que, a pesar de los “apagones”, no se denun¬ 
cian hurtos y rapiñas, y apenas dos meses después estar en presencia de una 
“alarmante ola delictiva”? ¿Es el dudoso incremento de los delitos la causa ver¬ 
dadera del “cierto estado de intranquilidad” que señala el Ministro del Interior? 

De un análisis inicial del material relevado, surge la constatación que exis¬ 
te un imaginario que algunos medios de comunicación, actores sociales y polí¬ 
ticos construyen sin tener en cuenta la propia realidad. Se habla sobre un esta¬ 
do de situación que no es confrontado con lo que realmente sucede. 

Insistentemente, en el período citado, aparece la afirmación que la violen¬ 
cia e inseguridad sería el principal problema de los montevideanos: 

“La afirmación hecha por el Jefe de Policio de Montevideo en el sentido 
de que existen dos o tres barrios en la ciudad asolados por malvivientes jóve¬ 
nes, en su mayoría menores de edad, es lo suficientemente seria como para 
causar viva preocupación y justificar ampliamente los temores de la pobla¬ 
ción ante el clima de inseguridad reinante”. (124) 

“Recientes anuncios del ministro del Interior poco contribuyen a que la 
población pierda la comprensible inquietud que siente ante la fuerte ola de 
criminalidad que la asedia”. (125) 

“En estos momentos, el gran problema que enfrenta la sociedad urugua¬ 
ya son las menores delincuentes” expresaron a La República altos jerarcas 
del Grupo de Apoyo de la Jefatura de Policía. “La delincuencia juvenil es un 


124 



fenómeno que va en aumento, y encierra gran peligrosidad. Un menor es más 
peligroso que un mayor”, afirman las autoridades”. (126) 

Sin embargo, nos queda la impresión de que este estado de situación, pue¬ 
de no ajustarse a la realidad, si tenemos en cuenta una encuesta de opinión 
pública realizada por Equipos Consultores, publicada el 26 de enero de 1989, y 
representativa de la ciudad de Montevideo. 

Principales problemas del país 

Pregunta abierta 


Económico (en gral.) 33 

Salarios 5 

Salud 2 

Desocupación 16 

Inflación 2 

Educación 2 

Falta de oportunidades para la juventud 1 
Delincuencia 1 

Falta de vivienda 2 

Deuda externa 6 

Pobreza 4 

Derechos humanos 2 

Otros 16 

No sabe, no contesta 6 

Total 100 


Como obviamente se desprende de una lectura del cuadro anterior, 
entendible hasta por el más profano de los lectores, la delincuencia no es el 
problema más importante para los montevideanos. Sí lo son los problemas eco¬ 
nómicos (para el 33% de ellos), la desocupación (16%), la deuda externa (6%) y 
los salarios (5%), por citar los cuatro más importantes. En síntesis: la delin¬ 
cuencia no figura entre los diez problemas más graves de los montevideanos, a 
pesar del clima de temor que auspician insistentemente actores sociales y polí¬ 
ticos y alimentan cotidianamente los medios de comunicación. 


5.4 Las funciones sociales del discurso sobre la violencia juvenil 

En el período comprendido entre los años 1986 a 1991, se discuten varios 
proyectos de reforma a la legislación de menores. (En el Anexo II se presentan 
seis de esos proyectos). 

Los medios de comunicación, en términos generales, transmiten una ima¬ 
gen del fenómeno de transgresión de normas que provoca un considerable cli- 


125 


ma de alarma pública. No obstante esta situación, es posible encontrar varias 
referencias de técnicos que, ya sea enfáticamente o parcialmente, desmienten 
un aumento desmesurado del clima de violencia que afecta al país. 

Un rápido recuento de opiniones contrarias al incremento delictivo, nos 
mostraría las posiciones de técnicos relevantes y bien posicionados para ofre¬ 
cer una visión objetiva del fenómeno: discrepan con el “auge” el Dr. Rafael 
Bayce, Dr. Dardo Presa, Ps. Pérez García, Dr. Milton Cairoli; con matices los 
dos Jueces de Menores, Dres. Tosí y Vázquez, existiendo un trabajo estadístico 
de la Dra. Viña de Priegue; así como el análisis de las cifras que aporta el Insp. 
Ppal. Nalerio, estadísticas del Instituto Técnico Forense y del Ministerio del 
Interior, entre otras. En definitiva, parece bastante cuestionable, si atendemos 
las anteriores opiniones, asumir en forma acrítica la extendida imagen que el 
delito aumentó, ya sea en términos cuantitativos o cualitativos. Esta afirma¬ 
ción es válida se trate del incremento del delito adulto o violación de normas 
por parte de menores. 

Un cuestionamiento adicional se presentaría, si decidiéramos introducir¬ 
nos en los graves problemas de confiabilidad que presentan las estadísticas 
criminológicas en Uruguay. 

¿Cómo evaluar la cantidad de delitos no denunciados, la “cifra negra” y el 
delito de “cuello blanco” que pocas veces es reconocido como tal? 

Y si nos referimos a menores, ¿qué podemos entender por “conducta anti¬ 
social”, causa principal del ingreso a dependencias del Instituto Nacional del 
Menor? La evolución en la definición de lo que puede considerarse “antiso¬ 
cial”, así como su posterior cuantificación, aparece como un problema de difí¬ 
cil solución. 

También el aumento en la peligrosidad -aunque probable- puede ser obje¬ 
to de polémica. En primer término porque la infracción del menor tiene la ca¬ 
racterística de ser poco elaborada, esencialmente violenta. Habitualmente no 
tiene la capacidad de elaboración de un adulto, pues aún no se ha 
“profesionalizado” en la ejecución de delitos. Pero además, aceptando el alto 
componente de violencia, no sería éste un fenómeno totalmente nuevo. 

Basta recorrer la historia de la crónica policial para reconocer la perma¬ 
nente presencia de una altísima cuota de violencia en los hechos protagoniza¬ 
dos por menores. 

Los intentos por rebajar la edad de imputabilidad penal, como opción para 
“defender las instituciones sociales amenazadas por el avance delictivo”, tie¬ 
nen una larga tradición: “Es evidente, a la luz de una larga y dolorosa experien¬ 
cia, que ya no es posible mantener el régimen de inimputabilidad para los me¬ 
nores de i8 años en la forma absoluta que lo establece el Código Penal”. Expre¬ 
siones que bien pudieron pertenecer a los debates recientes sobre el tema, en 
realidad datan de una lejana época (El Plata. 4/11/1955). 

Los que postulan un problema de origen actual desconocen que hace va¬ 
rias décadas ya se planteaba la cuestión en los mismos términos. 


126 


Debemos concluir entonces que el fenómeno no es nuevo, así como tam¬ 
poco -en determinadas circunstancias históricas- la construcción de un discur¬ 
so con estas características. 

Al igual que en la década del ‘50, donde la Federación de Turismo exige 
reformas al Código Penal, en los ‘80, hay actores no gubernamentales, ni técni¬ 
cos que promueven medidas (CAMBADU es un claro ejemplo), con importante 
y constante aparición pública. En este sentido, actualmente la figura del “delin¬ 
cuente juvenil” también es emergente de otras situaciones que la sociedad uru¬ 
guaya no logra procesar adecuadamente por los canales legítimamente habili¬ 
tados para ello. 

Tomemos un ejemplo que ilustra sobre esta situación. Ambientado en el 
marco de una serie de sucesos trágicos un medio publica un informe sobre la 
violencia en nuestro país. Una atenta lectura nos permite observar algunas pe¬ 
culiaridades del producto finalmente trasmitido. 

Se recogen allí las opiniones de: una importante figura del Poder Judicial, 
el principal representante de una gremial de comerciantes y de un vecino de un 
barrio marginal montevideano, entre otras. 

Los entrevistados manifiestan su percepción sobre el tema requerido, pero 
además se extienden con otras consideraciones. Conviene destacar que, el en¬ 
trevistado mejor posicionado para ofrecer una opinión técnica del asunto (ex 
juez, catedrático) señala textualmente: “todos coincidimos en términos gene¬ 
rales en que no existia tal auge de criminalidad”. No obstante ello, el citado 
informe se deja titular “Violencia, alarma en la población por la creciente ola 
delictiva que se desata sobre la ciudad”. (127) 

Pero lo que destacamos como más interesante de la nota, es lo que tienen 
en común las tres entrevistas realizadas a personas con posiciones sociales e 
intereses diferentes. Su lectura nos permite considerar simultáneamente, los 
reclamos de estos sectores de la sociedad, mezclados con las opiniones sobre la 
“ola delictiva”. Nos encontramos, entre anécdotas y sugerencias, con las pre¬ 
ocupaciones de un comerciante alarmado por el crecimiento del contrabando y 
ambulantismo, el integrante del Poder Judicial pidiendo una mayor considera¬ 
ción para las carencias que se presentan, así como la necesidad de contar con 
un edificio que refleje el “status” de este poder del Estado; y al vecino, más 
modesto en sus pretensiones, señalando las carencias del transporte colectivo, 
en su visión, ausente por la agresión de patoteros. El comerciante entrevistado 
sostiene además, dos hipótesis contribuyentes a crear un estado de alarma pú¬ 
blica. En primer lugar, se afirma que cierran comercios por temor a ser asalta¬ 
dos y luego que la gente no va al cine por miedo de salir de sus casas. Muy 
discutibles ambas, máxime si tenemos en cuenta las referencias anteriores al 
ambulantismo y contrabando y que parece dudoso que alguien cierre un nego¬ 
cio “próspero” por miedo a ser asaltado. Por otra parte, podemos suponer, que 
la razón fundamental para no asistir al cine, tenga otras motivaciones y no falta 
de seguridad en las calles. 


127 


Una vez más, al igual que en la década del '50, es posible sostener como 
hipótesis que la transgresión de normas es un “emergente” de otros problemas 
sociales no elaborados por las vías adecuadas para ello. 

Pronunciarse sobre el tema, permite ocupar un escenario público, desde 
donde formular reclamos corporativos. Sería interesante paradoja que el blo¬ 
queo de los canales legitimados para elaborar demandas sociales implique uti¬ 
lizar canales “desviados” para sensibilizar a la opinión pública y a la sociedad 
política. Y que el vehículo utilizado sea justamente un discurso sobre la desvia¬ 
ción social. 


5.5 Transgresión de normas y subversión política 

Es posible ubicar en el discurso post-restauración democrática, y al igual 
que en la década del '50, referencias acerca de una infracción juvenil vinculada 
a la subversión de valores y en términos concretos a una conspiración de alcan¬ 
ce político. Son varias las menciones en la década del '50. Más reciente, este 
editorial de un medio de prensa, bajo el titular “Como vencer a los rapiñeros” 
señala: 

“Creemos que desde el comienzo de este siglo y tal vez desde la fundación 
de la Capital, Montevideo no ha sufrido una sensación de inseguridad e in¬ 
tranquilidad en todas sus capas sociales, en todos los barrios y en todas las 
actividades, por esa especie de guerrilla urbana para robar, que mediante 
homicidios, rapiñas, asaltos, robos, atracos, copamientos, violencias, ame¬ 
nazas, etc. Se trata de una nueva modalidad delictual, llamada vulgarmente 
asalto o rapiña a mano armada...” (128) 

Se debe destacar además, que en la óptica de este periodista, estas situa¬ 
ciones son un producto histórico reciente y extraño a nuestras costumbres que 
“ha sido importada al Pais por el diabólico ejemplo del terrorismos interna¬ 
cional y su sucedáneo criollo: el Movimiento de Liberación Nacional. (M.L.N., 
Tupamaros)”. 

La “novedad” de la rapiña como modalidad delictual es otro de los mitos. 
Es difícil creer que fue “descubierta”, importada recientemente y que toma como 
modelo al terrorismo internacional, si tenemos en cuenta un estudio realizado 
en el año 1954, cuatro décadas antes que supuestamente surgieran los rapiñeros, 
y que fuera publicado en la Revista de Criminología. 

“En su anterior informe, quien suscribe habia asignado gran importan¬ 
cia a la rapiña, insinuándola como delito típicamente infanta-juvenil. Exami¬ 
nará ahora, en forma algo más detallada, los once casos que ha logrado re¬ 
unir”. (129) 


128 


Sin embargo, la visión del problema realizada por este periodista, no es 
una opinión solitaria. En el año 1989 en un medio de prensa, un jerarca del 
Ministerio del Interior contestaba esta pregunta: ¿Qué hay a su juicio, detrás 
del incremento del vandalismo y la criminalidad? ¿Motivos sociales? 

“No sé. Creo que está relacionado con la enseñanza. José Pedro Varela 
decía que a los ciudadanos hay que educarlos, enseñarles nuevos caminos, no 
el camino de la revolución, de la violencia. El dedo hay que ponerlo allí”. (130) 

En definitiva, esta línea argumental apunta a construir un sujeto social 
que, es tan peligroso como inexistente realmente. 

Las características que adquiere el transgresor individual de normas lega¬ 
les, son una manifestación del “desorden” en una sociedad que requiere un rol 
decididamente más firme por parte del Estado para erradicar el mal. 

Esta prédica alimentada por sectores que responden a intereses concre¬ 
tos, encontrarán en el “delincuente juvenil” un recurso ideal para señalar la 
permanencia en el cuerpo social de un enemigo ubicuo que se mimetiza con 
facilidad y sutilmente va a subvertir los valores de la colectividad, si no se actúa 
con medidas que privilegien una respuesta firme por parte de un Estado re¬ 
nuente a emplear “medidas radicales” para terminar con el mal y a reformar los 
métodos empleados hasta el momento. El Jefe de Policía de Montevideo, en el 
mencionado artículo realiza una afirmación significativa en este sentido: 

“Con el advenimiento de la democracia todo el mundo volvió al país, y así 
llegaron delincuentes de toda naturaleza. Antes huían de la justicia y volvie¬ 
ron con nuevas modalidades del delito”. (131) 

En los anteriores artículos, aparece la idea de una estrecha interrelación, 
una lógica común y aun una directa causalidad entre la extensión de un marco 
de inseguridad ciudadana y los efectos de una lucha armada del pasado, pero 
de consecuencias aún latentes en el cuerpo social. Esta forma de encarar el 
problema tiene sus portavoces parlamentarios que promoverán reformas a la 
legislación vigente. Un proyecto de reforma del Código del Niño, del año 1986, 
en su exposición de motivos afirma: 

“Es que el menor de hoy atrapado por conceptos de violencia que traduce 
la televisión o la prensa, no es el mismo de hace treinta años. El rapiñero, 
asesino en que la sociedad actual ha transformado al menor es el producto de 
la caída de un humanismo del que hicimos época, hasta llegar a este materia¬ 
lismo empírico del terrorismo, de las bombas, de los incendios”. (132) 

Los riesgos que suponen interpretaciones que asimilan una desviación al 
marco normativo con un clima de subversión política, son graves. En primer 
término, no contribuye a la reintegración del transgresor al cuerpo social. La 
opinión pública advierte en él a un exponente de un pasado recientemente re¬ 
chazado, adquiriendo su acción una dimensión de temor amplificado. Pero, lo 


129 


que considero aún más grave, es la difusión de la creencia que la democracia 
política es sinónimo de aumento de la delincuencia. Inducir al error, exten¬ 
diendo la opinión generalizada sobre un desarrollo de la inseguridad pública, a 
partir de una falta de autoridad del Estado en un sistema democrático, abre las 
puertas a “soluciones” autoritarias radicales. 


5.6 La defensa autoritaria de la sociedad 

Si la recuperación de la democracia política no equivale a una extensión de 
la democracia social, y la imposición de patrones de eficiencia implica inseguri¬ 
dad en lo económico y en lo social para amplios sectores de la población, suman¬ 
do el recorte de políticas sociales generales y específicas orientadas a los sectores 
en dificultad social, es posible deducir una base real del clima de “alarma públi¬ 
ca”. Por las razones enumeradas anteriormente, que afectan al conjunto de la 
población, pero alimentada también por una eventual adopción de estrategias de 
sobrevivencia que impliquen la extensión de comportamientos desviados. En esta 
dirección, un modelo de análisis que adopte una perspectiva comprensiva del 
fenómeno deberá tener en cuenta algunos presupuestos básicos. 

En primer lugar, la exigencia de mayores niveles generalizados de eficiencia 
implica competencia, y esta competencia es una forma reglamentada de violen¬ 
cia. Sin embargo es posible sostener como hipótesis, que en la medida que am¬ 
plios sectores de la población entren “en competencia”, desde una situación de 
notoria desventaja, las reglas del juego pueden ser abandonadas y formas de vio¬ 
lencia no institucionalizadas predominen sobre las institucionalizadas. 

Por otra parte, el desarrollo de una sociedad urbana y competitiva, trae 
como corolario concentración de población y estilos de vida que promueven 
manifestaciones de violencia. Si bien no se puede decir que fueran inexistentes 
en sociedades tradicionales, ciertamente que resulta posible aventurar su even¬ 
tual extensión futura, como resultado inevitable de una sociedad de masas. 

Este aumento del componente de violencia es magnificado a través de los 
medios de comunicación, lo cual permite suponer que también se acrecentará, 
y mucho más velozmente que los hechos de violencia en sí, el estado de “alarma 
pública”. 

La salida a esta situación, planteará niveles cada vez mayores de 
“privatización” de un área donde también se argumenta que el Estado hace un 
acto de renunciamiento de sus funciones: la seguridad pública. 

A su vez el pasaje del niño por instituciones de amparo y reeducación, 
recortadas en su presupuesto y rechazadas por la opinión pública, más que 
asegurar una inserción social parece predeterminar una segura exclusión so¬ 
cial posterior. Las propias características de una estructura social desigual, 
ambienta el abandono y la discriminación. El Estado que ya no equilibra esa 
desventaja social inicial, inclina al menor hacia la configuración de un estigma 
que abre antes y más fácilmente las puertas de una carrera desviada que los 


130 


caminos de integración social. La definición de una situación inicial de “anor¬ 
malidad”, implica las más de las veces, un pasaje por sucesivas etapas de con¬ 
trol. Policía, justicia e instituciones, continúan y amplifican la estigmatización 
original del niño, y promueven un espiral de violencia difícilmente superable, 
si tenemos en cuenta la carencia de recursos para una adecuada atención de 
situaciones límites, y aún el propio marginamiento que sufren las instituciones 
de menores en el contexto social. 

La propia sociedad que somete a múltiples rechazos y frustraciones a im¬ 
portantes sectores de la población infantil, luego los declara “enemigo público” 
y sujetos que, por sus especiales características de peligrosidad, merecen ser 
depositados en instituciones cerradas para su mejor control. 

Este encierro que deja de ser educativo para transformarse en disciplina¬ 
rio, reduce al mínimo el contacto del menor con la sociedad, restringiendo su 
mundo a lo institucional. En gran medida son la propia sociedad y el renuncia¬ 
miento estatal quienes empujan al menor hacia su “destino manifiesto”: las 
instituciones totales. 

Dos modelos de encierro institucional se constituyen como destino previ¬ 
sible de estos niños: aumentar la población carcelaria, o fugar de una carrera 
desviada a través del ingreso a funciones militares. (133) 

Dos posibilidades aparentemente extrañas entre sí, que sin embargo com¬ 
parten una lógica común, el disciplinamiento de las relaciones cotidianas, la im¬ 
posición de rígidas normas de convivencia y el recorte de la autonomía en prove¬ 
cho de la preservación de un orden jerarquizado e impuesto sin discusión. 

Por último, es posible sostener una línea de análisis que demuestre la es¬ 
trecha relación entre un recorte en los recursos y funciones del Estado destina¬ 
dos a la protección y una necesidad de administrar con mayor rigor mecanis¬ 
mos de control social. La lucha por la distribución de recursos presupuéstales 
escasos ante la situación de crisis, es común a los tres períodos estudiados, 
agudizándose en el período actual. 

El recorte de los programas públicos de asistencia generan las condicio¬ 
nes de riesgo que la sociedad percibe como una amenaza latente. La respuesta 
a este estado de opinión pública, es un reclamo por aumentos de recursos des¬ 
tinados a las funciones policiales. Esta redistribución de recursos, sin embargo 
puede afectar el volumen destinado a políticas sociales, generando una amplia¬ 
ción de la población considerada “en riesgo”. 

El círculo se cierra, mayor percepción sobre el peligro que representan 
estos sectores de la población, sumado a la consumación de algún hecho delictivo 
que efectivamente lo demuestre. Corolario lógico: alarma social que sólo en¬ 
cuentra en los sectores conservadores, respuestas disciplinarias aparentemen¬ 
te más eficientes y rentables. La lucha por la ampliación de recursos para la 
vigilancia y represión tiene su primera batalla ganada: su racional legitimación 
ante la opinión pública. 


131 


NOTAS 


(1) Platt, Anthony: Los salvadores del niño o la invención de la delincuencia. Siglo XXL México. 
1982. 

(2) Beltrán, Washington: Cuestiones Sociológicas. Lucha contra la criminalidad infantil. Barreiro 
y Ramos. Montevideo, 1910. 

(3) Comisión Redactora del Código del Niño. 

(4) Beltrán. Washington: op. cit. 

(5) Comisión Redactora del Código del Niño. 

(6) Comisión Redactora del Código del Niño. 

(7) Irureta Goyena: Los Menores ante la Ley Penal. Revista Evolución año I N° 5, Abril de 1906. 

(8) El Plata 18 de octubre de 1933 

(9) El Plata: 25 de octubre de 1933 

(10) La Mañana: 4 setiembre 1933 

(11) La Mañana: 4 setiembre 1933 

(12) El Día: 3 setiembre 1933 

(13) La Mañana: 3 setiembre 1933 

(14) La Mañana: 4 setiembre 1933 

(15) La Mañana: 4 de setiembre de 1933. 

(16) La Mañana: 23 de octubre de 1933. 

(17) La Mañana: 13 de noviembre de 1933. 

(18) La Mañana: 13 de noviembre de 1933. 

(19) Actas de la Asamblea Deliberante. Abril de 1934. 

(20) La Mañana: 18 de octubre de 1933. 

(21) La Mañana: 23 de octubre de 1933. 

(22) Aries, Philippe: História social da crianza e da familia. Zahar Editores. Río de Janeiro. 1973. 

(23) Actas de la Asamblea Deliberante. Abril de 1934. 

(24) Decreto del Poder Ejecutivo designando tres Ministros sin cartera. Setiembre de 1933. 

(25) Actas de la Asamblea Deliberante. Abril de 1934. 

(26) Comisión Redactora del Código del Niño. 

(27) Barrán, José Pedro: Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos. El poder de curar. 
Banda Oriental. Montevideo. 1992. 

(28) Platt, Anthony: op. cit. 

(29) El Día: 24 de noviembre de 1933 

(30) El Día: 25 de noviembre de 1933. 

(31) La Mañana: 1° de noviembre de 1933. 

(32) La Mañana: 24 de noviembre de 1933. 

(33) La Mañana: 23 de noviembre de 1933. 

(34) La Mañana: 1° de noviembre de 1933. 

(35) La Mañana: 12 de setiembre de 1933. 

(36) Mensaje del Poder Ejecutivo a la Alta Corte. Noviembre de 1933. 

(37) Platt, Anthony: op. cit. 

(38) De Leo, Gaetano: La justicia de menores. Teide. Barcelona. 1985. 

(39) El Día: 14 de setiembre de 1933. 

(40) La Mañana: 9 de noviembre de 1933. 

(41) El Día: 10 de noviembre de 1933. 

(42) La Mañana: 18 octubre 1933. 


132 


( 43 ) La Mañana: 23 octubre 1933. 

(44) La Mañana: 13 noviembre 1933. 

(45) La Mañana: 12 setiembre 1933. 

(46) El Día: 5 setiembre 1933. 

(47) La Mañana: 9 octubre 1933. 

(48) La Mañana: 24 setiembre 1933. 

(49) Comisión Redactara del Código del Niño. 

(50) Barrán. José Pedro: óp. cit. 

(51) Comisión Redactora del Código del Niño 

(52) Comisión Redactora del Código del Niño 

(53) Comisión Redactora del Código del Niño 

(54) La Tribuna Popular: 19 de enero de 1955. 

(55) Cámara de Representantes: Dip. Trías; 16 de octubre de 1956. 

(56) El País: 9 de setiembre de 1954. 

(57) La Tribuna Popular: 8 de octubre de 1955. 

(58) El Plata: 10 de octubre de 1955. 

(59) La Tribuna Popular: 12 de enero de 1955 

(60) La Tribuna Popular: 26 de febrero de 1955. 

(61) El País: 22 de setiembre de 1954. 

(62) El Plata: 21 de octubre de 1955. 

(63) La Tribuna Popular: 3 de febrero de 1955. 

(64) La Tribuna Popular: 1° de febrero de 1955. 

(65) La Tribuna Popular: 28 de enero de 1955. 

(66) El Plata: 4 de abril de 1956. 

(67) Revista de Criminología n° 4. Año 1956. Montevideo. 

(68) Comisión Redactora del Código del Niño. 

(69) La Tribuna Popular: 14 de enero de 1955. 

(70) Revista de Criminología n“ 4. Año 1956. Montevideo. 

(71) Cámara de Representantes: Dip. Ribeiro, 17 de octubre de 1956. 

(72) Cámara de Representantes: Dip. Eernández de Borges, 17 de junio de 1958. 

(73) La Tribuna Popular: 9 de febrero de 1955. 

(74) La Tribuna Popular: 8 de febrero de 1955. 

(75) La Tribuna Popular: 10 de enero de 1955. 

(76) La Tribuna Popular: 20 de enero de 1955. 

(77) La Tribuna Popular: 15 de enero de 1955. 

(78) Informe de la Comisión de Letrados designada por el Poder Ejecutivo. 2 de mayo de 1955. 

(79) Cámara de Representantes: Dip. B. Sarmiento. 15 de octubre de 1956. 

(80) Walters. Ricbard: Implicaciones de estudios de laboratorio sobre la agresión, para el control 
y regulación de la violencia. Edit. UNESCO. París. 1981. 

(81) La Tribuna Popular: 26 de marzo de 1955. 

(82) La Tribuna Popular: 23 de enero de 1955. 

(83) Recomendaciones del Primer Congreso Latinoamericano de Criminología. Buenos Aires. 
1938. 

(84) Revista de Criminología n° 4. Año 1956. Montevideo. 

(85) Revista de Criminología n° 5. Año 1956. Montevideo. 

(86) Revista de Criminología n° 5. Año 1956. Montevideo. 

(87) La Tribuna Popular: 6 de enero de 1955. 

(88) La Tribuna Popular: 21 de enero de 1955 

(89) La Tribuna Popular: 14 de enero de 1955. 

(90) La Tribuna Popular: 11 de enero de 1955. 

(91) Cámara de Representantes: Dip. Fernández de Borges. 17 de junio de 1958. 

(92) La Tribuna Popular: 23 de febrero de 1955. 

(93) La Tribuna Popular: 11 de enero de 1955. 


133 


( 94 ) Cámara de Representantes: Dip. Ribeiro. 17 de octubre de 1956. 

(95) Cámara de Representantes: Dip. Rodríguez Camusso, 17 octubre de 1956. 

(96) El País: 9 de setiembre de 1954. 

(97) La Tribuna Popular: 22 de enero de 1955. 

(98) La Tribuna Popular: 18 de enero de 1955. 

(99) El País: 7 de setiembre de 1954. 

(100) Cámara de Representantes: Informe Comisión Especial. 2 de mayo de 1955. 

(101) Cámara de Representantes: Informe Comisión Especial. 2 de mayo de 1955. 

(102) Cámara de Representantes: Dip. Rodríguez Camusso, 17 de octubre de 1956. 

(103) Cámara de Representantes: Dip. Ruiz Prinzo, 16 de octubre de 1956. 

(104) Cámara de Representantes: Dip. Suárez Ponte, 16 de octubre de 1956. 

(105) Cámara de Representantes: Dip. Rodríguez Camusso, 17 de octubre de 1956. 

(106) La Tribuna Popular: 28 de febrero de 1955 

(107) Entre otros proyectos ver: Dip. Pintos (1986), Dip. Millor (1987). 

(108) Eoucault, Michel: Vigilar y Castigar. Siglo XXL Madrid. 1978. 

(109) Búsqueda: 3 de mayo de 1990. 

(110) Búsqueda: 13 de julio de 1989. 

(111) Últimas Noticias: 24 de marzo de 1990. 

(112) El País: 29 de marzo de 1990. 

(113) El Día: 27 de marzo de 1990. 

(114) El Día: 30 de julio de 1990. 

(115) Semanario 20/21: 29 de junio de 1990. 

(116) El País: 29 de abril de 1990. 

(117) La República: 9 de junio de 1990. 

(118) La República: 30 de julio de 1990. 

(119) Búsqueda: 5 de julio de 1990. 

(120) Últimas Noticias: 20 de abril de 1990. 

(121) La República: 30 de julio de 1990. 

(122) Encuesta de Equipos Consultores. Publicada en Búsqueda el 26 de enero de 1989. 

(123) Búsqueda: 20 de julio de 1989. 

(124) La Mañana: 25 de marzo de 1990. 

(125) El Día: 1° de junio de 1990. 

(126) La República: 2 de junio de 1989. 

(127) El Día del 25 de marzo de 1990. Suplemento: Informes Exclusivos, “Violencia. Alarma en la 
población por la creciente ola delictiva que se desata sobre la ciudad”. Otro ejemplo de este 
particular tratamiento de la información lo ofrece El País, 20 de noviembre de 1988, que bajo el 
título “Cuota de violencia crece aunque es estable el número de delitos”, se señala, en el reportaje 
que se le realiza al Insp. Nalerio (Jefatura Policía de Montevideo) como han descendido 
considerablemente todos los actos delictivos con violencia. Otra muestra: Últimas Noticias, del 2 
de abril de 1990 titula: “Delincuencia juvenil: se entiende que la amnistía significó un error”, 
siendo que ninguna amnistía beneñció a delincuentes juveniles por la sencilla razón que no están 
presos. La amnistía benefició a los presos sociales adultos y no a los menores o “delincuentes 
juveniles”. 

(128) El País: 2 de abril de 1989. 

(129) Revista de Criminología. N“ 5. Año 1956. Montevideo. 

(130) Búsqueda: 13 de julio de 1989. 

(131) Búsqueda: 13 de julio de 1989. 

(132) Exposición de motivos del Proyecto del Dip. Pintos. Cámara de Representantes. 6 de agosto 
de 1986. 

(133) Esta es la hipótesis central de un trabajo monográfico realizado en el marco de la carrera de 
Sociología, por parte de los alumnos: Baleato P., Leal, G. y Martínez, 1 . “Entre rejas y Fusiles”. 
Agosto de 1992. 


134 


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136 


ANEXO 1 


UNA HISTORIA PARADIGMATICA: 

EL “CACHO” EN EL DEBATE PARLAMENTARIO 


1. - La sociedad herida exige castigo 

En la forma unánime y categórica que la gravedad del hecho lo imponía, la sociedad 
ha reaccionado herida por las andanzas delictivas de un precoz asesino, hasta hoy 
prohijado por las disposiciones legales. 

El famoso y tristemente célebre “Cacho” ha vuelto a dejar un saldo desfavorable 
para quienes, pensando en una madre conmovida en lo más intimo por la desviación 
moral y sentimental de su hijo, pedían clemencia para el vándalo, en la esperanza de su 
recuperación. 

Ya no se trata de un infanto-juvenil que procede influenciado por el espíritu 
aventurero propio de su edad, sino de un muy peligroso elemento que premedita su 
acción criminal impulsado por los malvados y más pervertidos sentimientos. Sus 
antecedentes son dignos de un delincuente común, y obligan a la más enérgica y 
reparadora sanción penal. 

Primero dio muerte a un indefenso ciudadano arrollándolo con un automóvil que 
había robado. Posteriormente, acompañado por su gavilla, comete un repudiable acto 
contra una digna señorita, y ahora, para satisfacer sus designios perversos, asesina a un 
modesto y cumplidor funcionario policial. 

La sociedad herida exige el castigo condigno de tan repudiable sujeto. 

Debemos tener palabras, sí, de emocionado homenaje para el ejemplar funcionario 
caído en cumplimiento de su deber y a la madre dolorida y humillada del asesino, 
expresarle que ella también comprenderá que otra madre llora, indignada y conmovida, 
la muerte de su hijo, y que ha quedado también, señor Presidente, un hogar totalmente 
desamparado por el hecho, por la saña de este famoso “Cacho”, que desde hace tiempo 
debió estar entre rejas. (Dip. Gabito Barrios: 15/10/56) 

2, - Caliñcado como perverso irreversible, tiene en el eantegril su guarida 

En primer lugar, luego del sangriento episodio del más puro gangsterismo con 
que acaba de culminar sus andanzas ese joven delincuente de triste notoriedad que 
periódicamente levanta sentimientos de indignación popular, de repulsa pública, 
precisamente después que el Consejo del Niño, médicos, siquiatras y sicólogos del 
Hospital Vílardebó agotaron todas las posibilidades de orientar su conducta, 
proponemos que se realice en el día de mañana, a la hora 16, una sesión extraordinaria 
para considerar un proyecto de ley que desde hace un año figura en el orden del día de 
este Cuerpo: la modificación del artículo 34 del Código Penal. 

(Apoyados) 

-Si este Cuerpo, tan alérgico muchas veces a los problemas sociales, como híper- 
sensible frente a los políticos puros o gremiales... 

(Apoyados) 


137 


-...hubiera prestado atención a nuestros requerimientos, si hubiera atendido el 
informe de la mayoría que aconsejaba la rebaja del limite de la Imputabilidad, ese 
delincuente calificado como un perverso irreversible, al igual que otros de su misma 
contextura, habría caido hace ya mucho tiempo bajo el ámbito penal, con lo que se 
hubiera evitado el doloroso sacrificio de ese humilde funcionario policial, cuya sangre 
está salpicando a los que tenemos la tremenda responsabilidad de legislar. 

(Apoyados) 

-En segundo lugar, voy a proponer, como homenaje a la Policía, tan duramente 
criticada muchas veces en este recinto, pero cuyo cuerpo, cuyo pecho, cuyo corazón - 
como en este episodio- se ofrece tantas veces en salvaguardia de la sociedad, que la 
Cámara se ponga de pie en reconocimiento al trágico mérito del agente de 
Investigaciones, Carlos Audiffred, caido en cumplimiento de su deber bajo una lluvia 
de proyectiles que no fueron contestados en razón de que su autor se parapetó en un 
ómnibus de pasajeros que circulaba precisamente en una zona de intenso tránsito escolar, 
y en razón también de que su autor gozaba de esa impunidad que le confiere la ley, y que 
él enfáticamente gritó en el “cantegrü”, donde tenia su guarida, hace pocos dias 
protagonizando también otro suceso que pudo ser fatal para el Sargento Pantaleón 
González, a quien se le confió -por escasez de personal- una comisión sumamente 
riesgosa para un solo funcionario.(Dip. Fernández de Borges: 15/10/56) 

3. - El “Cacho” estaba resuelto a matar 

-Y nadie puede pensar que el “Cacho” pueda decirnos: “Maté a Fulano o a Mengano 
porque creia que la ley me lo permitía”. Por mucho que se extienda el concepto de esta 
ley, nadie puede creer que se extraiga de ella el derecho a matar. 

Entonces, señor Presidente, ¿qué es lo que hemos creado? Cuando se dice que no 
es un delincuente sino un individuo sin responsabilidad hemos creado lo que ha pasado 
en el pais: nadie se ha animado a detenerlo; el “Cacho” ha estado asistiendo a bailes 
públicos, a bares, a cafés, sin que los policías se animaran a detenerlo. ¿Por qué? Porque 
los policías no iban a detener a un delincuente sino a un inocente; y sabían también que 
el “Cacho” estaba resuelto a matar, y sabían que la suerte que les esperaba era dar al 
“Cacho” la ventaja de tirar primero, y entonces, nadie se animaba a detenerlo. De esa 
manera, se paseaba impunemente por donde le parecía. 

En la última persecución el “Cacho” se hubiera escapado de no haber existido el 
valor temerario de quien corrió más que los otros y llegó a enfrentarlo cerca y a arriesgar 
su vida con el final tan doloroso para toda su familia, y para todos los vinculados a él y 
para todos los que lo apreciaban -porque según he oido decir era una excelente persona. 

Lo que vamos a suprimir, precisamente, es esto: los delincuentes como el “Cacho” 
sabrán que ahora pueden ser detenidos, y que quienes los detengan detendrán a un 
delincuente y no a un muchacho inocente.(¡Muy bien!). (Dip. Batlle Pacheco: 17/10/56) 

4, - El Derecho Penal es una ciencia exacta: no legislar tocados por la emoción 

(...) creo que es preferible que el Parlamento no legisle tocado por la emoción. 

El derecho penal es una técnica; de acuerdo con esa técnica se ha ido elaborando 
la legislación. Es una ciencia tan exacta, el derecho, como puede serlo la medicina o la 


138 


ingeniería. No creo que ella deba ser regida por los dictados de la emoción, sino por la 
opinión de aquellos técnicos y de aquellos juristas que lo entiendan y lo comprendan 
perfectamente. 

Temo que si mañana el Cuerpo sesiona para tratar un proyecto de ley como éste, 
que es malo, puede aprobarlo sin que las voces que se van a levantar en contra en ese 
momento, tengan el poder de convicción frente a hechos que duelen y que nos están 
doliendo todavía a cada uno. (Dip. Martínez Moreno: 15/10/56) 

5. - Nuestra familia y nuestra sociedad libres de ataques 

No compartimos lo manifestado por el señor Diputado Martínez Moreno en el 
sentido de que no hay que votar al influjo de la emoción, porque consideramos que por 
tener ese criterio el Parlamento ha dejado de legislar desde hace mucho tiempo en esta 
materia. 

Sea el momento propicio éste para que de una vez por todas nuestra familia y 
nuestra sociedad se vean libres del ataque reiterado de esa pandilla de delincuentes, 
menores o no... (¡Muy bien!) 

-...que están lesionando constantemente el orden y la paz ciudadana y que están 
significando una afrenta y un peligro constantes para nuestros hijos y para nuestros 
hogares. (Dip. Pérez del Castillo: 15/10/56) 

6. - En el “Cacho” se encarna un grupo de desalmados 

Lamentable es que el Parlamento se ocupe de problemas de esta naturaleza, 
diríamos, con la pistola al pecho; que sea necesario que sucedan hechos de la gravedad 
conmovedora del sucedido esta mañana, para que los legisladores reaccionemos, nos 
pongamos sobre la realidad y tratemos de examinar cuestiones tan vastas y profundas 
como la delincuencia infanto-juvenil para buscarles remedio... 

(Apoyados) 

-Es preferible precipitarse para prevenir males mayores a dejar que los males 
mayores sigan sucediendo sin hacer nada para evitarlos.(iMuy bien!) 

-Creo que es necesario actuar con urgencia, porque la tremenda situación que a 
nuestra sociedad puede crear un grupo de desalmados como los que encarna el “Cacho”, 
es muy grave para que dejemos pasar indefinidamente estos hechos. (Dip. Tejera: 15/ 
10/56) 

7. - Sin rebajar imputabilidad penal, existen normas para segregar menores 
peligrosos 

Por lo tanto, cuando sosteníamos ayer que la legislación vigente tiene normas 
aplicables que permiten la segregación del menor socialmente peligroso, no nos 
pronunciábamos por una ni por la otra. Decíamos, simplemente, que existían. El Juez 
puede pensar diferente que nosotros sobre cuál es la aplicable, pero que las había lo ha 
demostrado en la sentencia de hoy. 

Y esto, para mí, liquida el problema, porque si el Juez esta tarde, tuvo la norma 
jurídica para segregar al “Cacho” de la sociedad por un plazo determinado, sin necesidad 
de un proyecto de rebaja de la edad de imputabilidad, la discusión se torna sosa y lo que 


139 


salga del Parlamento será llover sobre mojado, y no dará más facultades a los jueces. 
(Dip. Flores Mora: 17/10/56) 

8. - Sólo con inocencia tremenda se puede pensar en su recuperación 

Hace más de un año que la Comisión que estudió el problema de la delincuencia 
infanto-juvenil ha presentado a la Cámara, informando, un proyecto de modificación 
del artículo 34 del Código Penal. Desgraciadamente a pesar de todos los esfuerzos que 
hemos realizado, ese proyecto sigue en el orden del día y llegamos a pensar -ahora 
esperamos que-no ocurra así -que dormiría allí por siempre. 

(...) porque este proyecto, u otro cualquiera, debió haber sido aprobado en la Cámara 
para poner freno a esta barbarie desencadenada por un grupo de delincuentes infanto- 
juveniles que ha aterrorizado a la población de Montevideo. 

Por otra parte, el autor del crimen de hoy es sobradamente conocido. 

Creo que solamente con una inocencia tremenda se puede pensar en la recuperación 
de ese personaje. (Apoyados) 

-Sería un optimismo rayano ya en el infantilismo. De manera que voy a apoyar 
calurosamente la proposición de que se realice una sesión extraordinaria para tratar 
este problema, porque creo que la Cámara está en deuda con la opinión pública a ese 
respecto. (Apoyados) (Dip. Risso Sicilia: 17/10/56) 

9. - Son hijos del Consejo del Niño 

Evidentemente es del seno de esta División Adolescencia y Trabajo de donde salen 
los frutos sazonados, la expresión de elementos antisociales que, llámeseles “Cacho” o 
“Bocacha”, o como se quiera, constituyen factores de perturbación y de inseguridad 
para los integrantes de la sociedad, y ante los cuales, como lo estamos viendo, la autoridad 
no resulta lo suficientemente operante para preservar sus desmanes o limitar la osadía 
con que estos criminales proceden, criminales a veces que por ser menores están 
actuando bajo el amparo de una impunidad que hoy evidentemente sacude la sensibilidad 
de este Parlamento, para ver cómo y dónde puede encontrar los medios que solucionen 
o enmienden las graves consecuencias que para la sociedad y para la tranquilidad pública 
ocasiona la conducta de los menores delincuentes de este tipo. 

En lo que me es personal, frente a este problema, ante el crimen del “Cacho” no 
siento otra cosa que una sensación de repugnancia frente a un adolescente autor de 
violaciones y criminal a mansalva que hasta ayer podía entrar o salir de los albergues y 
de su propia casa-diría-con la libertad con que podría hacerlo cualquier persona normal. 
No sé si este delincuente y otros menores de su laya tienen o no defectos síquicos, si son 
inadaptados sociales como resultado de taras congénitas, o si son la consecuencia de la 
ineptitud de los que hasta ayer, teniéndolos bajo su contralor y dirección, no supieron o 
no pudieron formarlos para devolverlos a la sociedad como elementos útiles para ella. 
(Dip. Suárez: 17/10/56) 

10. - Una ley retroactiva y con nombre propio 

Señor Presidente: Se ha hablado también de que de aprobarse esta modificación 
del artículo 34 del Código Penal, esta disposición no tendría alcance para castigar al 
asesino tristemente en boga. Quiero manifestar brevemente, sobre este aspecto. 


140 


(...) se ha hablado también de que sólo dando efecto retroactivo a la ley, en caso de 
aprobarse la modificación del articulo 34 del Código Penal, la disposición podría alcanzar 
al asesino de triste notoriedad. 

Quiero manifestar que no me detiene ninguna reserva en dar mi voto a esa 
retroactividad, e incluso que en este momento votaría la ley con nombre propio. 
(Apoyados - Muy bien - Murmullos) 

-Ya sé que a los juristas les parecerá una irreverencia. Pienso también que la mayor 
parte de la sociedad tiene puesta la vista en los legisladores, juristas y no juristas. 

Bajo impulsos emocionales muchas veces hemos considerado en este Parlamento 
y no hace mucho, proyectos por los cuales votábamos millones de pesos para dar 
satisfacción -lógica satisfacción; y le di mi voto gustosamente- a sectores del trabajo 
como los de los frigoríficos, y los de los ferrocarriles, pero creo que si esos sectores de la 
población, con nombre propio, merecian esta atención del Parlamento, mucho más la 
merece en este instante la sociedad lesionada en su seguridad. De modo que no me 
detiene ningún argumento en este sentido. (Dip. Ribeiro: 17/10/56) 

11. - Una obra de justicia esperada 

(...) esta resolución de la tarde de hoy, a las 16 horas, del doctor De Vega, es distinta 
a la tomada hace un año, en cuanto el señor Juez, ante el fracaso del régimen común a 
que habia sometido al menor el Consejo del Niño, ante la conmoción pública, ante la 
sensibilidad agudizada de todo el pueblo, que esperaba esta obra de justicia, resuelve 
mantener al menor internado en la Cárcel Central. (Dip. Erro: 17/10/56) 

12. - La Sentencia 

En la tarde de hoy el Juez de Menores doctor De Vega tomó decisión sobre este 
problema que apasiona a la opinión pública. Los términos en que lo hizo son los 
siguientes: 

“Vistos: Que al menor Zelacio Durán Naveiras le fueron impuestas medidas de 
seguridad educativas hasta los 23 años de edad, por sentencia dictada por este Juzgado, 
el 1° de febrero del corriente año, en la que se resolvió el cúmulo de infracciones 
anteriores a esa fecha, desde que las reiteradas fugas habian impedido completar los 
informes médicos y que el expediente llegase al estado de sentencia, lo que pudo 
realizarse en oportunidad de su reclusión en el Hospital Vilardebó, única que se pudo 
prolongar durante algunos meses. 

Infelizmente, la sentencia no pudo cumplirse por haberse fugado el menor 
nuevamente en compañía de otros menores de conducta antisocial, pero ajenos a toda 
vinculación anterior con Durán, con respecto a los cuales las medidas adoptadas por el 
Consejo del Niño, están dando por ahora resultado. 

La nueva fuga en la que cometió varias infracciones contra la propiedad, 
reincidiendo en su modalidad predominante de hurtos de automóviles, y que culminó 
con la muerte de un funcionario policial, obliga a la adopción de medidas extremas. 

Enere cual fuere el desarrollo de este último suceso, desde que el sumario recién 
está en sus comienzos, la circunstancia de que, en los últimos tiempos haya tenido en su 
poder armas de fuego, su impulsividad, asi como que tuviese en su poder diecinueve 
proyectiles, en ocasión del hecho comentado, impone que más que al fin de rehabilitación. 


141 


en interés futuro de la sociedad a que tienden las educativas, a la seguridad social que 
no es excluyente con aquel fin, debiendo predominar uno u otro, según la peligrosidad 
demostrada por el menor en conducta antisocial. 

El Juzgado no puede exceder el máximo impuesto por ser la legislación del Código 
del Niño de carácter especial, y aparte de ello el Código del Niño es de promulgación 
posterior al Código Penal. Este último, si bien entró en vigencia el i° de julio de 1934, 
fue promulgado el 4 de diciembre de 1933, por lo que es el aplicable, y aunque se 
entendiese que para la aplicación de la ley, en el tiempo, fuere la vigencia y no su 
promulgación, la circunstancia de que el legislador del Código del Niño haya tenido 
conocimiento de lo dispuesto en el Código Penal, y haya limitado sus efectos, inclinaría 
siempre por la validez de la legislación especifica”. 

Aprovecho para una pequeña digresión: el señor Diputado Rompani - según se ha 
podido apreciar por la lectura de los asuntos entrados- presentó un proyecto para poner 
fin a este problema de interpretación de que la ley especial posterior en el tiempo deroga 
la anterior. 

Y continúa la resolución judicial: “En los casos en que se hace necesario un 
tratamiento severo, la adecuación entre la naturaleza de la medida y la defensa social, 
se obtiene asegurando el aislamiento en la forma compatible con las posibilidades que 
pudieran existir de readaptación”. 

Y agrega algo muy importante que la Cámara oirá: 

“En mérito a estos principios y evidenciada la ineficacia del régimen Común, se 
dispondrá que la internación se cumpla en la Cárcel Central, tratando de que al menor 
se le mantenga separado de los otros reclusos, y tenga sus horas de salida al patio en la 
forma reglamentaria, estando sometido al régimen común del Establecimiento en cuanto 
a visitas”. 

“Esta situación se mantendrá” -presten atención los señores Diputados- “hasta 
tanto el Consejo del Niño pueda ofrecer un establecimiento adecuado al tratamiento de 
este menor y otros que se bailan en situación similar, el que se habilitará previa inspección 
del Juzgado y otras autoridades competentes, requiriéndose también la vigilancia 
especial de la policía”. 

“Entretanto, se dispondrá un nuevo examen médico por el doctor técnico forense, 
mientras se halle internado en el establecimiento actual. Por estos fundamentos y lo 
dispuesto por el artículo 124 del Código del Niño, se resuelve: Mantener al menor 
internado en la Cárcel Central en las condiciones expuestas en los fundamentos de esta 
resolución, haciéndose saber a la Jefatura de Policía y al Consejo del Niño, y hasta tanto 
se pueda asegurar la internación en condiciones de impedir la repetición de estos hechos. 
Dispónese un nuevo examen sico-somático del menor por el Instituto Técnico Forense, 
oficiándose” Firmado: De Vega. Juez; Hugo F. Barú,Actuario”. (17/10/56) 

13. - Sin medios para asegurarlo y apartarlo de la sociedad. 

Cuando el Juez De Vega, en sentencia que se acaba de citar, pone a cargo del Consejo 
del Niño vigilancia, la segregación social y la seguridad del menor, el Consejo del Niño, 
por boca de su Presidente, doctor Alambarri, comunica al Poder Judicial, a la Suprema 
Corte de Justicia, que el Consejo del Niño no tiene medios para asegurar al “Cacho” y 
para apartarlo de la sociedad. (Dip. Flores Mora: 17/10/56) 


142 


14 - - En un “establecimiento público” llamado cárcel 

El señor Juez, de Menores, ante la posibilidad o la probabilidad de que el menor se 
escapase de una dependencia del Consejo del Niño, lo ha recluido, es decir ha hecho 
que esta medida educativa de acuerdo con el Código del Niño, la cumpliera dentro de la 
Cárcel Central. Pero en la misma sentencia le da un régimen especial; que tiene que 
estar en la Cárcel Central, pero separado de los otros presos, saliendo al patio en horas 
distintas que los demás. 

El propio juez entiende, pues, que no lo puede poner en una cárcel, y recurre por 
fin al artículo 124 del Código del Niño. Esta disposición dice que el Juez puede recluirlo 
en una dependencia del Consejo del Niño o en otro establecimiento público o particular. 
Y como la cárcel es también un establecimiento público, entonces el Juez recurre a ese 
artículo, lo envía a la Cárcel Central y lo separa de los demás presos. Lo envía a la cárcel 
no como cárcel sino como establecimiento público. (Dip. Burgos: 17/10/56) 

15, - En los hechos es una verdadera cárcel. Claro que no vamos a protestar 
por eso 

Vuelvo a reafirmar lo que he dicho: si hace dos años, cuando las primeras 
incursiones criminales de este menor, se le hubieran aplicado las disposiciones que 
establece este proyecto, no habría hoy dos víctimas y una mujer brutalmente violada, 
porque hubiera estado en la cárcel sintiendo todo el rigor de nuestras normas penales. 

Y vengo a afirmar una segunda cosa: a el “Cacho” se le sustrajo de la sociedad en la 
última etapa, y desde mi punto de vista tengo la impresión -claro que nadie va a juzgar 
al magistrado por eso- de que un poco apartándose de las normas legales, porque el 
Código del Niño establece un régimen de readaptación y de reclusión alejado 
completamente de la idea de cárcel; y antes de los 18 años al “Cacho” lo mandaron a un 
establecimiento, que en los hechos, es una verdadera cárcel, lo que por el Código del 
Niño no podía hacerse. Claro que no vamos a protestar por eso. 

(Interrupciones - Murmullos - Campana de orden). (Dip. Beltrán: 8/5/57) 

16. - Omisiones ayer, arbitrariedad hoy 

Porque la verdad es que la premura en empeñarnos en rebajar la imputabilidad a 
los menores, o el mayor interés vino para la Cámara a raíz del hecho delictuoso que 
todos conocemos. 

El señor Diputado Batlle nos explicaba que la situación proclama el fracaso de 
este andamiaje legal, porque antes no se tomaron medidas, y ahora ha sido necesario 
acudir a un tipo de medidas no previsto o que creía no previsto en el Código: el 
aislamiento del delincuente. Yo digo que si hay una persona sometida a un régimen 
penal o carcelario extraño a toda disposición legal, se está en una situación de absoluta 
arbitrariedad. Y si esta arbitrariedad se ha aplicado en este caso por razones humanas, 
a quien por razones humanas no hiere la sensibilidad el que sea objeto de ellas, se corre 
el riesgo de que mañana se apliquen con la misma arbitrariedad a quien no hubiera 
caído en delitos tan cuantiosos como estos del Cacho. Pero digo una cosa: que parecería 
que a raíz de estas afirmaciones hubiera una autoridad que quedara en cruz, que sería el 
Consejo del Niño, porque si hoy es arbitrario, ayer fue omiso. Cuando ya el Cacho había 
recorrido un largo camino de delincuencia era imposible tomar medidas de seguridad. 


143 


y cuando culminó su carrera de delincuente con la muerte del señor Audiffred, ha habido 
que ir a medidas que, según se califica aqui, son ajenas a todo código y por lo tanto 
arbitrarias. Me pareceria que esta situación valdría la pena que se aclarase. O hubo 
omisión ayer y hay arbitrariedad hoy, o si hay arbitrariedad hoy, yo no sé lo que hubo 
ayer. (Dip. Arosteguy: 4/12/56) 

17. - Dos años después 

Comprendo que se reduzca la edad de imputabilidad de los menores o lo 
comprenderla y no me ofrecería ninguna vacilación, si en ausencia de esta medida la 
sociedad estuviera desprovista de otros medios de defenderse de los menores que caen 
en el delito. Pero recuerdo un hecho: no hubo forma de que se encarcelara o se retuviera 
con medidas de seguridad al famoso menor el “Cacho” después de la larga jornada de 
delitos evidentes cometidos por él. 

Pero aun sin que hubiera cumplido los 18 años, cuando murió Audiffred, se 
encontraron los medios -presumo que legales- de retenerlo en seguridad, y se nos 
garantizó aqui que durante cinco años, de acuerdo con tales y cuales disposiciones, 
quedaría a buen recaudo. 

Me parece, entonces, que si lo que ha habido en la aplicación de las normas que 
rigen esta materia es omisión por parte de las autoridades administrativas o judiciales, 
esa omisión no puede ser causa de que abandonemos la norma. 

Creo que el hecho es exacto. Antes de la muerte del agente Audiffred no se pudo 
retener a el “Cacho”; después de esa muerte, sin ninguna alteración de las normas, 
pudo ser retenido. 

Era esta la aclaración que hubiera solicitado al señor Diputado Pereira Reverbel. 

SEÑOR BATELE PACHECO - Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE - Tiene la palabra el señor Diputado. 

SEÑOR BATELE PACHECO - Señor Presidente: no estoy de acuerdo con las 
palabras que se han expresado. Creo que las medidas tomadas con el “Cacho” cuando se 
produjo su último delito fueron de muy dudosa legalidad. (Apoyados) 

Casi me atrevería a afirmar que no fueron legales. 

SEÑOR BELTRAN - ¡Apoyado! 

SEÑOR BATELE PACHECHO - La manera en que se le tuvo encerrado -que 
solamente puede justificarse desde el punto de vista humano- fue realmente peor que la 
que se aplica a los adultos que han sido condenados. (Dip. Arosteguy: 17/6/58) 

18. - La ilegalidad nos comprende a todos 

Señor Presidente: cada vez entiendo menos. Si aquí nos pusiéramos de acuerdo en 
que la reclusión del “Cacho” una vez muerto el agente Audiffred fue arbitraria e ilegal, 
¡qué amenaza pendiente sobre todo el país deberíamos ver en este hecho! Porque si la 
ilegalidad se ejerce sobre una persona, la ilegalidad nos comprende a todos. (Dip. 
Arosteguy: 17/6/58) 


144 


ANEXO 2 


PROYECTOS DE REFORMA A LA LEGISLACION DE MENORES 

Años 1986 -1991 


PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. INTRODUCCIÓN. - El país registra, en los últimos tiempos, un clima preocupante en 
torno a la problemática criminal. Si bien las cifras de la delincuencia nacional no han 
variado sustancialmente en los últimos cinco años, se observan algunas particularidades 
que han generado amplios comentarios en los medios de comunicación y una verdadera 
alarma social, fundamentalmente en el departamento capitalino. En efecto, al examinar 
la distribución de las cifras totales en relación a los tipos delictivos se comprueba un 
aumento de acciones violentas, lesivas de los bienes jurídicos de la vida e integridad 
personal. Así por ejemplo, el número de los homicidios cometidos en los seis primeros 
meses del corriente año, duplican los ocurridos en igual período del pasado año 1986. 
Del mismo modo, en la órbita de los delitos contra el patrimonio se observa una 
disminución de los hurtos al mismo tiempo que un aumento, que se mantiene año a 
año, en términos generales desde 1980 a la fecha, de los delitos de rapiña. 

Otra característica que merece ser subrayada, surgida en el año 1986 y acentuada en el 
correr del presente año, es el aumento de una modalidad de la rapiña que compromete 
valores fundamentales de la convivencia humana, llamada “copamiento domiciliario”. 
Se ha comprobado asimismo, el uso cada vez más frecuente de armas de fuego, algunas 
de grueso calibre y otras particularmente peligrosas como las de caño cortado. 

La delincuencia juvenil participa de las mismas características de la delincuencia adulta; 
se observa una alarmante disminución de la edad en que se comienza la actividad 
delictiva y el acceso de menores a las armas de fuego que como es natural, dada su 
inmadurez, multiplican su peligrosidad. 

El Poder Ejecutivo después de analizar los fenómenos antes enunciados y de un fecundo 
intercambio de ideas con todos los sectores vinculados al tema, ha adoptado una serie 
de medidas administrativas de naturaleza preventiva y ha considerado conveniente 
propiciar la modificación de algunas disposiciones de los Códigos Penal, del Proceso 
Penal y del Niño. 

4, MODIFICACIONES AL CÓDIGO DEL NIÑO. 

A efectos de superar las lagunas legislativas y las dificultades interpretativas que se 
comprobaron durante la aplicación del Código del Niño, el proyecto reestructura las 
Secciones segunda, tercera y cuarta del Capítulo XII de dicho Código. 

Respecto de los menores abandonados las innovaciones se refieren al procedimiento y 
al alcance de las medidas que puede adoptar el Juez de Menores. 


145 


En la sección tercera, se regula la situación de los menores delincuentes, se estructura 
un procedimiento oral con participación del defensor del menor y del Fiscal Letrado de 
lo Civil procurando conjugar la rapidez y la debida garantía de los derechos del menor 
y de los padres. No se modifica el régimen del Código del Niño y del Código Penal en 
cuanto al limite de la imputabilidad penal, pero se define el alcance de las medidas de 
seguridad educativas y se resuelve respecto a las mismas el tema de su duración en los 
términos previstos en el Código Penal, es decir, se dispone que estas medidas puedan 
prolongarse hasta lo años contados a partir de la fecha de su disposición. Se le asigna al 
Juez de Menores el carácter de Juez de ejecución, y, por consiguiente, se asegura su 
participación durante la etapa de ejecución de la medida de seguridad impuesta. Si bien 
dichas medidas deben cumplirse en establecimientos del Consejo del Niño, si el menor 
llega a los i8 años de edad y pese a un internamiento mínimo de un año no ha demostrado 
signo alguno de recuperación podrá ser trasladado a un establecimiento penal destinado 
a delincuentes adultos primarios. 

Se mantiene al menor de i8 años al margen del sistema jurídico penal para adultos, 
pero se introduce, en la respuesta jurídica ante su inconducta, un matiz retributivo que 
contempla la entidad del hecho y contribuya a crear un cuadro de valores que responda 
a la filosofía que rige nuestra convivencia social. La medida de seguridad educativa 
puede cumplirse en régimen progresivo a fin de ir estimulando comportamientos 
adecuados, conforme a las pautas de socialización perseguidas. 

El Juez de Menores queda facultado para suspender la ejecución de la sentencia e 
imponer al menor un régimen de prueba durante el cual deberá ajustar su conducta al 
programa judicial pudiendo quedar bajo una vigilancia asistencial. 

El proyecto, sin apartarse en lo esencial de la filosofía inspiradora de las normas del 
Código del Niño, define un sistema que se aproxima al de aquellos países que se han 
inclinado por mantener a los menores de i8 años fuera del Derecho Penal para adultos, 
pero sometidos a un ordenamiento jurídico que algunas legislaciones, como la alemana, 
califican de penal pero que se diferencia sustancialmente del común, en la medida en 
que la retribución cede ante la reeducación. 

El Poder Ejecutivo considera que las disposiciones proyectadas, responden 
adecuadamente a las exigencias de asegurar a los integrantes de la sociedad uruguaya, 
una vida pacífica y a la necesidad de respetar el principio liberal conforme al cual el 
individuo no puede ser sacrificado por imposición de una defensa de esa misma sociedad. 

PROYECTO DE LEY 

Art. lo-Sustitúyese los artículos 118 a 141 contenidos en las Secciones segunda, tercera 
y cuarta del Capítulo XII del Código del Niño, por los siguientes: 

SECCION SEGUNDA 

Artículo 118. - Deróganse los artículos 345, 346. 347 y 348 del Código Civil que serán 
sustituidos por los siguientes: 

Artículo 119. - Los menores de 21 años que se encontraren en estado de abandono 
moral o material, serán puestos a disposición del Juez Letrado de Menores. Se entenderá 
por abandono moral la incitación por los padres, tutores o guardadores, a ejecutar actos 
perjudiciales para su salud física o moral. 


146 


Se entenderá asimismo que se encuentran en estado de abandono moral los menores 
vagos o mendigos o aquellos que frecuentan casas de juego o sitios inmorales o se 
vinculan con gentes viciosas o de mal vivir, o realizan trabajos callejeros con peligro 
para su salud moral. 

Artículo 120. - En los casos previstos en el artículo precedente y sin perjuicio de las 
medidas urgentes que considere necesario adoptar, el Juez de Menores previa la 
investigación sumaria que corresponda y el examen del menor, por los técnicos, si decide 
formalizar el proceso, convocará a audiencia al menor, a sus padres, tutores o 
guardadores, a la Asistente Social y al Fiscal de lo Civil, quienes serán oídos antes de 
dictarse sentencia. En la misma audiencia el Juez de Menores procederá a dictar 
sentencia, podiendo mantener al menor en su propio hogar o en hogar sustituto, con o 
sin vigilancia especial de un organismo público o privado, imponer determinadas 
obligaciones o prohibiciones o confiar su atención al Consejo del Niño. 

Si el Juez considerase que los padres, tutores o guardadores incurrieron en delito contra 
sus deberes asistenciales, ordenará en la sentencia el pase de los antecedentes al Juez 
de lo Penal. Podrá asimismo imponer a los padres, teniendo en cuenta su capacidad 
económica, la obligación de servir una pensión que será administrada por quien asuma 
la responsabilidad de atender al menor A esos efectos librará las órdenes de retención 
que correspondan. 

Artículo 121. - La denuncia de abandono podrá ser realizada ante el Juez de Menores 
por las autoridades del Consejo del Niño, por Organismos Públicos o Privados o por 
cualquier particular. El Juez actuará en esta materia de oficio. 

En caso de denuncia verbal se labrará acta con especificación de todos los elementos 
que sirvan para probar el hecho denunciado. Contra las resoluciones del Juez sólo cabrán 
los recursos de reposición y apelación sin efecto suspensivo. 

SECCIÓN TERCERA 

Artículo 122. - Los menores de i8 años imputados de haber incurrido en una conducta 
prevista en la legislación penal como delito, serán puestos de inmediato a disposición 
del Juez Letrado de Menores. Este procederá a tomarle declaración dentro de las 24 
horas y dispondrá las medidas investigatorias y las pericias técnicas que considere 
necesario. En la misma resolución deberá pronunciarse acerca de la situación provisional 
del menor, podiendo, según la entidad del hecho y particularmente las características 
del caso, la personalidad del menor y las condiciones familiares, mantenerlo en su hogar 
o en un hogar sustituto o disponer su internamiento en un establecimiento del Consejo 
del Niño. 

Artículo 123. - Si el Juez, una vez oído al menor, decide formalizar el proceso, deberá 
intimar a sus padres o tutores el nombramiento de defensor. 

En caso de que éstos no lo proveyeren, se designará el de oficio que corresponda. 

El Defensor, una vez aceptado el cargo bajo juramento, tendrá diez días perentorios 
para solicitar las medidas probatorias que considere conducentes al esclarecimiento 
del hecho. 

El Fiscal Letrado de lo Civil estará facultado para producir pruebas, disponiendo al 
efecto de igual plazo contado a partir de la notificación de la resolución que somete al 
menor a proceso. 

Artículo 124. - Las diligencias investigatorias, pericias técnicas y pruebas solicitadas 
por el Fiscal y la Defensa, deberán cumplirse en el plazo de 120 días contados a partir de 


147 


la resolución que las dispuso, el que podrá prorrogarse de oficio o a pedido de partes, 
por resolución fundada del Juez o por el término necesario para el cumplimiento de las 
diligencias pendientes. 

Vencido el plazo, el Juez de Menores convocará a audiencia, con la presencia de los 
padres, tutores o guardadores. Fiscal Defensor del Menor, Asistente Social que actuase 
en el caso y peritos que considere necesarios. 

En dicha audiencia oirá al Fiscal, a los padres, tutores o guardadores y al Defensor del 
Menor. Podrá asimismo interrogar a los peritos sobre el alcance de sus informes. 
Dentro de los 30 días siguientes convocará a nueva audiencia en la que en presencia de 
las personas que determine en la convocatoria, dictará sentencia. 

Artículo 125.- La sentencia definitiva sólo podrá ser apelada en relación por el Fiscal 
y el Defensor de Menores dentro de los 10 días hábiles, para ante el Tribunal de 
Apelaciones en lo Civil, sustanciándose con un traslado por igual término a la 
contraparte. Las resoluciones interlocutorias serán pasibles de los recursos de reposición 
y apelación en relación, que se interpondrán por el Fiscal o el Defensor del Menor, en el 
término de cinco días hábiles, sustanciándose con un traslado por igual término a la 
contraparte. 

Los recursos interpuestos sólo tendrán efecto devolutivo y los plazos previstos tendrán 
carácter perentorio. 

El Tribunal dictará sentencia definitiva dentro de los 90 días de recibido el expediente, 
y sentencia interlocutoria dentro de los 45 días. 

Artículo 126.- El Juez en su sentencia se pronunciará acerca de la naturaleza y duración 
de la medida de seguridad educativa que imponga. 

Estas medidas pueden consistir en internamiento en un establecimiento del Consejo 
del Niño u otro oficial en régimen de máxima, media o mínima seguridad con una 
duración máxima de 10 años. 

El régimen de mínima seguridad podrá cumplirse en un establecimiento privado a 
solicitud y bajo control del Consejo del Niño. 

El Juez deberá tener en cuenta, para imponer el régimen y su duración la entidad del 
hecho, las características personales del menor y las necesidades del tratamiento a que 
deberá quedar sometido. 

Artículo 127, - El Juez podrá suspender la ejecución de la medida, manteniendo al 
menor en su hogar o en hogar sustituto bajo vigilancia especial del Consejo del Niño o 
del Organismo Privado que determine la sentencia. 

Esta suspensión podrá ser revocada en cualquier momento si el menor no ajusta su 
conducta al programa que se le impuso en la sentencia o recae en inconducta. 
Artículo 128. - Durante la ejecución de la medida de seguridad educativa, el Juez, a 
solicitud de las autoridades del Consejo del Niño y previo a los Informes que considere 
necesario recabar, podrá modificar el régimen de internamiento. 

Cuando el menor hubiere cumplido 18 años y sufrido un internamiento superior a un 
año sin mostrar signos de recuperación, podrá, si se tratare de autores de delito de 
homicidio, rapiña, secuestro, lesiones gravísimas o graves, ser trasladado a un 
Establecimiento Penitenciario en el que quedará alojado hasta el total cumplimiento de 
la medida de seguridad impuesta. 

Artículo 129, - Queda absolutamente prohibida la publicación del nombre, fotografías 
o cualquier elemento que permita identificar a los menores de 18 años autores o víctimas 
de delito. 


148 


La infracción a esta prohibición será sancionada con una multa de 20 a 50 Unidades 
Reajustables. Esta multa será aplicada por resolución del Consejo del Niño y su importe 
destinado al tesoro del mismo. 

Artículo 130. - Siempre que la policía aprehenda en infraganti delito a una persona 
que maniñeste tener menos de 18 años de edad, la pondrá a disposición del Juez Letrado 
de Menores, haciendo constar en el oficio respectivo, los datos que obtenga sobre el 
lugar y fecha del nacimiento y los nombres y domicilio de los padres del detenido. 

El Juez interrogará al imputado dentro de las 24 horas y si aquel fuera uruguayo solicitará 
inmediatamente por oficio la partida de nacimiento a la Dirección General de Registro 
de Estado Civil, la que deberá remitir la partida o el certificado negativo dentro de los 
10 dias. 

Cuando hubiere duda sobre la edad del detenido que pueda cambiar la jurisdicción, el 
Juez lo hará saber al Director del Registro en el oficio respectivo. En ese caso, los datos 
solicitados deberán ser remitidos dentro del plazo de 3 dias, bajo apercibimiento de 
darse cuenta al Ministerio respectivo. 

Si no existieran datos concretos para efectuar la búsqueda de la partida, o si el detenido 
fuera extranjero y no presentara su partida de nacimiento, el Juez decretará 
inmediatamente el examen pericial del imputado por el médico forense de turno en 
Montevideo y por el de servicio público en el interior de la República, quienes deberán 
expedirlo dentro del término de tres dias cuando se solicitare con urgencia, y dentro de 
diez en los demás casos. 

Si de la partida de nacimiento, o en su defecto, del examen pericial, resultare que el 
detenido tiene más de 18 años, se pasarán los antecedentes y el detenido a la justicia 
ordinaria. 

Si del examen pericial practicado a falta de partida resultare que el menor tiene alrededor 
de 18 años, entenderá en la causa la justicia ordinaria si se trata de delitos castigados 
con pena de penitenciaria; en los demás casos el menor será puesto a disposición del 
Juez Letrado de Menores. 

A los efectos del inciso precedente, se tendrá en cuenta la pena señalada por la ley para 
el delito imputado y no la que correspondería teniendo en cuenta las circunstancias 
atenuantes que concurran. 

Cuando el imputado tuviera aparentemente más de 18 años de edad, el Juez, sin perjuicio 
de proceder en la forma establecida en los incisos anteriores, decretará las diligencias 
necesarias para la comprobación de los hechos, de acuerdo con el Código del Proceso 
Penal, mientras se comprueba la edad. Esas diligencias se remitirán a la justicia ordinaria 
y surtirán todos los efectos legales si se probara que el imputado tenia más de 18 años 
de edad, al cometer el delito. 

En la misma forma procederá el Juez en los casos de delitos graves, cuando, a su juicio, 
el imputado pueda tener más de 18 años de edad. 

Artículo 131. - Cuando se formule denuncia ante Injusticia ordinaria contra un menor 
de 18 años de edad, el Juez pasará los antecedentes sin más trámite, al Juez Letrado de 
Menores. 

Si los denunciados fueran varios y entre ellos figurara algún menor de 18 años la causa 
seguirá contra los mayores, poniéndose de inmediato al menor a disposición del Juez 
Letrado de Menores, al que se le pasará testimonio de la denuncia a fin de que adopte 
las medidas tendientes a esclarecer la situación del menor y su participación en el hecho, 
remitiendo al Juzgado Letrado en lo Penal respectivo, en el término de 24 horas, 
testimonio de las diligencias cumplidas. 


149 


Artículo 132, - Las resoluciones dictadas por el Juez Letrado de Menores no se 
inscribirán en el Registro de Reincidencias. 

SECCIÓN CUARTA 

Artículo 133. - Los representantes legales de los menores y el Consejo del Niño, podrán 
pedir en cualquier tiempo al Juez Letrado de Menores la derogación de las medidas 
adoptadas de acuerdo con los artículos anteriores. 

La demanda deberá ser presentada por escrito estableciéndose concretamente los hechos 
en que se fundan y los elementos de prueba respectivos. 

Artículo 134. - El Juez Letrado de Menores dispondrá las diligencias que estimare del 
caso y dictará resolución fundada en audiencia, a las que serán convocadas las partes y 
el menor. Su resolución será apelable en relación para ante el Tribunal de Apelaciones 
en lo Civil. 

Artículo 135. - En caso de no accederse a lo solicitado, los representantes legales de 
los menores y el Consejo del Niño, podrán iniciar nuevamente, una vez transcurrido un 
año, la acción a que se refiere el articulo 133. 

Art. 11.- Comuniqúese, etc. 

Antonio Marchesano, Adela Reta. 24 de setiembre de 1987 


PROYECTO DEL SENADOR ORTIZ 

Proyecto de ley con exposición de motivos 
del señor senador Dardo Ortiz 

Artículo 1® - Modifícase el artículo 34 del Código Penal, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 

“No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido los 16 años. Tampoco 
lo es el mayor de 16 años y menor de 18 años, a no ser que hubiera actuado con 
discernimiento. 

El Juez de Menores será quien determinará si el hecho fue ejecutado con discernimiento 
y, para el caso afirmativo, pasará de oficio el expediente al Juez en lo Penal que 
correspondiere”. 

Art. 2®. - En concordancia con lo dispuesto en el artículo anterior, todas las referencias 
a menores de 18 años contenidas en el Código Penal deberán ajustarse en su 
interpretación y aplicación a la modificación que establece dicha norma. Igual criterio 
se seguirá respecto del Código del Niño. 

Montevideo, 29 de julio de 1987. 

Dardo Ortiz. Senador. 


EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es notorio, el incremento de la delincuencia juvenil en nuestro país, que se viene 
produciendo desde años anteriores con persistencia que no puede atribuirse solamente 


150 


a factores coyunturales y por tanto de esperada transitoriedad. Esta delincuencia 
comprende especialmente las formas más violentas de los delitos contra las personas y 
la propiedad lo cual nos enfrenta con un problema verdaderamente grave y de alarmante 
generalidad. 

Uno de los elementos que obstan a la justa y debida represión de la delincuencia juvenil 
es la inimputabilidad penal, que nuestro Código Penal (Art. 34) establece en los 18 años 
de edad, realidad que este proyecto se propone modificar en términos relativos, a los 
efectos de permitir que la justicia penal ordinaria alcance a quienes, no obstante su 
temprana edad manifiestan un estado de madurez intelectual y social compatible con 
la imputación jurídica de sus actos criminales. 

Es indudable que en la época en que se aprobó el Código Penal, hace 53 años un joven 
de 18 años apenas había salido de la adolescencia. La sociedad que lo rodeaba, los 
ambientes que frecuentaba, los espectáculos que veía, no eran como en la actualidad 
propicios a considerar la violencia y el delito como ingredientes ineludibles de la vida 
colectiva. No existía en el país televisión con su preferencia actual por la exhibición 
pormenorizada de espectáculo en los que se muestra toda la gama de delitos, rodeando 
al que los ejecuta, las más de las veces, de una aureola de popularidad, atrayente para 
muchos jóvenes. 

No se necesita mayor desarrollo para convenir en que, durante los últimos años se ha 
producido un brusco y acelerado cambio en el comportamiento social y en las actitudes 
individuales de los jóvenes, sin distinción de grupos o categorías, aunque cada uno de 
ellos pueda exhibir “su propio cambio” como particularidad distintiva. Determinados 
valores parecen haber entrado en crisis definitiva, sustituidos por otros con caracteres 
irreversibles. 

La intensa liberalización y cambios en las costumbres han permitido al joven de hoy 
acceder muy tempranamente a experiencias y modos de vida otrora reservados a los 
adultos, apresurando su estado de discernimiento estimulado por la convivencia con 
los mayores. 

La propuesta que formula el proyecto que antecede procura recoger esa realidad, sin 
romper bruscamente con el sistema en vigencia. 

En síntesis establece lo siguiente: baja la imputabilidad penal a los 16 años; pero ello no 
significa que quien supere los 16 años caiga automáticamente en la jurisdicción penal 
ordinaria, sino que sólo se le hará penalmente responsable cuando el Juez de Menores 
llegue a la conclusión de que el delito ha sido cometido con conciencia y voluntad, con 
lo cual se evita la posibilidad de castigar lo que pudiera ser una transgresión casual. 

La rebaja en la edad no implicará, por otra parte, colocar a nuestro sistema penal en 
una vanguardia novedosa, desde que límites a la inimputabilidad inferiores a los 18 
años, rigen desde hace años en muchos países inclusive de América, llegándose hasta 
fijarlos en los 12 años. 

Por otra parte aun sin mediar las circunstancias derivadas del auge de la delincuencia 
juvenil, la disminución de la edad a partir de la cual se es imputable, correspondería 
por la conveniencia de adecuar las disposiciones legales a las realidades de la actualidad. 
Así ha procedido el legislador cuando, por ejemplo, en el Decreto-Ley N° 14.530, de 29 
de marzo de 1975 modificó el artículo 106 del Código Civil estableciendo en 21 años la 
edad necesaria para que hombres y mujeres puedan contraer matrimonio sin el 
consentimiento expreso de los padres. Hasta que se aprobó dicha modificación, las 
edades requeridas eran de 25 años en el varón y de 23 en la mujer. Sin duda el legislador 
comprobó, a la luz de una realidad evidente, que actualmente los jóvenes de 21 años 


151 


tienen la madurez y responsabilidad que en la época de sanción del Código Civil sólo 
eran presumibles a los 23 y 25 años. 

Dardo Ortiz, Senador. Montevideo, 29 de julio de 1987. 


PROYECTO DEL SENADOR CERSÓSIMO 
Proyecto de ley con exposición de motivos del senador Pedro W, Cersósimo 
PROYECTO DE LEY 

DEFENSA SOCIAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

Art. 3°. - Modificase el articulo 34 del Código Penal que quedará redactado de la siguiente 
forma: “No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido 16 años de 
edad. Tampoco lo es el mayor de 15 años y menor de 16 años, a no ser que conste que su 
capacidad de querer y de entender el carácter ilicito del acto, demuestran su 
discernimiento sobre la criminalidad del mismo. El Juez, debidamente ilustrado por 
peritaciones psiquiátricas y criminológicas, que solicitará al Instituto de Criminologia, 
hará declaración expresa sobre el punto, para incriminar el becho punible o declararlo 
irresponsable del mismo, actuando, consecuentemente, en cada supuesto”. 

Art. 4°. - La participación de menores inimputables, junto a personas mayores, en la 
comisión de un delito, será considerada para los imputables mayores de edad coparticipes 
en aquél, circunstancia agravante y los limites de la pena se elevarán al doble. 

Art. 10°. - Facúltase al Poder Ejecutivo para adoptar las medidas que estimare 
convenientes a los efectos de que la pena que pudieren sufrir los delincuentes de 15 
años y de 16 años, se cumpla en un lugar de carcelaje separado del común, aparte del 
contacto con los demás delincuentes mayores de la edad limite de la imputabilidad. En 
todo caso, sin perjuicio de la seguridad, prevalecerá el criterio de procurar fines 
pedagógicos, junto al efecto ejemplarizante, como funciones fundamentales de la pena. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

DEFENSA SOCIAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

Es un hecho inocultable el de que, en los últimos tiempos, ha proliferado la delincuencia. 
En realidad, este auge delincuencia! está presidido, sustancialmente, por una nota 
invariante: la violencia, la que no se detiene, muchas veces, nada más que en el homicidio. 
Las rapiñas brutales y reiteradas, las violaciones, los bomicidios para hurtar y - 
últimamente- la forma más novedosa incorporada al catálogo (el “copamiento” y rapiña 
en domicilios y comercios) amerita una consideración urgente y descarnada del 
problema. 

No puede contentarse la sociedad con las declaraciones académicas de algunas 
importantes jerarquías con responsabilidad en la especie, en el sentido de que la situación 
puede conjurarse con la mera aplicación de las medidas administrativas que afecten 
sobre todo al régimen penitenciario, o de que bay que tener en cuenta la proliferación 


152 


de los espectáculos de violencia que se trasmiten a través de programas televisivos. 

Sin perjuicio de tomar muy en cuenta las ponderaciones que hemos considerado, lo 
cierto del caso es que la legislación positiva se encuentra debilitada como sistema de 
lucha contra la delincuencia. Nos decidimos, igualmente, por la rebaja del índice de 
imputabilidad general, pero, para ello, sostenemos un criterio de flexibilidad en su 
determinación, con lo que recogemos, en este artículo 3°, requerimientos que fueron 
formulados en nuestro medio por conspicuos especialistas en minoridad y muy 
destacados juristas. 

Sobre la cuestión ya decía, hace treinta años, el doctor Evangelista Pérez del Castillo, 
que, además de un muy destacado magistrado penal, fue Presidente del Consejo del 
Niño: “La solución no se halla en poner un límite fijo a la inimputabilidad para aplicar 
invariablemente a quienes no han alcanzado, solamente medidas educativas, sino 
establecer un período de tiempo que puede ser de los 15 a los 18 años, durante el cual 
podría considerarse imputable al que, además de ser peligroso e incorregible, haya 
demostrado poseer capacidad para apreciar el carácter ilícito del acto y de determinarse 
según su verdadera apreciación (artículo 30 Código Penal). 

“Ahora los menores logran el desarrollo mental, con más rapidez que antes por obra de 
la evolución de los tiempos modernos... y (prosigue el doctor Pérez del Castillo) “...es 
frecuente ver jóvenes que antes de los 18 años han alcanzado un porcentaje de capacidad 
delictual que los hace altamente peligrosos”. 

Y prosigue el distinguido compatriota: “se contemplan mejor los fines de seguridad 
social de la legislación represiva, permitiendo el apartamiento total de los delincuentes 
incorregibles, aunque sean fisiológicamente menores. Igual sucede con los delincuentes 
mayores, pues, frente al delito, el primer deber de las autoridades es neutralizar a los 
autores e impedir que vuelvan a ser peligrosos” (ver REVISTA DE CRIMINOLOGÍA 
Año 2 N° 4,1956, página 39 y siguientes). 

Por su parte, el doctor Gualberto Pi, que fuera ilustre Ministro del Tribunal Penal, ha 
expresado: “La premisa de que los menores de 18 años deben ser apartados de toda 
pena es susceptible de observaciones y, en ciertos casos, peligrosas para la seguridad 
social”. Se trata -prosigue- “de aclarar quiénes son menores y quiénes no lo son”... “bajo 
el aspecto moral y penal, de tal modo que la separación entre unos y otros muy bien 
puede estar dada con más exactitud por un período de tiempo”. 

“En efecto, existen situaciones en las cuales el menor requiere un tratamiento penal”... 
“como el que ha alcanzado un grado de madurez moral propia de los mayores, que le 
permite actuar como éstos y por lo tanto, conforme a su conducta, sólo cabe aplicarle 
penas” (REVISTA DE CRIMINOLOGÍA, cit. página 26). 

El doctor Juan Andrés Ramírez, en un editorial de su diario “El Plata” de fecha miércoles 
4 de abril de 1956 y que tituló: “De urgencia”, dijo, entre otras muchas tremendas 
verdades: “Bien puede suceder y sucedió en los últimos años, que menores de 18 años 
actúen con un discernimiento y una madurez tales que sería un error y una omisión, en 
la defensa social, no considerarlos como verdaderos delincuentes”. 

“Hay que darle, pues, al Juez, el instrumento legal necesario para apreciar, en cada caso 
concreto, si un menor de 18 años y mayor de 16, es o no psicológicamente capaz de ser 
sujeto de derecho penal. Tal reforma no sería revolucionaria porque el mismo Código, 
para los casos de mayores y en principio, plenamente responsables, confiere al 
magistrado la facultad de declarar la inimputabilidad del que delinquió, si, a su juicio, 
concurren circunstancias que la justifican, como cuando se trata de un anormal o de un 
sujeto en estado de ebriedad absoluta”. 


153 


El distinguido periodista y eximio jurista sostuvo que habia que dar “...a la justicia, la 
facultad de rebajarlo (se refiere al límite de inimputabilidad)... en las situaciones de 
jóvenes que alcanzan antes una madurez mental”. 

Por su parte, ya en monografía especializada, el maestro español Cuello Calón, decía: 
“Entre los mucbacbos que se bailan en los últimos años de la adolescencia y en la frontera 
de la juventud, se encuentra jóvenes delincuentes peligrosísimos, asesinos, ladrones 
con violencia, profesionales incorregibles, contra los que la sociedad necesita defenderse 
con medidas de eficaz protección social que sólo es posible bailaren reclusiones de larga 
duración” (Criminalidad Infantil y Juvenil, páginas iii y 114). 

Es por eso que sostenemos la rebaja del límite de la inimputabilidad y aun lo 
flexibilizamos para que se acrimine el delito si -además- a los 15 años el menor fisiológico 
tenía capacidad de querer y de entender la ilicitud de su acto, lo que patentizaría su 
discernimiento de la criminalidad con la que pudiere haber actuado. 

Centramos, en el artículo propuesto, la médula de la cuestión en el discernimiento y 
acogemos, para ello, las más modernas posiciones. “Este concepto es moral además de 
cognitivo, porque se espera que el sujeto con discernimiento sea capaz de conocer no 
sólo una realidad normativa objetiva, sino también de otorgar valor moral o de juzgar 
moralmente actos, situaciones o personas aun cuando no se conozcan las normas 
respectivas. 

Apunta a una forma específica de distinguir el bien del mal; se refiere al valor moral 
orientado por las normas legales objetivas que rigen el orden social establecido y que 
consideran algunos actos como punibles”. (Rascuñan Valdés: “La Responsabilidad del 
Menor”, Vol. II, páginas 355.6, Santiago de Chile, 1974). 

El colombiano Alfonso Reyes, desaparecido trágicamente el año pasado, en un notorio 
episodio terrorista, adhiere a la tesis que sustentamos en nuestro proyecto y, respecto 
de nuestros conceptos -similares a los suyos en cuanto a discernimiento-expresa: “que 
debe entenderse también en sentido jurídico como capacidad de distinguir la licitud o 
ilicitud de la propia conducta y de obrar conforme a esa distinción, que supone, 
obviamente, comprensión de los valores ético-jurídicos ínsitos en los conceptos de bueno 
y malo, lícito e ilícito” (Reyes: “La Imputabilidad”, Bogotá 1979, página 134). 

Al igual que los juristas compatriotas ya citados, que se pronuncian en contra de límites 
rígidos e inflexibles en materia de inimputabilidad, afirma Raimundo Del Rio: “No es 
lógico ni científico fijar una edad determinada y precisa como principio de la 
irresponsabilidad o como límite entre ésta y la responsabilidad porque ello pugna con 
las leyes naturales, en cuya virtud no hay ningún ser que alcance un desarrollo mental 
dado al mismo tiempo que otros, o en una edad fija común a todos” (Del Río: D. Penal, 
Nascimiento. Santiago 1935, Tomo II, página 153). 

Todo aconseja seguir, pues, el criterio mixto: entre los límites, fijados por texto legal, la 
imputabilidad o inimputabilidad del sujeto dependen del estudio que particularmente 
se haga respecto del discernimiento. 

No es ocioso señalar, que el moderno Código Penal de Colombia, de 1980, establece la 
inimputabilidad sólo para quienes no hayan cumplido 16 años (artículo 34), en tanto 
que el Código Penal de Portugal, de 1983, dice más o menos lo mismo: “Los menores de 
16 años son penalmente inimputables” (artículo 19). 

Con relación al llamado criterio mixto por el que se decide el proyecto, recuerda Alfonso 
Reyes, que utilizan este criterio, entre otros, los Códigos Penales de Bolivia, Honduras, 
Nicaragua y Venezuela (ob. cit. Pág. 136). 


154 


La razón de ser del artículo 4 es una respuesta, por la intensidad del dolo directo a 
delinquir, puesto de manifiesto por quienes, de una u otra manera, se prevalecen de 
menores inimputables en el delito, como forma de desviar su aparición en el hecho y la 
punibilidad del caso, dado que, de manifestarse, los menores irresponsables adquirirían 
el protagonismo penal. El merecimiento de una mayor culpabilidad (aquí agravada) es 
evidente. 

El artículo 10 se explica, porque la finalidad de un buen rencauzamiento social, aun 
tratándose de delincuentes jóvenes pero peligrosos, corre el riesgo de frustrarse, si se 
permite su contacto con irreversibles profesionales del delito. 

Estas son las características más salientes de la fundamentación en que se basa el 
proyecto de ley que se acompaña, que sometemos a la ilustrada consideración del Senado 
y de cuya rápida sanción -que esperamos- depende, en buena medida, una mayor y más 
eficaz defensa de la sociedad uruguaya, tremendamente agredida por una delincuencia 
que exhibe y ejercita, cada vez más, una indeclinable violencia. 

Pedro W. Cersósimo, Senador. 3 de agosto de 1987. 


PROYECTO DEL DIPUTADO PINTOS 
PROYECTO DE LEY 

Artículo 1®. - Modificanse los artículos 34,45, numeral 5° del artículo 46, inciso tercero 
del artículo 92 e inciso tercero del artículo 94 del Código Penal, los que quedarán 
redactados de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 34.- No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido la 
edad de 16 años”. 

“ARTÍCULO 45. - Los Jueces pueden prescindir de la aplicación de las medidas de 
seguridad tratándose de menores de 16 años, de buena conducta anterior, que hubieran 
cometido delitos castigados con prisión o multa, cuando sus padres o guardadores 
ofrecieren, por sus antecedentes honorables, garantía suficiente de asistencia moral 
eficiente”. 

“ARTÍCULO 46.- 5° - (Minoría de edad).- La edad, cuando el agente fuere menor de 21 
años y mayor de 16”. 

“ARTÍCULO 92.- (Inciso tercero). - Las segundas a los menores de 16 años (artículo 34) 
y a los sordomudos (artículo 35)”. 

“ARTÍCULO 94.- (Inciso tercero).- Pertenecen a la segunda, las que se dictan respecto 
de los menores de 16 años”. 

Artículo 2® - Modificanse el literal a) del artículo 113, y los artículos 119 y 128 del 
Código del Niño, estableciéndose que donde dichas normas dicen “18 años” se cambia 
por “16 años”. 

Artículo 3®.- Se establecerán cárceles taller para los menores de dieciséis a dieciocho 
años que sean sometidos a prisión, con maestros especializados en reeducación y en la 
enseñanza de distintos oficios. 

Artículo 4®,- Comuniqúese, etc. 

Juan Pintos Pereira. Representante por Treinta y Tres. 6 de agosto de 1986. 


155 


EXPOSICION DE MOTIVOS 


La República está verdaderamente conmocionada. Un dia sí y otro también, la prensa, 
la radio y la televisión nos informan de hechos delictivos, perpetrados por menores a 
quienes el Código Penal no alcanza y que están sembrando el robo, la muerte y la 
inestabilidad en todos los sectores de la población. Por supuesto que es un tema delicado. 
Muchos años de nuestra existencia republicana se han dedicado a la protección del 
menor, a su asistencia y a su educación. Y lo hemos hecho con afán y con el apoyo de 
educadores eminentes cuyo paso por el Consejo del Niño ha estado señado por obras 
importantes que muchas veces han quedado como muy buenas intenciones y nada más. 
El menor crece en un mundo de terror y se inserta en ese mundo. Por eso es necesario: i°) 
proteger a la sociedad; 2°) educar y proteger al propio menor; 3°) cambiar radicalmente 
su sistema de vida y la filosofía de su porvenir. Para esto necesitamos por supuesto cambiar 
rotundamente el régimen jurídico actual. Separarlo, con concretas y seguras medidas, del 
delincuente común y avezado, maestro de todos los males. Pero es necesario también 
fundamentalmente bajar el índice de impunidad y crear centros reales de educación. 

A quienes consultamos, entre los cuales quiero señalar, al doctor Jorge Larralde. 
Secretario de la Asociación de Fiscales, autor de renombre, profesor de nuestra Facultad 
que en un libro muy enjundioso se interna en el tema de la criminalidad y a varios 
destacados penalistas nos dan la pauta de que hay que modificar los caminos recorridos. 
Y esto no es difícil logrando los lugares necesarios, ni los maestros especializados para 
tal fin, convocando a toda la ciudadanía para una obra revolucionaría que tiene claros 
antecedentes en Estados Unidos, Suecia y otros países. Sin perjuicio de señalar que 
nuestro régimen en materia de minoridad es muy irregular y merecería una revisión a 
fondo, empezamos proponiendo el adjunto proyecto de ley. 

Juan Pintos Pereira. 6 de agosto de 1986 


PROYECTO DEL DIPUTADO MILLOR 


PROYECTO DE LEY 

Artículo 1®,- Agrégase el siguiente inciso al artículo 34 del Código Penal: “Para los 
delitos previstos en los artículos 272, 344, 345 y 346 de este Código, el límite de edad 
fijado en el inciso anterior será de 16 años, idéntico límite regirá para los delitos previstos 
en los artículos 310,316 a 322 de este código, cuando fueren cometidos en grupo”. 
Artículo 2® - Agrégase el siguiente inciso al artículo 88 del Código Penal: “El que 
concurriese, como autor o coautor, en la comisión de los delitos previstos en los artículos 
272,310,344 y 346 del presente Código, asociado con menores de edad, será castigado 
con el doble de la pena prevista en dichas normas”. 

Artículo 3®. - Agrégase el siguiente inciso al artículo 72 del Código de Procedimiento 
Penal: “En ningún caso, y bajo ningún concepto, podrá disponerse la libertad provisional 
de quienes hayan concurrido, en cualquier calidad, a la comisión de los delitos previstos 
en los artículos 344, 345 y 346 del Código Penal”. 

Artículo 4®. - Agrégase el siguiente inciso al artículo 328 del Código de Procedimiento 
Penal: “Este beneficio no se aplicará, en ningún caso, a quienes cometieren los delitos 
previstos en los artículos 344,345 y 346 del Código Penal”. 


156 


Artículo 5®.- Sustituyese el numeral i° del artículo 272 del Código Penal por el 
siguiente: “Con persona del sexo femenino menor de catorce años o del sexo masculino 
menor de quince años”. 

Artículo 6®. - Agrégase los siguientes como último inciso del artículo 272 del Código 
Penal: “Cuando el delito fuere cometido por sujetos de entre 16 y 18 años de edad, la 
pena será de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría, igual pena se aplicará, 
sea cual fuere, la edad del autor, en el caso previsto por el numeral 1®”. 

Artículo 7®.- Las autoridades competentes deberán tomar las medidas necesarias para 
crear una cárcel especial o secciones especiales en las actualmente existentes para los 
delincuentes menores de 18 años, a los que deberá proporcionarse un tratamiento de 
reeducación especial que contemple su edad y condición”. 

Artículo 8®.- Comuniqúese, etc. 

Pablo Millor. Representante por Montevideo. 30 de julio de 1987 


EXPOSICION DE MOTIVOS 

La sociedad uruguaya asiste hoy, entre estupefacta y aterrada, al auge de un especial y 
peligrosísimo tipo de delincuencia que, si bien no es modalidad desconocida 
anteriormente, acusa hoy en día un temible desarrollo, a la vez que plantea muy difíciles 
problemas a la actuación de las autoridades encargadas de velar por la seguridad social 
y la represión de tales fenómenos. 

Nos referimos a la ola de rapiñas que asuela al país, fundamentalmente a la capital, 
protagonizada por delincuentes menores de edad. 

Las características del fenómeno lo hacen sumamente peligroso -como es, por desgracia, 
tan notorio- no sólo para los bienes de los ciudadanos, sino también -y primordialmente- 
para su integridad física y su vida misma. 

La lista de los heridos y los muertos es ya demasiado larga. Lamentablemente, los 
heroicos y denodados esfuerzos del Instituto Policial resultan prácticamente infructuosos 
por las características propias de ese especial tipo de delincuentes, combinada con los 
principios clásicos de nuestro Derecho Penal de tradición liberal y las carencias 
materiales de todo orden de los institutos encargados de vigilar y reeducar a los menores 
delincuentes. 

Tratándose en la enorme mayoría de los casos de menores inimputables por no llegar al 
límite de los 18 años en que comienza la imputabilidad penal de acuerdo al Código 
Penal vigente- su detención se transforma, en unos pocos días, en un retorno a los asaltos 
a mano armada. Con lo cual se llega a dos resultados verdaderamente perversos, que, 
para peor, se alimentan recíprocamente hasta niveles alarmantes. 

Por un lado, se desalienta a la Policía, que se ve frustrada en su tarea y -consciente o 
inconsciente- tiende a cejar en sus esfuerzos, por la muy simple razón de que a nadie le 
gusta arar en el mar. ¿Qué sentido puede tener esforzarse heroicamente en tan riesgosa 
tarea, si la misma -por el citado mecanismo legal- resulta prácticamente inconducente? 
Y por otro lado, se ensoberbece a los asaltantes, quienes toman conciencia de su virtual 
impunidad, perdiendo todo freno para su conducta. La reacción social se hizo sentir 
rápidamente y ya han surgido voces reclamando una rebaja sensible del nivel de 
imputabilidad, llevándolo a dos o tres años por debajo del actual. 


157 


Lo que encontró, también muy rápidamente, autorizada y acertada oposición, por cuanto 
una rebaja general e indiscriminada de esa edad podría conducir a consecuencias 
lamentables, ya que implicaría llevar a la cárcel a muchos menores (de entre 15 y 18 
años) de escasa o nula peligrosidad, por la comisión de delitos muy menores (hurto de 
uso, apropiación indebida, etc.) Y ello con las nefastas consecuencias de introducir en 
el horrible ambiente de una cárcel a menores totalmente desprovistos de peligrosidad. 
Entendemos que la solución de la antinomia debe hallarse en una armonización de 
ambas exigencias es decir, la de protección a la seguridad de los habitantes (seriamente 
amenazada por la actividad de los delincuentes) y la de protección a los menores que 
han delinquido sin exhibir mayor peligrosidad social (que de ninguna manera deben 
ser llevados a la cárcel). 

Y la conciliación resulta, en realidad bastante sencilla, por cuanto la experiencia 
demuestra claramente que el tipo generalizado de delincuente menor de edad dotado 
de sensible peligrosidad social es aquel que se dedica al asalto a mano armada (podemos 
incluir también a los violadores, que suelen ser los mismos, y también a los vinculados 
a drogas, y algunos otros). 

Mientras que los que incurren en otro tipo de delitos (salvo aquellos de que se dirá más 
adelante) no presentan un grado de peligrosidad social tan elevado como para justificar 
normas especiales a su respecto. 

Por lo cual, la solución aconsejable es rebajar a 16 años el nivel de inimputabilidad 
solamente para la comisión de los delitos de rapiña, extorsión y secuestro (delitos contra 
la propiedad cometidos mediante violencia en las personas). 

Si se rebaja -solamente para tales hechos- el nivel de la inimputabilidad, y a la vez se 
acentúa, como se propone en el proyecto, la represión penal de tan peligrosos agentes, 
se dará tutela adecuada a la seguridad social y un razonable aliento a la Institución 
Policial. Y a la vez, se atenderá a la innegablemente loable preocupación de quienes 
sostienen, con razón que debe mantenerse un tratamiento especial para los menores de 
escasa peligrosidad. 

El proyecto prevé, además: 

a) la duplicación de las penas previstas para estos delitos (rapiña, extorsión y secuestro) 
para quienes incurran en ellos en calidad de autores o coautores asociados con menores 
de edad. 

b) la exclusión para tales delitos de los beneficios de la libertad provisional y la libertad 
anticipada. 

c) la creación de una cárcel especial y separada -pero CÁRCEL- para los delincuentes de 
entre 16 y 18 años de edad. 

Con eso se persigue, en primer lugar, acentuar la represión penal efectiva para tan 
peligrosa categoría de delincuentes. Los sujetos que llegan al asalto premeditado a mano 
armada son personas provistas de un altísimo grado de peligrosidad social y afectadas 
de total carencia de escrúpulos. 

Muy especialmente calificados y por eso merecedores de sanción más elevada- son 
aquellos mayores que se valen de menores penalmente inimputables o los alientan y 
dirigen en sus andanzas. 

Y también muy especialmente calificados son los menores que llegan a tal grado de 
avance en el camino del delito. Los hechos demuestran que, una vez tan adelantados en 
esa senda, la posibilidad de una recuperación se hace muy escasa, lo que justifica que 
para estos menores se diseñe una política diametralmente opuesta a la proyectada para 
el resto de los menores que incurren en delito. 


158 


Y a la vez, mediante la creación de una cárcel especial y separada o, al menos (mientras 
ello no sea posible) de una sección plenamente independiente en la cárcel común, se 
provee adecuadamente a una doble exigencia: a) separar a estos menores de los 
delincuentes mayores de edad, con la finalidad de evitar una conmixtión que pueda 
hacer imposible una eventual recuperación; b) ofrecer a estos menores un verdadero 
tratamiento de orden carcelario, que pueda servir como disuasivo preventivo y también 
como vía para segregar del medio social a tan peligrosos sujetos. 

Estas medidas deben ser extendidas a otras modalidades delictivas sumamente 
peligrosas y, lamentablemente, demasiado frecuentadas por menores de edad cuyas 
características personales los desplazan netamente del núcleo de jóvenes que se quiere 
y se debe proteger mediante el límite de la inimputabilidad que dispone el actual Código 
Penal. 

Nos referimos a la violación, a los delitos relacionados con drogas y las riñas y agresiones 
protagonizadas en grupos. 

Para estos delitos se propone, también, rebajar el nivel de la imputabilidad a los i6 
años. Y, como medida destinada a balancear este descenso del comienzo de la 
imputabilidad, se propone rebajar la pena de estos delitos a límites de prisión (solamente 
cuando sean cometidos por menores de entre i6 y i8 años), de manera que el Juez 
pueda, con la necesaria prudencia, hacer uso mesurado de la libertad provisional, toda 
vez que no se advierta en el menor delincuente una peligrosidad social que haga necesaria 
su reclusión. 

Finalmente, cabe recordar -con respecto a aquellos que, loablemente, alarmados por la 
rebaja de edad para el comienzo de la imputabilidad penal aun con los limitados alcances 
de este proyecto-que los hechos sociales evolucionan con gran rapidez, y no parece 
razonable atender a los hechos nuevos con conceptos formados para realidades 
perimidas y, por ende, inadecuados para hacer frente al nuevo panorama que nos ofrece 
la sociedad actual. 

Toda la literatura acumulada durante siglos sobre el especial tratamiento a darse a la 
situación del menor enfrentado al Derecho Penal (que llevó a fijar el comienzo de la 
imputabilidad en la edad de i8 años) se halla actualmente superada y desbordada por 
la indiscutible aceleración del proceso de maduración de los adolescentes. 

Nadie puede dudar seriamente que, en la actualidad, y sea por las causas que fueren (y 
nos guste o no nos guste), los niños se transforman en jóvenes, y éstos en verdaderos 
mayores, a edades mucho más tempranas que hace veinte o treinta años. 

Ciertamente, en 1950, no se veían bandas de asaltantes a mano armada con promedio 
de edad en los 15 ó 16 años. 

Alcanza con contrastar la imagen que la literatura clásica del Derecho Penal y de la 
criminología -muy realista y adecuada a su época- nos ofrece del joven de 15 a 18 años, 
con la realidad de hoy en día, desgraciadamente expuesta con total claridad en las páginas 
de la prensa. Para decirlo en forma significativa, cabe afirmar que entre aquella imagen- 
inexistente hoy en día- de aquel menor de edad, tierno, incipiente y desvalido, que nos 
ofrece la literatura clásica, y el bandolero de ciertos barrios de la capital, organizado en 
bandas armadas para rapiñar de día y violar de noche, medía la misma distancia síquica 
y social que puede haber entre un matón de El Padrino y una monja benedictina de 
clausura. 

No debe olvidarse que, en Derecho, la bilateralidad es de esencia. Y por eso, en Derecho 
rige la ley de los vasos comunicantes; todo lo que se le pone de más a alguno, se le está 
sacando a otro. 


159 


Eso es lo que no han visto los adversarios de la rebaja de la imputabilidad. 

Olvidan que proteger a esos menores, impidiendo su reclusión en una cárcel, significa - 
y los hechos son bien elocuentes al respecto- dejar sin protección a las mujeres que 
serán violadas por ellos, a los hijos que algún dia nacerán de esas mujeres traumadas, a 
los taximetristas y pequeños comerciantes que serán asesinados, alas viudas y huérfanos 
de esas victimas, etc. 

Y, ciertamente, entre la protección -más que legitima- de esta cada vez más numerosa 
legión de victimas y la protección -también legitima- de los menores delincuentes (de 
este especialmente feroz sector de menores delincuentes, no de todos los menores que 
delinquen), la opción es bien clara. Y tal opción es francamente asumida por este 
proyecto, sin desconocer -como corresponde- el innegable aspecto de tutela a esos 
menores, a lo que se entiende proveer adecuadamente, según se dijo. 

Finalmente, el proyecto pretende corregir una falla actual de nuestra legislación, 
motivada por un cambio en las costumbres sociales. La violación opelegis, es decir, aun 
con el consentimiento de la “victima”, está prevista en el numeral i° del artículo 272 del 
Código Penal para la hipótesis de que se trate de un sujeto menor de quince años de 
edad. Actualmente, la precocidad sexual de la juventud ha llevado a la cárcel a jóvenes 
por haber mantenido relaciones sexuales consentidas con jóvenes menores de quince 
años, pero dotadas de experiencia como para escribir sus memorias. La Cátedra de 
Derecho Penal hace tiempo viene reclamando la rebaja de este límite de edad, por 
entender -con sobrada razón- que no se ajusta a la situación actual de la sociedad 
uruguaya, llevando a la cárcel (se trata de delito no excarcelable) a la gente que no 
merece tal tratamiento. 

Por eso se propone rebajar ese límite a los 14 años, pero solamente para el caso de que 
se trate de una persona del sexo femenino, a la vez que, para esta modalidad se rebaja el 
mínimo de la pena, a efectos de permitir que el Juez, con la prudencia y mesura 
requeridas, pueda disponer la libertad provisional. 

Pablo Millor. 30 de julio de 1987 


PROYECTO DE LOS DIPUTADOS PALOMEQUE - STORACE 
PROYECTO DE LEY 

Artículo 1®.- Modifícase el artículo 34 del Código Penal, el que quedará redactado de 
la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 34. (Minoría de edad). No es imputable el que ejecuta el hecho antes de 
haber cumplido la edad de dieciocho años. 

No obstante ello, el Magistrado podrá declarar imputable al menor infractor que haya 
cumplido catorce años de edad y se encontrare en alguna de las situaciones siguientes: 
1°) Que registrare en el Instituto Nacional de Criminología una sucesión de ingresos 
por participación en delitos. 

2°) Que participare en un ilícito que pueda aparejar una pena de penitenciaría, según lo 
aprecie el Magistrado prima facie, considerando la naturaleza y circunstancias del delito. 
3°) Que fuese manifiesta su peligrosidad social, no obstante la entidad del ilícito en que 
hubiese participado. El Magistrado deberá, con los asesoramientos técnicos pertinentes, 
pronunciarse expresamente sobre este extremo”. 

160 


Artículo 2®. - A los efectos previstos en el artículo anterior, el Instituto Nacional de 
Criminología proporcionará al Magistrado los antecedentes de cada menor infractor 
existentes en sus registros, y el Instituto Nacional del Menor, los estudios de personalidad 
que hubiere practicado a su respecto. 

Artículo 3®. - Los menores de dieciocho años sobre los que recayere auto de 
procesamiento según lo dispuesto por el artículo i° serán recluidos en establecimientos 
especiales y en ningún caso deberán tener contacto con delincuentes comunes. 
Artículo 4®. - La Dirección de cada establecimiento de reclusión de menores será 
designada por el Ministerio del Interior. 

El personal de custodia de los menores infractores deberá estar especializado mediante 
cursos específicos y será rigurosamente seleccionado. 

Sin perjuicio de exigirse la disciplina mínima que la prudencia aconseje para la seguridad 
interna del establecimiento, se hará responsable a la administración por cualquier 
comportamiento que implique desviarse de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
26 de la Constitución de la República. 

Artículo 5®, - Los Ministerios del Interior y de Educación y Cultura coordinarán las 
acciones conducentes a aseguraren los menores reclusos su aptitud para el trabajo y la 
profilaxis del delito (inciso segundo del artículo 26 de la Constitución de la República). 
A tales efectos, instrumentarán una racional alternancia en los establecimientos 
respectivos, en forma obligatoria, de aprendizaje de oficios, trabajo productivo en talleres 
o tareas agrícolas, y descanso, a las que podrán agregarse actividades deportivas y de 
recreación. 

Artículo 6®. - La atención de la salud psico-orgánica del menor recluso será 
permanente. Cuando se detecte en un establecimiento de reclusión de menores la 
presencia de enfermedades infecto-contagiosas, los menores afectados podrán ser 
trasladados hasta su recuperación, por orden del Magistrado, y si así lo aconsejare el 
cuerpo médico, a centros de salud. 

Artículo 7®.- La Dirección de cada establecimiento de reclusión de menores infractores, 
estará asistida por un Consejo Asesor compuesto de un delegado del Ministerio de 
Educación y Cultura que lo presidirá, un delegado del Instituto Nacional del Menor, un 
delegado del Ministerio de Salud Pública, y un delegado de la Administración Nacional 
de Educación Pública, propuesto por el Consejo de Educación Técnico Profesional. 

Al integrar el Consejo Asesor, deberá tenerse presente la necesaria participación de la 
mujer (artículo 43 de la Constitución de la República). 

Artículo 8®.- Todo Magistrado deberá oír al Consejo Asesor, antes de decretar la 
excarcelación provisional de menores procesados. 

El Consejo Asesor se expedirá dentro de las setenta y dos horas, fundando su información 
en forma circunstanciada y con razones psicopedagógicas, respecto del nivel de 
neutralización de la proclividad delictiva que el menor haya alcanzado. 

Artículo 9®.- Sustituyese el inciso tercero del artículo 59 del Código Penal, en la 
redacción dada por el artículo 16 de la Ley 14.068, de 10 de julio de 1972, por el siguiente: 
“La cooperación de menores de dieciocho años en la realización de un delito, incluso en 
su faz preparatoria, se considerará circunstancia agravante de la responsabilidad de los 
partícipes o encubridores imputables o declarados tales por el Magistrado, y la pena se 
elevará de un tercio a la mitad. Se entenderá justificada la aplicación del máximo de la 
pena que correspondiere cuando dichos menores no hayan cumplido catorce años de 
edad. 


161 


Artículo lO. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro de los ciento 
veinte dias a contar de la fecha de su promulgación. 

27 de mayo de 1991 

Agapo Luis Palomeque. Representante por Canelones 
Nicolás Storace Montes. Representante por Canelones 


EXPOSICION DE MOTIVOS 

I) El presente proyecto de ley tiende a adecuar la norma básica de imputabilidad penal 
a las exigencias del momento histórico actual. En ocasión de analizar el tema, expresaba 
el extinto Legislador Dardo Ortiz en 1987: 

“Es indudable que en la época en que se aprobó el Código Penal, hace cincuenta y tres 
años, un joven de dieciocho años apenas habia salido de la adolescencia. La sociedad 
que lo rodeaba, los ambientes que frecuentaba, los espectáculos que veía, no eran como 
en la actualidad propicios a considerar la violencia y el delito como ingredientes 
ineludibles de la vida colectiva. No existía en el país televisión con su preferencia actual 
por la exhibición pormenorizada de espectáculos en los que se muestra toda la gama de 
delitos, rodeando al que los ejecuta, las más de las veces, de una aureola de popularidad, 
atrayente para muchos jóvenes. 

No se necesita mayor desarrollo para convenir en que durante los últimos años se ha 
producido un brusco y acelerado cambio en el comportamiento social y en las actitudes 
individuales de los jóvenes, sin distinción de grupos o categorías, aunque cada uno de 
ellos pueda exhibir ‘su propio cambio’ como particularidad distintiva. Determinados 
valores parecen haber entrado en crisis definitiva, sustituidos por otros con caracteres 
irreversibles. 

La intensa liberalización y cambios en las costumbres han permitido al joven de hoy 
acceder muy tempranamente a experiencias y modos de vida otrora reservados a los 
adultos, apresurando su estado de discernimiento estimulado por la convivencia con 
los mayores”. 

Aunque la fórmula jurídica propuesta en dicha oportunidad no sea la misma, cabe sí 
aceptar íntegramente la fundamentación transcripta, por ser un claro diagnóstico de la 
atmósfera socio-cultural presente y una lúcida enunciación de sus requerimientos. 

De todos los fundamentos filosóficos que justificarían la aplicación de la sanción penal, 
aquel que más hondamente se ha plasmado en la conciencia pública es el de la defensa 
social. La necesidad de impedir la reiteración de ilícitos contra la vida, libertad, honor y 
propiedad de personas generalmente indefensas (y la penosa multiplicación consiguiente 
de víctimas), se torna cada vez más imperiosa. 

II) El presente proyecto se inspira en dos premisas básicas: la de que el menor que haya 
cumplido catorce años deberá ser responsabilizado por su conducta criminosa si acusase 
una tendencia definida hacia el delito, y la de que no podrá verificarse su efectiva 
reeducación en los establecimientos que actualmente administra el Instituto Nacional 
del Menor, ni menos aún en las cárceles comunes. 

A) La primera se fundamenta en la necesidad de defender a la sociedad contra los 
elementos destructivos que generan en su propio seno conductas anómalas, y en el 
hecho cierto de que a partir de los catorce años el menor que se haya desarrollado en un 


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ámbito sociocultural como el que nos caracteriza como nación, posee psicológicamente 
aptitnd para discernir con claridad las escalas corrientes de valores y las consecuencias 
de sns actos a sn respecto. 

Admitiendo no obstante un margen de incertidumbre en algunos casos concretos, se 
prevé la impntación sólo en las hipótesis de mnltiplicidad de infracciones cometidas en 
forma sncesiva, de delitos graves con previsible condena de penitenciaria; y de manifiesta 
peligrosidad social del menor (articnlo i°). 

En lodos los casos, por otra parte, será el criterio técnico del Jnez, ilnstrado por el 
conocimiento preciso de la historia personal del menor, y de sns pecnliaridades 
caracterológicas, proporcionados por los organismos competentes (articulo 2°), el que 
decidirá en definitiva. 

B) La segunda premisa descansa en la constatación de qne el INAME no solo carece de 
la infraestrnctura necesaria para atender adecnadamente a los menores de alta 
peligrosidad, sino qne dicha atención pertnrba gravemente el resto de los trascendentes 
cometidos qne en relación al menor le atribnye el Código del Niño. 

Es obvio, por otra parte, qne las cárceles comnnes serian totalmente inconvenientes a 
los fines de la readaptación social de los menores. La frecnentación con delincnentes 
avezados convertirla al menor en nn potencial educando de la criminalidad, 
desvirtnándose el propósito rehabilitador de la reclnsión y corriéndose el grave riesgo 
de qne cada establecimiento opere como mnltiplicador de la tendencia hacia el delito. 
Hemos concebido nn tipo de establecimiento de reclnsión específicamente estrncturado 
para los menores infractores y sin contacto con delincuentes comnnes (articulo 3°). 
Alli, bajo la custodia de personal psicopedagógicamente especializado, que ha sido 
rigurosamente seleccionado (inciso primero, articnlo 4°), en un régimen en el qne se 
alternan inteligentemente el trabajo prodnctivo (agrícola o de taller), la capacitación 
para los oficios y el descanso, asi como las actividades recreativas y el deporte (inciso 
segnndo, articnlo 5°), concillándose nna prudente disciplina con la ansencia de 
mortificación (articnlo 4°), podrá darse cabal cnmplimiento al mandato constitucional 
de qne al mismo tiempo qne se inhiba cnalqnier impulso ulterior hacia la conducta 
criminosa, se inculqnen conocimientos laborales y se gesten hábitos perdnrables de 
trabajo (inciso primero, articulo 5°). 

III) Se ha previsto una acción coordinada entre los Ministerios de Educación y Cnltnra 
y del Interior para organizar el régimen de alternancia entre el trabajo, el aprendizaje 
de oficios y el descanso qne son preceptivos, asi como también las actividades de 
recreación y deportivas, qne complementen a aqnellas. 

Sabido es qne el deporte, cnando es bien organizado, tiene innegables efectos formativos 
(acostnmbramiento a la solidaridad del trabajo en eqnipo, comprensión del valor del 
esfuerzo, habituación a regirse por reglas, reconocimiento de las propias limitaciones 
frente al contrario y, en fin, forja del carácter) pero no debe olvidarse que se trata de 
menores de comportamiento fnertemente anómico, y que el Estado tiene el deber 
prioritario de edncarlos reencanzándolos en sns valores morales y sociales; y prepararlos 
cognoscitiva y animicamente para nna inserción natural en el mnndo del trabajo. 

De ahi qne el aprendizaje de oficios y la práctica concreta de tareas productivas (ya sea 
en talleres apropiados, o en predios en los qne pneda cnltivarse la tierra) sean, junto al 
descanso reqnerido por necesidad psicobiológica, de carácter imperativo. 

IV) La Dirección de cada establecimiento estará a cargo de nn funcionario designado 
por el Ministerio del Interior. El personal de cnstodia podrá ser seleccionado teniendo 


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en cuenta la disponibilidad de funcionarios con aptitudes especiales (que se 
perfeccionarán con cursos de enseñanza específica, inciso primero del artículo 4°), y 
cuyo servicio se solicitará, con arreglo a normas actualmente en vigor, a las reparticiones 
estatales que corresponda. 

El Consejo Asesor que se crea por este proyecto, es de tipo multidisciplinario, en 
concordancia con el carácter complejo de los cometidos asignados. En efecto: como 
deberá asistir técnicamente al director del establecimiento respectivo en las delicadas 
tareas a su cargo, su composición comprende esferas en las que el punto de vista del 
especialista en el aprendizaje de oficios, del técnico en cuestiones de salud y del experto 
en la problemática general del menor, estarán debidamente representadas. 

En segundo lugar, deberá expedirse con plazo perentorio de setenta y dos horas, toda 
vez que se formule un planteamiento formal de excarcelación de algún menor, sobre la 
neutralización de la proclividad delictiva que en él se haya verificado. Ningún Magistrado 
podrá decretar libertad provisional alguna sin el pronunciamiento previo del Consejo 
Asesor respectivo, sobre el grado en que se hubiese inhibido la propensión al ilícito en 
el menor. 

V) Los autores del presente proyecto enfatizan especialmente que la cuestión del menor 
infractor no tiene solución represiva sino pedagógica. 

No represión sino defensa, no castigo sino enseñanza. Como otros tantos problemas 
que afectan a nuestra juventud -el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo- la clave 
de su prevención es la acción educadora, y cuando no obstante, enfrentamos hechos 
consumados, surge el doble imperativo de la defensa social y de la reeducación. Esta 
implica aquella, en la medida que no se concibe, a la luz de lo que hoy enseñan las 
ciencias humanas - particularmente en las órbitas de la antropología, la psicología, y la 
pedagogía aplicadas- una mejor defensa de la sociedad al ser agredidas sus reglas básicas 
de convivencia, que el reencauzamiento formativo de sus miembros desviados, a través 
de la acción reeducadora, que es el instrumento defensivo que más se compadece con la 
dignidad de la persona humana y de sus derechos inherentes. 

VI) En perfecta concordancia con la teleología de este proyecto, se establece un criterio 
sancionatorio más severo para quienes utilicen menores de dieciocho años imputables 
o no, en algunas de las fases operativas del delito. 


Agapo Luis Palomeque. Nicolás Storace Montes. 27 de mayo de 1991 


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ÍNDICE 


A modo de introducción 

Mauro Tomasini .5 

De la cuestión social a los nuevos códigos. 

Crónica de dos décadas de falacias y fracasos 

Luis Eduardo Morás .8 

¿Los hijos de quién...? 

Luis Pedernera .31 

La adolescencia como enfermedad y el joven infractor como fetiche. 

Imágenes de una sociedad obsesionada con el control. 

Julio Cortés Morales .39 

LOS HIJOS DEL ESTADO 

FUNDACIÓN Y CRISIS DEL MODELO DE PROTECCIÓN-CONTROL DE MENORES EN URUGUAY 

Presentación a la primera edición 

Marcos Supervielle .51 

Prólogo a la primera edición 

Gonzalo D. Fernández .53 

1. Introducción.57 

2. Los períodos estudiados.63 

3. Etapa Eundacional del modelo.66 

3.1. Gravedad de las infracciones y reacción social.69 

3.2. La lucha contra la mendicidad infantil.71 

3.3. Reproducción social y paternidad responsable.74 

3.4. Niños abandonados - delincuentes.77 

3.5. La seguridad en tiempos de inseguridad.80 

3.6. Reformas al Código Penal: exigencias de un mayor rigor.82 

3.7. El mal funcionamiento de las instituciones correccionales 

de menores.83 

3.8. El nuevo rol centralizador del Estado.85 


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4 - Crisis e intentos de restauración del modelo.91 

4.1. La cuestión del discernimiento: menores delincuentes 

o delincuentes menores.99 

4.2. La teoría conspirativa del delito juvenil.101 

4.3. La perversidad de los medios de comunicación.104 

4.4. Infracción de normas y lacras sociales.107 

4.5. Cambios cuantitativos, cualitativos, o ¿ambas cosas?.108 

4.6. Los reformatorios son “deformatorios”.111 

5. La crisis definitiva del modelo.115 

5.1. El “auge delictivo”: normalización de lo extraordinario.116 

5.2. Análisis de prensa: la dudosa construcción del “auge”. 118 

5.3. El discurso social y la opinión pública, algunas contradicciones.121 

5.4. Las funciones sociales del discurso sobre la violencia juvenil.125 

5.5. Transgresión de normas y subversión política.128 

5.6. La defensa autoritaria de la sociedad.130 

Notas.132 

Bibliografía.135 

Anexo I: Una historia paradigmática: 

El “Cacho” en el debate parlamentario.137 

Anexo II: Proyectos de Reforma a la legislación de menores. 

1986-1991.145 


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Octubre de 2012 


En el año 1992 el Servicio Paz y Justicia junto a la Facultad de Ciencias 
Sociales editaba "Los hijos del Estado". Fue un libro pionero que marcó el 
camino y abrió el campo de estudio sobre el control social en la minoridad 
en el Uruguay. Dicho camino aún no había sido objeto de interés por 
parte de la comunidad académica nacional. Este libro fue referencial para 
aquellos trabajos que posteriormente profundizaron en el tema, y para 
quienes trabajan o intentar construir otra mirada/sensibilidad sobre el 
otro, en este caso los niños, niñas y adolescentes. 

Desde aquél tiempo a esta parte -a pesar de los grandes avances que se 
han registrado a nivel normativo (en particular con la aprobación del 
Código de la Niñez y la Adolescencia)- poco ha cambiado el "problema" 
de la minoridad. Al contrario de haber progresado en el tema, en los 
últimos años se ha construido una imagen de "peligrosos-prescindibles" 
de los adolescentes, y en especial, con aquellos que están en conflicto con 
la ley penal. En este sentido, se han puesto en marcha diversas políticas 
estatales y mecanismos constitucionales que solo aumentan y van a 
aumentar respectivamente el sufrimiento en cuerpos y subjetividades 
que ya padecen dolores estructurales. Transformando con esto a los 
adolescentes en objeto de castigo, en vez, de promoverlo como sujetos 
de derechos. Todas estas iniciativas que se desarrollan en este momento 
operan más para obtener réditos de la opinión pública que para 
posibilitar otra trayectoria de vida de los adolescentes que tienen sus 
derechos conculcados. Únicamente consiguen reforzar la idea de 
"consenso coercitivo" que existe en la sociedad en contra del criminal 
objetivo: el adolescente. 

Analizar ios distintos mecanismos que operan para controlar a los 
adolescentes, significa, visualizar y comprender como el poder se 
representa a sí mismo. Además de evidenciar las nuevas formas de 
violencia simbólica e instrumental que el mismo asume estructuralmente 
y en sus formas específicas. 

En este sentido, este libro -a través del análisis riguroso sobre los distintos 
dispositivos que el Estado utilizó a través del tiempo para controlar la 
minoridad- nos brinda insumos vigentes para pensar en los cambios y 
permanencia que el tema tiene en la actualidad.